Ni Sánchez ni Iglesias se han vacunado

 

Llevamos ya tres días administrando en España la vacuna de Pfizer contra la Covid-19 y no hemos visto ni a Pedro Sánchez ni a Pablo Iglesias poniéndosela. Por el contrario, vimos como el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden y su esposa, eran inyectados hace ya 10 días y su vicepresidenta Kamala Harris, se la ha puesto en público hoy martes, junto a su marido. En Estados Unidos han visto vacunarse también al vicepresidente saliente, Mike Pence y hasta a Anthony Fauci, epidemiólogo jefe de Estados Unidos que vendría a ser algo así como el homólogo de Fernando Simón en la administración de Donald Trump. Tanto Barack Obama, como George Bush y Bill Clinton, los tres expresidentes estadounidenses, se han ofrecido voluntarios para ponerse la vacuna contra el coronavirus delante de las cámaras de televisión, para animar a los ciudadanos a hacerlo también.

Pese a que a principios de diciembre Pedro Sánchez aseguró que estaba dispuesto «sin ninguna duda» a vacunarse públicamente de coronavirus, en cuanto la vacuna estuviera disponible, para así dar ejemplo de confianza en su plena garantía; cuando ayer fue preguntado sobre esta cuestión el ministro de Sanidad, el licenciado en filosofía Salvador Illa, informó a los periodistas de que los integrantes del Ejecutivo no recibirán su dosis hasta, al menos, el mes de marzo, cuando está previsto que comience la segunda fase del plan estratégico. Plan que fue ayer publicado por el Gobierno y en el que se nos dice que, en la primera fase, que se prevé dure hasta marzo, se vacunará a los residentes y personal sanitario y sociosanitario que trabaja en residencias de personas mayores y de atención a grandes dependientes. En la segunda fase, a partir de marzo, se vacunarán “otros grupos prioritarios pendientes de anunciar” y en la tercera que se calcula empezará en junio, el “resto de grupos prioritarios, también pendiente de anunciar”. Como puede observarse, un gran trabajo el realizado en estos meses por los expertos científicos del Gobierno de España que lo tienen todo muy bien pensado para hoy y para mañana, pero a partir de ahí… ya si eso lo vamos viendo.

Para lo que sí se ha dado prisa el Gobierno ha sido para hacer propaganda a costa de las vacunas. El sábado aprovechó la llegada de las primeras dosis para convertirlo en un acto publicitario, colocando un gran cartel con su logotipo cubriendo casi entero el pequeño paquete, fotografiarlo y difundirlo por sus redes sociales, pese a que la compra de las vacunas contra el coronavirus ha sido gestionada por la Comisión Europea y no por el Ejecutivo de Sánchez. Al día siguiente la diputada socialista Pilar Cancela aseguró que “Las vacunas las paga el Gobierno de España. Sí, sí, el de Pedro Sánchez. Por enfatizar, que parece que molesta.” Y otro diputado andaluz se apuntó a la tesis de la vicepresidenta Calvo que aseguró que el dinero público no es de nadie, afirmando que las vacunas nos van a salir gratis: “La vacuna NO se vende, se distribuye. Porque cuando las cosas se han puesto realmente jodidas hemos visto que el Libre Mercado no funciona. Jaque mate Liberales” ignorando que las vacunas son el resultado de la investigación de empresas privadas y que otras empresas privadas las han fabricado y distribuido, siendo finalmente adquiridas por la UE con el dinero recaudado mediante impuestos a los ciudadanos, como el sueldo de esos diputados tan ignorantes y demagogos.

Lo cierto es que en la sociedad española existe un debate acerca de la seguridad de estas nuevas vacunas que han sido desarrolladas en un plazo tan breve de tiempo, cuando se nos dijo al empezar la pandemia que este proceso suele durar habitualmente entre 4 y 7 años. También es verdad que no hay ningún miembro de este Gobierno que goce ya de ninguna credibilidad, tras meses en los que han ido tapando una mentira con la siguiente. Y que ni siquiera en el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, podemos depositar nuestra confianza, con todo lo que nos ha engañado para justificar al Gobierno. Probablemente en España, la única campaña que conseguiría alejar suspicacias, debería estar protagonizada por sanitarios de prestigio, ajenos a la política y al Gobierno. Pero no es menos cierto que hemos visto tantas veces a Pedro Sánchez, a Pablo Iglesias, a Irene Montero y a medio consejo de ministros haciéndose repetidamente los test PCR, que ahora su negativa a ponerse la vacuna hace crecer las desconfianzas.

Publicado el 29/12/2020 en Okdiario

Las denuncias falsas sí existen: Pablo Iglesias

 

El 6 de diciembre del año pasado, el vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, acompañado de las diputadas de Podemos, Noelia Vera, secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, e Ione Belarra, secretaria de Estado para la Agenda 2030; habló ante las cámaras de televisión acerca de la causa del despido del exabogado del partido, José Manuel Calvente, diciendo que «se trata de un caso de acoso sexual muy grave que ustedes conocen, y todo aquel que acuse a Podemos de algún delito lo que tiene que hacer es ir a los tribunales, y que los tribunales diriman». Y precisamente eso es lo que hizo el acusado públicamente por Iglesias y las diputadas podemitas, acudir a los juzgados para demostrar una inocencia que ahora ha sido confirmada por la Audiencia Provincial de Madrid en una sentencia que ya es firme: la denuncia de Pablo Iglesias y de Podemos era FALSA.

La abogada de Podemos, Marta Flor Núñez, había acusado a José Manuel Calvente de un supuesto acoso sexual, laboral, hostigamiento, coacciones y lesiones, para poder justificar el despido de este letrado cuando precisamente estaba investigando algunas presuntas irregularidades cometidas por Podemos. Ahora la Audiencia Provincial de Madrid ha dictado un auto que desestima el recurso de apelación interpuesto por Marta Flor contra el auto del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid que, en primera instancia, acordó el sobreseimiento y archivo de la querella ya el 29 de junio. La prueba más importante tenida en cuenta ha sido la aportación por parte de Calvente de los mensajes completos porque, tal y como afirma el auto, Marta Flor aportó para justificar su querella mensajes sesgados y fuera de contexto, para intentar demostrar el falso acoso. Por el contrario, el abogado purgado aportó la transcripción completa de las conversaciones mantenidas por WhatsApp, Telegram y emails y así ha logrado demostrar el montaje urdido por Marta Flor con la ayuda de Podemos.

Habitualmente se maneja el dato estadístico de que tan solo el 0,01% de las denuncias por violencia de género son falsas, intentando hacer creer que, por contraposición, el 99,99% fueran verdaderas. Ya sería mala suerte que casualmente coincidiera que esta denuncia de Pablo Iglesias y Podemos contra su ex abogado Calvente fuera a formar parte de ese pequeño 0,01% de denuncias falsas. Evidentemente esto no es verdad como ha demostrado sobradamente, entre otros, el tuitero @bouenmastodon, quien tiene publicado en sus redes un artículo titulado «La bula de las denuncias falsas» en el que se nos dan los datos que confirman una realidad que, por otro lado, coincide con las sensaciones que todos tenemos por los casos que afectan a personas de nuestro entorno.

En las memorias de la Fiscalía General del Estado y en los anuarios del CGPJ se confirma que sólo el 23% de los acusados por violencia de género son declarados culpables, con lo que el 76,9% de las veces el acusado es inocente, aunque la denuncia no sea técnicamente contabilizada como falsa. Y esto no se debe, como dicen los progres, a que las mujeres, coaccionadas y dependientes, retiren sus denuncias o se nieguen a declarar, caso que representa tan solo el 15% de las absoluciones, sino que, por el contrario, el 85% de los acusados son declarados inocentes porque la denuncia presentaba indicios de falsedad, como es precisamente el caso de la de Pablo Iglesias y Podemos contra su ex abogado. Lo que pasa es que, aunque la denuncia presente indicios de falsedad, como es este caso, si nadie actúa contra la denunciante ni investiga esos indicios, entonces no cuenta como denuncia falsa, sino que entra a formar parte de las estadísticas dentro de esa inmensa mayoría de acusados que son absueltos por falta de pruebas. Pablo Iglesias y Podemos mintieron ante la opinión pública para desprestigiar, intimidar y difamar a Calvente. Esperemos que ahora sea él quien solicite a la justicia que sean condenados por ello.

Publicado el 22/12/2020 en Okdiario

Usar a VOX para blanquear a Bildu

 

Este lunes el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, para justificar los pactos de su partido con los de Otegui, dado que este va a ser nuevamente juzgado por su pertenencia a la organización terrorista ETA, ha insistido una vez más en sus ataques a VOX. Dice Ábalos que es necesaria la «normalización democrática» de Bildu, pero que a él le cuesta mucho más “normalizar a VOX, un partido nostálgico de la dictadura, que no son demócratas, pese a que algunos medios están empeñados en decir que VOX es constitucionalista, porque no lo es, se pongan como se pongan los que quieren normalizar a VOX, cada vez actúan con menos complejos para reivindicar la dictadura».

Y esta mañana el condenado e inhabilitado exjuez Garzón, que ahora es pareja de la Fiscal General del Estado, la socialista Dolores Delgado, ha dicho en la podemizada Televisión Española, que «Bildu cumple la ley. Si no la estuviera cumpliendo, no estaría en el Parlamento. Cuestionar a Bildu porque no se comparte su ideología me parece antidemocrático, es tanto como poner vetos a partidos que son democráticos, cumplen la legalidad constitucional, cumplen la legalidad democrática y, por tanto, son un partido más, igual en derechos que cualesquiera otros que se llaman de Estado». A continuación, también ha usado a VOX para blanquear a Bildu, añadiendo que “hay otros partidos que, no teniendo ese estigma o esta cuestión pendiente en tribunales, hacen muy poco por la democracia. VOX, por ejemplo. No tenemos nada más que ver la trayectoria de este partido y la última escenificación de una moción de censura que fue terrible.”

En ambos casos el razonamiento es doblemente falso y tramposo. En primer lugar, porque se legitima a un partido en cuyas filas militan antiguos miembros de ETA como su coordinador general, Arnaldo Otegui, condenado y encarcelado por el secuestro del empresario Luis Abaitua y a quien Javier Rupérez acusa de ser también el etarra que lo secuestró a él. Y no olvidemos que Bildu está en nuestras instituciones sólo porque el politizado Tribunal Constitucional anuló una resolución del Tribunal Supremo que había ilegalizado todas sus candidaturas al considerar que éstas se enmarcaban dentro de un proyecto “gestionado, dirigido, coordinado y articulado por el complejo ETA – Batasuna”. Y fue precisamente el voto del presidente del TC, el “progresista” y masón Pascual Sala, el que rompió el empate en una votación en la que los 6 magistrados propuestos por el PSOE se impusieron a los 5 que estaban a favor de mantener la sentencia del Supremo. Y en segundo lugar porque, para blanquear a Bildu y a Otegui se sentencia, sin argumento alguno, que VOX no es ni democrático ni constitucional.

Pocas cosas hay más democráticas y constitucionales que la defensa de la unidad de España que hace VOX, cuando está siendo atacada de forma violenta por los golpistas catalanes, por los amigos de los etarras y por los comunistas socios del Gobierno. Tampoco en el resto de sus propuestas se encuentran excusas que justifiquen esas afirmaciones sin sentido. Su programa económico es evidentemente liberal y en temas morales VOX puede calificarse como un partido conservador, pero no parecen muy antidemocráticas sus posiciones sobre bajadas de impuestos, sobre el aborto o sobre el matrimonio homosexual que, por cierto, son las mismas con las que Mariano Rajoy se presentó a las elecciones de 2011. Sus propuestas sobre emigración han sido tachadas numerosamente de xenófobas, cuando lo único que exigen es que se cumplan las leyes sobre inmigración, que se combata a las mafias que se lucran con este problema, que se deporte a quienes crucen ilegalmente nuestras fronteras y a quienes cometan delitos graves, que se ayude a los países en desarrollo y que se afronte la inmigración atendiendo a las necesidades de nuestra economía, privilegiando a las nacionalidades que comparten nuestra cultura. Pedir que se cumpla la ley no puede ser ni antidemocrático ni anticonstitucional, ¿verdad? También les atacan porque proponen cambiar legalmente la Constitución para acabar con el Estado autonómico y, sabiendo la dificultad que entraña esta propuesta por las mayorías tan amplias que son necesarias para llevarla a cabo, piden que se devuelvan competencias en educación, sanidad, seguridad y justicia. Promover cambios legales por los procedimientos previstos en nuestras leyes sólo puede ser tachado de antidemocrático por quienes en realidad aprecian poco la democracia. Y en cuanto al uso de la violencia, todos hemos visto como en VOX son víctimas de los ataques de antisistemas, comunistas e independentistas, y que jamás han respondido ni siquiera para defenderse.

Como dice Rosa Díez, VOX nunca ha secuestrado a nadie, ni ha quemado contenedores, ni jaleado a los asesinos, como han hecho miembros de Bildu. Comparando al partido de los asesinos con el partido de las víctimas, se pretende blanquear la historia de terror de ETA, en beneficio del proyecto de Pedro Sánchez. Hay que ser muy sectario o extremadamente idiota para decir que VOX es antidemocrático o inconstitucional.

Publicado el 15/12/2020 en Okdiario

Juan Carlos I se marca un Monedero

 

A principios de 2015 se filtró a la prensa que la Agencia Tributaria, dependiente en aquellas fechas del ministro Montoro de nefasto recuerdo, estaba investigando una transferencia de 425.150 euros que el podemita Juan Carlos Monedero había recibido en su cuenta corriente personal, en octubre de 2013, procedente del Banco del ALBA, integrado por los Gobiernos de Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, etc. Monedero transfirió inmediatamente el dinero a otra cuenta bancaria cuyo titular era una sociedad que acababa de constituir, Caja de Resistencia Motiva 2, con la que emitió la correspondiente factura, redondeando su importe a 425.000 €. La diferencia entre que esos trabajos que Monedero había prestado durante los tres años anteriores al nacimiento de la mercantil con la que emitió la factura y a la que transfirió los fondos los declarase la sociedad o lo hiciera personalmente es que esta artimaña le permitía tributar dichos ingresos al 25% a través del Impuesto de Sociedades, en lugar de hacerlo al 52% a través del IRPF.

Una vez avisado por la prensa, Monedero estuvo varios días jugando al gato y al ratón con los funcionarios que lo perseguían para entregarle la notificación del inicio de la inspección. Hasta en tres ocasiones los emisarios de la Agencia Tributaria trataron de localizarlo sin éxito en su domicilio, e incluso fueron a buscarlo a su trabajo en la Universidad Complutense. No lo consiguieron hasta la tarde del mismo día que, por la mañana, Monedero había presentado ya una declaración complementaria mediante la cual pagaba los 200.000 euros de impuestos que realmente le correspondía abonar, sobre los cuales solamente se añadiría el correspondiente recargo del 20% por haberla presentado fuera de plazo, pero no se le podría cobrar sanción por el intento de fraude ni, por supuesto, se le podría acusar de ningún delito fiscal, razón por la cual Monedero deberá estar de por vida agradecido a los de Cristóbal Montoro.

El pasado domingo supimos que el Rey emérito, Juan Carlos I, se ha marcado un Monedero para regularizar su situación fiscal en España, presentando ante la Agencia Tributaria una declaración que plasma los ingresos ocultos hasta el momento y que son imputables desde el punto de vista fiscal a la figura de Juan Carlos I, igual que hizo en 2015 su tocayo Monedero. Esa declaración fiscal complementaria sólo se corresponde al uso, por parte de Juan Carlos I y de algunos de sus familiares, de tarjetas bancarias con fondos opacos procedentes del empresario mexicano Allen Sanginés-Krauseno, asunto que está siendo investigado por la Fiscalía ya que, supuestamente, se correspondería con actuaciones ocurridas entre 2016 y 2018, cuando el Rey emérito ya había abdicado y perdido, por lo tanto, su inmunidad. Aparentemente el importe defraudado superaría los 120.000 euros, igual que en el caso de Monedero, límite a partir del cual se considera que existe delito fiscal, castigado con hasta cinco años de cárcel.

Cuando en 2015 le preguntaron a Monedero por qué había intentado hacer aquella artimaña, contestó echándole la culpa a sus asesores fiscales, diciendo que él había actuado en todo momento tal y como le habían aconsejado. Es de suponer que el Rey Juan Carlos también tendrá abogados y asesores a los que responsabilizar. Monedero dimitió de todos sus cargos en Podemos tres meses después de este escándalo. Don Juan Carlos no puede dimitir porque ya abdicó en junio de 2014, tras casi 40 años de servicios a la democracia española. Cualquier comparación entre nuestro monarca y el podemita es ofensiva para el primero. La trayectoria vital y los servicios a la patria prestados por el Rey, frente al insignificante currículum del que fuera asesor del tirano Hugo Chávez, hacen que no merezca la pena insistir en ello. Tan sólo quiero dirigirme a los simpatizantes de Podemos para decirles que se limpien la boca con lejía antes de atreverse a criticar la aplicación por parte del monarca del mismo derecho legal que utilizó el que entonces era líder de su partido.

Publicado el 08/12/2020 en Okdiario

Los presupuestos de ETA

 

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Mertxe Aizpurua es la portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados y cuando habla sobre ETA, es toda una autoridad. En 1984 la Audiencia Nacional condenó a Aizpurua por apología del terrorismo a un año de prisión. Fue fundadora del diario Gara, heredero de Egin tras ser este cerrado por la justicia en 1998, por formar parte de ETA. “Por los gudaris de ayer y de hoy” se titulaba el editorial que la portavoz de Bildu publicó en 1982 y en el que decía que “son necesarios los gudaris también hoy (…). En el caso de Euskal Herria, también, ahí está la guerra. ¿O no la hay? ¿Se puede saber cuánto más está dispuesta a dar España a Euskal Herria, comparando con lo que da Inglaterra a Irlanda del Norte, o Reagan a Nicaragua, o Israel a Palestina?”. Ese año de 1982 ETA asesinó a 41 personas, una cada 9 días de media.

Mertxe Aizpurua sabe de ETA, por eso hay que creerla cuando el lunes dijo desde la tribuna del Congreso de los Diputados que el acercamiento de presos de ETA por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y la concesión de otros beneficios penitenciarios a los reclusos de la banda ha formado parte de su acuerdo presupuestario con el Ejecutivo de PSOE y Podemos. “Podemos decir que se han dado pequeños pasos y estamos convencidas de que vendrán más y cada vez más amplios”, añadió amenazante. Recordemos que José Luis Ábalos y Fernando Grande-Marlaska han negado que hubiera ningún pacto en este sentido con los proetarras, pero a estas alturas la palabra de cualquier socialista ha perdido ya toda credibilidad; se les han acreditado tantas mentiras que no se puede esperar ya de ellos ninguna relación con la verdad.

Pero no hacía falta que la experta en ETA Mertxe Aizpurua nos lo confirmase. La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) nos informa de que, para conseguir que sean aprobados estos presupuestos de sangre de Sánchez, Iglesias, Otegui y Junqueras, el Gobierno ha acercado ya a la mitad de los presos de ETA a prisiones próximas a sus domicilios. Desde que Sánchez ocupa la Moncloa 103 etarras han sido acercados al País Vasco y 72 han progresado de grado con lo que pueden disfrutar de permisos para salir de la cárcel. Un total de 175 beneficios carcelarios aseguran el apoyo de los proetarras. Y la cuenta sigue creciendo. Hasta 21 terroristas con delitos de sangre han sido beneficiados por estos traslados en los últimos dos meses en los que el Gobierno de coalición socialista y comunista negocia los Presupuestos Generales del Estado.

En estos días coinciden dos sectores que pretenden blanquear a los proetarras de Bildu. En primer lugar, están los de siempre, los enemigos de España que anhelan acabar con nuestra democracia poniendo fin al régimen surgido tras la Transición. Y a esos se han unido ahora los palmeros de este nuevo PSOE de Pedro Sánchez, que quieren afianzarlo en el Falcon fortaleciendo su coalición con los comunistas chavistas, los golpistas de ERC y los proetarras de Bildu, reforzando este nuevo Frente Popular del siglo XXI. Sostienen que ETA ya no existe sólo porque dijo que se disolvía y aunque nunca pidió perdón a sus víctimas, ni se arrepintió por sus asesinatos, ni realmente entregó sus armas ni confesó sus crímenes, como hace tiempo que no matan, ahora aquellos mismos asesinos se han convertido para ellos en demócratas de toda la vida. Y para traca se han inventado una falacia que repiten sin dudar afirmando que, cuando todavía mataban, nosotros decíamos que cualquier idea política se podía defender en democracia si se dejaban las armas, cuando la verdad es que lo que siempre reclamamos fue que fueran derrotados, ilegalizados y encarcelados. Nunca les pedimos que vinieran al Congreso y jamás aceptamos su presencia en las Cortes. En la vida imaginamos que el PSOE fuera a negociar con ellos. Memoria, dignidad y justicia es lo que siempre vamos a exigir a los que ahora pisan la sangre de sus víctimas a cambio de un puñado de monedas de plata.

Publicado el 01/12/2020 en Okdiario

Hay que odiar al comunismo

 

El gran Javier Pérez-Cepeda, alias Churruca, escribió aquel tuit antológico que dice que «en cada generación hay un selecto grupo de idiotas convencidos de que el fracaso del colectivismo se debió a que no lo dirigieron ellos» y en este concepto genialmente expresado reside el mayor peligro del comunismo. Por muchos fracasos acumulados a lo largo de la historia, por muchas generaciones arruinadas, ni siquiera llevando más de 100 millones de muertes provocadas, países arruinados, vidas perdidas… nunca nada es suficiente para que dejen de intentar aplicar tan criminal sistema una y otra vez. Insistirán en que en realidad lo que se ha implantado nunca ha sido verdadero comunismo o te dirán que lo que ellos quieren desarrollar ahora en realidad no es comunismo, sino otra cosa nueva a la que llamarán socialismo, chavismo, igualitarismo, republicanismo… da igual, siempre reclaman nuevas oportunidades para seguir arruinando países y asesinando a la gente.

El Gobierno de España hoy está en manos de comunistas. Algunos de ellos sin careta, como los proetarras de Euskal Herria Bildu, comunistas clásicos en su versión 9 mm parabellum y amonal, que al comunismo lo llaman izquierda abertzale y que es heredero de todas las formaciones políticas que fueron ilegalizadas por formar parte de ETA y está dirigido por miembros de la banda terrorista como Arnaldo Otegui, ese «hombre de paz», como lo definía Zapatero, que fue condenado y encarcelado por el secuestro del empresario Luis Abaitua y a quien Javier Rupérez acusa de ser también el etarra que lo secuestró a él. Comunistas clásicos que ahora se han hecho socios de un PSOE que negocia con ellos los presupuestos de España y de Navarra y que pronto les ayudarán a lograr el Gobierno del País Vasco desbancando a los que hasta hora recogían sus nueces.

Y en el Consejo de Ministros se sientan comunistas confesos como Pablo Iglesias, el orgulloso hijo de un miembro del FRAP, organización terrorista comunista creada por el PCE (m-l), escisión prochina del Partido Comunista de España que se inspiraba en las estrategias de Mao Zedong, el mayor asesino del siglo XX, ya que se estima que entre 49 y 78 millones de personas murieron durante su mandato, sea por ejecución, encarcelamiento o de hambre. El comunismo de Pablo Iglesias era declarado abiertamente antes de la fundación de Podemos para más tarde pasar a ser teñido de morado, pero sus objetivos siguen siendo los mismos. Por eso nadie vio extraño que, cuando el Partido Popular instó al Gobierno a incorporar los crímenes cometidos en nombre del marxismo a su Ley de Memoria Democrática, aplicando la resolución que en este sentido hizo el Parlamento Europeo en septiembre de 2019, el diputado de Podemos, Enrique Santiago, se negara aduciendo que «comparar el comunismo con otro sistema político es complicidad y negacionismo».

Terrorismo y comunismo siempre han ido de la mano en todos los continentes y a lo largo de la historia, como ahora se dan la mano en el Gobierno de España. Nos gobierna un nuevo Frente Popular conformado por los proetarras de Bildu, los golpistas de ERC, los comunistas de Podemos y un Pedro Sánchez que ha escorado tanto la ideología del PSOE hacia la extrema izquierda, que ya no se distingue del resto de sus socios. No hay que ser adivinos, sólo hay que comprobar lo que todos estos han hecho allí donde antes han gobernado para saber lo que nos van a hacer aquí. Como hizo el Parlamento Europeo, hay que recordar que «los regímenes nazi y comunista cometieron asesinatos en masa, genocidios y deportaciones y fueron los causantes de una pérdida de vidas humanas y de libertad en el siglo XX a una escala hasta entonces nunca vista en la historia de la humanidad». A los idiotas que en esta generación quieren volver a intentar implantar el comunismo hay que odiarlos, ilegalizarlos y echarlos.

Publicado el 24/11/2020 en Okdiario

Socialistas que se tragan hasta su vómito

 

La historia de Guillermo Fernández Vara es un ejemplo perfecto de la de la mayoría de cargos y militantes del Partido Socialista que, con tal de mantenerse sentados en sus poltronas, son capaces de tragar sables, sapos y hasta su propio vómito. Sería muy largo hacer una lista de todo lo que ha tragado el socialista extremeño, pero merece la pena recordar sus mayores indignidades. En septiembre de 2016, cuando Pedro Sánchez pretendió formar Gobierno con los mismos socios que tiene ahora, el socialista extremeño aseguró que “si se pacta con los independentistas, probablemente me iría (del PSOE) detrás de Ibarra», en relación con unas declaraciones de su antecesor en las que advertía que si el secretario general de los socialistas llegase a pactar con Podemos, él se marchaba del partido. Posteriormente, en mayo de 2017, cuando hacía campaña a favor de Susana Díaz dijo que los socialistas tenían que elegir “entre una izquierda transformadora, moderna y centrada, o una izquierda radical que vaya a competir con Podemos por los votos de la extrema izquierda de este país».

Unos días después Sánchez fue elegido secretario general del PSOE y una de sus primeras decisiones fue presentar a las primarias extremeñas, donde Vara se jugaba su reelección, a la candidata ‘pedrista’ Leonor Martínez-Pereda. Al día siguiente de que se anunciara esta candidatura, Vara se fue a Madrid y dijo públicamente que él iba «a apoyar la Ejecutiva que proponga Pedro Sánchez, sea la que sea». Sánchez ordenó que su candidata renunciara a presentarse contra Vara y éste contrató a su hermano en la Diputación de Badajoz, en un puesto creado exprofeso para él. Todos contentos. Cuando dos días después de las elecciones de noviembre de 2019 Sánchez e Iglesias comparecieron para anunciar un acuerdo entre el PSOE y Podemos para formar un Gobierno de coalición, el que dijo que se iría del partido si esto pasaba, tragó y cayó, convirtiéndose a partir de entonces en el más radical miembro de la extrema izquierda española.

Por eso cuando el miércoles de la semana pasada, el socialista extremeño anunció que sentía náuseas de ver a su partido pactando los Presupuestos Generales del Estado con los proetarras de Bildu, los que lo conocemos nos echamos a reír esperando a ver como se tragaba esos vómitos. Y lo mismo puede decirse del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien dijo al día siguiente que «lo de Bildu no tiene un pase desde un punto de vista de fondo», y asegurando que Podemos «está marcando la agenda» del Gobierno de Pedro Sánchez. Ha bastado que Sánchez reuniese a su ejecutiva y los pusiera a todos firmes calificándolos de «desleales» por atreverse a verter sus críticas en público, para que todos ellos reculen, volviendo a cerrar filas con el presidente del Gobierno.

Como dijo el premio Nobel de literatura, Bernard Shaw, «cuando un estúpido hace algo que le avergüenza, siempre declara que es su deber» y al final, Sánchez ha logrado un apoyo cerrado a su política negociadora con la vista puesta en la «necesidad imperiosa» de sacar adelante las cuentas. García-Page lleva en el partido desde los 18 años y vive de la política desde que, con 19 años recién cumplidos, lo hicieron concejal del Ayuntamiento de Toledo. Fernández Vara primero estuvo afiliado a Alianza Popular, pero su vecino Rodríguez Ibarra lo convenció para que se cambiara de chaqueta y lo hizo concejal de su pueblo, luego director general, más tarde consejero y vicepresidente para, finalmente, dejarlo de heredero en el cargo de presidente de la Junta de Extremadura cuando él se retiró, en 2007. Se está muy calentito en el despacho oficial y se viaja muy cómodo con chófer. Por eso, desde el último concejal de pueblo hasta el más prominente barón del PSOE, cuando Sánchez da la orden de tragar, se tragan hasta su propio vómito y luego se lavan las manos, como Pilatos.

Publicado el 17/11/2020 en Okdiario

La desinformación se llama Pedro Sánchez

 

El Gobierno ha publicado en el Boletín Oficial del Estado una Orden mediante la cual ha creado la Comisión Permanente Contra la Desinformación que manejarán entre Iván Redondo, jefe de gabinete de la Presidencia del Gobierno y Miguel Ángel Oliver, secretario de Estado de Comunicación, o sea, el gurú y el dircom de Pedro Sánchez, quienes recibirán la ayuda del imputado Juanma del Olmo, director de Comunicación y Estrategia de la vicepresidencia de Pablo Iglesias. El farragoso texto legal mezcla recomendaciones de la Comisión Europea previstas para la prevención de ataques por parte de terceros Estados, con planes del Parlamento Europeo contra la desinformación acerca de la COVID-19, para hacer un totum revolutum del que salen las excusas para crear el organismo dependiente directamente de “su persona” con el que va a controlar todo lo que se publique en los medios de comunicación y redes sociales españolas.

La Comisión contra la Desinformación que controlará Pedro Sánchez «establece cuatro niveles diferentes de activación» que van desde un primer nivel donde se detectarán lo que se consideren «campañas de desinformación», un segundo nivel que priorizará los esfuerzos, un tercero «en el que se adoptan decisiones y marcan objetivos de carácter político-estratégico con el objeto de hacer frente a una campaña de desinformación», hasta un cuarto y último nivel «de gestión política» desde el que se tomarán las decisiones coordinadas del Consejo de Seguridad Nacional. Si en realidad esto se utilizara para luchar contra el terrorismo informativo con el que se pueden producir ataques por parte de terceros Estados y contra la desinformación malintencionada acerca de la pandemia de la COVID-19, no habría nada que objetar. Pero cuando al frente de esta Comisión contra la Desinformación se pone a Iván Redondo, Miguel Ángel Oliver y el imputado Juanma del Olmo, tenemos que empezar a sospechar que algo no cuadra. 

En el pacto suscrito entre PSOE y Podemos para la investidura de Pedro Sánchez, los socios ya avanzaban su intención de impulsar una estrategia nacional para «la lucha contra la desinformación», que incluiría la «elaboración de guías, mejores prácticas y cursos» para combatirla. Pablo Iglesias jamás ha ocultado su interés por controlar los medios de comunicación y en sus programas electorales ha propuesto la realización de campañas de formación en «todas las fases del sistema educativo» para «impulsar una audiencia activa, crítica y participativa en unos medios de comunicación plurales». Con la creación de esta nueva Comisión contra la Desinformación, dependiente directamente de Moncloa, serán Sánchez e Iglesias los que definan los contenidos y los fines con los que se llevarán a cabo esas campañas de «alfabetización mediática» que adoctrinarán sobre lo que es noticia y lo que no lo es.

Hace ya más de dos años que OKDIARIO publicó, en relación con la tesis doctoral del presidente del Gobierno, que “Sánchez y su ‘negro’ plagiaron párrafos enteros de informes del Ministerio de Industria”. Sánchez dirigió entonces un burofax a Eduardo Inda, director de este medio, conminándole a que se retractase y amenazándolo, si no lo hacía, con el ejercicio «de cuantas acciones me correspondan en Derecho, incluidas las del carácter penal». Dos años en los que Inda no sólo no se ha retractado, sino que OKDIARIO ha seguido publicando informaciones que han hecho que Sánchez se gane a pulso el apelativo de Cum Fraude. Y la denuncia no ha llegado, porque aún no existía esta nueva Comisión contra la Desinformación.

A partir de ahora empezará a ser peligroso hablar sobre su tesis doctoral, recordarle sus promesas de que nunca pactaría con los populistas de Podemos ni mucho menos negociaría con los proetarras de Bildu: «Con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo cinco veces, o veinte, con Bildu no vamos a pactar». Hasta puede ser un gran peligro difundir el vídeo en el que, en relación a lo ocurrido en Cataluña el 1-O, afirma que «clarísimamente ha habido un delito de rebelión». La persona más embustera y que menor respeto ha demostrado sentir por la verdad en toda su trayectoria política ahora dirige el nuevo Ministerio de la Verdad. Pues aquí nos tienes, Pedro, ahora que te has armado y no precisamente de razones, ya sabes qué puedes hacer con tus burofax, con tus amenazas y con tus mentiras. Nosotros seguiremos informando.

Publicado el 10/11/2020 en Okdiario

Los chistes machistas del no doctor Simón

60.000 muertos por Covid-19, millón y medio de españoles infectados, récord mundial en muertos por habitantes, líderes mundiales en sanitarios infectados por el virus, campeones en colas del hambre, en destrucción de la economía, en listas del paro… y al responsable del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, lo va a denunciar el Partido Popular de Pablo Casado, Teodoro García Egea y Cuca Gamarra, ante el Observatorio de la Imagen de las Mujeres, dependiente del Ministerio de Igualdad, por considerar «sexistas y vejatorios» los chistes que el no doctor soltó en una entrevista con dos youtubers para asistir a la cual salió corriendo de una rueda de prensa en la que dejó plantados a los periodistas el pasado jueves. Le preguntaron «¿Te gustan las enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas?» Y entre carcajadas, Fernando Simón respondió: «No les preguntaba si son infecciosas o no, eso se veía unos días después».

La vicepresidenta del Consejo General de la Enfermería, organismo presidido por un hombre, con otro hombre vicepresidente segundo de una comisión ejecutiva formada por cuatro hombres y cinco mujeres en un colectivo del que el 84,5% lo forman mujeres, aseguró a través de un comunicado que las declaraciones de Fernando Simón son «del todo impropias de un experto científico». Con 75.000 profesionales sanitarios infectados por Covid-19 y 63 fallecidos según el último dato conocido a 5 de junio, a la vicepresidenta de las enfermeras, como al PP, lo que le parece inapropiado de Fernando Simón no es que sea un completo inútil que con sus mentiras ha intentado justificar todos los errores cometidos por el Gobierno del que sólo es una marioneta, sino que sus chascarrillos hayan sido «un atentado contra la dignidad de la mujer y contra la dignidad de una profesión sanitaria imprescindible para el sistema sanitario».

Viendo que el famoso gánster estadounidense Al Capone finalmente fue encerrado en la prisión de Alcatraz, condenado a 11 años de prisión por el cargo de evasión de impuestos, muchos piensan que estaría bien quitarse de encima a este irresponsable, aunque fuera por esta cuestión menor. Fernando Simón ha sido denunciado ante los tribunales españoles por delitos contra la salud pública, delitos contra los derechos de los trabajadores y hasta por homicidio imprudente. Sus denunciantes han sido desde asociaciones de consumidores y usuarios, la Asociación Española de Víctimas del COVID-19, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, Jupol, numerosos familiares de fallecidos por el coronavirus, hasta la misma Rosa Díez, quien en junio presentó su denuncia ante el Tribunal Supremo contra los miembros del Gobierno y Fernando Simón, por un supuesto delito de prevaricación omisiva «por no haber ordenado desde el inicio del estado de alarma el uso de mascarillas».

También VOX presentó en abril una querella en el Tribunal Supremo contra Pedro Sánchez y su Gobierno por los delitos de imprudencia grave con resultado de muerte, lesiones por imprudencia grave y delitos contra los derechos de los trabajadores por omisión de las medidas de seguridad. Aunque el pasado 14 de septiembre, el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, solicitó a la Sala de lo Penal la inadmisión de la veintena de querellas presentadas contra el Ejecutivo por su gestión del coronavirus, porque no ve indicios de delito, si bien corresponde a la Sala de lo Penal decidir si sigue el criterio del Ministerio Público o, en cambio, inicia una investigación. Pero ni del Partido Popular, ni del Consejo General de la Enfermería constan otras denuncias contra Fernando Simón, más allá de esta del desagradable y machista chascarrillo de las enfermeras infecciosas. Que ya sabemos todos de quién depende la fiscalía, pero, aun así; con el desastre de gestión llevada a cabo, con todas sus mentiras, con tantas muertes, ¿de verdad no han encontrado otros argumentos de peso para denunciar a Fernando Simón? Es para que se lo hagan mirar.

Publicado el 03/11/2020 en Okdiario

Toque de queda dictatorial

 

Hoy Pedro Sánchez ha vuelto a rectificar y el toque de queda con el que pretendía encerrarnos durante 6 meses lo ha dejado reducido a dos semanas, aunque el estado de alarma sí que pretende prorrogarlo de golpe durante 6 meses a partir del 9 de noviembre, en los que serán las comunidades autónomas las que decidirán si nos encierran o no. Pero no quiere que al toque de queda lo llamemos por su nombre y nos pide a los medios de comunicación que le ayudemos a engañar a la población nombrándolo con “una expresión más contemporánea que nada tiene que ver con lo que representa, sobre todo para generaciones con más vida a sus espaldas”. Por lo que nos propone que lo llamemos Restricción a la Movilidad Nocturna. Él lo que ha hecho es “prohibir la libertad de circulación de las personas desde las 23 horas de la noche (sic) hasta las 6 horas de la mañana, en todo el país”, o sea, un toque de queda en toda regla, pero como suena a la típica medida que se toma en las dictaduras militares, pues le cambia el nombre y… ¿ya está?

Sánchez ha ordenado un toque de queda como los de Hitler, cuando en la Alemania nazi prohibió salir de sus casas a los judíos por la noche. O como los que en Asturias ordenó la II República ante el golpe de Estado del PSOE de 1934, Franco durante la Guerra Civil, Pinochet en Chile en 1973 o, más recientemente, el capitán general golpista Milans del Bosch decretó en Valencia durante el golpe de Estado de Tejero, el 23 de febrero de 1981. He buscado otros antecedentes de toques de queda que no estuvieran relacionados con golpes de Estado, guerras y dictaduras militares, pero hay que remontarse hasta la Edad Media. Y es que la libertad de circulación es uno de los derechos fundamentales especialmente protegidos por nuestra Constitución, que sólo se puede ver restringido con el propósito de garantizar la seguridad de los ciudadanos, y que, por ello, más le gusta cercenar a los tiranos para protegerse de las personas libres.

¿Nos encierran para protegernos del virus o es para protegerse él de nuestras críticas y protestas? Es en esta disquisición en la que debemos entrar, respondiendo a una simple pregunta: ¿Sirve un toque de queda nocturno para proteger a las personas contra un virus de transmisión por contacto entre humanos? Le han preguntado al no doctor Fernando Simón por el nombre de los expertos que han asesorado a Pedro Sánchez para declarar el estado de alarma hasta el mes de mayo, y ha contestado que «no merece la pena dar la lista porque es muy larga». Lo que sí tiene Pedro Sánchez en su entorno es otra lista muy larga con los mayores expertos en cómo contagiarse de la enfermedad, empezando por el propio Fernando Simón, siguiendo por la esposa de Sánchez y continuando por la mitad de su Consejo de Ministros y sus familias. Pero eso de que el virus se transmita más o mejor de noche que de día me lo tienen que explicar a mí muy bien, porque no parece nada científico.

Estamos gobernados por inútiles que hace cuatro días nos volvían a asegurar que «España está estabilizando la curva» del coronavirus, que antes del verano presumían de haber salvado 450.000 vidas gracias a su gestión y nos invitaban a «salir a la calle» y «disfrutar sin miedo», y ahora, después de haberse pasado todo el verano de vacaciones, la única idea feliz que se les ocurre es volver a encerrarnos en nuestras casas de nuevo y ahora por 6 meses. Porque Sánchez quiere que la mayoría que le sostiene en el Gobierno, seguramente respaldada por los de Inés Arrimadas y su nuevo socio, Pablo Casado, le aprueben una prórroga de seis meses a su nuevo estado de alarma para que, en todo ese tiempo, no tenga que volver a dar explicaciones ni ante el Congreso ni ante los españoles. Sólo le falta sacar los tanques a la calle, pero no tardaremos mucho en verle hacer eso y entonces nos pedirá que no les llamemos tanques, sino “vehículos blindados, motorizados y armados para salvar vidas humanas”, ya lo veréis.

Publicado el 27/10/2020 en Okdiario

Abstenerse también es sostener a Sánchez e Iglesias

 

Nuestra Constitución define la moción de censura como el mecanismo por el que “el Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno”. ¿Qué es ese absurdo de que una moción de censura pueda presentarse contra el primer partido de la oposición, como aseguran desde el Partido Popular? Ni el Reglamento del Congreso de los Diputados ni la Constitución prevén esa posibilidad. Sobre lo único que se va a debatir es sobre la nefasta gestión del Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, acerca de las razones que justifican la presentación de esta moción y sobre el programa político que se propone como alternativa. El infantil argumento de que lo único que se persigue con ella es dejar en mal lugar a los de Casado es el del que pretende ser la novia en la boda, el niño en el bautizo y, sobre todo, el muerto en el entierro.

Pero es que, si la intención de VOX hubiera sido esa, no les habría avisado Santiago Abascal el 6 de mayo en el Congreso de los Diputados, cuando dijo que “no descarto que sea necesaria una moción de censura” y que “la responsabilidad es del primer partido de la oposición, pero si la delega, quizá tengan que ejercerla otros grupos”, sino que la habría presentado sin darles esa opción. Desde el 6 de mayo, Abascal dejó pasar casi 3 meses hasta que el 29 de julio anunció también en el Congreso que “no nos queda más remedio que usar el instrumento de la moción de censura que presentaremos en el mes de septiembre… Señores del Partido Popular, se lo digo con humildad y con ánimo de diálogo, los españoles no pueden entender de estrategias y de tácticas políticas, los españoles no pueden esperar más, los españoles no pueden tener esperanza en el ‘cuanto peor, mejor’. Evitemos lo peor y devolvamos la voz al pueblo español”.

Y otra vez volvió a dar un nuevo plazo de otros dos meses más en los que no dejaron de insistir en que estaban dispuestos a negociarlo todo con ellos. “Hasta la fecha de su presentación, mantenemos la puerta abierta a cualquier otro candidato que pueda concitar mayor consenso”, llegaron a decir. Finalmente, ante la negativa de los populares a entrar en razón, se presentó la moción de censura el pasado 29 de septiembre, tras cinco meses de plazo esperando primero que la iniciativa fuera de ellos y más tarde que se unieran en la elección de un candidato independiente. Nadie tiene la menor duda de que si en ese tiempo el Partido Popular hubiera presentado una moción alternativa, los diputados de VOX se habrían sumado a ella de inmediato.

Otra cosa es que el mayor coste político de esta moción lo acabe pagando finalmente el PP, pero la responsabilidad de esa presumible debacle habrá que atribuírsela única y exclusivamente a Pablo Casado. Resulta totalmente lógico pensar que una gran parte de sus votantes no compartan la absurda decisión de que, para evitar que los medios de comunicación progresistas les critiquen por haberse unido a una iniciativa de los de Abascal, de cuyos votos no hacen ascos en todos los ayuntamientos y comunidades donde los necesitan para gobernar, como Madrid, Andalucía, Murcia y numerosas localidades, Casado se abstenga o vote en contra de la exigencia de responsabilidades al Gobierno. Porque si te abstienes cuando se juzga la gestión de quienes atacan a la libertad de la Comunidad de Madrid, pretenden aprobar leyes de inspiración chavista para colocar a dedo a los jueces que les son más ‘amables’, menosprecian y permiten que se insulte al Rey, conceden beneficios penitenciarios a sanguinarios etarras nunca arrepentidos, y son responsables de 58.000 muertes y de la mayor ruina económica en 80 años, si no votas a favor de exigir responsabilidades por todo este desastre, lo mismo da que te abstengas como que votes en contra. En ambos casos Casado habrá dinamitado la unidad del centro y la derecha en España. Abstenerse también es sostener a Sánchez e Iglesias.

Publicado el 20/10/2020 en Okdiario

Sánchez permite que sus socios decapiten al Rey

 

EH Bildu decapitó ayer públicamente una figura del Rey frente a la sede del Gobierno de Navarra que preside la socialista María Chivite, gracias a los votos de los proetarras. El Código Penal español castiga con pena de prisión de hasta seis años al que amenace gravemente al Rey, a la Reina o a cualquiera de sus ascendientes o descendientes, y hasta dos años a quien los calumnie o injurie. Pero sin llegar a esos extremos, en su artículo 491.2 dice que “se impondrá la pena de multa de seis a veinticuatro meses al que utilizare la imagen del Rey… de cualquier forma que pueda dañar el prestigio de la Corona”. Además, en el artículo 510, se prevén penas de hasta cuatro años de prisión contra “quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos … referentes a la ideología, religión o creencias… la pertenencia de sus miembros a una… nación, su origen nacional…”

Desde que hace un par de años el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que la condena a dos violentos independentistas catalanes que habían quemado públicamente una fotografía de los Reyes, había limitado su libertad de expresión, en España se permiten ya impunemente todo tipo de amenazas, hostilidades, violencias y muestras de odio contra nuestro Rey. La imagen de Felipe VI es la única que se puede decapitar, guillotinar, quemar o acribillar sin que pase nada. Y si no que se lo digan a Francisco Borja, el ex legionario y taxista de Málaga al que grabaron un vídeo disparando en una galería de tiro de Málaga, contra las fotos de Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Irene Montero, Pablo Echenique y Fernando Grande-Marlaska.

En menos de 24 horas el autor de aquellos disparos fue detenido tras unas rapidísimas investigaciones llevadas a cabo a la vez por la Policía Nacional y la Guardia Civil, después de que la Abogacía del Estado anunciara inmediatamente que solicitaría a la Fiscalía que se investigaran estos hechos. «Hechos así alimentan a los sectores más ultras de la sociedad que pretenden destruir valores esenciales de nuestra democracia y de nuestra Constitución, como son la convivencia y el respeto absoluto de la pluralidad política», aseguraron desde el Ejecutivo de Sánchez e Iglesias. Claro, cuando las fotos son de ellos la democracia y la Constitución se ven amenazadas, pero cuando es la del Rey, es una forma de libertad de expresión política. Pese a que el artículo 56 de nuestra Constitución dice que “el Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia.”

Este mismo fin de semana, cuando la estatua del golpista y criminal histórico dirigente socialista, Largo Caballero, apareció con una pintada que decía «Asesino, rojos no», todo el PSOE saltó en tromba a denunciarlo. “No es un acto vandálico más, es un acto con implicación ideológica y de incitación al odio” dijo el ministro Ábalos. Pero los socialistas guardan silencio cuando la estatua atacada es la del Rey. Amenazar al Rey, demostrar el odio que les corroe contra su imagen, es tanto como hacerlo contra la bandera de España, nuestro escudo o nuestro himno, ese contra el que también permiten que los pitidos queden impunes. Todos ellos son los “Símbolos de Estado” que representan la soberanía de la Nación y el conjunto de los poderes constitucionales del Estado emanados del pueblo español. Ofendiendo a nuestros símbolos nos atacan a todos y cada uno de los españoles, sea cual sea nuestra ideología. Y todos los que lo hacen son hoy socios del Gobierno de España. Decapitan, guillotinan, disparan y queman la imagen del Rey los proetarras de Bildu, los golpistas lazis y los comunistas chavistas, sin los que Pedro Sánchez no podría gobernar. Todos ellos saben que pueden manejar al presidente del Gobierno de España como a una marioneta, tan sólo con mantenerlo a bordo del Falcon.

Publicado el 13/10/2020 en Okdiario

El PP y la moción de censura

 

A veces no nos acordamos de lo que no queremos. Mañana se cumple un año de la moción de censura que Cs planteó en el Parlamento de Cataluña, con el apoyo del PP, contra el hoy inhabilitado expresidente de la Generalidad, Quim Torra. Sólo un año y ya no recordamos las palabras que el líder de los populares catalanes, Alejandro Fernández, dirigió al socialista Miquel Iceta recriminándole la abstención de los del PSC: “No existe un punto intermedio entre democracia y desobediencia. Su aceptación pasiva no tiene justificación; ni política ni ética”, tachando de inadmisible la abstención de los socialistas. Tan solo ha pasado un año y ya se nos ha olvidado que el argumento utilizado por los socialistas para abstenerse, pese a considerar que “hay razones para censurar a Torra”, fue que se trataba de una “operación política fracasada antes de empezar” y una “operación propagandística de un grupo que está asediado por las encuestas”. ¿A qué nos suena? En realidad, los números no salían, los 36 escaños de Cs unidos a los 4 del PP no llegaban a la mayoría de 76 que iban a votar en contra ni aunque se hubieran sumado las 17 abstenciones del PSC.

Pero pese a estar condenada al fracaso, el PP votó a favor de aquella moción de censura presentada por Cs contra Torra porque «cambiar de gobierno es urgente», dijo Alejandro Fernández. La candidata en aquella ocasión, Lorena Roldán, pronunció en sus diversas intervenciones, frases que también conviene recordar hoy. Como cuando a Iceta le dijo que «esta no es una cuestión de números, es una cuestión de decencia moral» y que «hoy podría haber sido un día de unión y ustedes lo han convertido en un día triste para el constitucionalismo» y al del PP, agradeciéndole su apoyo, le dijo que la moción de censura «no va de siglas o partidos, sino de trabajar juntos para la convivencia y la libertad». Cuánta razón tenían ambos.

Por eso cuesta tanto entender las palabras de José María Aznar, que ayer dijo que él “votaría que no” a la moción de censura presentada por VOX, no porque “no haya razones” que la justifique, sino porque “está condenada al fracaso” y se trata una iniciativa “absolutamente inoportuna” que solo servirá para “consolidar a la coalición existente” en el Gobierno y para “consolidar el proceso de fragmentación en el centroderecha en España”. Tan difíciles de entender como la posición del propio Pablo Casado, que en vez de debatir sobre los argumentos de VOX en su moción de censura contra el Gobierno socialcomunista y haber negociado un candidato, parece convencido de que la moción se presenta contra él, para ponerle en la tesitura de votar a favor de una moción sobre la que se negó a negociar desde el primer minuto, igual que hace un año votó a favor de la moción de Cs contra Torra. Contra Torra, sí, pero contra Sánchez e Iglesias… ¿no?

Hay que volver a leer las palabras pronunciadas en Cataluña tanto por los del PP como por los de Cs hace sólo un año, porque siguen valiendo para hoy. Como dijeron entonces cambiar de Gobierno es urgente, esto no va de siglas o de partidos, no es una cuestión de números, sino de decencia moral. Ha dicho Esperanza Aguirre que «no hay gobierno más censurable en todo el mundo que el de Pedro Sánchez» y por si no fuera suficiente la nefasta gestión sanitaria y económica de la pandemia, con los peores resultados del mundo en ambos aspectos, en las últimas semanas hemos visto a varios miembros del Gobierno atacando al Jefe del Estado como nunca antes en toda la democracia había ocurrido, hemos sufrido a Pedro Sánchez traicionando por la espalda a Isabel Díaz Ayuso en prejuicio de todos los madrileños y hemos observado como ha sido imputado por malversación y administración desleal el partido socio del Gobierno y toda su cúpula. Con todas esas razones, la inmensa mayoría de los demócratas constitucionalistas no entenderíamos que el PP se abstuviera y que Sánchez saliese reforzado gracias al voto de los de Casado.

Publicado el 06/10/2020 en Okdiario

¡Viva el Rey!

 

Ellos sobre todo odian a Felipe VI de una forma personal y enquistada, pero también odian a la monarquía española que representa a nuestra Constitución y a la Transición, de las que tan orgullosos estamos todos los demócratas españoles. Ellos no lo son, los enemigos de Felipe VI no son demócratas, son de los que a la democracia le tienen que poner un adjetivo, como por ejemplo “popular”, “real”, “bolivariana” o “catalana”. Y al frente de todos los odiadores está Pedro Sánchez, que no odia a Felipe VI, sólo lo envidia, porque es más alto, más guapo, más elegante, está mucho mejor formado que él y, sobre todo, ocupa con dignidad un puesto por encima del de Sánchez y tiene el cariño y la admiración de la inmensa mayoría de los españoles. Tiene todo lo que jamás podrá tener él porque Sánchez sólo tiene una ambición desmedida y una capacidad para destacar entre mediocres a costa de cualquier cosa. Sánchez es capaz de todo para satisfacer su ambición y puede hacerlo sin la menor vergüenza ni ningún remordimiento. Hay que echarlo antes de que haga más daño.

El odio contra Felipe VI se desató hace justo ahora tres años, cuando nuestro monarca se puso delante de las cámaras de televisión y en sólo seis minutos los situó a todos en su sitio. Con más serenidad de la imaginable en aquellas circunstancias, cuando todo el mundo asistía asombrado a la rebelión pública de las autoridades catalanas que fueron capaces de llevar a cabo el referéndum del 1-O que el Gobierno de Rajoy y Sáenz de Santamaría no fueron capaces de impedir, pese a que se habían comprometido públicamente a que no lo permitirían, a las 21.00 horas del 3 de octubre de 2017 nos dijo a todos los españoles que en él sí podíamos confiar, que él no iba a consentir la fractura de España, que no nos iba a fallar. Y cumplió su promesa.

Felipe VI se puso por delante del resto de autoridades españolas y tiró de ellas para que adoptaran las medidas que deberían haberse aplicado antes, para así haber evitado llegar tarde a aquel golpe de Estado. Acusó a los líderes secesionistas de haberse situado fuera de la ley y de poner en riesgo la estabilidad de Cataluña y de toda España con su conducta irresponsable. Y lideró la respuesta política y ciudadana que la situación requería, siendo ese liderazgo lo que no le han perdonado ni los golpistas ni la extrema izquierda del resto de España que aspira con ellos a dividir y arruinar el país para, aprovechando la confusión, poner fin al régimen democrático del que gozamos desde la Transición e instaurar un nuevo régimen al más puro estilo chavista, que es lo que todos estos aprendieron a hacer durante sus viajes a Venezuela.

Sánchez por el contrario no pretende cambiar ningún régimen, él sólo tiene ambición personal y para satisfacerla no va a medir las consecuencias ni siquiera, aunque ello suponga destruir nuestro régimen constitucional. Sánchez no es ni republicano ni monárquico, no es ni centralista ni independentista. Sánchez sólo es sanchista. Para lograr el poder, si le hace falta, resucitará a las dos Españas que con tanto esfuerzo y sacrificio enterramos en la Transición. Sólo pretende aferrarse al poder al coste que sea y el precio que le quieren hacer pagar los independentistas y la extrema izquierda ya sabemos todos cuál es; la cabeza de nuestro magnífico rey, don Felipe VI. Por eso, con independencia de que en el fondo nos sintamos más o menos monárquicos, debemos defender todos con uñas y dientes esa trinchera que ahora mismo representa el último dique de contención de nuestra democracia. Porque amamos a España, a nuestra Constitución y a nuestra democracia, gritamos todos a una: ¡Viva España! ¡Viva el Rey! ¡Viva el rey de España!

Publicado el 29/09/2020 en Okdiario