La Ley Trans Trons Trens

 


Como dijo Winston Churchill, “la democracia es el peor sistema de gobierno diseñado por el hombre, con excepción de todos los demás” y añadió un matiz afirmando que “la democracia es la necesidad de doblegarse de vez en cuando a las opiniones de los demás”. En España todos los días nos enfrentamos con esta cruda realidad con un Gobierno encabezado por un personaje sin escrúpulos, un psicópata con andares de bailarín de tango, que todo lo supedita a su necesidad patológica de aferrarse al poder, para lo cual no ha dudado en indultar a los golpistas catalanes exclusivamente porque necesita sus votos y sabiendo que sus propios votantes rechazan esa decisión, a continuación se ha puesto a utilizar todos los trampantojos que están en su mano para que se olvide pronto su traición.

La bajada del IVA de la luz y el adiós a la mascarilla han sido las cortinas de humo con las que nos ha distraído hasta hoy, pero no han sido suficientes, así que ha decidido sacar la artillería pesada, empezar a desenterrar muertos del Valle de los Caídos, que Franco siempre le funciona; y ceder a una de las demandas más radicales de los ultras de extrema izquierda que tiene por socios de gobierno, la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, impulsada personalmente por la becaria que llegó a ministra sólo por ser madre de los hijos de Pablo Iglesias. Esta nueva normativa incluye barbaridades que la inmensa mayoría de españoles no comprenden ni les interesan y que en realidad sólo apoyan una pequeñísima parte de la minoría de votantes de la extrema izquierda más radical, pero genera un debate que a Sánchez le sirve para que no se hable de los indultos con los que ha vendido a España.

Estos son los fallos de la democracia de los que hablaba Churchill. Así es como las minorías independentistas vasca y catalana llevan décadas obteniendo prebendas del resto de España cada vez que un Gobierno débil necesita sus votos. Y así es como el lobby LGTBi sobre el que se apoya Irene Montero, va a conseguir que sus demandas se conviertan en leyes a pesar de que, en realidad, representan sólo la voluntad de una pequeñísima minoría de exaltados. Entre las barbaridades que se aprueban hoy para distraer nuestra atención de los indultos están temas tan comentados como que se permite el cambio de sexo desde los 14 años con un simple trámite administrativo, sin informes médicos, ni pruebas ni testigos y que a partir de los 16 años ni siquiera se requiere la presencia de ninguno de sus padres o representantes legales.

Pero no se habla tanto de que la nueva normativa ultra también implanta por ley el adoctrinamiento del pensamiento único LGTBi en todas las escuelas desde la más tierna infancia, puesto que incluye en el currículo educativo de todas las etapas la formación acerca de la diversidad sexual, familiar y de género. La extrema izquierda no admite discusión acerca de sus creencias morales, se muestra absolutamente intransigente con cualquier principio moral distinto a los suyos, considera que sus creencias y opiniones son verdades absolutas indiscutibles y las impone en forma de ley. Los que opinamos distinto no tenemos más remedio que doblegarnos, por ahora, ante esa opinión minoritaria que se nos impone oportunistamente, pero, como también dijo Winston Churchill, “la alternancia fecunda el suelo de la democracia”, así que, habrá que apretar los dientes y aguantar unos meses hasta que una nueva mayoría que esta vez sí represente los valores morales comunes de los españoles, derogue toda la basura normativa de Sánchez, sus delincuentes indultados, sus cómplices y sus secuaces.

Publicado el 29/06/2021 en Okdiario

La izquierda siempre cómplice de los golpistas catalanes


 

«La historia ocurre dos veces: la primera vez como una gran tragedia y la segunda como una miserable farsa», escribía Karl Marx, parafraseando a Hegel. La tragedia española comenzó con el “pucherazo” que dio la extrema izquierda del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936, fraude electoral que nos llevó al desastre de la Guerra Civil. Y la farsa, que empezó con la moción de censura contra Rajoy, continuó con las elecciones de 2019 en cuya campaña electoral Pedro Sánchez prometió que no pactaría ni con los comunistas de Podemos, ni con los golpistas de ERC ni con los filoetarras de Bildu, incumpliendo enseguida todas sus promesas para ser investido presidente, culminó ayer en el escenario del Teatro del Liceo de Barcelona.

La tragedia: Lluís Companys declaró la independencia de Cataluña el 6 de octubre de 1934. Unas horas después fue detenido por orden del Gobierno de la II República, en manos del Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, de centro derecha, con el respaldo de la derecha de la CEDA. El 6 de junio de 1935 Companys y los miembros de su gobierno fueron condenados a treinta años de reclusión mayor e inhabilitación absoluta. Tras hacerse con el poder en las fraudulentas elecciones celebradas el 16 de febrero de 1936, la extrema izquierda del Frente Popular no tardó en firmar su amnistía. El 21 resultaba aprobado el decreto-ley y se dieron las instrucciones para que se produjese urgentemente la liberación de los presos. Esa misma noche, Companys y sus compañeros fueron liberados y trasladados a Madrid. Apenas 16 meses pasó Companys encarcelado por su golpe de estado.

La farsa: El 27 de octubre de 2017, presidiendo el Gobierno de España Mariano Rajoy y el Partido Popular; Puigdemont, Junqueras y el resto del gobierno de Cataluña proclamaron de nuevo la independencia, tras la celebración del referéndum celebrado el 1 de octubre, que fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Dos días después, la tarde del domingo 29 de octubre, Puigdemont huyó a Bruselas al igual que hicieron cuatro de sus consejeros. El jueves 2 de noviembre Oriol Junqueras y siete consejeros fueron enviados a prisión por la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela. El juicio comenzó el 12 de febrero de 2019 y el 14 de octubre Junqueras fue condenado a 13 años de prisión por un delito de sedición en concurso con otro de malversación de caudales públicos. Pedro Sánchez se presentó a las elecciones de noviembre de ese mismo año 2019 prometiendo que acataba y cumpliría esa condena a los golpistas catalanes, pero igual que hizo Azaña en 1936, acaba de anunciar que los va a indultar. Apenas tres años y medio habrán pasado en prisión los golpistas esta vez.

Para interpretar esta farsa, desde el escenario del Liceo, Sánchez en su monólogo repitió una y otra vez las palabras reconciliación, concordia, reencuentro, entendimiento, convivencia, normalidad y diálogo, sin nadie enfrente que le preguntara por sus significados. Los golpistas catalanes se han hartado de repetir que ellos no quieren esos indultos, que en cambio exigen un referéndum de autodeterminación y una amnistía, que significa que España reconozca que los golpistas no han cometido ningún delito. Está más que anunciado que los delincuentes golpistas no han modificado ni un ápice sus posiciones, se muestran intransigentes en sus posturas y no atienden a ninguna razón ni es posible el menor diálogo con ellos. Sánchez insistió en el origen de la palabra concordia que en latín significa “con corazón” y con ella intentó justificar una actuación “sin cerebro” que sólo se justifica por su egoísmo personal y su ansia de aferrarse a la presidencia del Gobierno. Ojalá que sólo en esto Marx tuviera razón y la farsa de Sánchez no acabe convertida en tragedia, porque mostrar debilidad ante los violentos nunca ha sido una buena idea.


Publicado el 22/06/2021 en Okdiario

Sánchez se cisca en la tumba de Montesquieu


 

En economía llamamos “Crony Capitalism” a eso tan contrario al liberalismo como es el capitalismo clientelista, de compadreo o de “amigotes”, vinculado a sectores empresariales íntimamente relacionados con Gobiernos que pueden beneficiar a unos emprendedores frente a otros, otorgando licencias, concediendo subvenciones o agraciando con determinados beneficios fiscales. Con Pedro Sánchez, Marlaska y su Gobierno de coalición socialista – comunista, respaldado por los golpistas catalanes y los proetarras, estamos descubriendo que una democracia occidental consolidada como la nuestra es compatible con lo que podríamos denominar “Crony Justicia”, o justicia de amiguetes. Desde tiempos de Aristóteles sabemos que no hay justicia si no tratamos igual a los iguales y desigual a los desiguales y, en consecuencia, a esto que hace Pedro Sánchez, utilizando todas las artimañas que están en su mano para favorecer a sus amigotes, según sus propios intereses, no se le puede llamar justicia.

Desde el primer momento, Sánchez demostró que estaba dispuesto a todo, atreviéndose a nombrar como Fiscal General del Estado a una mujer que ni es independiente ni hace el menor esfuerzo por parecerlo; la que fuera su ministra de Justicia, Dolores Delgado. La que bebe de la copa de Garzón, el ex juez que fue inhabilitado por prevaricador y que desde entonces se dedica a defender a todos los tiranos de extrema izquierda de Latinoamérica. Y mano a mano, entre la Lola y el juez condenado, han ocupado todo el organigrama de la Fiscalía española con personajes de su cuerda. Como cómplice imprescindible, en el Ministerio de Interior, con las competencias sobre prisiones, Sánchez colocó al indigno Marlaska quien, si algún día tuvo algún principio moral, ya ha demostrado sobradamente que lo pisotea con tal de mantenerse aferrado a su cartera ministerial.

Alfonso Guerra dijo en 1985 que Montesquieu había muerto, cuando su jefe, Felipe González, aprobó con su aplastante mayoría absoluta la reforma que dejaba en sus manos los nombramientos de los jueces del Consejo General del Poder Judicial, poniendo fin a la división de poderes diseñada por el filósofo y jurista francés. En realidad, lo que anunció Guerra no fue una muerte súbita, sino una lenta agonía que ha llegado a nuestros días, en los que el presidente del Gobierno, usando a Dolores Delgado y a Grande Marlaska, está demostrando que ya, en España, la Justicia no la aplican los jueces ni tiene lugar en los tribunales, sino que la decide él sólo, sin atenerse a ningún criterio más que su voluntad y sus intereses egoístas.

Porque Pedro Sánchez necesita los votos de los independentistas vascos y los proetarras, Marlaska ha decidido que las víctimas de ETA no tendrán justicia y un viernes de vergüenza tras otro está trasladando a todos y cada uno de los sanguinarios asesinos etarras para, cuando estén todos, transferir al PNV las competencias sobre las prisiones vascas. Como Pedro Sánchez requiere los votos de los golpistas catalanes, pese a los informes en contra del Tribunal Supremo que indican que los indultos serían una clara ilegalidad, el Gobierno de coalición socialista y comunista los va a conceder en breve. Y como Pedro Sánchez sigue precisando los votos de sus socios de Gobierno, los podemitas que animaron a Juana Rivas a secuestrar a sus hijos y a presentar múltiples denuncias falsas contra su padre, ahora le ha dado instrucciones al secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, el que fue director del gabinete jurídico de Manuela Carmena, para que la condena de dos años y medio de cárcel con la que el Tribunal Supremo sentenció a Juana Rivas se convierta en la práctica en haber pasado cuatro noches en un Centro de Inserción Social de Granada. Pedro Sánchez legisla, nombra a los jueces y fiscales, traslada a presos y otorga indultos y beneficios penitenciarios según le conviene a él, sin someterse a nada ni a nadie. Sánchez se cisca en la tumba de Montesquieu y llama a las cámaras para que lo emitan en directo.

Publicado el 15/06/2021 en Okdiario

Karate Kid Errejón

 


Cuando a finales de 2018 Pedro Sánchez presentó en el Congreso una propuesta de reforma constitucional para limitar el aforamiento de los miembros del Ejecutivo, diputados y senadores, a los “delitos cometidos en el ejercicio de las funciones propias del cargo” Errejón, que todavía estaba en un Podemos que aún no había entrado en el Gobierno, dijo que “ya que abrimos el melón y está bien que el Gobierno lo haya abierto, hay que abrirlo hasta el final para sentar un pilar básico del Estado de derecho, que es que todos los ciudadanos tienen que ser iguales ante la ley, todos, tengan el apellido que tengan, vengan de donde vengan y ostenten la representación que ostenten”.

Pero cuando hoy martes, en la rueda de prensa del Congreso, le han preguntado si es verdad que agredió de una patada en el estómago a una persona enferma de cáncer de colon, el 2 de mayo, tal y como ha desvelado en exclusiva OKDIARIO, el diputado de Más País ha negado los hechos denunciados y ha dicho que está “a disposición de cualquier información oficial que se me requiera”, pero no ha renunciado a su aforamiento para permitir que el juzgado lo investigue, como en 2016 sí hizo su compañero de partido, Jorge Luis Bail.

En caso de ser condenado, no sería la primera vez que Errejón niega los hechos de una denuncia que luego se comprueba que eran ciertos. Le ocurrió en 2016, cuando la Universidad de Málaga lo inhabilitó para desarrollar nuevos proyectos de investigación en este centro educativo, debido al fraude que cometió al cobrar una beca de 1.800 euros al mes sin ir a trabajar. Dos años después, siendo candidato a las elecciones de la Comunidad de Madrid, en una entrevista en La Sexta, Errejón dijo ante las cámaras que “a mí la Universidad de Málaga nunca me inhabilitó” y que “podría” volver a la Universidad si quisiera. A preguntas de OKDIARIO, la Universidad de Málaga contestó por escrito dejando a Errejón por mentiroso, que “el expediente disciplinario incluyó la inhabilitación de Íñigo Errejón para ser titular de un nuevo contrato de trabajo en esta Universidad”.

Errejón es mentiroso demostrado y pertenece a una organización en la que sus miembros se caracterizan por mantener actitudes violentas, como la patada por la que ha sido denunciado. Es o ha sido compañero de personajes agresivos como Alberto Rodríguez, imputado por agredir a patadas a un agente de Policía; Isa Serra, condenada a 19 meses de cárcel por agredir a una Policía; Andrés Bódalo, condenado a tres años por agredir a un concejal socialista; el ya citado Jorge Luis Bail, quien finalmente fue condenado por un delito de resistencia a la autoridad y lesiones; Luis Nieto Pereira, líder de Podemos en Madrid, miembro del grupo independentista Loita Armada Revolucionaria (LAR) condenado a cinco años de cárcel por un delito de robo con violencia e intimidación. La lista de delincuentes violentos, compañeros de Errejón es extensísima.

Es cierto que Errejón, además del privilegio del aforamiento al que no ha renunciado, goza de una presunción de inocencia que la extrema izquierda a la que pertenece niega cuando los acusados son de centro o de derechas, o hasta en los casos de violencia contra las mujeres. El mismo Pablo Echenique ha sido condenado a pagar 80.000 € por una falsa acusación de violación en la que no respetó dicha presunción de inocencia. El tan gastado “hermana, yo sí te creo” podría cambiarse en este caso por “enfermo de cáncer, yo sí te creo”. Pero el caso cuenta con las suficientes pruebas e indicios como para que sea razonable pensar que Errejón está mintiendo de nuevo al negar los hechos denunciados. En primer lugar, están los atestados policiales, redactados en el mismo momento de la presunta agresión, con dos llamadas de diferentes personas a la Policía. Además, existen dos testigos que confirman la acusación de la víctima. Hay cámaras que demuestran que algún altercado se produjo y que Errejón estuvo involucrado en él. Está el informe médico que acredita que existen las lesiones. Y es difícil imaginar que una persona anónima, como es la víctima, se arriesgue a ser acusado por falsa denuncia, cuando enfrente tiene a un personaje tan influyente y poderoso. No sabemos lo que Errejón había bebido esa noche, pero todo apunta a que de esta no se va a escapar… de dos patadas.

Publicado el 08/06/2021 en Okdiario

Nuestra obligación es devolver a los menas

 


Hace años que el Reino de España y el Reino de Marruecos tienen firmados acuerdos sobre la cooperación en el ámbito de la prevención de la inmigración ilegal de menores no acompañados (menas), su protección y su retorno concertado. El que está vigente en la actualidad se firmó en Rabat en marzo de 2007, pero no pudo entrar en vigor hasta octubre de 2012, porque Marruecos estuvo cinco años dilatando los procedimientos formales. Y desde entonces, nuestro vecino del sur lleva otros 9 años incumpliéndolo sistemáticamente. En este acuerdo firmado entre los dos países se dice, entre otras cosas, que se favorecerá “el retorno asistido de los menores al seno de sus familias o a la institución de tutela del país de origen”. Por supuesto, todo financiado por España.

Como dicta el sentido común, en el acuerdo firmado entre Marruecos y España no se habla nada respecto a que sea necesario recabar el consentimiento previo de las familias marroquíes de los menores que han entrado ilegalmente en España, para proceder a su repatriación. Lo que se dice, por el contrario, es que “las autoridades competentes marroquíes procederán a la identificación del menor y de su familia y a la expedición de documentación que demuestre su nacionalidad” para, una vez identificados, proceder a la “reunificación familiar efectiva del menor o su entrega a cargo de una institución de tutela”. Marruecos se compromete a identificar a los menores, localizar a sus familias, entregárselos o hacerse cargo de ellos. Todo ello “en el interés superior del menor”, que constituye “la base de toda cooperación entre las partes” y “con el estricto respeto de las disposiciones pertinentes de la Convención de los Derechos del Niño”.

Los pasados días 17 y 18 de mayo Marruecos nos envió de golpe a más de 1.500 menas de los que, de momento y sin ninguna colaboración del país vecino, las autoridades españolas sólo han conseguido contactar con las familias de 79 para que acudan a la frontera a recogerlos, a lo que 73 se han negado, ya que prefieren que sea España quien se haga cargo de su manutención y educación. El reino alauí incumple sistemáticamente el acuerdo firmado con España, mientras que nosotros seguimos pagando religiosamente su financiación. A pregunta de Vox, el Gobierno respondió por escrito el pasado 20 de marzo de 2020 que “desde septiembre de 2007 no se ha materializado ninguna repatriación de menores extranjeros no acompañados marroquíes”, menoscabando así el interés superior del menor e incumpliendo la legislación internacional sobre Derechos del Niño y los acuerdos firmados y financiados por España.

Antes de esta invasión alentada por las autoridades marroquíes, en el Registro de Menores Extranjeros no Acompañados de España aparecían casi 10.000 menas, frente a los menos de 4.000 que había antes de la llegada de Sánchez al poder. Nuestro estado del bienestar les ofrece acogida especializada, apoyo psicológico y educativo, tutela hasta su mayoría de edad y además, no pueden ser retenidos a la fuerza a no ser que cometan delitos graves. A partir de que cumplen 18 años las ayudas que reciben varían en cada comunidad autónoma. Como el reino de Marruecos se niega a cumplir el acuerdo firmado con España lo primero que debemos hacer es poner fin a la financiación que les entregamos a cambio de no cumplir con su parte. Y como nosotros estamos obligados a cumplir nuestros compromisos para preservar el interés superior de los menores de criarse con sus familias, debemos devolverlos inmediatamente por la frontera por la que entraron, para que así se produzcan las reunificaciones familiares efectivas tan deseadas. A partir de ese momento será responsabilidad de nuestros vecinos del sur proceder a su identificación y hacerse cargo de su tutela hasta que encuentren a sus familiares, preservando así todos los derechos de esos niños, sin nuestro dinero, faltaría más.

Publicado el 01/06/2021 en Okdiario