Almeida desviste a la Fundación Madrina para vestir chiringuitos LGTBI

 

Siguiendo las instrucciones de Teodoro García Egea y el camino marcado por Pablo Casado, el alcalde de Madrid ha decidido mantener su pacto con los comunistas con los que ya acordó la renovación de la ordenanza de Madrid Central de Manuela Carmena, que prometió derogar durante la campaña electoral. Se desmarca así José Luis Martínez-Almeida de las decisiones tomadas por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien eligió a Vox como socio preferente, en contra de la línea marcada por la dirección nacional del PP y expresada claramente por Pablo Casado hace unos días en su gira por Hispanoamérica cuando dijo que él pretende “gobernar en solitario y que Vox le apoye sin ninguna contraprestación u ofrecer una gran coalición al Partido Socialista”.

A cambio de su apoyo a los presupuestos de 2022, Almeida ha acordado con los comunistas dejar en la mitad la rebaja del IBI que había anunciado hace un mes; retirar las subvenciones municipales a la Fundación Madrina, que lucha contra la pobreza infantil ayudando a las madres en dificultad social, violencia o abuso, para dedicar ese dinero a los chiringuitos LGTBI y patrocinar la Fiesta del Orgullo de Madrid 2022 y nombrar hija predilecta de Madrid a Almudena Grandes, la sectaria novelista de extrema izquierda que decía que cada mañana «fusilaría» a dos o tres voces de la derecha que le «sacan de quicio» y que hacía “gracietas” con las monjas violadas por milicianos comunistas durante la Guerra Civil. Con los votos del centro derecha, Almeida ha pactado con los comunistas que Madrid continúe siendo la ciudad sectaria en la que la convirtió Manuela Carmena.

Los comunistas con los que Almeida ha pactado todo esto son Marta Higueras, Luis Cueto y José Manuel Calvo, tres tránsfugas por partida doble que en 2015 entraron en el Ayuntamiento de Madrid de la mano de Podemos con su marca Ahora Madrid encabezada por Manuela Carmena. En 2019 estos comunistas tránsfugas se separaron de Podemos y junto a Carmena, Rita Maestre -la asalta capillas- y Mónica García -médico y madre-, les hicieron la competencia con el nuevo partido Más Madrid. Y finalmente en 2020 se desvincularon también de Más Madrid, eso sí, manteniendo sus actas y sus sueldos de concejales, sabedores de que sus tres votos podrían venderse muy caros teniendo en cuenta que PP y Cs se habían quedado justo a 3 escaños de la mayoría absoluta. Higueras era la mano derecha y primera teniente de alcalde de Carmena; Cueto está casado con la sobrina de la ex alcaldesa y ejerció con ella de ‘alcalde en la sombra’ y Calvo fue su concejal de Urbanismo. Estos son los tres tránsfugas comunistas que han conseguido que su mentora siga dirigiendo los designios de la capital de España.

Parece como si el PP en vez de querer ganarse los votos de Cs, se estuviera reconvirtiendo en el partido naranja, que siempre estuvo dispuesto a pactar con la izquierda y que sólo hace un cordón sanitario contra VOX siendo éste un partido que defiende la Constitución que atacan los comunistas, con los que ahora pactan el PP y Cs y los nombran hijos predilectos de Madrid. Los madrileños, que en 2019 votaron claramente en contra de las políticas aplicadas por Manuela Carmena al frente del ayuntamiento, están viendo defraudadas sus expectativas de cambio sólo por la ridícula guerra interna de Almeida, Egea y Casado contra Ayuso, en quien todos ellos ven una amenaza contra sus cuotas de poder. La Fundación Madrina ha sido la primera víctima de sus envidias y rencillas en una pelea de patio de colegio que les está haciendo caer en las encuestas a pesar de la desastrosa gestión económica y de la pandemia del Gobierno. Almeida desviste a la Fundación Madrina para vestir chiringuitos LGTBI por celos contra Ayuso.

Publicado el 28/12/2021 en Okdiario

Bebelejías, covidiotas, pasaportontos y otra gente… normal

 

En estos días se cumplen dos años desde que a finales de diciembre de 2019 se informaron los primeros casos de transmisión comunitaria del COVID-19 en un hospital de Wuhan. Siendo el chino un régimen comunista es casi seguro que ese dato será falso y estará manipulado a favor de los intereses de sus tiránicos gobernantes, pero tenemos certeza de que poco tiempo después, en enero de 2020, se comenzaron a detectar casos en Tailandia y en Japón y la transmisión fue tan rápida que el 30 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) decretó una emergencia sanitaria de preocupación internacional. Llevamos ya dos años de muerte y miedo, de pérdidas, llantos, renuncias, encierros, restricciones, penas, miserias y, sobre todo, de desconfianzas. No tenemos certezas a las que aferrar nuestra esperanza porque nos han engañado tanto y nos han mentido de una forma tan descarada y desvergonzada, que los ciudadanos hemos tenido que aprender a protegernos solos, desconfiando de lo que cualquier autoridad nos recomiende.

Sabemos que la OMS está dirigida desde 2017 por el etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, antiguo miembro del Frente de Liberación Popular de Tigray, de ideología marxista-leninista, que es acusado por sus compatriotas en el exilio de causar cientos de muertos en Etiopía por no informar de tres epidemias de cólera siendo ministro de Sanidad, para favorecer así a su tiránico y represor Gobierno. Tedros lleva desde entonces demostrando su sintonía con los regímenes totalitarios comunistas chino y cubano y desprestigiando a la institución que dirige. Por ese motivo el respaldo que la OMS ha proporcionado a las informaciones sobre la pandemia procedentes de la China comunista no ofrece ninguna certeza a la ciudadanía.

Y en España continúa al frente del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad el mismo Fernando Simón que sólo ha servido para blanquear la nefasta gestión de la pandemia del Gobierno de Pedro Sánchez, que nos convirtió durante la primera ola en récord mundial en muertos por habitantes, líderes mundiales en sanitarios infectados por el virus y campeones en colas del hambre y en destrucción de la economía. Un Fernando Simón que, para encubrir que Sánchez no podía abastecernos de mascarillas, mintió asegurando que no eran necesarias e incluso recomendó acudir a las manifestaciones femicomunistas del 8 de marzo de 2020. Estas autoridades mundiales y nacionales no tienen ninguna credibilidad y eso provoca en la población todo tipo de desconfianzas que se traducen en actuaciones a veces absurdas.

Llevamos ya un año poniendo vacunas contra la COVID-19 a los adultos. El 82% de la población española está vacunada con la pauta completa y ahora que se ha empezado a vacunar a los niños llegaremos al 90% en unos días. Tenemos una información estadística que demuestra sin la menor duda que las vacunas han salvado la vida de decenas de miles de adultos en todo el mundo y que los casos de enfermedad grave se han reducido drásticamente, compensando sobradamente los escasísimos efectos secundarios de las vacunas. Pero también comprobamos que la vacuna no inmuniza y que incluso los sanitarios vacunados con tres dosis se están contagiando cada vez que se reúnen en espacios cerrados y sin mascarillas. Tan absurdo resulta que un adulto rechace ponerse la vacuna como exigir, para entrar en un restaurante, un certificado COVID que de ninguna manera evitará que entren vacunados contagiados que transmiten la enfermedad igual que los no vacunados. Y ya el colmo de la estupidez es proponer que, en España, con un 90% de la población vacunada voluntariamente, se cambie la legislación para que esta vacuna resulte obligatoria, como así desean el 61% de los españoles, según una encuesta de GAD3 publicada hoy en ABC.

Es lógico desconfiar de las nefastas autoridades que tan mal han gestionado la pandemia. Es razonable utilizar nuestro sentido común para autoprotegernos. Lo raro sería que no hubiera bebelejías, covidiotas y pasaportontos, estando en las manos que estamos. Pero vacunarse debe ser un derecho, nunca una obligación. Resulta impresentable forzar a los que no desean ponerse la vacuna tanto directamente, haciéndola obligatoria, como de forma indirecta, discriminándolos de forma absurda con un pasaporte que resulta inútil para el fin que persigue. No debemos permitir que el miedo y la desconfianza nos convierta en personas egoístas que no valoran la libertad ni respetan los derechos de los demás.

Publicado el 21/12/2021 en Okdiario

Sánchez es un peligro para la infancia

 

Ya lo avisó la socialista Isabel Celaá cuando era ministra de Educación, «no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres». Los socialistas y la izquierda en general están convencidos de que los niños son del Estado, de que tus hijos son suyos y, por tanto, pueden hacer con ellos lo que les dé la gana. Y cuando los socios del Gobierno socialista que ostenta el poder ejecutivo del Estado son comunistas, proetarras y golpistas, los niños de ese Estado son un instrumento más al servicio de sus bastardos intereses. Para Sánchez y sus socios los niños pueden usarse lo mismo para caminar hacia la independencia de Cataluña, para homenajear a los asesinos etarras, para implantar la ideología comunista de género o, sencillamente, para conseguir que Sánchez no tenga que bajarse del Falcon.

Los hijos de Juana Rivas no son de su padre, el italiano Francesco Arcuri, a pesar de que su madre haya sido condenada por secuestradora, sus informes psicológicos la presenten como una persona con un «grave funcionamiento mental patológico asociado a desorganización del pensamiento», su hijo haya sido presuntamente abusado sexualmente estando bajo la custodia de su madre negándose ella a que se investiguen estos hechos, pese a que sus múltiples denuncias por maltrato hayan sido todas archivadas porque «es absolutamente inverosímil la narración» excepto una de 2009 que se produce en un enfrentamiento entre ambos, tras llegar ella a las 6 de la madrugada al hogar, pelea en la que las lesiones de él son de mayor gravedad que las de ella, pero en la que, en contra del consejo de su abogado, Arcuri aceptó una condena en conformidad porque se estaba reconciliando con Juana Rivas de forma que su segundo hijo en común fue concebido después de aquella trifulca. Esos niños no pertenecen a su padre y ni siquiera son de su madre, son un instrumento utilizado por la ministra Irene Montero para desarrollar la puesta en marcha de sus chiringuitos de ideología de género

Los niños que estudian en colegios catalanes no son de sus padres y si estos desean que su educación sea bilingüe en catalán y en español y que se cumplan las leyes y las sentencias judiciales que dictaminan que, como mínimo, el 25% de las asignaturas se les deben enseñar en español, no merecen ni siquiera la protección de un Estado cuyo poder ostentan socialistas y comunistas gracias al respaldo de los mismos independentistas que los acosan y hostigan en un clima de odio xenófobo y supremacista similar al que se sufrió bajo el nazismo. Los niños catalanes pertenecen a los golpistas indultados por Sánchez y pueden usarlos para caminar hacia su soñada independencia.

Tampoco son de sus padres las pobres niñas prostituidas por redes de explotación sexual en Baleares estando bajo la custodia del Consejo Insular de Mallorca, en manos del PSOE, Podemos y los independentistas de Més per Mallorca, y que viven rodeadas de delincuentes y drogadictos, practicando el sexo con desconocidos “a cambio de unos zapatos nuevos, un bolso o un vestido”, ante la pasividad de las autoridades que tienen su custodia y la obligación de protegerlas. Lo mismo que la joven de la que abusó el marido de la vicepresidenta primera de la Comunidad de Valencia, Mónica Oltra, de Compromís, mientras que ésta era la consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas, responsable del centro donde la niña estaba internada y su entonces marido trabajaba como educador. Todas estas niñas abusadas pertenecen a los socios de Sánchez en Valencia y Baleares que pueden hacer con ellas lo que quieran.

Si Pedro Sánchez puede hacer lo que quiera con los hijos de Juana Rivas, con las niñas prostituidas en Baleares, con la abusada sexualmente por el marido de Mónica Oltra y con los que sufren el odio de los nazis catalanes, imagínate de lo que será capaz de hacer con los tuyos, si le conviene.  Sánchez es un peligro para la infancia a la que debería proteger.

Publicado el 14/12/2021 en Okdiario

Pablo Iglesias amenaza con quemar la Constitución

 

Para celebrar el aniversario de nuestra Constitución, el ex líder de Podemos y ex vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, publicó ayer un artículo de opinión en el que amenaza con la que él denomina “tensión constituyente” que reclama reformas y lo ilustra con un ejemplar de la Constitución reconvertido en caja de cerillas a punto de ser prendidas. Esas reformas por las bravas con las que amenaza el podemita son por todos conocidas y quien mejor lo expresó fue la madre de sus hijos y sólo por eso ministra de Igualdad, Irene Montero cuando, en 2013 siendo aún becaria, tuiteaba aquello de “Felipe no serás Rey que vienen nuestros recortes y serán con guillotina” y “todos los Borbones a los tiburones”. Iglesias y Podemos maquillan de feminismo y ecologismo las demandas que según ellos reclama la ciudadanía, pero sus cargas de profundidad pretenden en realidad poner fin a la unidad de España terminando con nuestra monarquía parlamentaria.

Ione Belarra, la amiguita de la becaria y sólo por eso ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, justificaba la necesidad de reformas diciendo que “la Constitución debe actualizarse para tener, esta vez, madres y no sólo padres, para que la juventud pueda votarla y para incorporar la igualdad o la protección del medioambiente como ejes rectores”. Y en el mismo sentido Irene Montero afirmaba que “nuestra Constitución solo tiene padres” y que “nos merecemos una Constitución feminista”. Ocultando ambas que en las Cortes Constituyentes de 1977 había mujeres en todos los partidos y de todas las ideologías, como por ejemplo Dólores Ibarruri, la Pasionaria, que fue elegida diputada por Asturias en 1977. Pero cuando Montero y Belarra hablan de feminismo no están incluyendo en él a todas las mujeres, ni siquiera a todas las de izquierda, sino sólo a su grupo de amiguitas de facultad y a sus ‘grupies’ pijo neo comunistas.

Aquellas mujeres diputadas y senadoras olvidadas por Podemos, en 1978 contribuyeron a la redacción y aprobación del artículo 14 de nuestra Constitución que dice que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social” y no cabe mayor aspiración feminista que el de la igualdad consagrada en nuestra Carta Magna sin que ni las podemitas ni sus amiguitas tengan ningún mérito en ello. Pero feminismo y ecologismo son sólo las banderas utilizadas para distraer la atención de las reformas que de verdad desean implementar y que, como saben que de las urnas no van a obtener el respaldo necesario, ya van anticipando que deberán ser llevadas a cabo por la fuerza.

Y eso que hoy nos parece imposible ya lo han llevado a cabo en varios países de Hispanoamérica donde reformas como las que desea Podemos, que nos alejan de la democracia acercándonos a las tiranías comunistas, se han ido implementando paso a paso. Aquí en España todavía tenemos un sistema judicial bastante imperfecto y politizado, pero que aun así ha podido condenar a un Gobierno que repetidamente ha incumplido la Constitución, anulando sus actos ilegales, decretar el cese y la inhabilitación de sus socios catalanes e incluso la entrada en prisión de los líderes golpistas. Y también disponemos de unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que, incluso dominadas por un ministro entregado a etarras y golpistas, son capaces de hacer cumplir la ley y mantener el orden y la seguridad pública. Así que, para poder quemar la Constitución, derrocar al Rey y deshacer España, Podemos sabe que tiene antes que controlar la justicia y cargarse a la policía. Y por ahí van sus propuestas. Cuando los podemitas piden una “justicia representativa y participativa” lo que quieren es tomar ellos las decisiones judiciales, y cuando reclaman «despolitizar» a la Policía abordando una «reforma de calado» de su legislación, pretenden convertirla en una policía chavista. Y si la extrema izquierda elige y controla a jueces y policías, ¿quién les impedirá quemar la Constitución, derrocar al Rey y desmembrar España?

Publicado el 07/12/2021 en Okdiario

Hay que cerrar el chiringuito de Igualdad

 

A la madre de los hijos de Pablo Iglesias y sólo por eso ministra de Igualdad, se le ha antojado colocar a más amiguitos, así que tenemos que rascarnos el bolsillito y darle más dinerito para sus caprichitos y que en su próximo cumpleaños la tarta sea de dos pisos y la canción se la canten más voces, que la última le pareció mediocre para lo que ella cree que vale: 525 millones de euros se va a gastar Irene Montero en sus cositas el año que viene. Su presupuesto ha tenido que subir un 14,4%, aumentando en 66 los ya excesivos 459 millones de 2021. Pero es que a ella se le quedaban cortos, no le daban para tanto como necesitaba. Así que este año ya le hemos tenido que poner 877.851 € extra, por encima de la barbaridad presupuestada.

Y no os penséis que ese dinero es para las mujeres perjudicadas por el volcán de La Palma, para las que están en paro o para las que no pueden pagar los bestiales incrementos de la factura de la luz. El dinero extra que le damos a la ministra es para su pandilla de amigos condenados e imputados por todo tipo de delitos contra la sociedad. O como dice ella, para “financiar necesidades ineludibles en las dotaciones destinadas a gastos de personal” que se concretan, por ejemplo, en el fichaje de la que fue portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, condenada a prisión de 19 meses, multa e inhabilitación por un delito de atentado a la autoridad, lesiones leves y daños, por atacar e insultar gravemente a una mujer policía durante un desahucio en Lavapiés. «Eres cocainómana, mala madre, hija de puta, con todo lo que hemos luchado las mujeres, contigo se pierde todo. No te quieren ni tus propios compañeros», le dijo la política “feminista” a la trabajadora que intentaba mantener el orden.

También ha fichado la ministra a los ex concejales de Manuela Carmena imputados por malversación Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato. A Teresa Arévalo, alias la “nanny”, conocida por el caso Niñera donde la justicia investiga si el sueldazo que le pagamos como jefa de Gabinete adjunta no es la excusa de la ministra para tenerla cuidando a sus hijos. Y a cambio de 101.955 € anuales ha colocado Irene como nueva secretaria de Estado de Igualdad, a Ángela Rodríguez (Pam), denunciada por llamar “puta coja” a la entonces líder de Podemos en Galicia, Carmen Santos, que tiene movilidad reducida. Toda una pandilla de impresentables que tienen en común su poco respeto a la ley y su amistad con la ministra. La corte de la podemita se dobla, pasando de los 107 asesores, altos cargos y resto de personal conque contó en 2021, a 237 el año que viene, el 43% de ellos sin estudios superiores.

Para hacernos una idea de lo que suponen los 525 millones que se va a gastar Irene Montero basta decir que son más del doble de todas las ayudas prometidas y que nunca llegan a los afectados por el volcán de La Palma, incluyendo los importes destinados a corporaciones locales, infraestructuras públicas, etc. Y tanto dinero para que luego España caiga nueve puestos en el ranking mundial de bienestar para las mujeres elaborado por la Universidad de Georgetown. El Gobierno “feminista” de Pedro Sánchez con su ministra de Igualdad al frente son los responsables que hayamos bajado del puesto 5 al 14 en el ‘Women, Peace and Security Index’. Y por si esto fuera poco, las violaciones han aumentado un 15,2% desde que Irene Montero es ministra de Igualdad. La situación de las mujeres empeora mientras el ministerio de Igualdad despilfarra el dinero de nuestros impuestos en rodearse de amigos condenados e imputados y organizar cursos y seminarios que demuestran que «el patriarcado es perjudicial para nuestro clima», o que «la crisis del coronavirus nos demuestra que el feminismo tenía razón». Tener contenta a la madre de los hijos de Pablo Iglesias nos está saliendo carísimo.

Publicado el 30/11/2021 en Okdiario

Obsesionados con Franco

 

El sábado fue 20 de noviembre, día en el que tres o cuatro nostálgicos recuerdan la muerte de Francisco Franco en 1975 y de José Antonio Primo de Rivera, asesinado por el bando rojo nada más empezar la guerra civil. Para la inmensa mayoría de españoles esa es una fecha que ya no recordamos porque han pasado casi 50 años de la muerte natural del que le ganó la guerra a los comunistas que intentaron convertir España en una coalición de repúblicas soviéticas leninistas, controladas por la URSS, y 85 años del asesinato por parte de la extrema izquierda revolucionaria de uno de los mayores ideólogos del anticomunismo español. Del 20N ya sólo se acuerdan cuatro nostálgicos del franquismo y toda la inmensa extrema izquierda española, incluidos proetarras, secesionistas y golpistas que no son capaces de olvidar a las dos figuras que los derrotaron, uno ideológicamente y el otro militarmente, hecho este sin parangón en el resto del mundo.

Ya se celebran muy pocas misas en esa fecha. La Fundación Francisco Franco apenas ha logrado organizar este año once misas «en sufragio por el alma de Francisco Franco y todos los caídos por Dios y por España” y a ellas cada vez acude menos gente. Yo, que nunca he sido franquista, he vivido toda mi vida en democracia y habitualmente voy a misa, si me alojara en un hotel cercano a la Catedral de Granada y al día siguiente, domingo, tuviera otras obligaciones, perfectamente podría haber hecho como Pablo Casado y haberme metido con mi familia en la misa que se celebró a las 19:00 horas del sábado 20 de noviembre en la Capilla del Sagrario de la Catedral de Granada, sin acordarme de la fecha que era. Sólo que, a diferencia de Pablo, yo ni me habría salido antes de acabar ni por supuesto habría puesto ninguna excusa más allá de explicarle a los ultras de extrema izquierda obsesionados con Franco que los católicos vamos a misa y rezamos por todos los difuntos.

La iglesia española ya parece haberse olvidado, pero uno de los motivos por los que empezó la guerra civil fue porque la extrema izquierda revolucionaria los estaba masacrando a ellos, quemando sus iglesias, conventos y monasterios, asesinando y violando a curas y monjas. Entre el 10 y el 11 de mayo de 1931 un centenar de edificios religiosos fueron quemados en Madrid, Málaga, Sevilla, Cádiz, Córdoba, Murcia y Valencia. Durante el golpe de estado del PSOE de octubre de 1934, primer intento de llevar a cabo en España una revolución comunista, los rojos asesinaron a 34 sacerdotes y religiosos e incendiaron la Catedral de Oviedo, así como numerosos edificios religiosos. Se han identificado unas 7.000 víctimas religiosas asesinadas por los republicanos, de las cuales 13 eran obispos, más de 4.000 sacerdotes, más de 2.000 religiosos y casi 300 religiosas. Eso sin contar conque muchísimos asesinados por los rojos, por ejemplo, en Paracuellos, lo fueron sólo por ir a misa. Poco se acuerda ya de Franco la iglesia católica. Pocas misas son 11 para tanto como le deben.

Pedro Sánchez ha acercado al PSOE tanto a la extrema izquierda, que sus postulados ya no se distinguen de los de sus socios comunistas, proetarras, secesionistas y golpistas, todos obsesionados con Franco y volcados en demonizar todo lo logrado durante la Transición. El comodín de Franco lo mismo sirve para tapar la ruina económica a la que nos aboca su Gobierno, las colas del hambre, la pobreza energética, la inflación y el déficit desbocados; como para cubrir sus vergonzosos pactos con Bildu, el acercamiento y excarcelación de todos los etarras y hasta los indultos a los golpistas. Sí, Franco es la cortina de humo que tapa todas sus vergüenzas, pero no es sólo eso. El proyecto de ley de Memoria Democrática que están tramitando pretende impedir que artículos como éste puedan ser publicados para que la gente olvide que Franco les ganó la guerra que empezaron ellos. Pues si quieren memoria habrá que esforzarse en que nadie olvide tantísimos crímenes cometidos por el comunismo antes de 1936, durante la guerra civil y después de 1975 con los terroristas comunistas de ETA, el Grapo y el FRAP que, como Sánchez y sus socios, fueron los únicos que se opusieron a la Transición y a la democracia.

Publicado el 23/11/2021 en Okdiario

Acuerdo sin acuerdo

 

Como si viviéramos en una novela de George Orwell, Pedro Sánchez nos habla en una ‘neolengua’ en la que las palabras significan justo lo contrario de lo que hasta entonces habían venido significando. Al igual que en la novela 1984 el ministerio del Amor es el que se encarga de torturar a los disidentes, el de la Paz es el responsable de la guerra y el de la Verdad se encarga de falsificar los datos y acontecimientos históricos; Pedro Sánchez acaba de vendernos “el acuerdo alcanzado ayer sobre el Mecanismo de Equidad Intergeneracional” para anunciarnos una subida de los costes salariales que el Gobierno socialista y comunista ha decidido sin acuerdo con la otra parte implicada y que va a suponer mayor desigualdad entre las generaciones que ya se han jubilado, las que están cercanas a hacerlo y los más jóvenes que van a tener imposible incorporarse al mercado laboral.

Que no ha habido acuerdo es evidente e indiscutible. El Gobierno de PSOE y Podemos ha pactado con sus sindicatos hermanos, UGT y CCOO, es decir, han pactado con ellos mismos, la subida en un 0,6% de las cotizaciones por contingencias comunes a la Seguridad Social, en principio por 10 años, desde 2023 hasta 2032, para dotar así el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la conocida como hucha de las pensiones y así poder hacer frente al pago de las pensiones de los ‘baby boomers’, que es como se conoce a los nacidos en el baby boom, el período de alta natalidad que tuvo lugar en España desde finales de los años cincuenta hasta principios de los setenta y que, por tanto, van a empezar a jubilarse en los próximos años.

Pero este pacto de ellos con ellos mismos no ha contado con el apoyo de la otra parte de la mesa de diálogo social, empresarios y autónomos se han cansado de que se les exprima en plena crisis y se han plantado diciendo que “la vaca ya no da más leche”. Sin la firma de la patronal CEOE ni de Cepyme, socialistas y comunistas han decidido junto a sus subvencionados sindicatos que del 0,6% que han decidido subir las cotizaciones, los empresarios tendrán que asumir un 0,5% y el otro 0,1% lo sufrirán los trabajadores, lo cual es otro engaño, aunque éste no se puede considerar como ‘neolengua’ sino que viene de antiguo. En realidad, todos los costes salariales los soporta la empresa, pero íntegramente se restan todos del salario de los trabajadores. Me explico, si para pagarle 1.500 euros brutos a un empleado la empresa tiene que pagar otros 500 euros a la Seguridad Social, ese coste total de 2.000 euros es el que la empresa le pagaría al trabajador a cambio de su trabajo en caso de no existir esas otras cargas.

Pero existe otro engaño lingüístico con el que se intenta ideologizar a la sociedad cuando se dice que esta subida de los costes salariales consiste en un Mecanismo de Equidad Intergeneracional. La principal garantía del sostenimiento del sistema público de pensiones es el crecimiento del empleo. Cuantas más personas haya trabajando y cotizando más dinero entrará en la hucha de las pensiones. Aumentar los costes salariales perjudica la productividad y competitividad de nuestras empresas y, por tanto, destruye empleo. Y los que lo van a acabar pagando son los más jóvenes, esos que ya sufren la mayor tasa de paro juvenil no solo de la Unión Europea, sino de todos los países de la OCDE, ámbito en el que sólo tenemos detrás a Costa Rica, que hace que uno de cada tres jóvenes españoles no encuentre trabajo. Con esta nueva subida de las cotizaciones para un joven español encontrar trabajo y cotizar para algún día cobrar una pensión va a resultar más difícil que escuchar alguna verdad de la boca de Pedro Sánchez.

Publicado el 16/11/2021 en Okdiario

Y el lunes les arregló lo de las plusvalías

El sábado, durante su intervención en el congreso del PSOE de Andalucía celebrado en Torremolinos (Málaga), la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró a sus compañeros de partido “alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas que, por cierto, el lunes arreglo lo de las plusvalías, ¿eh? ¡Hombreee! ¡Claro! El lunes lo llevo al Consejo de Ministros. ¡Dicho y hecho!”. Y los alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas socialistas allí presentes estallaron mostrando su júbilo con gritos y palmas, puestos todos en pie. Porque el “arreglo” de la ministra Montero son 2.500 millones de euros que van directos a sus arcas municipales para repartírselos entre ellos, sus familiares y amigos contratados de asesores, sus chiringuitos y sus mamandurrias.

Y es que, aunque la misma ministra andaluza cuando la Unión Europea le hizo ajustar los Presupuestos Generales del Estado de 2019, chuleó delante de los periodistas diciendo aquéllo de que “pasarse en un presupuesto es fácil, ¿vale? No tiene problemas. Lo he dicho siempre, Chiqui, son 1.200 millones, eso es poco, eso quitas o pones una parte del presupuesto”; la verdad es que 2.500 millones parece que no son tan fáciles de quitar o poner como ella decía. Y a toda velocidad ha tenido que salir a arreglar el descosido que había hecho la nueva sentencia del Tribunal Constitucional que ha declarado ilegal el impuesto con el que se financian tantos ayuntamientos socialistas de todos los partidos. Porque esto no es sólo cosa del PSOE. De hecho, el ayuntamiento que más recauda por este impuesto confiscatorio es el de Madrid, para el que las mal llamadas plusvalías suponen más del 27% de sus ingresos, seguidos de los de Barcelona (21%), Málaga (20%), Zaragoza (19%), Burgos (17%) y San Sebastián (15%), gobernados por diferentes partidos.

Es la tercera vez que este impuesto implantado por Aznar en 2004 ha sido declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. En 2017 ya dijo que no se podía exigir este impuesto cuando se vendía con pérdidas. En 2019 lo anuló en los casos en los que la cuota a pagar salía superior al propio incremento de valor de los terrenos vendidos. Y esta vez se dice que «aunque la cuota no sea superior a la plusvalía realmente obtenida, sí resulta excesiva o exagerada y podría lesionar el principio de no confiscatoriedad». Y es que esta plusvalía municipal es una auténtica barbaridad, en primer lugar, porque el impuesto aplica extraños e irreales procedimientos de valoración según los cuales la administración siempre impone que ha existido una revalorización de cualquier terreno urbano, sea cierta o no. Pero fundamentalmente, porque cuando hacemos nuestra declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) o del Impuesto sobre Sociedades, según seamos una persona física o una empresa, ya tenemos que pagar por la ganancia que hayamos obtenido por la venta de esa finca, o sea, que es una clarísima doble imposición.

Pero nuestros políticos no tienen ningún problema en cargarnos impuestos sobre impuestos, como tan descaradamente hacen con el IVA de la luz, del gas, de los combustibles, etc. Para ellos lo único importante es que no les falte presupuesto para gastar. Así, los presupuestos de cualquier administración pública se hacen al contrario de como lo hacemos las familias y empresas. Nosotros, para ver lo que podemos gastar, primero hacemos un cálculo sobre cuánto vamos a ingresar, de esa cantidad apartamos la parte que necesitemos para pagar nuestras deudas, para ahorrar o para las inversiones que necesitemos y lo que queda, decidimos como lo gastamos. Es lo que el Código Civil define como la diligencia que corresponde a “un buen padre de familia”. Pero ellos no son buenos padres, ellos lo hacen al revés, primero calculan cuánto se quieren gastar y según lo que les salga, teniendo en cuenta su interés principal de presentarse a la reelección y volver a ser votados, deciden cuántos impuestos nos van a hacer pagar, sin importarles en absoluto que esa imposición se ajuste a la lógica ni a la Constitución. Que los expertos hayan advertido de que aprobar la plusvalía por decreto-ley «es de dudosa constitucionalidad» no les preocupa ni lo más mínimo. Lo único que le importa a la Chiqui es que sus alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas, socialistas de todos los partidos, se pongan de pie y la aplaudan a rabiar, porque ir contra la ley les sale gratis en España.

Publicado el 09/11/2021 en Okdiario

Alberto Garzón es más comunista que economista

 

Ya en la antigua Grecia el fabulista Esopo sabía que “compensa estar preparado para el peligro”. Henry Ford supo llevar esta necesidad a la práctica y lo expresó diciendo que “antes de nada, estar preparado es el secreto del éxito”, aunque quizá deberíamos ser más modestos y concluir que la preparación es la única forma de evitar el fracaso. Por eso debemos asustarnos de la respuesta que dio el ministro comunista de Consumo, Alberto Garzón, cuando en una entrevista en La Hora de la 1 le preguntaron si el Gobierno está preparando algún plan de contingencia ante el riesgo de desabastecimiento en el comercio mundial y él contestó que “no existe ningún problema de desabastecimiento”, que «algunas empresas están aprovechando la situación para incrementar los márgenes de beneficios» y que «estos procesos tienen que ver con lo psicológico», en relación con la teoría de la profecía autocumplida que intentaron enseñarle en la facultad de Económicas, pero que él, evidentemente, no comprendió.

La semana pasada, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, en una intervención ante la Comisión de Presupuestos del Congreso sobre el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022, anticipó un fuerte recorte en la previsión de crecimiento para nuestro país y advirtió de un desabastecimiento mundial provocado por la pandemia. «La rápida recuperación de la demanda mundial ha generado tensiones en las cadenas de suministros globales, con fuertes alteraciones en el transporte marítimo internacional, lo que ha provocado un aumento significativo de su coste y retrasos en el aprovisionamiento de productos», señaló el experto. Los argumentos están a la vista: la crisis del transporte por el Brexit en Reino Unido, el aumento del precio de los derechos de emisión de dióxido de carbono, la fuerte revalorización del coste del gas natural, el alza en el precio de la luz, la crisis de los semiconductores que se traduce en escasez de microchips, las políticas proteccionistas chinas que les están haciendo acaparar todo tipo de materias primas y componentes electrónicos… son sólo algunos ejemplos.

En España el desabastecimiento en algunos sectores es algo evidente desde hace meses. A día de hoy, la planta de Mercedes-Benz Vitoria acumula más de 3.000 coches sin terminar en la campa por la falta de piezas, lo que provoca que el 75% de los vehículos que se ensamblan al día no salgan camino del concesionario, porque están sin terminar. Este problema es común a todos los fabricantes automovilísticos en España, afectando también a Volkswagen, Seat y Renault. La Asociación Europea de Proveedores Automovilísticos (Clepa) cree que esta crisis causada por la escasez de semiconductores, puede durar hasta «bien entrado» el 2022. Pero todos los sectores se ven afectados habiéndose producido alertas por parte de la Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado o de la Confederación Nacional de la Construcción, entre otros.

Alberto Garzón se hizo comunista antes que economista, con 16 años se afilió a la Unión de Juventudes Comunistas de España (UJCE) y mantiene esta ideología criminal y homicida por encima de lo poco que debió aprender en la facultad. Ha afirmado barbaridades como que “el capitalismo es incompatible con la democracia porque en este sistema económico los votos se determinan en función del dinero, de modo que aquellos que más tienen son los que más mandan”, que “el único país cuyo modelo de consumo es sostenible y tiene un desarrollo humano alto es Cuba” y cada año celebra la memoria del psicópata asesino homófobo ‘Che’ Guevara, del que dice que “su memoria sigue iluminando con fuerza los horizontes de muchos pueblos del mundo”. Como ministro de Consumo, en vez de trabajar para prepararnos contra la grave crisis de desabastecimiento que afecta al consumo mundial, Garzón enreda con prohibiciones absurdas, como la última contra la publicidad de dulces dirigida a menores, la carne o el juego. En realidad, en lo más profundo de su ser, Alberto Garzón odia el capitalismo, la libertad y la democracia y desea con todas sus fuerzas que una crisis mundial acabe con nuestra forma de vida para poder imponernos a la fuerza el modelo comunista que a él le gusta… y Pedro Sánchez le deja enredar.

Publicado el 02/11/2021 en Okdiario

¿Por qué ocultan que son menas?

 

«Sola y borracha quiero llegar a casa» decía Irene Montero desde su chiringuito de igualdad, para celebrar la aprobación de una de esas leyes de extrema izquierda con la que pretende adoctrinar a los niños en las escuelas, repitiendo uno de los lemas que vociferaban las ultras que se concentraban durante el juicio contra La Manada de los Sanfermines. Sola y borracha, pero sin pasar por delante de ningún grupo de menas o ya sabes a lo que te arriesgas, porque si tus atacantes, violadores o agresores, son españoles tendrás a todas las asociaciones feministas de la extrema izquierda apoyándote, exigiendo venganza y que la ley se aplique con la máxima dureza contra ellos, pero como tengas la mala suerte de que te ataque un grupo de inmigrantes ilegales magrebíes y se te ocurra denunciarlo, encima tendrás que aguantar que te echen a ti la culpa de la agresión por fascista, racista, xenófoba, provocadora y machista.

¿Por qué quieren ocultar que eran menas?, se pregunta la joven que fue brutalmente agredida por cuatro magrebíes, cuando regresaba sola a su casa en Vitoria la pasada madrugada del domingo, mientras le gritaban ‘¡vamos a destrozarte esa cara de guapa que tienes!’. Porque es cierto que, si repasamos la cobertura que de ese suceso se dio en los medios de comunicación, nos encontramos conque, a pesar de que la agredida identificó a sus atacantes desde el primer momento y sin la menor duda como jóvenes de origen magrebí, casi todos los medios ocultan ese dato en sus titulares y los pocos que dan la información, lo hacen camuflándola para que no se vea. Y no se trata de un caso aislado, sino que al contrario, es a lo que estamos acostumbrados. Robos, cuchilladas, violaciones, ocupaciones, agresiones homófobas… cuando son perpetradas por jóvenes inmigrantes ilegales de origen magrebí, se oculta ese importantísimo dato.

Esta información acerca del origen de los delincuentes no sólo desaparece de los medios de comunicación, sino que lo que es mucho más grave, también se oculta de las estadísticas oficiales sobre delincuencia e incluso se da instrucciones a los portavoces de los cuerpos y fuerzas de seguridad para que no se facilite a la prensa el origen o la nacionalidad de los delincuentes a no ser que sean españoles. Sabemos con certeza que el 10% de población inmigrante es causante del 69% de las agresiones sexuales en grupo cuando la víctima no conocía previamente al agresor, porque ese dato aparece en un estudio publicado por el Ministerio del Interior que fue realizado por el Instituto de Ciencia Forense y Seguridad de la Universidad Autónoma de Madrid en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero nos ocultan esa información en el resto de los casos y delitos. ¿Por qué?

Llegaron incluso a intentar amordazar a Vox denunciándoles por un cartel electoral en el que hacían una comparativa entre lo que cuesta un mena al mes, y lo que cobra de pensión una anciana, denuncia que finalmente fue rechazada por la justicia. Y ahora el PSOE pretende incluso prohibir que llamemos menas a los menores extranjeros no acompañados, porque lo consideran peyorativo y deshumanizador y van a hacer que a partir de ahora los llamemos “niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados” a los que, además, no se les devuelve nunca con sus padres a sus países de origen y ahora les van a conceder permisos de residencia y trabajo en cuanto cumplan la mayoría de edad. Pedro Sánchez se estrenó como presidente del Gobierno ordenando que atracara en España un barco con más de 600 inmigrantes ilegales recogidos frente a las costas de Libia, siguiendo así el consenso progre que lleva años promoviendo en Europa la inmigración ilegal de origen musulmán, que modifique cuanto antes nuestra cultura y nuestros valores occidentales. Y para eso necesitan que tardemos muchos años en darnos cuenta de los problemas que en nuestra sociedad está causando la masiva inmigración ilegal que ellos promueven para que, cuando queramos reaccionar, el cambio sea ya irreversible y la izquierda haya alcanzado el único objetivo que ha tenido siempre, apropiarse del poder y quedarse sin oposición.

Publicado el 26/10/2021 en Okdiario

Etarras a la calle

 

Una negociación es un diálogo en el que ambas partes están interesadas en llegar a un acuerdo sobre algún asunto y para ello intercambian información y aceptan compromisos. Cada uno de los negociadores espera conseguir algo del otro y tiene a su vez algo para ofrecer a cambio. De esta forma, cada parte busca que la otra ceda en su postura para poder llegar a un punto de acuerdo aceptable por ambos. Si se negocia bien, el proceso concluirá con los dos negociadores moderadamente satisfechos, habiendo conseguido parte de lo que pretendían, pero sin tener que entregar a cambio todo lo que el otro anhelaba. Cuando este lunes Arnaldo Otegui -escrito con U, como aparece en la sentencia de la Audiencia Nacional que en septiembre de 2011 lo condenó a 10 años de cárcel como dirigente de ETA- hizo pública su declaración con motivo del décimo aniversario de la Conferencia de Ayete y del fin de la violencia de ETA, el PSOE consiguió lo que quería, así que es el momento de preguntarnos, ¿qué va a obtener a cambio Otegui?

 

La extrema izquierda y la ultra extrema izquierda españolas, representadas por PSOE y Podemos, tardaron apenas unos segundos en salir a celebrar las declaraciones de su socio bilduetarra, señalando como un paso sin precedentes unas declaraciones en las que Otegui no condenó la violencia terrorista, no pidió perdón por tanta sangre inocente derramada por tan brutales asesinos, ni ofreció la colaboración de los etarras para que la justicia pueda aclarar los 377 crímenes de ETA aún sin resolver. Otegui sólo dijo a sus víctimas que “sentía su dolor” aunque “desgraciadamente, el pasado no tiene remedio”. Como muy bien dice José Alcaraz, presidente de Voces contra el Terrorismo, “es como si hoy se levantase Hitler y pidiera perdón por los asesinatos cometidos”.

 

Sánchez ya tiene lo que quería, el giro que este domingo, en una entrevista conjunta en El Correo, pidieron en su nombre José Luis Eguiguren y José Luis Rodríguez Zapatero, cuando solicitaron que Otegui “diga que ETA estuvo mal”. “Yo creo que lo va a hacer, siempre que hablo con él se lo comento”, dice Eguiguren. “Falta ese peldaño importante. Yo también espero que se produzca”, confirma Zapatero. Las palabras exactas de Otegui fueron “sentimos su dolor, y desde ese sentimiento sincero afirmamos que el mismo nunca debió haberse producido.” Que no es exactamente lo que se le pide, pero sirve para que los que están deseando agarrarse a un clavo ardiendo salgan corriendo a declarar que Bildu ya no es ETA y que ya pueden usar libremente sus 4 votos en el Congreso de los Diputados y los 21 del Parlamento Vasco.

 

Pero lo que a cambio quiere Bildu en esta negociación con el PSOE está negro sobre blanco en el mismo comunicado de Otegui; “es necesario dar una solución a la cuestión de los presos y las presas políticas”, que es como eufemísticamente llaman los etarras a sus sanguinarios asesinos, para quienes expresamente reclaman “una solución integral”. En apenas dos años de legislatura, a cambio del apoyo de Bildu en su investidura y en los presupuestos de 2020, Pedro Sánchez ha acercado a la totalidad de los condenados por crímenes de ETA a cárceles del País Vasco o de provincias limítrofes, ha transferido al Gobierno Vasco las competencias en prisiones y es sólo cuestión de meses que definitivamente todos los etarras estén bajo su control, pudiendo decidir las medidas de flexibilidad en el cumplimiento de sus penas que, en la práctica, suponen la puesta en libertad sin haber cumplido sus condenas, que es precisamente lo que Otegui está pidiendo. Sánchez ya tiene lo que quería, ahora le toca cobrar a ETA.

Publicado el 19/10/2021 en Okdiario

Sánchez odia Madrid y sus socios odian España

 

En realidad, Pedro Sánchez es un psicópata sin empatía ni remordimientos, capaz de lo que sea con tal de lograr sus deseos, tan narcisista que se cree por encima de todos los demás. Odia a los madrileños porque no le votan a él y habiendo descartado ya que lo vayan a hacer alguna vez, no tiene ningún reparo en actuar contra la capital de España si con ello satisface las exigencias de sus socios de Gobierno, comunistas, independentistas, proetarras y golpistas a los que sólo une su odio contra España y su deseo común de poner fin al modelo de convivencia pacífica y democrática del que hemos disfrutado el último medio siglo. Sánchez odia a Madrid y como sus socios odian a España, para lograr su apoyo hará todo lo que esté en su mano para perjudicarla, concediendo todo lo que le exijan los enemigos de España.

El pasado domingo el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE dio un mitin en Ponferrada, preparatorio del 40º congreso federal del partido que se celebrará en Valencia el próximo fin de semana. En dicho congreso federal se debatirán hasta siete enmiendas a la ponencia marco, en las que se defenderá la «necesidad de que entidades públicas salgan de la capital» para frenar la despoblación y equilibrar el desarrollo de los territorios, como dijo Sánchez en Ponferrada, abanderando esa idea. La ponencia marco del congreso federal recoge la «desconcentración a partir del traslado total o parcial de las sedes de diversos organismos a distintas ciudades del país. Por ejemplo, algunas agencias estatales, así como segundos niveles de la Administración». Y en las enmiendas se quiere añadir, por ejemplo, que “España tiene que ser policéntrica. El centralismo es ineficiente, pero también es insolidario”; o que “una forma de hacer frente al deterioro de las zonas rurales en la España vaciada pasa por la descentralización del aparato estatal que se encuentra situado en la capital de España”.

La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del lunes, reconoció que ya hay «trabajos previos» en el Gobierno para descentralizar las instituciones y llevar algunas fuera de Madrid y que la idea es «hacer más grande España y sentir el Estado hasta el último rincón del país». Piensan empezar por instituciones de nueva creación inflando el elefantiásico aparato público del Estado y descartan, de momento, que ningún ministerio actual sea trasladado. Por su parte la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha advertido de que «destrozar Madrid es destrozar España» y dice que Pedro Sánchez busca que otros españoles «odien Madrid» para que así odien «su propio país».

Deberíamos estar hablando de la pobreza energética causada por las subidas del recibo de la luz; de las colas del hambre que siguen creciendo aunque hayan desaparecido de las noticias de todas las subvencionadas cadenas de televisión; del último informe de Cáritas que dice que con Sánchez y Podemos, 11 millones de personas están en situación de exclusión social y de ellos, 6 millones ya en situación de pobreza severa, que son 2,5 millones más que antes de Sánchez y Podemos; del récord de parados incluidos los ocultos por los ERTE y los autónomos en cese de actividad; de la inflación que es el impuesto de los pobres; de los presupuestos basados en predicciones ficticias que se traducirán en déficit, deuda y pobreza; de las subidas de impuestos y de la ruina económica y social a la que nos aboca el psicópata Pedro Sánchez. Pero aquí estamos, distraídos con la tumba de Franco, el Pazo de Meirás y la madrileñofobia de un Gobierno que haría bien si lo que se le ocurriera trasladar fuera todos sus ministerios a la Isla de Perejil.

Publicado el 12/10/2021 en Okdiario

Las puertas giratorias de Sánchez e Iglesias

 

En España hemos importado el término puerta giratoria del concepto que los ingleses denominan ‘revolving door’ y se refiere al fichaje en una empresa privada de alguien que ha ocupado un alto cargo público. Este trasvase de personal entre órganos legislativos y reguladores y grandes empresas afectadas por sus decisiones políticas, produce un evidente conflicto de intereses, haciendo dudar de si las decisiones que el político tomó desde su cargo público no fueron encaminadas a beneficiar a la gran empresa que con posterioridad le paga generosamente por sus servicios, e incluso si el fichaje no se produce para que el político continúe usando sus contactos e influencias en provecho de su nuevo patrón. Existen pues dos condiciones imprescindibles para que podamos hablar de una puerta giratoria. O bien el político debe haber ocupado cargos de responsabilidad en el mismo sector de la gran empresa, o bien debe conservar su capacidad para influir en decisiones que le beneficien.

Cuando el pasado sábado OKDIARIO publicó la exclusiva de que el socialista Antonio Miguel Carmona se convertirá en los próximos días en vicepresidente de Iberdrola, todo el mundo comenzó a hablar de puertas giratorias, lo cual es completamente lógico teniendo en cuenta las declaraciones que el propio Carmona había hecho en este mismo sentido denominando puertas giratorias al fichaje de Esperanza Aguirre como consejera de una empresa de recursos humanos especializada en la selección de directivos, o aquellas otras en las que afirmaba que “hay personas que tienen valor y personas que tienen precio; yo no tengo precio”. Pero en realidad no se puede decir que el fichaje de Carmona por Iberdrola sea una puerta giratoria, porque no se dan ninguna de sus dos características esenciales. El socialista sólo ha sido concejal del ayuntamiento y diputado de la Asamblea de Madrid y se encuentra enfrentado con Pedro Sánchez y su Ejecutiva del PSOE, con lo que Carmona ni ha ocupado ningún puesto desde el que haya podido beneficiar a Iberdrola, ni cuenta con influencia en el Gobierno.

Sólo hay que comprobar cómo ha saltado la portavoz del Comité Organizador del 40º Congreso Federal del PSOE, Eva Granados, afirmando que Carmona «hace tiempo» que no representa ni al partido ni a su militancia, y que «nunca ha representado a la dirección actual», mientras que Podemos exige que lo expulsen del PSOE. Es evidente que Carmona no tiene amigos ni en el Gobierno ni en los partidos de su coalición, así que poco va a poder influir para beneficiar a Iberdrola. Lo que sí tiene, por el contrario, es un amplio currículum como doctor en Económicas especializado en crecimiento económico y nuevas tecnologías, profesor de la Complutense de Madrid y de la Universidad CEU San Pablo y una conocida amistad personal con el presidente de la compañía, Ignacio Galán, que pretende que le ayude a limpiar la imagen pública de una empresa que atraviesa unos momentos delicados de reputación debido a la escalada de los precios de la energía.

Pero de puertas giratorias tienen mucho que hablar el PSOE y Podemos que en junio del año pasado colocaron en el Consejo de Administración de Enagás a los exministros socialistas José Blanco y José Montilla, así como al podemita Cristóbal José Gallego. El currículum de Blanco y Montilla debe ser comparado con el de Carmona, ninguno de ellos tiene estudios universitarios ni mucho menos doctorado ni máster y ni siquiera hablan inglés, por eso a los dos les apodan ‘bachiller’. A Marc Murtra, del PSC, lo hizo Sánchez presidente de Indra. A la ex ministra socialista Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica. A Jordi Hereu, ex alcalde socialista de Barcelona, presidente de Hispasat. Y Pablo Iglesias ha fichado por la SER, por RAC1, por una productora del magnate podemita Jaume Roures y por una universidad privada catalana. No hay puerta giratoria a la que hagan asco PSOE y Podemos, cuando la usan en beneficio propio.

Publicado el 05/10/2021 en Okdiario

La justicia española es una vergüenza

 

El que fuera alcalde de Jerez de la Frontera, Pedro Pacheco, estuvo a punto de ir a la cárcel por afirmar en 1985 que “la justicia es un cachondeo”, al considerar el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que había cometido desacato. Y aunque esa sentencia fue finalmente anulada por el Tribunal Supremo, Pacheco acabó pasando tres años y medio en el penal de El Puerto de Santamaría por varias condenas recibidas por su ejercicio político, como prevaricación, malversación, falsedad documental, fraude a la administración… lo típico. Pero aún a riesgo de molestar a algún togado me atrevo a asegurar que, a día de hoy, pocos españoles estarían en desacuerdo con aquella afirmación tan atrevida del político jerezano. Y es que en los 36 años que han pasado desde que Pacheco pronunció aquella frase, la apreciación de los españoles por nuestro sistema judicial ha caído en picado.

Según una encuesta realizada por Metroscopia para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en mayo de este año 2021, sólo el 33% de los encuestados opina que la Administración de Justicia funciona bien, mientras que el 48% piensa que lo hace mal y el 18%, regular. El 72% pensamos que nuestra Justicia es demasiado lenta y un 79% sostiene que no cuenta con los recursos necesarios. Y también tenemos claro de quien es la culpa de este desastre, el 84% estamos de acuerdo en que todos los Gobiernos han tratado de controlar la Justicia y el 66% sabemos que los jueces reciben continuamente presiones políticas. Con toda seguridad a esta percepción generalizada de lo mal que funciona la Justicia española contribuyó decididamente el cambio efectuado por el PSOE en 1985, cuando modificó la Ley Orgánica del CGPJ para hacer que todos sus miembros fueran elegidos por los políticos de las Cortes.

A su vez tanto la fiscalía como la abogacía del Estado dependen jerárquicamente del Ministerio de Justicia y si no obedecen sus instrucciones son sustituidos, como hemos comprobado en numerosas ocasiones. Vemos a un fiscal general del Estado como el socialista Cándido Conde-Pumpido, afirmar que “las togas deben mancharse con el polvo del camino” para, ensuciándose de esa manera, adaptarse a los deseos de los políticos. Comprobamos como Dolores Delgado, pareja del inhabilitado exjuez Garzón, pasa de ser ministra de Justicia y diputada del PSOE, a fiscal general del Estado. Observamos como continuamente la fiscalía y la abogacía del Estado incumplen su obligación de defender los intereses de España, para convertirse en los abogados del político que los ha nombrado. Comprobamos como las puertas giratorias entre política y judicatura no paran nunca de dar vueltas. Y no nos queda otra que llegar a la conclusión de que, en el momento en que los jueces ascienden a puestos para los que son elegidos por los políticos, la Justicia comienza a estar en entredicho.

«España nunca pierde la oportunidad de hacer el ridículo», dijo Carles Puigdemont al ser puesto en libertad por el juez de Cerdeña. «España me persigue pero al final siempre soy libre», afirmó jactancioso y lo remachó afirmando «seguiré viajando por Europa». Primero fue Bélgica la que se negó a entregárnoslo para que fuera juzgado por rebelión y sedición. A continuación, hizo lo mismo Alemania. Y ahora es Italia la que lo suelta. Tres de los seis países fundadores de la Unión Europea se han ciscado en la Justicia española, ¿cómo no vamos a sentirnos avergonzados? Sabemos que la culpa no es de nuestros jueces, sino de los políticos. Pero el politizado CGPJ es el encargado de los ascensos a los Tribunales Supremo y Constitucional, a la Audiencia Nacional, a los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos y hasta a los presidentes de las Audiencias Provinciales. Así que, en cuanto empiezan a ascender, todos los jueces saben a quienes tienen que contentar. La justicia española es una vergüenza y hasta que no sea despolitizada, tendremos que agachar la cabeza cada vez que desde Europa nos lo recuerden.

Publicado el 28/09/2021 en Okdiario