Ni Sánchez ni Iglesias se han vacunado

 

Llevamos ya tres días administrando en España la vacuna de Pfizer contra la Covid-19 y no hemos visto ni a Pedro Sánchez ni a Pablo Iglesias poniéndosela. Por el contrario, vimos como el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden y su esposa, eran inyectados hace ya 10 días y su vicepresidenta Kamala Harris, se la ha puesto en público hoy martes, junto a su marido. En Estados Unidos han visto vacunarse también al vicepresidente saliente, Mike Pence y hasta a Anthony Fauci, epidemiólogo jefe de Estados Unidos que vendría a ser algo así como el homólogo de Fernando Simón en la administración de Donald Trump. Tanto Barack Obama, como George Bush y Bill Clinton, los tres expresidentes estadounidenses, se han ofrecido voluntarios para ponerse la vacuna contra el coronavirus delante de las cámaras de televisión, para animar a los ciudadanos a hacerlo también.

Pese a que a principios de diciembre Pedro Sánchez aseguró que estaba dispuesto «sin ninguna duda» a vacunarse públicamente de coronavirus, en cuanto la vacuna estuviera disponible, para así dar ejemplo de confianza en su plena garantía; cuando ayer fue preguntado sobre esta cuestión el ministro de Sanidad, el licenciado en filosofía Salvador Illa, informó a los periodistas de que los integrantes del Ejecutivo no recibirán su dosis hasta, al menos, el mes de marzo, cuando está previsto que comience la segunda fase del plan estratégico. Plan que fue ayer publicado por el Gobierno y en el que se nos dice que, en la primera fase, que se prevé dure hasta marzo, se vacunará a los residentes y personal sanitario y sociosanitario que trabaja en residencias de personas mayores y de atención a grandes dependientes. En la segunda fase, a partir de marzo, se vacunarán “otros grupos prioritarios pendientes de anunciar” y en la tercera que se calcula empezará en junio, el “resto de grupos prioritarios, también pendiente de anunciar”. Como puede observarse, un gran trabajo el realizado en estos meses por los expertos científicos del Gobierno de España que lo tienen todo muy bien pensado para hoy y para mañana, pero a partir de ahí… ya si eso lo vamos viendo.

Para lo que sí se ha dado prisa el Gobierno ha sido para hacer propaganda a costa de las vacunas. El sábado aprovechó la llegada de las primeras dosis para convertirlo en un acto publicitario, colocando un gran cartel con su logotipo cubriendo casi entero el pequeño paquete, fotografiarlo y difundirlo por sus redes sociales, pese a que la compra de las vacunas contra el coronavirus ha sido gestionada por la Comisión Europea y no por el Ejecutivo de Sánchez. Al día siguiente la diputada socialista Pilar Cancela aseguró que “Las vacunas las paga el Gobierno de España. Sí, sí, el de Pedro Sánchez. Por enfatizar, que parece que molesta.” Y otro diputado andaluz se apuntó a la tesis de la vicepresidenta Calvo que aseguró que el dinero público no es de nadie, afirmando que las vacunas nos van a salir gratis: “La vacuna NO se vende, se distribuye. Porque cuando las cosas se han puesto realmente jodidas hemos visto que el Libre Mercado no funciona. Jaque mate Liberales” ignorando que las vacunas son el resultado de la investigación de empresas privadas y que otras empresas privadas las han fabricado y distribuido, siendo finalmente adquiridas por la UE con el dinero recaudado mediante impuestos a los ciudadanos, como el sueldo de esos diputados tan ignorantes y demagogos.

Lo cierto es que en la sociedad española existe un debate acerca de la seguridad de estas nuevas vacunas que han sido desarrolladas en un plazo tan breve de tiempo, cuando se nos dijo al empezar la pandemia que este proceso suele durar habitualmente entre 4 y 7 años. También es verdad que no hay ningún miembro de este Gobierno que goce ya de ninguna credibilidad, tras meses en los que han ido tapando una mentira con la siguiente. Y que ni siquiera en el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, podemos depositar nuestra confianza, con todo lo que nos ha engañado para justificar al Gobierno. Probablemente en España, la única campaña que conseguiría alejar suspicacias, debería estar protagonizada por sanitarios de prestigio, ajenos a la política y al Gobierno. Pero no es menos cierto que hemos visto tantas veces a Pedro Sánchez, a Pablo Iglesias, a Irene Montero y a medio consejo de ministros haciéndose repetidamente los test PCR, que ahora su negativa a ponerse la vacuna hace crecer las desconfianzas.

Publicado el 29/12/2020 en Okdiario

Las denuncias falsas sí existen: Pablo Iglesias

 

El 6 de diciembre del año pasado, el vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, acompañado de las diputadas de Podemos, Noelia Vera, secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, e Ione Belarra, secretaria de Estado para la Agenda 2030; habló ante las cámaras de televisión acerca de la causa del despido del exabogado del partido, José Manuel Calvente, diciendo que «se trata de un caso de acoso sexual muy grave que ustedes conocen, y todo aquel que acuse a Podemos de algún delito lo que tiene que hacer es ir a los tribunales, y que los tribunales diriman». Y precisamente eso es lo que hizo el acusado públicamente por Iglesias y las diputadas podemitas, acudir a los juzgados para demostrar una inocencia que ahora ha sido confirmada por la Audiencia Provincial de Madrid en una sentencia que ya es firme: la denuncia de Pablo Iglesias y de Podemos era FALSA.

La abogada de Podemos, Marta Flor Núñez, había acusado a José Manuel Calvente de un supuesto acoso sexual, laboral, hostigamiento, coacciones y lesiones, para poder justificar el despido de este letrado cuando precisamente estaba investigando algunas presuntas irregularidades cometidas por Podemos. Ahora la Audiencia Provincial de Madrid ha dictado un auto que desestima el recurso de apelación interpuesto por Marta Flor contra el auto del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid que, en primera instancia, acordó el sobreseimiento y archivo de la querella ya el 29 de junio. La prueba más importante tenida en cuenta ha sido la aportación por parte de Calvente de los mensajes completos porque, tal y como afirma el auto, Marta Flor aportó para justificar su querella mensajes sesgados y fuera de contexto, para intentar demostrar el falso acoso. Por el contrario, el abogado purgado aportó la transcripción completa de las conversaciones mantenidas por WhatsApp, Telegram y emails y así ha logrado demostrar el montaje urdido por Marta Flor con la ayuda de Podemos.

Habitualmente se maneja el dato estadístico de que tan solo el 0,01% de las denuncias por violencia de género son falsas, intentando hacer creer que, por contraposición, el 99,99% fueran verdaderas. Ya sería mala suerte que casualmente coincidiera que esta denuncia de Pablo Iglesias y Podemos contra su ex abogado Calvente fuera a formar parte de ese pequeño 0,01% de denuncias falsas. Evidentemente esto no es verdad como ha demostrado sobradamente, entre otros, el tuitero @bouenmastodon, quien tiene publicado en sus redes un artículo titulado «La bula de las denuncias falsas» en el que se nos dan los datos que confirman una realidad que, por otro lado, coincide con las sensaciones que todos tenemos por los casos que afectan a personas de nuestro entorno.

En las memorias de la Fiscalía General del Estado y en los anuarios del CGPJ se confirma que sólo el 23% de los acusados por violencia de género son declarados culpables, con lo que el 76,9% de las veces el acusado es inocente, aunque la denuncia no sea técnicamente contabilizada como falsa. Y esto no se debe, como dicen los progres, a que las mujeres, coaccionadas y dependientes, retiren sus denuncias o se nieguen a declarar, caso que representa tan solo el 15% de las absoluciones, sino que, por el contrario, el 85% de los acusados son declarados inocentes porque la denuncia presentaba indicios de falsedad, como es precisamente el caso de la de Pablo Iglesias y Podemos contra su ex abogado. Lo que pasa es que, aunque la denuncia presente indicios de falsedad, como es este caso, si nadie actúa contra la denunciante ni investiga esos indicios, entonces no cuenta como denuncia falsa, sino que entra a formar parte de las estadísticas dentro de esa inmensa mayoría de acusados que son absueltos por falta de pruebas. Pablo Iglesias y Podemos mintieron ante la opinión pública para desprestigiar, intimidar y difamar a Calvente. Esperemos que ahora sea él quien solicite a la justicia que sean condenados por ello.

Publicado el 22/12/2020 en Okdiario

Usar a VOX para blanquear a Bildu

 

Este lunes el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, para justificar los pactos de su partido con los de Otegui, dado que este va a ser nuevamente juzgado por su pertenencia a la organización terrorista ETA, ha insistido una vez más en sus ataques a VOX. Dice Ábalos que es necesaria la «normalización democrática» de Bildu, pero que a él le cuesta mucho más “normalizar a VOX, un partido nostálgico de la dictadura, que no son demócratas, pese a que algunos medios están empeñados en decir que VOX es constitucionalista, porque no lo es, se pongan como se pongan los que quieren normalizar a VOX, cada vez actúan con menos complejos para reivindicar la dictadura».

Y esta mañana el condenado e inhabilitado exjuez Garzón, que ahora es pareja de la Fiscal General del Estado, la socialista Dolores Delgado, ha dicho en la podemizada Televisión Española, que «Bildu cumple la ley. Si no la estuviera cumpliendo, no estaría en el Parlamento. Cuestionar a Bildu porque no se comparte su ideología me parece antidemocrático, es tanto como poner vetos a partidos que son democráticos, cumplen la legalidad constitucional, cumplen la legalidad democrática y, por tanto, son un partido más, igual en derechos que cualesquiera otros que se llaman de Estado». A continuación, también ha usado a VOX para blanquear a Bildu, añadiendo que “hay otros partidos que, no teniendo ese estigma o esta cuestión pendiente en tribunales, hacen muy poco por la democracia. VOX, por ejemplo. No tenemos nada más que ver la trayectoria de este partido y la última escenificación de una moción de censura que fue terrible.”

En ambos casos el razonamiento es doblemente falso y tramposo. En primer lugar, porque se legitima a un partido en cuyas filas militan antiguos miembros de ETA como su coordinador general, Arnaldo Otegui, condenado y encarcelado por el secuestro del empresario Luis Abaitua y a quien Javier Rupérez acusa de ser también el etarra que lo secuestró a él. Y no olvidemos que Bildu está en nuestras instituciones sólo porque el politizado Tribunal Constitucional anuló una resolución del Tribunal Supremo que había ilegalizado todas sus candidaturas al considerar que éstas se enmarcaban dentro de un proyecto “gestionado, dirigido, coordinado y articulado por el complejo ETA – Batasuna”. Y fue precisamente el voto del presidente del TC, el “progresista” y masón Pascual Sala, el que rompió el empate en una votación en la que los 6 magistrados propuestos por el PSOE se impusieron a los 5 que estaban a favor de mantener la sentencia del Supremo. Y en segundo lugar porque, para blanquear a Bildu y a Otegui se sentencia, sin argumento alguno, que VOX no es ni democrático ni constitucional.

Pocas cosas hay más democráticas y constitucionales que la defensa de la unidad de España que hace VOX, cuando está siendo atacada de forma violenta por los golpistas catalanes, por los amigos de los etarras y por los comunistas socios del Gobierno. Tampoco en el resto de sus propuestas se encuentran excusas que justifiquen esas afirmaciones sin sentido. Su programa económico es evidentemente liberal y en temas morales VOX puede calificarse como un partido conservador, pero no parecen muy antidemocráticas sus posiciones sobre bajadas de impuestos, sobre el aborto o sobre el matrimonio homosexual que, por cierto, son las mismas con las que Mariano Rajoy se presentó a las elecciones de 2011. Sus propuestas sobre emigración han sido tachadas numerosamente de xenófobas, cuando lo único que exigen es que se cumplan las leyes sobre inmigración, que se combata a las mafias que se lucran con este problema, que se deporte a quienes crucen ilegalmente nuestras fronteras y a quienes cometan delitos graves, que se ayude a los países en desarrollo y que se afronte la inmigración atendiendo a las necesidades de nuestra economía, privilegiando a las nacionalidades que comparten nuestra cultura. Pedir que se cumpla la ley no puede ser ni antidemocrático ni anticonstitucional, ¿verdad? También les atacan porque proponen cambiar legalmente la Constitución para acabar con el Estado autonómico y, sabiendo la dificultad que entraña esta propuesta por las mayorías tan amplias que son necesarias para llevarla a cabo, piden que se devuelvan competencias en educación, sanidad, seguridad y justicia. Promover cambios legales por los procedimientos previstos en nuestras leyes sólo puede ser tachado de antidemocrático por quienes en realidad aprecian poco la democracia. Y en cuanto al uso de la violencia, todos hemos visto como en VOX son víctimas de los ataques de antisistemas, comunistas e independentistas, y que jamás han respondido ni siquiera para defenderse.

Como dice Rosa Díez, VOX nunca ha secuestrado a nadie, ni ha quemado contenedores, ni jaleado a los asesinos, como han hecho miembros de Bildu. Comparando al partido de los asesinos con el partido de las víctimas, se pretende blanquear la historia de terror de ETA, en beneficio del proyecto de Pedro Sánchez. Hay que ser muy sectario o extremadamente idiota para decir que VOX es antidemocrático o inconstitucional.

Publicado el 15/12/2020 en Okdiario

Juan Carlos I se marca un Monedero

 

A principios de 2015 se filtró a la prensa que la Agencia Tributaria, dependiente en aquellas fechas del ministro Montoro de nefasto recuerdo, estaba investigando una transferencia de 425.150 euros que el podemita Juan Carlos Monedero había recibido en su cuenta corriente personal, en octubre de 2013, procedente del Banco del ALBA, integrado por los Gobiernos de Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, etc. Monedero transfirió inmediatamente el dinero a otra cuenta bancaria cuyo titular era una sociedad que acababa de constituir, Caja de Resistencia Motiva 2, con la que emitió la correspondiente factura, redondeando su importe a 425.000 €. La diferencia entre que esos trabajos que Monedero había prestado durante los tres años anteriores al nacimiento de la mercantil con la que emitió la factura y a la que transfirió los fondos los declarase la sociedad o lo hiciera personalmente es que esta artimaña le permitía tributar dichos ingresos al 25% a través del Impuesto de Sociedades, en lugar de hacerlo al 52% a través del IRPF.

Una vez avisado por la prensa, Monedero estuvo varios días jugando al gato y al ratón con los funcionarios que lo perseguían para entregarle la notificación del inicio de la inspección. Hasta en tres ocasiones los emisarios de la Agencia Tributaria trataron de localizarlo sin éxito en su domicilio, e incluso fueron a buscarlo a su trabajo en la Universidad Complutense. No lo consiguieron hasta la tarde del mismo día que, por la mañana, Monedero había presentado ya una declaración complementaria mediante la cual pagaba los 200.000 euros de impuestos que realmente le correspondía abonar, sobre los cuales solamente se añadiría el correspondiente recargo del 20% por haberla presentado fuera de plazo, pero no se le podría cobrar sanción por el intento de fraude ni, por supuesto, se le podría acusar de ningún delito fiscal, razón por la cual Monedero deberá estar de por vida agradecido a los de Cristóbal Montoro.

El pasado domingo supimos que el Rey emérito, Juan Carlos I, se ha marcado un Monedero para regularizar su situación fiscal en España, presentando ante la Agencia Tributaria una declaración que plasma los ingresos ocultos hasta el momento y que son imputables desde el punto de vista fiscal a la figura de Juan Carlos I, igual que hizo en 2015 su tocayo Monedero. Esa declaración fiscal complementaria sólo se corresponde al uso, por parte de Juan Carlos I y de algunos de sus familiares, de tarjetas bancarias con fondos opacos procedentes del empresario mexicano Allen Sanginés-Krauseno, asunto que está siendo investigado por la Fiscalía ya que, supuestamente, se correspondería con actuaciones ocurridas entre 2016 y 2018, cuando el Rey emérito ya había abdicado y perdido, por lo tanto, su inmunidad. Aparentemente el importe defraudado superaría los 120.000 euros, igual que en el caso de Monedero, límite a partir del cual se considera que existe delito fiscal, castigado con hasta cinco años de cárcel.

Cuando en 2015 le preguntaron a Monedero por qué había intentado hacer aquella artimaña, contestó echándole la culpa a sus asesores fiscales, diciendo que él había actuado en todo momento tal y como le habían aconsejado. Es de suponer que el Rey Juan Carlos también tendrá abogados y asesores a los que responsabilizar. Monedero dimitió de todos sus cargos en Podemos tres meses después de este escándalo. Don Juan Carlos no puede dimitir porque ya abdicó en junio de 2014, tras casi 40 años de servicios a la democracia española. Cualquier comparación entre nuestro monarca y el podemita es ofensiva para el primero. La trayectoria vital y los servicios a la patria prestados por el Rey, frente al insignificante currículum del que fuera asesor del tirano Hugo Chávez, hacen que no merezca la pena insistir en ello. Tan sólo quiero dirigirme a los simpatizantes de Podemos para decirles que se limpien la boca con lejía antes de atreverse a criticar la aplicación por parte del monarca del mismo derecho legal que utilizó el que entonces era líder de su partido.

Publicado el 08/12/2020 en Okdiario

Los presupuestos de ETA

 

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Mertxe Aizpurua es la portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados y cuando habla sobre ETA, es toda una autoridad. En 1984 la Audiencia Nacional condenó a Aizpurua por apología del terrorismo a un año de prisión. Fue fundadora del diario Gara, heredero de Egin tras ser este cerrado por la justicia en 1998, por formar parte de ETA. “Por los gudaris de ayer y de hoy” se titulaba el editorial que la portavoz de Bildu publicó en 1982 y en el que decía que “son necesarios los gudaris también hoy (…). En el caso de Euskal Herria, también, ahí está la guerra. ¿O no la hay? ¿Se puede saber cuánto más está dispuesta a dar España a Euskal Herria, comparando con lo que da Inglaterra a Irlanda del Norte, o Reagan a Nicaragua, o Israel a Palestina?”. Ese año de 1982 ETA asesinó a 41 personas, una cada 9 días de media.

Mertxe Aizpurua sabe de ETA, por eso hay que creerla cuando el lunes dijo desde la tribuna del Congreso de los Diputados que el acercamiento de presos de ETA por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y la concesión de otros beneficios penitenciarios a los reclusos de la banda ha formado parte de su acuerdo presupuestario con el Ejecutivo de PSOE y Podemos. “Podemos decir que se han dado pequeños pasos y estamos convencidas de que vendrán más y cada vez más amplios”, añadió amenazante. Recordemos que José Luis Ábalos y Fernando Grande-Marlaska han negado que hubiera ningún pacto en este sentido con los proetarras, pero a estas alturas la palabra de cualquier socialista ha perdido ya toda credibilidad; se les han acreditado tantas mentiras que no se puede esperar ya de ellos ninguna relación con la verdad.

Pero no hacía falta que la experta en ETA Mertxe Aizpurua nos lo confirmase. La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) nos informa de que, para conseguir que sean aprobados estos presupuestos de sangre de Sánchez, Iglesias, Otegui y Junqueras, el Gobierno ha acercado ya a la mitad de los presos de ETA a prisiones próximas a sus domicilios. Desde que Sánchez ocupa la Moncloa 103 etarras han sido acercados al País Vasco y 72 han progresado de grado con lo que pueden disfrutar de permisos para salir de la cárcel. Un total de 175 beneficios carcelarios aseguran el apoyo de los proetarras. Y la cuenta sigue creciendo. Hasta 21 terroristas con delitos de sangre han sido beneficiados por estos traslados en los últimos dos meses en los que el Gobierno de coalición socialista y comunista negocia los Presupuestos Generales del Estado.

En estos días coinciden dos sectores que pretenden blanquear a los proetarras de Bildu. En primer lugar, están los de siempre, los enemigos de España que anhelan acabar con nuestra democracia poniendo fin al régimen surgido tras la Transición. Y a esos se han unido ahora los palmeros de este nuevo PSOE de Pedro Sánchez, que quieren afianzarlo en el Falcon fortaleciendo su coalición con los comunistas chavistas, los golpistas de ERC y los proetarras de Bildu, reforzando este nuevo Frente Popular del siglo XXI. Sostienen que ETA ya no existe sólo porque dijo que se disolvía y aunque nunca pidió perdón a sus víctimas, ni se arrepintió por sus asesinatos, ni realmente entregó sus armas ni confesó sus crímenes, como hace tiempo que no matan, ahora aquellos mismos asesinos se han convertido para ellos en demócratas de toda la vida. Y para traca se han inventado una falacia que repiten sin dudar afirmando que, cuando todavía mataban, nosotros decíamos que cualquier idea política se podía defender en democracia si se dejaban las armas, cuando la verdad es que lo que siempre reclamamos fue que fueran derrotados, ilegalizados y encarcelados. Nunca les pedimos que vinieran al Congreso y jamás aceptamos su presencia en las Cortes. En la vida imaginamos que el PSOE fuera a negociar con ellos. Memoria, dignidad y justicia es lo que siempre vamos a exigir a los que ahora pisan la sangre de sus víctimas a cambio de un puñado de monedas de plata.

Publicado el 01/12/2020 en Okdiario