¡Cobarde, cobarde, cobarde!

 

Ya en el Siglo de Oro dejó escrito Tirso de Molina en El burlador de Sevilla que el “traidor es traidor porque es cobarde”. Efectivamente, el traidor siempre es débil y cobarde; le falta la fuerza y el valor necesarios para cumplir sus obligaciones con lealtad y honestidad. Pedro Sánchez ya había demostrado que no tiene el menor reparo para traicionarnos a todos. Los primeros sus votantes, que depositaron en él su confianza en base a unas promesas que no le ha dado vergüenza incumplir aduciendo que ha cambiado de opinión, cuando ha quedado patente que ese cambio de criterio era únicamente su interés personal y egoísta. También ha traicionado Sánchez la Constitución que prometió ante el Rey “guardar y hacer guardar” y así ha quedado acreditado con las sentencias en las que el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales sus dos estados de alarma, la suspensión de la actividad parlamentaria durante la pandemia, el nombramiento de Rosa María Mateo como presidenta de Radio Televisión Española y la entrada de Pablo Iglesias y de Iván Redondo en el Centro Nacional de Inteligencia.

Sánchez nos ha traicionado a todos los españoles trasladando al País Vasco a todos los asesinos etarras, después de haberles transferido las competencias de prisiones, a cambio del apoyo de Bildu, el partido político heredero de la desaparecida Batasuna, considerado brazo político de ETA por España y la Unión Europea, que se sigue negando a condenar sus atentados y continúa homenajeando a sus asesinos. También nos traicionó a todos indultando a los golpistas catalanes que fueron condenados por sedición y malversación, y que en 2017 celebraron un ilegal referéndum de autodeterminación conforme al cual declararon unilateralmente la independencia de Cataluña. Pedro Sánchez se ha traccionado hasta a sí mismo para alcanzar y mantenerse en el poder. Hoy se avergonzaría de él hasta la persona que en junio de 2015 se subía al escenario del Teatro Circo Price cogiendo de la mano a su esposa Begoña, delante de una gigantesca bandera de España, la primera vez que fue proclamado, por aclamación, candidato del PSOE.

Sánchez hace tiempo que ha sido retratado como felón, término que en la historia de España ha estado siempre unido al rey Fernando VII, conocido en su tiempo como Fernando Vil y “el rey felón” tras derogar la Constitución de 1812 y reinstaurar el absolutismo, traicionando la esperanza de los españoles que habían dado su sangre luchando contra los invasores franceses en la Guerra de Independencia. Detrás de Pedro Sánchez el traidor, a la fuerza tenía que estar un cobarde incapaz de cumplir sus compromisos ni de enfrentarse a los enemigos de España que, conociendo su debilidad, la explotan al máximo exigiéndole como chantaje todo lo que saben que alguien tan cobarde y traidor no va a tener reparos en entregarles con tal de que le permitan aparentar que todavía es él quien manda.

¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Cobarde! Le gritaba a Pedro Sánchez la bancada popular puesta en pie cuando, en el debate de la sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Gobierno en funciones y líder del Partido Socialista se escondía en su escaño dejando que subiera al estrado en su nombre el ex alcalde de Valladolid; un maleducado, macarra, chulo y barriobajero Óscar Puente que sólo pretendió menospreciar al candidato designado por el Rey, tratando de enmerdar el debate con un discurso lleno de insultos y descalificaciones. Como todo traidor, Sánchez también es un cobarde que se esconde cuando no puede hacer trampas para ganar y sólo se muestra altivo y atrevido cuando los reglamentos le permiten abusar de su contrincante. Maxim Huerta contó que, cuando dimitió como ministro, lo único que le preocupó a Pedro Sánchez fue cómo le vería a él la historia en el futuro. Que se mire en Fernando VII, Sánchez sólo será recordado como el presidente felón y cobardón.

Publicado el 28/09/2023 en Okdiario

Cuatro socialistas buenos

 

Para ser investido, Feijóo necesitará el miércoles el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara Baja, que son 176 diputados. Si no los consigue, el viernes habrá una segunda votación en la que necesitaría la mayoría simple del hemiciclo. En principio, a lo máximo que puede aspirar el gallego es a recibir los 172 votos favorables del PP unidos a los de Vox, Coalición Canaria y UPN. Mientras que, por el contrario, parece claro que tendrá en contra los 178 votos de PSOE, Sumar, ERC, Junts, PNV, Bildu y BNG. Le faltan pues 4 votos a favor o 7 abstenciones para salir de este proceso como presidente del Gobierno de España y así evitar que Pedro Sánchez pueda hacer efectivos los acuerdos a los que ha llegado con comunistas e independentistas para recibir sus votos.

Esos 4 votos a favor o 7 abstenciones no van a salir de los que van a ser amnistiados, tendrán sus referéndums de autodeterminación o verán salir a sus etarras a la calle, como desean, sino que sólo podrían salir de un Partido Socialista al que, hace sólo unos meses, le horrorizaba pensar que nada de esto fuera posible. En Castilla – La Mancha, por ejemplo, donde Emiliano García-Page además de presidente de la Comunidad es secretario general del PSOE, los socialistas cuentan con 8 diputados en el Congreso, más que suficientes para frenar a Sánchez. En Aragón, el secretario general Javier Lambán tiene 4 diputados, que también servirían, lo mismo que los 4 socialistas extremeños a las órdenes de Guillermo Fernández Vara.

Son tan pocos los votos que hacen falta que, prácticamente, cualquier barón del PSOE tiene en su organización el número de diputados suficientes para evitar que Sánchez pueda amnistiar a Puigdemont, autorizar un referéndum de independencia en Cataluña y liberar a los etarras. Ni siquiera sería necesario respaldar un Gobierno del PP, hay otras opciones. Por ejemplo hace ya 20 años, cuando Esperanza Aguirre ganó las elecciones de la Comunidad de Madrid pero se quedó a un solo escaño de la mayoría absoluta que sí sumaba el PSOE junto a la extrema izquierda, representada entonces por Izquierda Unida, los diputados socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, se abstuvieron, Aguirre fue investida e inmediatamente disolvió la Asamblea y convocó nuevas elecciones, que es lo mismo que podría hacer ahora Feijóo si contara con el apoyo de cuatro socialistas buenos.

Otra opción sería que todos los socialistas votaran en contra de Feijóo y su investidura fracasase para que el Rey propusiera como candidato a Pedro Sánchez. Ese sería el momento en el que siete socialistas buenos se abstuvieran, o dos votaran en contra y otros dos se abstuvieran para así evitar que el presidente del Gobierno en funciones resultara investido, forzando la repetición electoral y así los españoles fuéramos consultados de nuevo, ahora sí sabiendo todos a lo que nos enfrentamos y hasta donde está dispuesto a llegar Pedro Sánchez para mantener el poder.

Todos los barones socialistas que, como Page y Lambán, han mostrado su disconformidad con la amnistía que exige Puigdemont, lo único que han hecho hasta ahora ha sido hablar, sin que de sus palabras se haya derivado nunca ninguna consecuencia. Llegada la hora de las votaciones los diputados socialistas castellanomanchegos y aragoneses han suscrito siempre todo lo que ha hecho Pedro Sánchez junto a sus socios bilduetarras y golpistas. Esta es la prueba de fuego en la que tienen que demostrar a sus votantes si sus palabras son respaldadas o desmentidas por sus actos.

Pero hay que perder toda esperanza porque el problema con el que se enfrenta España no se llama Pedro Sánchez, el problema siempre es el PSOE, un partido con 144 años de sangrienta historia golpista, terrorista y corrupta del que jamás se debe esperar nada bueno. El partido que se dedicó a quemar iglesias y conventos en la Semana Trágica de Barcelona de 1909. El del golpe de Estado contra la Segunda República de 1934. El que provocó el inicio de la Guerra Civil asesinando a Calvo Sotelo, robó todo el oro del Banco de España, asesinó a inocentes en las checas. El partido que acompañó a la puerta de la cárcel a los socialistas Vera y Barrionuevo cuando fueron condenados por los GAL. El de la corrupción de Filesa y los ERE. El de las prostitutas del tito Berni y del Don Angelo de Sevilla. De esa escoria de partido que lleva siglo y medio intentando destruir España no se puede esperar ni el menor gesto de honradez. No han existido nunca cuatro socialistas buenos. No existe ni uno solo. Ninguna persona honrada puede estar en este PSOE.

Publicado el 26/09/2023 en Okdiario

El tres per cent de la ‘deuda histórica’

 

El partido del prófugo Carles Puigdemont, en plena negociación para la investidura de Pedro Sánchez, ha registrado un informe en el Parlamento de Cataluña en el que exige al Estado el pago de una supuesta deuda histórica de 450.000 millones de euros. El cálculo es el resultado de valorar «los incumplimientos y las políticas llevadas a cabo por el Estado español» durante las últimas décadas en relación con Cataluña, y alcanza esta cifra sumando 50.900 millones en déficit de infraestructuras, 375.000 millones en partidas sociales y 30.000 millones en pensiones en los últimos 40 años «de infrafinanciación».

Reclaman dotar a Cataluña de una especie de régimen foral similar al vasco y al navarro, para que cuenten con su propia Hacienda, recauden todos los impuestos, se queden con ese dinero y den al Estado una cantidad anual en pago por los servicios que la Administración central les presta. Esos 450.000 millones de euros serían la diferencia entre los impuestos pagados por los contribuyentes catalanes y la inversión y las transferencias de recursos realizada por el Estado a Cataluña, según sus supuestas cuentas.

La cifra es tan elevada que cuesta trabajo comprenderla, así que vamos a compararla con otras magnitudes para hacernos una idea. Puigdemont exige el pago del doble del Producto Interior Bruto (PIB) de Cataluña, que es la segunda economía de España, después de Madrid. Esto significa que quiere que se le pague el valor de todos los bienes y servicios que se producen en Cataluña durante dos años. En relación al PIB total de España, el prófugo catalán exige la tercera parte del valor de todos los bienes y servicios producidos durante un año en todo el país. Desde otro punto de vista, el chantaje se eleva al gasto en pensiones de toda España durante más de 3 años.

Con el dinero que está reclamando Puigdemont, si Sánchez quiere ser investido se podrían construir más de 32.000 kilómetros de AVE, que son más de 73 veces el interminable tren de alta velocidad de Extremadura. El total de la deuda pública de España aumentaría en más de una tercera parte, con lo que el Estado pasaría a deber dos billones de euros, lo que supone más de 1,5 veces el PIB de toda España. Para los que todavía se manejan en la antigua moneda, 450.000 millones de euros son más de 75 billones de pesetas, con b de barbaridad. La faraónica Exposición Universal de Sevilla de 1992 tenía un presupuesto de 1.104 millones de euros que acabaron convertidos en 5.600 millones de euros, convoluto incluido. Pues bien, Junts está reclamando una cifra que daría para levantar 80 Expo como la de Sevilla. Tan sólo el típico tres per cent, que es ese mínimo 3% de comisiones que el socialista Pasqual Maragall acusó de cobrar al convergente Artur Mas de todas las obras de la Generalidad, se elevaría a 13.500 millones de euros, que no está mal para la jubilación de Puigdemont.

Es difícil averiguar las intenciones de un demente y tanto Puigdemont como Sánchez han dado sobradas muestras de resultar absolutamente impredecibles. No obstante, la disparatada cifra de 450.000 millones de euros apunta a la posibilidad de que Junts haya querido poner sobre la mesa una barrera infranqueable hasta para alguien con tan pocos límites como nuestro presidente del Gobierno en funciones. En realidad, a Puigdemont le debe importar muy poco que la investidura la saque adelante el PSOE o el Partido Popular, esa no es la liga en la que él juega. Su único interés está en las elecciones al Parlamento de Cataluña, que es donde compite contra ERC. Es posible que incluso le resulte más apetecible un Gobierno central del PP con VOX para, de nuevo, volver a movilizar a su electorado a la contra y sacarlos a la calle.

La antigua Convergencia y Unión era un partido conservador que lo mismo podía pactar con la izquierda que con la derecha. Pero Junts per Catalunya ya no es eso, ahora no tiene una ideología que encaje dentro del eje izquierda-derecha, sino que se ha quedado con los más ultras de entre los independentistas catalanes. No tienen sitio dentro de ningún Gobierno progresista, como dice ser el del PSOE y Sumar, y les importa muy poco que el electorado de izquierdas le pueda echar a ellos la culpa de una repetición electoral. Al contrario, les serviría para presumir de no ser colaboracionistas con el Estado, sino de haber contribuido a su desestabilización, diferenciándose así de los de ERC en su pugna por la primacía del secesionismo y por manejar los millones del presupuesto de la Generalidad, 3% incluido.

Así que si Sánchez, además de las anticonstitucionales amnistía y autodeterminación, también se tragara esta barbaridad de deuda histórica, no sería de extrañar que Puigdemont pusiera sobre la mesa otra nueva exigencia aún más disparatada que las anteriores, que cualquiera sabe si también se la aceptaría Sánchez o pensaría que le resulta más barato ir a unas nuevas elecciones, presumiendo encima de, al final, haberse negado a aceptar los chantajes de Puigdemont. Éste es un juego entre tramposos en el que sólo está claro que los que vamos a perder seremos los demócratas.

Publicado el 21/09/2023 en Okdiario

El pecado de Babel

 

El capítulo 9 del libro de Génesis explica que, tras el diluvio, «Dios bendijo a Noé y a sus hijos, y les dijo: ‘Sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra’». Los bisnietos de Noé, dirigidos por Nemrod, llegaron a la tierra de Senaar, en el valle formado por el Tigris y el Éufrates en Mesopotamia. Allí decidieron «edificarnos una ciudad (Babel) y una torre con la cúspide en los cielos, y hagámonos famosos, por si nos desperdigamos por toda la haz de la tierra», conforme al relato bíblico. Por su parte, el historiador judeo-romano Flavio Josefo dejó escrito en sus Antigüedades judías que Nemrod los incitó a construir la torre de Babel tan alta para que así «si Dios se proponía ahogar al mundo de nuevo… las aguas jamás las alcanzarían».

Fuera, pues, para incumplir el mandato de dispersarse y llenar la tierra, como explica la Biblia, fuera para evitar que las aguas de un nuevo diluvio les alcanzasen, como cuenta el historiador, el pecado de Babel fue en todo caso el deseo de los nietos de Noé de conseguir saltarse la ley para lograr su autonomía de la autoridad. Exactamente, lo mismo que quieren hacer Puigdemont y el resto de independentistas catalanes, de la mano de Otegi, los proetarras y los recogenueces vascos. Igual que los habitantes de Babel quisieron saltarse la ley de Dios para ser autónomos de su autoridad, independentistas vascos y catalanes quieren saltarse la Constitución para independizarse de la soberanía nacional, que sólo «reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado» conforme al artículo 1 de nuestra Carta Magna.

Para evitar que los habitantes de Babel se salieran con la suya, Dios, en vez de enviarles otro diluvio, que había prometido que no volvería a hacerlo dejándoles el arcoíris como señal de esa alianza -y además ya se ve que no había servido para nada- los condenó diciendo «confundamos su lenguaje, de modo que no entienda cada cual el de su prójimo» porque, hablando un mismo idioma, «nada de cuanto se propongan les será imposible». Y efectivamente así fue, los habitantes de Babel, sumidos en la confusión, dejaron la torre a medias y se desperdigaron por toda la tierra, como Dios les había mandado. Está por ver lo que va a ocurrir a partir de hoy en el Congreso de los Diputados, nueva torre de Babel de España, donde, como un nuevo Nemrod, Pedro Sánchez ha cedido al chantaje de los independentistas para mantener su corona de rey.

Igual que en la torre de Babel, desde hoy en el Congreso se hablará, además de en español, en catalán, euskera, gallego, valenciano y aranés, que son las otras lenguas cooficiales cada una en su respectiva comunidad, así como en aragonés y bable, que ni siquiera lo son en ningún sitio. Ninguna de estas lenguas es oficial ni en Madrid ni fuera de sus respectivas comunidades, de ahí la dudosa constitucionalidad de la reforma del Reglamento del Congreso, que tendrá lugar en el pleno del jueves con los votos del PSOE y sus socios nacionalistas y separatistas.

Para ello la socialista Francina Armengol, ha destinado 280.000 euros hasta final de año a la puesta en marcha de un sistema de traducción en la Cámara Baja, contratando traductores e instalando dispositivos electrónicos. Estos pinganillos son el método con el que los nuevos habitantes de Babel creen que van a poder reírse de la diosa Constitución para así lograr autonomía sobre su jurisdicción.

Pobres ilusos. En su mediocridad quieren medirse al pueblo español, que somos su máxima autoridad, como dioses para ellos. Nos desafían y pretenden someternos a su voluntad.

Con pinganillos o sin ellos, Sánchez y sus socios golpistas y proetarras entenderán que, como dice la Ley a la que están sometidos, «la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles». Y los que no estén conformes que cojan sus cosas y, como los habitantes de Babel, se desperdiguen por toda el haz de la tierra.

Publicado el 19/09/2023 en Okdiario

Manifestarse contra la amnistía… si no llueve

 

«Les avanzo que el fin de semana del 23 y 24 de septiembre el PP va a impulsar un gran acto en Madrid, que será abierto… si el tiempo lo permite». Con estas palabras anunció la secretaria general del Partido Popular y portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, la movilización que su partido ha convocado como reacción de rechazo a la amnistía que el golpista prófugo, Carles Puigdemont, ha exigido como condición previa para sentarse a negociar el resto de exigencias que planteará a Pedro Sánchez si desea ser investido con sus votos y evitar así una repetición electoral. Manifestarse contra la amnistía… si no llueve. Confieso que cuando leí estas declaraciones pensé que algo se habría interpretado mal y tuve que buscar el vídeo de la intervención de la popular en el programa Espejo Público, para comprobar con asombro que eso era, efectivamente, lo que había anunciado: un gran acto que será abierto… si el tiempo lo permite.

El Partido Popular reacciona así a las declaraciones del ex presidente del Gobierno y del PP, José María Aznar, quien, en la inauguración de un campus de la Fundación FAES que preside, ha llamado a movilizar «todas las energías» para «plantar cara con determinación» a la amnistía, recordando la iniciativa ciudadana ¡Basta ya! que a principio de los años 2000 promovió numerosas manifestaciones y actos de protesta en contra de la política antiterrorista del PSOE y su negociación con ETA. Tanto la plataforma ¡Basta ya! como la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) convocaron en San Sebastián y en Madrid numerosos actos que reunieron cientos de miles de manifestantes, y en numerosas ocasiones lo hicieron debajo de sus paraguas bajo una intensa lluvia, que ahora parece amedrentar a Cuca Gamarra.

Manifestarse en defensa de la unidad de España, la Constitución, el Estado de derecho y la democracia, y en contra de la amnistía y la autodeterminación, es una obligación ciudadana, sea quien sea el que convoque. Pero es cierto que este tipo de iniciativas es recomendable que no surjan de ningún partido político, sino que sea la sociedad civil quien las promueva para que luego se sumen a ellas los partidos y todo tipo de asociaciones o personalidades. Así ocurrirá, por ejemplo, el próximo 8 de octubre en la manifestación convocada en Barcelona por Sociedad Civil Catalana, contra la amnistía y la autodeterminación, bajo el lema ‘No en mi nombre’.

Existen miles de votantes socialistas que están en contra de la amnistía. Ahí tenemos por ejemplo a Felipe González, Alfonso Guerra, Emiliano García Page, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Jordi Sevilla, Ramón Jáuregui y decenas de destacados miembros del PSOE, que siguen votando a Pedro Sánchez mientras se oponen a la amnistía. Sin embargo, ningún votante anónimo del PSOE acudirá a una manifestación convocada por el Partido Popular tanto si llueve como si hace un sol primaveral. Por eso sería mejor que la iniciativa anunciada por Cuca Gamarra para el domingo 24 de septiembre en la Plaza de España, si no llueve, no pareciera un mero acto de apoyo al líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, quien tendrá que defender su investidura apenas dos días después, el martes 26 de septiembre. Esa es la única condición que la portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, ha exigido a los populares para que los de Santiago Abascal se sumen a la convocatoria.

No resulta fácil de entender que el vicesecretario del PP, Esteban González Pons, se siente a negociar con Junts la investidura de Feijóo; que el Grupo Popular en el Senado les permita tener grupo propio, previa la fraudulenta cesión de senadores socialistas; y que el mismo PP que hace esto sea el que convoque a manifestarse, si no llueve, contra todo lo que exige el prófugo Puigdemont. Lo malo no es equivocarse, sino no saber rectificar. Confiemos en que sea el caso y salgamos todos juntos a gritar «¡Basta Ya!» contra la amnistía y la autodeterminación, en defensa de la unidad de España y la Constitución… aunque caigan chuzos de punta.

Publicado el 14/09/2023 en Okdiario

El problema siempre es el PSOE

 

El independentismo catalán tiene menos apoyo que nunca, pero los independentistas están a punto de cumplir sus objetivos gracias al PSOE. Del mismo modo que ETA ha dejado de matar, pero gracias al PSOE los etarras están consiguiendo todo aquello por lo que asesinaban.

En las últimas elecciones generales los partidos independentistas catalanes perdieron 12 escaños y 700.000 votos, que suponen el 20% de los votos emitidos en Cataluña. El partido del prófugo Puigdemont quedó el 5º, por detrás del PP. Sumando los votos de ERC, Junts y la CUP no llegan a 955.000 que son nada más y nada menos que un millón de votos menos de los que suman el PSC, el PP y Vox.

Visualmente, la pérdida de apoyos del movimiento independentista catalán la vimos todos en las manifestaciones de la Diada de este 11 de septiembre. Sólo a efectos comparativos, sin dar por buenos sus datos que con toda seguridad están inflados, la Guardia Urbana de Barcelona dice que a la manifestación de Barcelona acudieron apenas 115.000 personas, frente a los 1,8 millones que dicen que fueron a la de 2014 o el millón de asistentes que anunciaron en 2017 y 2018.

El independentismo vasco y catalán sería un pequeño problema para la democracia española si no fuera porque el PSOE sigue suponiendo la misma tragedia que lleva siendo desde su fundación, hace ya 144 años. Apenas sin apoyo electoral y sin capacidad de movilización, Puigdemont va a conseguir una amnistía para él y todos sus cómplices que no cabe en la Constitución, un referéndum de autodeterminación que está claramente prohibido y la presencia de mediadores internacionales en una negociación bilateral de Cataluña con España.

Por su parte los etarras ya consiguieron el trasladado de todos sus presos a las cárceles que gestionan ellos, que nunca debemos olvidar que es lo que la banda asesina ETA exigió cuando secuestró a Miguel Ángel Blanco como condición para no ejecutarlo, como finalmente hicieron porque todos los partidos democráticos de España, incluido el PSOE, se negaron hace sólo 26 años a hacer lo que acaba de hacer Pedro Sánchez. Y como eso ya se lo han regalado, ahora obtendrán otro referéndum de autodeterminación para ellos, además de la anexión de Navarra. Todo, conseguido gracias al PSOE.

El PSOE es un partido con 144 años de sangrienta historia golpista, terrorista y corrupta. Su fundador, Pablo Iglesias, presumía de haber participado en la Semana Trágica de Barcelona de 1909 en la que quemaron 80 iglesias y conventos y murieron 78 personas. En 1923, el PSOE colaboró con la dictadura del General Primo de Rivera en la que Largo Caballero formó parte de la Consejería de Estado y durante la cual el PSOE fue el único partido legal y la UGT el único sindicato permitido.

En octubre de 1934, con Largo Caballero como presidente del PSOE, los socialistas promovieron una huelga general que desembocó en un golpe de Estado contra la II República, que consiguió arraigar en Asturias con las armas conseguidas por el socialista Indalecio Prieto. Siguiendo las instrucciones del PSOE se incendió la Universidad, el Teatro Campoamor, la Catedral de Oviedo, así como numerosos edificios religiosos.

El 1 de julio de 1936 el diputado Ángel Galarza (PSOE) interviene en el Congreso dirigiéndose de este modo a Calvo Sotelo: «La violencia puede ser legítima en algún momento. Pensando en su señoría, encuentro justificado todo, incluso el atentado que le prive de la vida». Doce días después, Calvo Sotelo fue secuestrado en su casa por un grupo que incluía a miembros de las fuerzas de seguridad, que lo asesinaron de un tiro en la cabeza abandonando su cadáver en el cementerio de La Almudena. El disparo lo hizo Luis Cuenca Estevas (PSOE) guardaespaldas de Indalecio Prieto (PSOE), provocando el inicio de la Guerra Civil. Dos meses después los socialistas Largo Caballero y Negrín expoliaron más de 500 toneladas del oro del banco de España que enviaron a Moscú junto a todas las joyas robadas a los españoles.

También en 1934 hubo otro golpe de Estado en Cataluña, protagonizado por Companys, responsable del asesinato de miles de catalanes. 2 años después, en 1936, el PSOE pactó con los golpistas en el Frente Popular, formaron Gobierno y los amnistió. En 2017 hubo un nuevo golpe de Estado en Cataluña, de nuevo el PSOE ha indultado a los que fueron juzgados y va a amnistiar a los fugados.

Otra vez el PSOE va a formar Gobierno con todos los enemigos de España, igual que viene haciendo sin interrupción desde hace 144 años. Se equivocan todos los que, como Ortega y Gasset, piensan que los mayores problemas de la España invertebrada provienen de los movimientos separatistas catalán y vasco; no es verdad. Los independentistas suponen una parte muy pequeña de la población que debería haber podido ser reconducida o minimizada si no existiera un partido como el PSOE intentando siempre destruir España.

Publicado el 12/09/2023 en Okdiario

¿Quién nos defendería de un corrupto Tribunal Constitucional?

 

El artículo 164.1 de la Constitución dice que «no cabe recurso alguno» contra las sentencias del Tribunal Constitucional, y este precepto es reforzado en el artículo 93.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que dice que «contra las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe recurso alguno». Ya sea en la concepción cristiana que considera que todos nacemos corrompidos o en su contraria roussoniana que considera al hombre bueno por naturaleza, pero la sociedad nos corrompe, pocos dudan de que, aunque no todas las personas somos corruptas, casi todos resultamos corruptibles. Hasta el punto de que se ha demostrado científicamente, mediante experimentos sociológicos, que una inmensa mayoría de las personas es susceptible de corromperse si se le presenta la oportunidad y que este porcentaje aumenta exponencialmente ante la ausencia de controles y sanciones.

Casi todos somos corruptibles y esta circunstancia no se modifica por el desempeño de ningún cargo público. Llegar a ser elegido magistrado del Tribunal Constitucional no atribuye características divinas a las personas, ni las convierte en infalibles ni las vuelve honradas tras la publicación de su nombramiento en el BOE. Parece poco probable que lo que puede corromperse no se corrompa alguna vez. Donde hay poder hay corrupción y como dijo el padre del romanticismo alemán, Johann Wolfgang von Goethe, «todo aquel que aspire al poder, ya ha vendido su alma al diablo».

El Tribunal Constitucional es un órgano político elegido por las cúpulas de los partidos, que no forma parte del Poder Judicial. Su misión es el control constitucional de las normas y la anulación de aquellas que contravienen la Constitución. De sus doce miembros, ocho son elegidos por las Cámaras, dos por el Gobierno y dos por el CGPJ, nombramientos que lo son por nueve años y no pueden ser removidos, renovándose por terceras partes cada tres años. En la actualidad está compuesto sólo por 11 miembros, siete propuestos por PSOE y Podemos frente a cuatro propuestos por el PP, mientras los socialistas bloquean la renovación de una plaza por el Senado que, en teoría, corresponde a los conservadores. Esta mayoría de magistrados nombrados por la izquierda se mantendrá así, como mínimo, hasta marzo de 2026, cuando se volverán a elegir los miembros designados por el Senado. Sus miembros sólo podrán ser suspendidos por incurrir en «incompatibilidad sobrevenida… por dejar de atender con diligencia los deberes de su cargo… por violar la reserva propia de su función… o por haber sido declarado responsable civilmente por dolo o condenado por delito doloso o por culpa grave».

Casi al final de su magistral obra teatral Luces de bohemia, don Ramón María Del Valle-Inclán hace decir a uno de los sepultureros que están enterrando al poeta Max Estrella que: «En España el mérito no se premia. Se premia el robar y el ser sinvergüenza. En España se premia todo lo malo». Para llegar a convertirse en magistrado del Tribunal Constitucional, la Constitución exige ser «juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional». Y en la práctica se deben dar otras dos circunstancias, que el jurista tenga la ambición de ocupar un cargo de tanto poder y que sea seleccionado por los partidos políticos que tienen capacidad para elegirlo, sin que haga falta mucha imaginación para adivinar con qué criterios se eligen a unos juristas que, sin excepción, pertenecen a una asociación progresista o a otra conservadora y, una vez nombrados, actúan siempre agrupados en bloques ideológicos.

En España no existe separación de poderes desde que en 1985 Alfonso Guerra dijo aquello de «Montesquieu ha muerto», después de que el PSOE politizara absolutamente el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), poniendo fin a la idea defendida por el filósofo francés de que los tres poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, deben ser ejercidos por órganos del gobierno distintos, autónomos e independientes, que se controlen unos a otros. Pero además hemos cometido el error de no prever ningún mecanismo de defensa contra las resoluciones de un politizado Tribunal Constitucional que, presidido por el socialista Cándido Conde Pumpido y plagado de exministros y empleados de Moncloa, quizá se le ocurra sentenciar que la noche es día, que lo negro es blanco o que nuestra Constitución permite amnistiar a Puigdemont o hacer un referéndum contra la unidad de España. Y que donde nuestra Constitución dice «patria común e indivisible de todos los españoles», en realidad quería decir -entiéndase la ironía- todos los españoles exceptuando a catalanes, vascos, gallegos, andaluces y habitantes del resto de naciones oprimidas por el fascismo centralista. ¿Quién nos defiende del Tribunal Constitucional? Parece evidente que la única defensa que nos queda está en las urnas, así que, mientras no aprendamos a votar, será constitucional lo que a Pedro Sánchez le convenga que lo sea.

Publicado el 07/09/2023 en Okdiario

Yolanda Díaz blanquea a Puigdemont

 

Acaban de cumplirse 84 años de uno de los acontecimientos más lamentables y vergonzosos de los ocurridos en toda la historia europea. El 23 de agosto de 1939, nueve días antes de que las tropas alemanas atravesaran las fronteras de Polonia dando comienzo a la Segunda Guerra Mundial, los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Soviética comunista, Viacheslav Mólotov, y de la Alemania nazi, Joachim von Ribbentrop, firmaron en Moscú el Pacto germano-soviético por el que ambas potencias llegaban a un acuerdo público de no agresión y resolución pacífica de sus conflictos y otro secreto por el que se repartían Polonia y todo el resto de Europa oriental y central. Tras la firma de tan ignominioso tratado, el diplomático nazi se hizo fotografiar con rostro serio, mientras estrechaba la mano de un sonriente Iósif Stalin, quien por esas fechas era ya el responsable directo de la masacre de millones de ucranianos en el genocidio conocido como Holodomor.

Nazis y comunistas se estrechaban la mano por primera vez, iniciando una colaboración que duraría dos años, hasta que Alemania decidió invadir la Unión Soviética a finales de junio de 1941. Este enfrentamiento final acabaría contribuyendo a la derrota del régimen nazi con otra histórica fotografía en la que el primer ministro de Reino Unido, Winston Churchill y el presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt posan, sonrientes de nuevo, blanqueando los crímenes del mismo Iósif Stalin, en la conferencia de Yalta de febrero de 1945. Este blanqueamiento provocó que la barbarie comunista haya sido bendecida hasta nuestros días, haciendo creer falsamente que nazismo y comunismo son dos regímenes opuestos, cuando en realidad son prácticamente indistinguibles, como los ultras de dos equipos rivales de fútbol, que se creen muy diferentes por los colores de sus camisetas y se matan por ellas, pero la verdad es que los demócratas no somos capaces de diferenciarlos porque vemos que son idénticos: estatistas, anticapitalistas, liberticidas, antidemocráticos, totalitarios, violentos, populistas y genocidas.

Este lunes, en Bruselas, se repitió una fotografía similar a la del Pacto Ribbentrop-Mólotov. Una sonriente y siempre sobona comunista Yolanda Díaz, vicepresidenta en funciones del Gobierno de España presidido por Pedro Sánchez, posaba con el líder de lo más parecido a un partido nazi que existe hoy en España, el prófugo de la justicia Carles Puigdemont. Nazis y comunistas de nuevo de la mano negociando cómo repartirse un país que esta vez no es Polonia, sino España. Una fotografía que debería provocar bochorno a cualquiera que respete mínimamente las reglas democráticas, pero de la que ambos se sienten orgullosos, hasta el punto de que la líder de Sumar se llevó con ella a su fotógrafa y a su directora de Comunicación.

Puigdemont, huido de la justicia española que lo acusa de malversación agravada y desobediencia por su papel protagonista en la declaración ilegal de independencia del golpe de Estado de octubre de 2017, ha comparecido ante los medios de comunicación delante de un cartel que lo identifica como «president» Carles Puigdemont, sin aclarar qué es lo que preside el prófugo, para detallar lo que exige a cualquiera que quiera contar con sus votos para ser investido. Sánchez o Feijóo deberán asegurarle la amnistía, el reconocimiento del referéndum del 1-O como un ejercicio del derecho de autodeterminación y la figura de un mediador que dé cuenta del cumplimiento de los acuerdos. Esto para empezar a hablar.

Conocido este intento de chantaje, el líder del PP ha anunciado inmediatamente que no se sentará con los independentistas de Junts si no retiran sus exigencias. Si a todos nos avergüenza la fotografía de Yolanda Díaz con Puigdemont, no resultaría menos insultante que Feijóo negociara su investidura con los representantes de su partido, por mucho encargo que haya recibido del Rey. Del mismo modo que el PP justifica que no tiene nada que hablar con Bildu, debe hacer lo mismo respecto de Junts, por mucho que le falten sus votos para derogar el sanchismo.

Publicado el 05/09/2023 en Okdiario