El bipartidismo no renuncia al CGPJ

 

El Partido Popular de Pablo Casado está a punto de anunciar que, una vez más, ha llegado a un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el PSOE de Pedro Sánchez, porque dice que ha aceptado sus condiciones. Pero en el Gobierno de España sigue habiendo un vicepresidente y cuatro ministros de Podemos, el partido que alienta las algaradas violentas de la extrema izquierda más radical, que niega la calidad de nuestra democracia, que está imputado por financiación irregular, que ataca al jefe del Estado, que no respeta ni nuestra Constitución ni el régimen democrático nacido en la Transición. Un Gobierno que para aferrarse al poder negocia y cede ante los proetarras, los golpistas y los independentistas y que ha nombrado como Ffscal general del Estado a su anterior ministra de Justicia. Y con este Gobierno va a repartirse el PP los vocales del CGPJ.

Hace apenas dos años que un Pablo Casado sin barba aprobó en el Senado una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con la que 12 de los 20 vocales del CGPJ serían elegidos directamente por los jueces, mientras que la designación de los 8 vocales restantes, aquellos juristas de reconocido prestigio, se mantendría cómo hasta ahora, es decir, serían elegidos por los grupos parlamentarios. Pero esta reforma en realidad no era más que una cortina de humo, pues se sabía que iba a ser rechazada en el Congreso por PSOE, Podemos, ERC, PDeCAT y Compromís, como ocurrió una semana después. El PP pretendió con ella distraer la atención del mensaje de WhatsApp que acaba de ser publicado y en el que supuestamente su portavoz en el Senado, Ignacio Cosidó, celebraba el acuerdo que se había alcanzado entre PP y PSOE, para la renovación del CGPJ y en el que decía cosas como que «con la negociación, el PP tiene 9 vocales más el presidente (10) y el PSOE tiene 11», y se felicitaba de que el acuerdo sobre Manuel Marchena como presidente del CGPJ y del Supremo les otorgaría innumerables beneficios, como «controlar la sala segunda desde detrás» o «presidir la sala 61».

Pero después de despejado el humo, las negociaciones entre PP y PSOE para renovar el CGPJ continuaron y han estado a punto de materializarse en varias ocasiones, viéndose frustradas unas veces por la declaración del estado de alarma, otras por las declaraciones que hizo Cayetana Álvarez de Toledo tras ser cesada como portavoz del PP en el Congreso, cuando anunció que el pacto, al que ella se oponía, iba a ser inminente, y otras por las convocatorias electorales. En todos los casos, PSOE y PP se repartían entre ellos los nombres de los vocales y el presidente, nada más lejos del espíritu de nuestra Constitución que consagra una separación de poderes que ninguno de los dos partidos ha perseguido nunca honestamente.

Pablo Casado ha repetido en incontables ocasiones que sus condiciones para proceder a la renovación del máximo órgano de la justicia española son la despolitización del proceso, habilitando sistemas que refuercen la independencia judicial, que Podemos quede al margen de esta renovación y que el Gobierno retire su propuesta/chantaje de rebajar las mayorías parlamentarias para elegir a los vocales del gobierno de los jueces. El PSOE ha dejado claro que su propuesta contará con el respaldo de sus socios de Gobierno, con quienes ya han acordado nombres como el del tío del ministro Alberto Garzón. La retirada de la propuesta de reforma para rebajar las mayorías parlamentarias necesarias para renovar el CGPJ es una exigencia europea que se da por hecha y la condición fundamental del PP de que se despoliticen estos nombramientos parece que en lo único que va a consistir finalmente es en que no haya elecciones a la vista, para que sus votantes se olviden de que, una vez más, se han vuelto a reír de ellos.

Publicado el 23/02/2021 en Okdiario

¿Qué ha pasado, Casado?

 

Qué lejos quedan aquellos 19 diputados conseguidos para el PP hace poco más de 8 años por Alicia Sánchez-Camacho, en las elecciones autonómicas catalanas de 2012, o los 17 que el valiente Alejo Vidal-Quadras obtuvo en 1995, con el 13,21% de los votos para el Partido Popular. El domingo los de Alejandro Fernández, ese al que todos consideraban como el mejor candidato, el que aparentemente había arrasado con sus contrincantes en los debates televisivos, obtuvo el peor resultado de la historia para el Partido Popular, bajando tanto en términos absolutos -3 diputados-, como en porcentaje de votos -3,85%-, respecto a los ya nefastos resultados logrados por Xavier García Albiol en 2017 y dejando al PP en el grupo mixto, a no ser que consiga mendigar algún voto que les permita constituir grupo parlamentario. Y todo pese a la debacle de Cs que, no por anunciada, ha dejado de sorprender por su intensidad al pasar de ser el partido más votado con 36 diputados a quedarse tan sólo con 6, catástrofe de la que a los de Pablo Casado no les ha llegado ni las raspas.

Casi un millón de votos ha perdido Cs. De ellos puede que unos 200.000 hayan preferido votar a Salvador Illa porque sale en los telediarios y pese a que parece un empleado de funeraria, nunca se mete mucho con nadie. Otros tantos pueden haberse ido a defender la unidad de España con VOX y más de medio millón de catalanes de los que votaron a los de Inés Arrimadas hace 3 años, han preferido quedarse en casa antes que votar a un Partido Popular que había hecho notables esfuerzos para atraerlos. Hasta el punto de echar a Cayetana Álvarez de Toledo, no fuera a ser que su potente discurso ideológico asustara a los naranjas; de fichar mes y medio antes de las elecciones a Lorena Roldán, la ganadora de las primarias de Ciudadanos para ser la candidata de ese partido a la presidencia de la Generalidad de Cataluña; y de incorporar un mes antes del día de las votaciones a la catalanista Eva Parera, esa que hizo campaña diciendo que a los españoles la palabra indulto no nos tiene que dar ningún miedo.

Y con todo y con eso, un millón de votos de Cs se fueron a VOX, al PSC y a la abstención, y los de Casado han perdido 76.603 votos de los escasos 185.670 que consiguieron hace 3 años, lo que significa perder a más del 40% de sus pocos votantes. ¿Qué ha pasado, Casado? Hoy ha comparecido el líder de los populares para analizar su derrota y ha argumentado que… ¡Bárcenas! Y se ha quedado tan tranquilo. Dice Casado que el pacto de Bárcenas con la fiscalía en plena campaña ha otorgado un desproporcionado protagonismo mediático a su ex tesorero y que eso es lo que ha hecho que se fueran al guano, pero que los resultados en Cataluña nunca son extrapolables a nivel nacional. Y que para regenerarse lo que van a hacer es irse de la sede del número 13 de la calle Génova, supuestamente financiada ilegalmente. Ninguna autocrítica y ni la menor exigencia de responsabilidades, al menos delante de las cámaras.

No seré yo quien diga que la corrupción del Partido Popular, personificada en Luís Bárcenas, sus cuentas en Suiza y los SMS de Rajoy -«Luis, lo entiendo, sé fuerte, mañana te llamaré»- no le esté costando votos a los de Pablo Casado. Pero es que la noticia de los sobres con sobresueldos en dinero negro se publicó en enero de 2013 y en junio de ese mismo año Bárcenas ingresó en prisión, o sea, que han pasado ya unas cuantas elecciones como para seguir usándolo como excusa de mal perdedor. El martes pasado, a cinco días de las elecciones, Casado aceptó conceder una entrevista a uno de los más notables altavoces del secesionismo catalán, la emisora pro golpista Rac1, consintió conque el entrevistador le hiciera las preguntas en catalán y soltó perlas como que las imágenes de la policía reprimiendo el golpe del 1 de octubre de 2017, «debieron haberse evitado», que le “da igual la bandera que tenga un catalán en su balcón”, o que quiere que vuelva “hasta la última empresa que se ha ido a Cataluña”. El día de la moción de censura de VOX contra Pedro Sánchez, Casado inauguró una estrategia de insultos y mentiras contra los votantes que le han abandonado para pasarse a los de Santiago Abascal, el pasado domingo comprobó sus resultados.

Publicado el 16/02/2021 en Okdiario

No son unas elecciones libres

 

Si es que finalmente se celebran las elecciones al Parlamento de Cataluña el próximo día 14 de febrero, como obstinadamente están intentando los socialistas Pedro Sánchez y su candidato Salvador Illa, no van a ser unas elecciones libres y ni siquiera se podrán considerar democráticas. Existen dos circunstancias que impiden que esta semana se puedan celebrar unas elecciones que reúnan los requisitos mínimos imprescindibles para que sus resultados puedan ser considerados como democráticos, y aún es posible que uno de ellos acabe impidiendo su celebración. Me refiero, por un lado, a la pandemia de COVID-19, ocasionada por el coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave tipo 2 (SARS-CoV-2), que empezó a finales de 2019 en China y afecta ya al mundo entero. Y por otro a la pandemia del virus del odio, de la intolerancia, de la xenofobia y del extremismo violento y radical que afecta a Cataluña desde hace mucho más tiempo.

No son unas elecciones libres, en primer lugar, por el coronavirus, que es el impedimento que puede que finalmente provoque que las elecciones no se celebren este domingo. Las Juntas Electorales catalanas tendrán que decidir ese mismo día 14, pasada la hora de constitución de las mesas electorales, si se dan las circunstancias imprescindibles para que las elecciones puedan celebrarse con garantías. Y ello va a depender de que los ciudadanos designados por sorteo para ejercer de presidentes y vocales de dichas mesas se hayan presentado o no. La amenaza de multas y sanciones que pesa sobre los desafortunados catalanes a los que les ha tocado la papeleta de formar parte de una mesa electoral cuando está desatada la tercera ola de la pandemia, sabiendo que se van a presentar a votar infectados sintomáticos o asintomáticos, puede no ser suficiente para que muchos de ellos acepten poner en riesgo sus vidas y las de sus seres queridos. El 25% de los llamados ya han alegado para ser eximidos y es más que probable que muchos de los que no han alegado simplemente sean insumisos que prefieran pagar la multa a correr tan alto riesgo.

Pero no serán unas elecciones ni libres ni democráticas sobre todo por el odio que ahora incendia sus calles y que empezó a sembrarse en Cataluña en la Transición, cuando se decidió entregar a las comunidades autónomas unas competencias en educación que jamás debieron haberse descentralizado. Ese error fue haciéndose cada vez mayor porque los sucesivos Gobiernos de PSOE y PP no tuvieron escrúpulos y cuando fueron necesitando los votos de los partidos nacionalistas, cada vez que no conseguían mayorías absolutas, a cambio de lograr su apoyo cada vez les cedieron mayores competencias. Hasta que, en 2012, en plena crisis financiera, Artur Mas se vio lo suficientemente fuerte como para exigirle a Mariano Rajoy un régimen fiscal similar al cupo vasco, amenazando con celebrar un referéndum de independencia si el Gobierno de España no cedía a su chantaje. Amenaza que se concretó con el golpe de Estado del 1 de octubre de 2017 que provocó que la ciudadanía siguiera el ejemplo de los delincuentes que dirigían las instituciones catalanas pervirtiendo y degenerando así al conjunto de su sociedad.

El odio, la intolerancia, la xenofobia y el extremismo violento y radical ha sido propagado por el sistema de educación catalán y por sus medios de comunicación subvencionados por una Generalidad golpista y delincuente. Han criado así a varias generaciones de radicales extremistas que se autodenominan antifascistas o separatistas, pero que, en realidad, no son más que marionetas sin cerebro manejadas por unas autoridades en rebeldía permanente contra la ley y el orden. Durante toda la campaña electoral VOX no ha podido organizar ningún acto en Cataluña que no fuera objeto de violentas agresiones consentidas por unos Mozos de Escuadra que obedecen las instrucciones de la Generalidad. No existe igualdad de condiciones con respecto al resto de partidos políticos que se presentan a dichos comicios, quienes han podido llevar a sus actos hasta al condenado por pertenencia a organización terrorista, Arnaldo Otegui, sin que nadie los molestara. En consecuencia, las del 14-F, si es que finalmente se celebran, no serán unas elecciones libres ni democráticas.

Publicado el 09/02/2021 en Okdiario

Twitter no puede hacer lo que le dé la gana

 

No existe en el mundo ninguna empresa privada a la que se le permita hacer lo que le dé la gana. ¿Os imagináis que las acciones de Twitter fueran adquiridas por alguien que quisiera atacar nuestra democracia? Pensad por un momento en que, como toda empresa privada, su capital está en venta y no es nada descabellado pensar que cualquier enemigo de la democracia, de la libertad y de la cultura occidental, podría hacerse con su propiedad y usarla en nuestra contra para debilitarnos. ¿Debemos protegernos contra ese tipo de ataques contra nuestra libertad o, como es una empresa privada, debemos permitirle que haga lo que le dé la gana? En todas las democracias occidentales existe legislación dirigida a proteger los derechos de consumidores y usuarios, ¿cuál es el motivo de que la única empresa privada que se escapa a ese control sea Twitter?

Hay quienes, muy acertadamente, han llegado a la conclusión de que, en Twitter, como en Facebook y en el resto de redes sociales, los usuarios no somos sus clientes, sino el producto con el que comercian, ya que sus ingresos provienen de la venta de la información que obtienen de nosotros. Cuando accedemos a sus servicios tenemos que suscribir obligatoriamente unos contratos de adhesión redactados íntegramente por ellos. Nos obligan a aceptar sus condiciones en su totalidad, sin que podamos poner ni la más mínima objeción. Contratos que, además, modifican continuamente a su antojo con el único objetivo de beneficiarse ellos de estos cambios. No existe una relación equilibrada entre las partes, si quieres usar ese servicio estás obligado a consentirle a la empresa que haga contigo lo que quiera sin que tu voluntad sea tenida en cuenta para nada. Por ese motivo las autoridades están obligadas a defender nuestros derechos. 

Si las acciones de Twitter fueran adquiridas por alguien que deseara favorecer los intereses de un determinado medio de comunicación en detrimento de otro de su competencia, le sería muy fácil tachar de fake news todos los tuits que hicieran referencia a noticias publicadas por el medio al que quieren perjudicar, e incluso cerrarles sus cuentas impidiéndoles tener presencia en su red, acusándoles de lo que les diera la gana, por ejemplo, de que han sido abiertas por menores de edad, como se inventaron para cerrar la cuenta de OKDIARIO. Y si Facebook y Twitter actuaran de manera coordinada no cabe duda de que ese medio de comunicación se vería seriamente perjudicado en favor de aquel cuyos intereses promueven entre ambas empresas, ¿verdad? Pues del mismo modo las grandes empresas oligopólicas de internet podrían, si quisieran, favorecer a un determinado partido político en unas elecciones, impidiendo la presencia en la red de sus contrincantes electorales.

Como consumidores, tenemos derecho a que la legislación y los tribunales defiendan nuestros intereses, pero aquí además estamos hablando de unos derechos fundamentales especialmente protegidos. Las administraciones deben asegurarse de que Twitter, Facebook, Google, Amazon, Apple, Microsoft y todas las empresas del lobby tecnológico estadounidense respeten nuestra libertad ideológica, como les obliga nuestra Constitución, que están obligados a cumplir. Asimismo, las autoridades y tribunales españoles deben obligarles a empezar a respetar nuestro derecho fundamental “a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones” sin “ningún tipo de censura previa” y “a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”, derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución. Ni los empleados ni los dueños de Twitter pueden ser los que decidan unilateralmente cerrarle la cuenta a OKDIARIO, a Trump o a Vox, cuando les dé la gana, amparados sólo por las cláusulas abusivas de unos contratos de adhesión redactados por y para ellos. Hay que poner fin a tantos abusos llevando a cabo las modificaciones legales que sean precisas y hay que hacerlo ya, porque nuestra democracia está en peligro.

Publicado el 02/02/2021 en Okdiario