No existe en el mundo ninguna empresa privada a la que se le permita hacer lo que le dé la gana. ¿Os imagináis que las acciones de Twitter fueran adquiridas por alguien que quisiera atacar nuestra democracia? Pensad por un momento en que, como toda empresa privada, su capital está en venta y no es nada descabellado pensar que cualquier enemigo de la democracia, de la libertad y de la cultura occidental, podría hacerse con su propiedad y usarla en nuestra contra para debilitarnos. ¿Debemos protegernos contra ese tipo de ataques contra nuestra libertad o, como es una empresa privada, debemos permitirle que haga lo que le dé la gana? En todas las democracias occidentales existe legislación dirigida a proteger los derechos de consumidores y usuarios, ¿cuál es el motivo de que la única empresa privada que se escapa a ese control sea Twitter?
Hay quienes, muy acertadamente, han llegado a la conclusión de que, en Twitter, como en Facebook y en el resto de redes sociales, los usuarios no somos sus clientes, sino el producto con el que comercian, ya que sus ingresos provienen de la venta de la información que obtienen de nosotros. Cuando accedemos a sus servicios tenemos que suscribir obligatoriamente unos contratos de adhesión redactados íntegramente por ellos. Nos obligan a aceptar sus condiciones en su totalidad, sin que podamos poner ni la más mínima objeción. Contratos que, además, modifican continuamente a su antojo con el único objetivo de beneficiarse ellos de estos cambios. No existe una relación equilibrada entre las partes, si quieres usar ese servicio estás obligado a consentirle a la empresa que haga contigo lo que quiera sin que tu voluntad sea tenida en cuenta para nada. Por ese motivo las autoridades están obligadas a defender nuestros derechos.
Si las acciones de Twitter fueran adquiridas por alguien que deseara favorecer los intereses de un determinado medio de comunicación en detrimento de otro de su competencia, le sería muy fácil tachar de fake news todos los tuits que hicieran referencia a noticias publicadas por el medio al que quieren perjudicar, e incluso cerrarles sus cuentas impidiéndoles tener presencia en su red, acusándoles de lo que les diera la gana, por ejemplo, de que han sido abiertas por menores de edad, como se inventaron para cerrar la cuenta de OKDIARIO. Y si Facebook y Twitter actuaran de manera coordinada no cabe duda de que ese medio de comunicación se vería seriamente perjudicado en favor de aquel cuyos intereses promueven entre ambas empresas, ¿verdad? Pues del mismo modo las grandes empresas oligopólicas de internet podrían, si quisieran, favorecer a un determinado partido político en unas elecciones, impidiendo la presencia en la red de sus contrincantes electorales.
Como consumidores, tenemos derecho a que la legislación y los tribunales defiendan nuestros intereses, pero aquí además estamos hablando de unos derechos fundamentales especialmente protegidos. Las administraciones deben asegurarse de que Twitter, Facebook, Google, Amazon, Apple, Microsoft y todas las empresas del lobby tecnológico estadounidense respeten nuestra libertad ideológica, como les obliga nuestra Constitución, que están obligados a cumplir. Asimismo, las autoridades y tribunales españoles deben obligarles a empezar a respetar nuestro derecho fundamental “a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones” sin “ningún tipo de censura previa” y “a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”, derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución. Ni los empleados ni los dueños de Twitter pueden ser los que decidan unilateralmente cerrarle la cuenta a OKDIARIO, a Trump o a Vox, cuando les dé la gana, amparados sólo por las cláusulas abusivas de unos contratos de adhesión redactados por y para ellos. Hay que poner fin a tantos abusos llevando a cabo las modificaciones legales que sean precisas y hay que hacerlo ya, porque nuestra democracia está en peligro.
Publicado el 02/02/2021 en Okdiario
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