Pedro Sánchez tiene que cesar a Irene Montero

 

«En política no se pide perdón, en política se dimite», le decía Pablo Iglesias a Mariano Rajoy en mayo de 2014. Pero claro, en aquella época el padre de los hijos de Irene Montero sólo era el representante de los acampados del 15-M que aspiraba a un cargo de eurodiputado y ni tan siquiera soñaba con cambiar su pisito prestado en Vallecas por un casoplón en Galapagar junto a la que ahora es ministra de Igualdad, pero por entonces aún seguía de becaria, sin pensar que llegaría a ser portada del Vanity Fair. Y no es lo mismo dimitir de una beca y un pisito en un barrio obrero, que hacerlo desde un chalet de lujo y la portada de una revista de moda.

Ni Irene Montero, ni su secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, Pam, ni su delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, tienen ninguna intención de dimitir después de que, por su culpa, las condenas de cerca de 400 violadores hayan sido rebajadas, más de 30 de ellos excarcelados. Y lo que es peor, las rebajas de penas se van a seguir produciendo, aunque se reforme ahora tan nefasta ley, y hasta 3.600 violadores ya condenados seguirán solicitando reducciones de penas, ya que siempre podrán acogerse a la ley más favorable publicada tras sus condenas, según establece el artículo 2 del Código Penal. Así, corregir ahora la ley, como pretende hacer el Gobierno, sólo afectará a las nuevas condenas.

A principios de noviembre, cuando todos les advertían de lo que iba a suceder, Irene Montero decía en el Congreso que «todavía no se conoce una sola reducción de pena, y no se va a conocer, es propaganda machista». Un par de semanas más tarde, cuando empezaron a producirse las revisiones de condenas, la ministra acusaba a los jueces de prevaricar: «Están incumpliendo la ley por machismo». Y ahora que sus excusas infantiles se han quedado sin recorrido y ven que en la campaña electoral de las autonómicas y municipales sólo se va a hablar de cuantos violadores han visto reducidas sus condenas cada día o incluso empecemos a encontrarnos con víctimas de los excarcelados, ya no tienen más remedio que ceder y aceptar reformar su bodrio de ley, pero pretenden hacerlo sin reconocer sus errores.

Dice ahora Ángela Rodríguez, Pam, que del Consejo de Ministros que aprobó esa ley, de la que su ministra Irene Montero tanto ha presumido, «era vicepresidenta Carmen Calvo y ministro de Justicia Juan Carlos Campo», a los que hace responsables del cuadro de penas aprobado. Y remata su ataque contra el PSOE diciendo que «ni un grupo parlamentario, ni un solo informe de los órganos consultivos, ni un solo Ministerio, ni un solo medio de comunicación adivinó que esta (que hubiera un problema de rebajas de penas) era una posibilidad». Igual que el niño pequeño al que se le olvidan los deberes y le dice a su maestra que el perro se los ha comido. Por su parte, Pablo Iglesias dijo ayer en la Ser que «si la ley no estaba bien, ¿cómo es posible que tres jueces del ala socialista no se dieran cuenta y que el ministerio de Justicia no se diera cuenta y que Pedro Sánchez elogiara públicamente la ley?».

La cuchipandi de Irene Montero no va a dimitir, igual que antes le echaron la culpa de las excarcelaciones de violadores a los jueces, a la prensa y hasta a la oposición; ahora van a hacer responsable a Pedro Sánchez y al PSOE. El presidente del Gobierno, que tantas veces ha alabado esta ley del sólo sí es sí, debe decidir si asume su responsabilidad y la del PSOE en estas excarcelaciones, o, por el contrario, hace responsable de ellas a la ministra de Igualdad y su equipo. O dimite Pedro Sánchez o tiene que cesar a Irene Montero, no le han dejado otra opción.

Publicado el 31/01/2023 en Okdiario

¿Qué dirá Montero cuando algún excarcelado viole?

 

Mientas escribo este artículo son ya 262 los depredadores sexuales que han visto reducidas sus condenas gracias a la ley del sólo sí es sí de Irene Montero y Pedro Sánchez, pero al ritmo al que está subiendo esa cifra seguramente cuando se publique sean ya 275 o más. Las rebajas están siendo desde un año en los casos en que habían sido condenados por una sola violación, hasta más de tres años de reducción de condena para los violadores múltiples condenados a 18 o 20 años. Por ese motivo son ya más de 30 los violadores que han sido excarcelados. Uno de los últimos ha sido un violador reincidente de Lérida que había sido condenado por abusar de 19 mujeres, entre ellas, varias menores, el cual cometió su primera agresión sexual con 14 años y desde entonces no ha parado de atacar a mujeres cada vez que disfrutaba del menor permiso penitenciario.

La ley Montero ha rebajado la condena del violador reincidente de Lérida en seis años y ayer fue puesto en libertad. ¿Cuánto tardará en atacar a otra niña? ¿Sólo la violará o también la asesinará? Por desgracia, no tendremos que esperar mucho para obtener estas respuestas. Los estudios científicos que tratan de calcular la tasa de reincidencia en delitos sexuales intentan convencernos de que este dato es bajo, en torno a un 20%, lo que choca bastante con la percepción que tiene la sociedad. La realidad es que esta tasa de reincidencia está calculada en base a condenas firmes y una gran parte de los delitos sexuales que comenten los reincidentes no se conocen, porque se corresponden con abusos que, o bien no se denuncian, o bien no se descubre al agresor.

Además, todos sabemos que hay tres clases de mentiras: las mentiras, las grandes mentiras y… las estadísticas. La tasa de reincidencia se calcula sobre el conjunto de los violadores, donde se encuentra tanto el menor que una vez abusó de una amiga y ha realizado terapias de reinserción, como el depredador sexual que cada vez que ha tenido oportunidad ha intentado violar. La evidencia científica demuestra que, cuando se evalúan correctamente los factores de riesgo, tanto sociológicos como psicológicos o psiquiátricos, y los informes de los técnicos de prisiones clasifican un perfil como de «alto riesgo», como ocurre con el violador reincidente de Lérida excarcelado ayer, la posibilidad de que finalmente se confirme la reincidencia advertida por los técnicos de prisiones es superior al 60%, según el Grupo de Estudios Avanzados en Violencia GEAV de la Universidad de Barcelona.

Cuando empezaron a producirse las primeras rebajas de condenas e Irene Montero acusó a los jueces de prevaricar al incumplir su ley por machismo, pese a que la mayoría de jueces son mujeres jóvenes, todos pensamos que estas reducciones eran una consecuencia indeseada del analfabetismo de la ministra y su equipo. Pero muy pronto comenzamos a saber que previamente habían sido advertidas por todos los organismos jurídicos consultados, con lo que la ignorancia ya no justificaba el error y había que empezar a pensar quizá en soberbia infantil, como dijo Manuela Carmena. Pero enseguida escuchamos declaraciones desde la extrema izquierda que exigen desviar el debate del ámbito penal y rechazan el aumento del punitivismo, como las de la ex podemita Clara Serra. En este sentido, la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, restó públicamente importancia a la duración de las penas de los violadores, riéndose de las excarcelaciones.

Por tanto, debemos confirmar que las rebajas de penas y excarcelaciones son un efecto deseado de la Ley del sólo sí es sí de Irene Montero y Pedro Sánchez y este es el único motivo por el que se niegan a corregirla. Mientras aumenta cada día el número de violadores beneficiados y excarcelados debemos hacernos ya esta pregunta: ¿Qué va a decir Irene Montero cuando alguno de sus excarcelados viole o asesine a una mujer o a algún menor?

Publicado el 26/01/2023 en Okdiario

Abarcar desde el centro a la derecha

 El Partido Popular tan solo gobierna en solitario, sin necesitar los votos de Vox, en Galicia y Andalucía. En Castilla y León lo hacen en coalición con los de Santiago Abascal y sin coalición, pero gracias a sus votos, gobiernan tanto la Comunidad como el Ayuntamiento de Madrid, así como en la Región de Murcia. Todas las encuestas serias que no han sido manipuladas por el socialista Tezanos señalan que, tanto en las próximas elecciones autonómicas y municipales de mayo, como en las generales de final de año, ambos partidos de centro y derecha estarán en disposición de arrebatar a la izquierda bastante cuota de poder. Castilla-La Mancha, Baleares y La Rioja pueden cambiar de color, pero tampoco es descartable que consigan la Comunidad Valenciana, Aragón, Navarra e incluso la socialista Extremadura, donde ya el PP ganó las elecciones de 2011.

Todo es posible, fundamentalmente por el desastre al que Pedro Sánchez ha arrastrado al PSOE gobernando en coalición con Podemos en alianza con los proetarras de Bildu y los golpistas de ERC. A la fuerza tiene que haber antiguos votantes socialistas a los que les resulten tan repugnantes las cesiones de Sánchez ante Bildu y ERC que se nieguen a volver a votarlo. Como también deben existir muchos votantes de Podemos que se estén pensando qué hacer al ver cómo, por culpa de sus dirigentes, centenares de violadores están viendo rebajadas sus condenas y muchos de ellos ya están siendo excarcelados. Tantas promesas incumplidas y tantas mentiras, a la fuerza deben tener consecuencias electorales. Y a todo ello se va a unir la mala situación económica que afecta directamente al bolsillo de todos los españoles y aunque el Gobierno pretende echarle la culpa a Putin, al COVID y hasta a las empresas, está demostrado históricamente que las crisis económicas pasan factura a los gobernantes.

En la oposición a Sánchez se encuentra todo el bloque constitucionalista y antiseparatista que el sábado se manifestó abarrotando Cibeles y alrededores en defensa de la libertad, la democracia y la Constitución. Ciudadanos ya se da prácticamente por desaparecido, fundamentalmente porque tenían un hueco de subsistencia convirtiéndose en el partido de centroizquierda democrático y constitucional que sustituyera al PSOE, pero este sitio no le gusta a sus dirigentes, que han preferido competir por el mismo votante que el PP, donde ya no queda sitio para ellos. Quedan PP y Vox para repartirse todo el voto que no sea independentista, sanchista, o de extrema izquierda y ese rango puede ser bastante amplio.

Tanto el absurdo sainete ocurrido en Castilla y León con el ahora sí, ahora no protocolo para las embarazadas, como la extrañísima falta de acuerdo con los presupuestos de la Comunidad de Madrid, sólo cobran algún sentido si analizamos ambos acontecimientos en la estrategia de dos partidos que pretenden abarcar un espectro electoral tan amplio y diverso, pero a veces coincidente, como el mencionado. Así que durante todo este año electoral vamos a tener que acostumbrarnos a ver numeritos similares a estos dos. Lo lógico sería que tanto el PP como Vox se centrasen en conseguir atraer a los votantes que de ninguna manera van a votar al otro, sin hacerse demasiado daño en las zonas comunes, pero lo más probable es que los veamos pelear entre ellos como hasta ahora. Así, por ejemplo, Vox debe conseguir el voto provida y antiaborto mientras que el PP puede conseguir que le voten liberales pro aborto. Por otro lado, el PP lleva años defendiendo una ideología de género que es difícil distinguir de la de la izquierda y en ese ámbito Vox parece que tiene pocos votos que rascar.

Son sólo dos ejemplos, existen muchos temas en los que los dos partidos pueden tratar de atraer a votantes diferentes, incluso a algunos desencantados de los partidos de izquierdas, y en todos ellos deben centrarse de cara a las próximas elecciones, mientras los ciudadanos debemos acostumbrarnos a verlos discrepar en todo este tipo de cuestiones. Lo vital es que no se pierda el voto de ningún demócrata constitucionalista que quiera perder de vista a Pedro Sánchez y a Irene Montero. Si ya, de paso, pudieran comportarse como adultos y no tomarnos por idiotas, lo bordan.

Publicado el 24/01/2023 en Okdiario

Sólo CIS es CIS

Tezanos presentó ayer el primer barómetro del CIS de 2023. Las presuntas 4.000 llamadas telefónicas con las que supuestamente se elaboró esta encuesta se efectuaron de forma aleatoria del 2 al 12 de enero de este año. En estas mismas fechas se cumplieron 3 meses desde la entrada en vigor de la ley del sólo sí es sí con la que los socios de Gobierno, encabezados por la ministra de Igualdad, Irene Montero, unificaron los delitos de abuso y agresión sexual, provocando la rebaja de muchas condenas, tanto de juicios que se habían sentenciado con anterioridad de la entrada en vigor de esta ley como de las violaciones que se empezaron a juzgar después. Algo de lo que previamente habían sido advertidos y que al principio negaron acusando de fascistas y heteropatriarcales a todos los expertos que lo anunciaron.

De hecho, pocos días antes de que Tezanos empezara a llamar por teléfono a las personas anónimas supuestamente elegidas al azar a las que ha preguntado su intención de voto, fue noticia de portada que Irene Montero desoyó las advertencias sobre las rebajas de penas de la ley del sólo sí es sí y siguió adelante con su tramitación. Dichos informes procedían tanto del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como del Consejo de Estado y varias asociaciones, como la de Ayuda a Víctimas de Agresiones Sexuales y Violencia Doméstica (ADAVAS) y diversas asociaciones de juristas. En plena campaña de encuestas telefónicas todos pudimos ver un vídeo en el que la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, se ríe a carcajadas de la excarcelación de violadores, al tiempo que expresa su convencimiento de que las rebajas de penas no tienen ninguna importancia para ella. «¡Oleadas de violadores a la calle!», gritaba entre risas.

También fue noticia en ese período que la Audiencia Provincial de La Rioja había rebajado en dos años la condena al asesino del niño de Lardero (La Rioja), por una violación y asesinato que había cometido anteriormente. Las encuestas de Tezanos empezaron el 2 de enero, ese día las rebajas de penas habían beneficiado ya a más de 130 violadores, de los que al menos 18 habían sido excarcelados. Y terminaron el día 12, cuando los beneficiados eran cerca de 150 y los excarcelados, más de 20. El goteo de noticias sobre la polémica ley del sólo sí es sí fue constante durante el tiempo de elaboración de la encuesta del CIS, como incesantes han sido las críticas que ha recibido esta reforma legal no sólo por parte de la oposición, sino hasta de los barones del PSOE e incluso de líderes de la extrema izquierda como Manuela Carmena, que dice que «no corregir la ley del sólo sí es sí es soberbia infantil».

Y con toda esta polémica, el socialista Tezanos pretende hacernos creer que las supuestas personas presuntamente anónimas a las que asegura haber encuestado por teléfono, le han dicho que el PSOE sólo ha visto reducida la ventaja que le saca al PP en 1,7 puntos y que el partido de Irene Montero y la risueña Ángela Rodríguez Pam, se convierte en el que más crece, pasando del 12,4% del mes pasado al 14,2% en enero: 2,4 puntos de subida en un solo mes. ¡Chúpate esa! Las risas por las excarcelaciones y rebajas de penas a violadores y la soberbia infantil de negarse a rectificar, una ley que ya todos ven que les ha salido fatal, han beneficiado a los morados, según nos quiere hacer creer Tezanos.

Unos resultados que son contrarios a los ofrecidos por todo el resto de institutos demoscópicos que coinciden en que el PP va por delante del PSOE y que Vox supera ampliamente a Podemos. El CIS es un organismo público adscrito al Ministerio de la Presidencia y sus estudios tenían bastante prestigio y profesionalidad hasta que empezó a ser dirigido por José Félix Tezanos, que está afiliado al partido de Pedro Sánchez desde 1973 y que anteriormente desempeñó el cargo de secretario de Estudios y Programas del PSOE. Pedro Sánchez es capaz de legislar para convertir en verdad absoluta e indiscutible esta divergencia entre las encuestas del CIS y todas las demás y desde aquí vamos a sugerirle un nombre para esa nueva norma: Ley del sólo CIS es CIS.

Publicado el 19/01/2023 en Okdiario

 

El protocolo provida de Castilla y León para ‘dummies’

 

El 20 de diciembre de 2021 el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, animado por los buenos resultados conseguidos por Isabel Díaz Ayuso en Madrid unos meses antes, anunciaba la convocatoria de elecciones anticipadas, al tiempo que expulsaba de su Gobierno a todos los consejeros de Ciudadanos, partido con el que el PP gobernaba en coalición desde julio de 2019. Los comicios se celebraron el 13 de febrero de 2022 y en ellos el PP consiguió su peor resultado histórico en la región, quedándose con 31 escaños y el 31,4% de los votos, muy lejos de los 41 que necesitaba para la mayoría absoluta. Por su parte, VOX pasaba del único escaño de 2019, a 13, con el 17,6% de los votos. Lo que permitió a las dos formaciones alcanzar un acuerdo de legislatura que llevó a Mañueco a renovar su presidencia.

En su programa electoral, VOX decía que tenía intención de «convertir a las familias en el centro de las políticas públicas y promover la cultura de la vida para revertir el invierno demográfico». El acuerdo de legislatura firmado entre PP y VOX explicitó en su apartado 13 que ambas formaciones pactaban que «apoyaremos la natalidad». Y tras varios meses de negociación, los dos partidos llegaron a un acuerdo que se hizo público tras el Consejo de Gobierno del pasado jueves, en una rueda de prensa conjunta entre el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo (PP) y el vicepresidente Juan García-Gallardo (VOX); así como mediante la nota de prensa emitida por la Consejería de Sanidad, en la que se detallaron las medidas relacionadas con el ámbito sanitario y asistencial para el fomento de la natalidad que se habían acordado.

El acuerdo entre las dos formaciones consiste en tres nuevos derechos que estarán a disposición de todas las mujeres embarazadas de Castilla y León: el acceso gratuito a un psicólogo clínico, la implantación de un protocolo de latido fetal dentro de la atención programada en el primer trimestre y el acceso gratuito a la ecografía 4D a las mujeres gestantes. Todos estos nuevos derechos se añadirán al protocolo estandarizado preexistente que se aplica para el seguimiento sanitario de la gestación y se enmarcan, como dice la Consejería de Sanidad en su nota de prensa, en las «políticas públicas para el fomento de la natalidad y el apoyo a las familias en Castilla y León».

Posteriormente, García-Gallardo incide en que los médicos de Castilla y León, como no podía ser de otra manera, deberán informar de la existencia de este protocolo a todas las embarazadas, incluidas las que hayan expresado su deseo de interrumpir voluntariamente la gestación, practicando un aborto. En la práctica esto sólo implica que los médicos informarán a todas las embarazadas del conjunto de derechos que tienen, nada más. No se exigirá que para abortar ninguna mujer tenga que pasar antes por la consulta de un psicólogo, ni se le obligará a escuchar su latido o verlo en una ecografía 4D, sólo tienen que saber que, si quieren, ahora tienen derecho a solicitarlo gratuitamente en la sanidad pública. Este es el acuerdo firmado y publicado entre PP y VOX.

El problema surge cuando, como todos debían haber previsto, los partidos y la prensa de extrema izquierda y sanchista ven en este anuncio la oportunidad de desviar la atención que ahora está centrada en los 190 violadores que han visto reducidas sus condenas gracias a la ley del sólo sí es sí de Sánchez y Montero y que ya han empezado a salir a la calle amenazando de muerte a las víctimas por las que entraron en prisión; en el asalto al Tribunal Constitucional, ahora presidido por alguien tan sectario como Cándido Conde-Pumpido; en los pactos del Partido Sanchista con los proetarras de Bildu que han servido para trasladar a todos los etarras al País Vasco y empezar a sacarlos a la calle; en los indultos a los golpistas, la derogación de la sedición, el abaratamiento de la malversación; o en la galopante subida del precio de la energía y los alimentos. En vez de estar hablando de todo esto llevamos unos días en los que sólo se discute de las medidas provida acordadas entre PP y VOX en Castilla y León en cumplimiento de sus programas electorales y sus acuerdos de legislatura.

El PP podría haber vuelto a centrar el debate, defendiendo los acuerdos firmados; y VOX podría haber contribuido, explicando bien desde el primer momento, que los que se han aprobado son nuevos derechos y ninguna obligación, como quiere hacer creer la izquierda. Cada partido debe ser capaz de defender su programa y sacar adelante sus propuestas, teniendo claro que están condenados a entenderse y a colaborar, porque no existe ninguna otra posibilidad de que España pueda convertir en una pesadilla del pasado esta lacra del sanchismo. Confiemos en que PP y VOX hayan aprendido la lección y de aquí en adelante se nieguen a permitir que la extrema izquierda manipule el debate, como están haciendo con estos nuevos derechos provida.

Publicado el 17/01/2023 en Okdiario

Reconocer a un ultraderechista con el Método Sánchez

 

Este miércoles, Pedro Sánchez se vino arriba. Estaba con un público entregado, como a él le gusta, no la gente normal que le abuchea por la calle y que no le deja lucir su hermoso palmito sin increparlo y echarle en cara su nefasta gestión. Se había reunido con sus auténticos forofos de la UGT, esos a los que este año va a subvencionar con más de 12 millones de euros con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para así convertirse en el único presidente del Gobierno al que no han montado ninguna huelga general en plena crisis. Había ido a inaugurar unas jornadas sobre acción sindical y se tenía preparado un monólogo de esos del Club de la Comedia que interpretó, como siempre, gesticulando de manera impostada y poniendo sus caritas de galán trasnochado. Lo tituló Método para reconocer a un ultraderechista y se gustó tanto que inmediatamente lo subió a su cuenta de Twitter.

Básicamente, el método ideado por Sánchez para reconocer ultraderechistas consiste en identificar a todos los que se le oponen, ya que él se ve a sí mismo como la representación ideal del progreso, luego todo lo que se le ponga en contra será, por definición, ultraderecha. Pues vamos a tomarle la palabra y apliquemos su método sin anestesia, aunque duela. Sánchez lleva a esta hora unos 150 violadores a los que ha rebajado sus penas, incluidas unas 20 excarcelaciones de agresores sexuales que ya están felices en la calle. Todos los violadores deben ser progresistas, como Sánchez. Y ultraderechistas debemos ser todas las personas que exigimos su dimisión junto a la de la ministra Montero, incluidas las asociaciones feministas que no dominan.

Sánchez ha transferido las competencias de prisiones al País Vasco y a continuación ha trasladado allí al 92% de los presos de ETA, faltándole sólo 14 por acercar, lo que ocurrirá en breve. Allí el Gobierno vasco les está aplicando todos los beneficios penitenciarios posibles, incluidos los ilegales, dando terceros grados a etarras que no cumplen ningún requisito. De esta manera, progresistas deben ser Txapote, Otegui y los colectivos de presos etarras que han cambiado de logotipo al dar por cumplido su objetivo de acercamiento de presos y pasar a una nueva etapa de reivindicación de su salida de prisión. Y ultraderechistas serán las víctimas de ETA que siguen reclamando memoria, dignidad y justicia.

Sánchez hizo que la Fiscalía, que depende de él y sólo de él, rebajara la petición de pena para los golpistas catalanes de rebelión a sedición, luego los indultó, más tarde despenalizó el delito de sedición por el que habían sido condenados, y finalmente les rebajó las penas por malversación, beneficiando de paso a todos los corruptos del PSOE. Aplicando su método, los golpistas catalanes, todos los independentistas que les apoyan y los corruptos de todos los partidos deben ser los progresistas. Y ultraderechistas debemos ser los que nos oponemos, incluso dentro de su partido, a que nuestra Constitución esté quedando más desprestigiada que un billete de tres euros.

Contra Pedro Sánchez se han manifestado los transportistas, los pescadores, los agricultores, los ganaderos, los cazadores, los criadores, los regantes… Pero claro, ya se sabe que el mundo rural está formado por personas de muy variada clase social, pero con un denominador común, el ultraderechismo. Tanto la prensa libre como los jueces y fiscales independientes que ponen el grito en el cielo cuando ven cómo el poder judicial ha dejado de ser independiente, son ultraderecha. Las colas del hambre, los parados y los fijos discontinuos, ultraderecha. Las familias que no son capaces de llegar a fin de mes con lo que les ha subido la hipoteca, el gas, la luz y todos los precios de la cesta de la compra, mientras ven cómo el Gobierno de Pedro Sánchez bate cada año un nuevo récord de recaudación fiscal, con unos impuestos que nos ahogan a todos… la ultraderecha de toda la vida. Aquí todo es ultraderecha excepto los comunistas, los proetarras, los golpistas y los violadores que, desde que se han hecho socios de Sánchez, han pasado de delincuentes a buenos progresistas.

Publicado el 12/01/2023 en Okdiario

Irene Montero acusa a la prensa de sus nefastos resultados

 

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad de Irene Montero acaba de publicar la Estrategia Estatal para combatir las Violencias Machistas 2022-2025, anunciado como el documento estratégico que guiará la actuación del Gobierno de España para avanzar en la erradicación de las violencias machistas hasta 2025. Las líneas estratégicas en él descritas pretenden «coadyuvar a erradicar la grave vulneración de derechos humanos que supone la violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de ser mujeres».

Para ello plantean entre sus objetivos ampliar el conocimiento que tiene la sociedad acerca de las violencias machistas, conseguir una mejor coordinación de los mecanismos de prevención, mejorar en la capacidad de respuesta institucional de protección, favorecer el cumplimiento de las obligaciones institucionales en el marco de los derechos de las víctimas y, cómo no, apoyar el papel fundamental de las organizaciones feministas; o sea, repartirse nuestra pasta.

En un apartado dedicado a la «Sensibilización, prevención y detección de las distintas formas de violencia machista», dicho documento contiene una de sus líneas estratégicas denominada «Fortaleciendo alianzas con los medios de comunicación, el sector audiovisual y publicitario como aliados contra las violencias machistas». En dicha estrategia, entre otras acciones que pretenden transformar la sociedad (a su gusto) desde los (nuestros) medios de comunicación, se indica que van a desarrollar «medidas y recomendaciones dirigidas a la sensibilización de los medios de comunicación para evitar mensajes que consolidan el relato del terror sexual»; así como otras «dirigidas a eliminar los enfoques sensacionalistas relativos a las informaciones sobre las violencias machistas»; a «erradicar la violencia simbólica y la violencia cultural ejercida contra las niñas, jóvenes y mujeres»; y a «promover el adecuado tratamiento de las noticias y de la información de entretenimiento sobre violencias machistas que se ofrece por los distintos medios de comunicación». Lamentándose de que «tampoco existe un mecanismo que castigue estas malas prácticas».

Pretende hacer creer Irene Montero que los medios de comunicación tienen alguna responsabilidad en que en los tres años que lleva ella dirigiendo su ministerio las estadísticas de violencia contra las mujeres y agresiones sexuales no hayan hecho más que crecer, al tiempo que ella malgastaba un presupuesto cada vez mayor regando con nuestro dinero sus asociaciones y chiringuitos. Pues le voy a aportar algunos datos estadísticos que sí pueden servir para ayudar a que desciendan esas estadísticas.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la población española a 1 de julio de 2022 es de 47,4 millones de personas, de los que sólo el 11,4% no tienen nacionalidad española. En el mismo documento de Estrategia Estatal para combatir las Violencias Machistas del que estamos hablando se indica que ese 11,4% de población extranjera representa el 28% de los condenados por Violencia de Género, el 32% de los enjuiciados y el 33% de los denunciados. El INE publica también su Estadística de Condenados, a partir de los datos de sentencias firmes proporcionadas por el Ministerio de Justicia. En dicha estadística observamos que, en 2021, del total de condenados por delitos sexuales, el 29,4% eran extranjeros y en el caso concreto de las agresiones sexuales esta incidencia sube hasta el 45,6%. Concretamente, el 41,5% de los extranjeros condenados por agresiones sexuales tienen nacionalidad africana y el 30,8% americana.

Asimismo, un estudio sobre agresiones sexuales en casos en los que no había vínculo previo entre víctima y agresor, publicado por el Ministerio del Interior, que fue realizado por el Instituto de Ciencia Forense y Seguridad de la Universidad Autónoma de Madrid en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, puso de manifiesto que los extranjeros cometieron el 69% de las agresiones sexuales en grupo y el 48% del total, cuando agresor y víctima no se conocían.

Nadie discute que sea necesario educar y concienciar contra unos comportamientos machistas que en nuestra sociedad ya no tienen cabida. Ni tampoco se pone en duda que los medios de comunicación tengamos que contribuir a desterrar para siempre esos indeseables comportamientos. Pero mientras Irene Montero a lo único que se dedique sea a repartir cada vez más millones de nuestro dinero entre sus chiringuitos mientras legisla para rebajar las condenas a los violadores y su gobierno se niega a poner remedio a una inmigración ilegal, que es indiscutiblemente la principal responsable del incremento en las cifras de violencia contra las mujeres; la obligación de los medios de comunicación libre para, como ella dice «avanzar en la erradicación de las violencias machistas» seguirá siendo dar esta información. Los medios de comunicación libre no somos una herramienta que Irene Montero pueda usar para transformar la sociedad a su gusto, estamos aquí para informar y opinar sobre su nefasta gestión, los millones de euros que malgasta y los 138 delincuentes sexuales que a esta hora han visto ya rebajadas sus condenas, gracias a ella.

Publicado el 10/01/2023 en Okdiario

Una marxista presidiendo el Tribunal Constitucional

 

«Soy partidaria de un derecho constructivista, es necesario superar la ley», son palabras pronunciadas la semana pasada en una entrevista concedida a Radio Nacional por la magistrada María Luisa Balaguer, que comienza a promocionar así su candidatura para presidir el Tribunal Constitucional (TC) frente al también socialista Cándido Conde-Pumpido. Balaguer lleva más de cinco años formando parte del TC, habiendo sido elegida por los socialistas del Senado en marzo de 2017. Ella se autodefine como republicana, feminista y marxista y votó en contra de la condena por sedición a los golpistas catalanes. También se puso de parte de la concejal podemita que expresó en su muro de Facebook su alegría por la muerte del torero Víctor Barrio, al que llamó asesino, algo que para Balaguer no constituye una intromisión ilegítima en su derecho al honor, como dictaminó la sentencia del TC, sino que para ella sus ofensas debían estar amparadas por la libertad de expresión, de lo que dejó constancia en su voto particular. Y así todo.

En la mencionada entrevista, la candidata marxista a presidir el Tribunal Constitucional también dijo que ella estaba ahí «para generar nuevas posiciones en el derecho; si estoy para ratificar el positivismo jurídico, no es necesario, se coge un libro y ya está» y por eso «es necesario que nosotros seamos capaces incluso de superar la ley». Vayan por delante mis disculpas, pero es imposible avanzar aquí si no tratamos antes de aclarar algunos conceptos que al ser tan farragosos han hecho que no se le haya dado a estas declaraciones la trascendencia que tienen, porque no se han explicado bien.

El Diccionario Panhispánico del español jurídico de la Real Academia Española (RAE) define el constructivismo jurídico como un rasgo de las concepciones filosófico-jurídicas para las que la ciencia del derecho construye el sistema jurídico a partir del material potencialmente normativo que suministra el ordenamiento jurídico. El origen del término constructivismo es el mismo que el de construcción y se forma a partir del prefijo latino con- (unión, todo), el verbo struere (juntar, amontonar), más el sufijo ismo- (doctrina, tendencia). Tendríamos así una doctrina que considera las sentencias judiciales como una nueva forma de crear o construir legislación, enfrentada a los positivistas que consideran que lo único que deben hacer los jueces es aplicar e interpretar la ley.

Este debate epistemológico, que es la rama de la filosofía que estudia el conocimiento científico, tiene su ámbito natural en espacios académicos y universitarios donde se estudian las ciencias sociales. Simplificándolo hasta el extremo, los constructivistas pretenden que sus principios morales sean fuentes del derecho, frente a la tesis positivista de separación conceptual entre derecho y moral. Siento muchísimo haber tenido que soltar este tostón, pero no sería posible expresar aquí una opinión sin antes haber aclarado las implicaciones que tienen las palabras de la candidata a presidir el Tribunal Constitucional, quien básicamente ha declarado que utilizará su designación para imponer en nuestra normativa sus criterios marxistas, feministas y republicanos.

Las funciones del Tribunal Constitucional están delimitadas en el Título IX de la Constitución y en la Ley Orgánica 2/1979 y pueden resumirse en el control constitucional de las normas y la defensa de los derechos fundamentales. Para la generación de nuevas normas, el artículo 87 de la Constitución establece que «la iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado». También hemos atribuido a las Comunidades Autónomas competencias para aprobar leyes en las materias en las que sus Estatutos así lo reconocen, velando el TC por la constitucionalidad de estas normas.

Todo este poder legislativo emana de la soberanía nacional, que reside en el pueblo español y se ejerce cada vez que libremente metemos una papeleta en la urna para elegir a unos representantes que los ciudadanos designamos para delegar en ellos la capacidad de elaborar normas. Esto es básicamente una democracia liberal que distingue al mundo libre de tiranías y dictaduras como las que le gustan a la marxista confesa María Luisa Balaguer, que quiere ser ella la que elabore nuestras leyes como le gusten, sin someterse a ese engorro tan vulgar que significa pasar por las urnas, algo de lo que huyen los comunistas como ella.

Publicado el 05/01/2023 en Okdiario

La que nos va a liar el Tribunal Constitucional

 

El Tribunal Constitucional es un órgano político elegido por las cúpulas de los partidos, que no forma parte del Poder Judicial. Su única misión es el control constitucional de las normas y la anulación de aquellas que contravienen la Constitución. De sus 12 miembros, ocho son elegidos por las Cámaras, dos por el Gobierno y dos por el CGPJ, nombramientos que lo son por nueve años, renovándose por terceras partes cada tres años. En la actualidad está compuesto sólo por 11 miembros, siete propuestos por PSOE y Podemos frente a cuatro propuestos por el PP, mientras los socialistas bloquean la renovación de una plaza por el Senado que, en teoría, corresponde a los conservadores. Esta mayoría de magistrados nombrados por la izquierda se mantendrá así, como mínimo, hasta marzo de 2026, cuando se volverán a elegir los miembros designados por el Senado.

Si hacemos un pequeñísimo repaso de algunas de las decisiones que ha tomado el Tribunal Constitucional a lo largo de su historia, comprenderemos fácilmente cómo nos afectan directamente en nuestras vidas. El 23 de febrero de 1983, sólo tres meses después de que Felipe González formara el primer Gobierno del PSOE desde antes de la Guerra Civil, los socialistas decidieron expropiar Rumasa mediante un decreto-ley, medida que nuestra Constitución reserva para casos de «extraordinaria y urgente necesidad» que nunca pueden afectar «a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I», como es el «derecho a la propiedad privada» recogido en el artículo 33 de la Constitución. Y a pesar de eso, un Tribunal Constitucional presidido por Manuel García Pelayo, que había sido Jefe del Estado Mayor del ejército republicano durante la Guerra Civil y posteriormente estuvo recluido en campos de concentración, decidió, por el voto de calidad del presidente que rompía el empate a 6, que la expropiación era constitucional.

En mayo de 2011, otro Tribunal Constitucional de mayoría socialista, presidido por el masón Pascual Sala, dejó sin efectos el fallo del Tribunal Supremo que había anulado todas las candidaturas presentadas por Bildu en las elecciones del 22 de mayo de 2011, al estimar que forman parte de un proyecto «gestionado, dirigido, coordinado y articulado por el complejo ETA-Batasuna». Esta decisión, amparada en la misma normativa con la que previamente se había ilegalizado a Batasuna y a Herri Batasuna y en contra de la ponencia inicial, tuvo que ser de nuevo adoptada por el Pleno del Tribunal Constitucional, tras el empate en la Sala Segunda, donde sí había equilibrio entre «progresistas» y «conservadores».

El artículo 3.1 de la Constitución dice que: «El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla». A pesar de eso, en 1994 el Tribunal Constitucional corrigió al Tribunal Supremo y dictaminó que era constitucional la Ley de Normalización Lingüística de Cataluña, que condenaba a los niños catalanes a no recibir su educación en castellano. En 2005 el Tribunal Constitucional declaró a la Justicia Española competente para juzgar delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad fuera de España, aun cuando no haya víctimas españolas. En 2007 dejó sin sanción penal en España la negación del Holocausto de los judíos. En 2008 reconoció la constitucionalidad de la Ley de Violencia de Género, poniendo fin a la presunción de inocencia y a la igualdad de todos ante la ley. Y en 2012, de nuevo, bajo la presidencia del ínclito Pascual Sala, consideró lícito que las uniones civiles entre personas del mismo sexo se denominaran «matrimonio».

Cuando el PSOE colocó a Cándido Conde-Pumpido como fiscal general del Estado y ETA declaró el alto el fuego, el jurista dijo que «la Justicia no está para favorecer procesos políticos, pero tampoco está para obstaculizarlos» y lo remató con su famosa frase de que “el vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino”; dejando claro que ahí estaba él para lo que el PSOE quisiera mandarle. Un Tribunal Constitucional, quizá presidido por el socialista Conde-Pumpido, deberá enfrentarse al asalto de Pedro Sánchez al CGPJ, al ya anunciado nuevo referéndum de independencia de Cataluña, a la ley catalana que elimina la cuota del 25% de castellano en las aulas, etc. Decía Lord Byron que el mejor profeta del futuro es el pasado, así pues, empecemos a temblar desde el inicio de este inconstitucional 2023.

Publicado el 03/01/2023 en Okdiario