Un chavista infiltrado en el CNI, ¿qué puede salir mal?

La obsesión de Pablo Iglesias por controlar el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) es una constante desde que en 2008 Hugo Chávez le diera más de 7 millones de euros a través de la fundación CEPS para “que en España puedan crear consensos de fuerzas políticas y movimientos sociales, propiciando en ese país cambios políticos aún más afines al gobierno bolivariano”, lo que le permitió fundar su propio partido político personal poco después y llegar a vicepresidente del Gobierno de España. Sus competencias ministeriales nada tienen que ver con los servicios de inteligencia, sino que están relacionadas con los Derechos Sociales y la Agenda 2030, y de él dependen los Ministerios de Igualdad, Trabajo, Universidades y Consumo, carteras para las que ha designado a la madre de sus hijos, a Alberto Garzón y a dos podemitas de medio pelo más.

El 22 de enero de 2016, cuando Sánchez negociaba un posible pacto para ser investido tras las elecciones de diciembre de 2015, Iglesias dio una rueda de prensa en la que exigió puestos clave del Gobierno entre los que se encontraba precisamente el Centro Nacional de Inteligencia. Pedro Sánchez se echó las manos a la cabeza y le hizo a Susanna Griso aquellas declaraciones en las que le dijo que «España no se merece el cambio que me está proponiendo Podemos, con Iglesias como vicepresidente y controlando el CNI y con el apoyo directo o indirecto de los independentistas». Pero la palabra del doctor Cum Fraude vale menos que el cenicero de una moto y dos meses después de asegurar “que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos” teniendo en un Gobierno de coalición a personas «de la confianza» de Pablo Iglesias, tardó 48 horas en llegar a ese acuerdo de coalición que antes de las elecciones le quitaba el sueño. Y ahora le entrega el control del CNI.

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia es el organismo que supervisa y regula los trabajos del CNI proponiendo al presidente del Gobierno sus objetivos anuales, realizando el seguimiento y evaluación del desarrollo de los mismos y velando por la coordinación de los servicios de inteligencia y los servicios de información de los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado, de la administración civil y militar. Hasta hora formaban parte de esta comisión los ministros de Presidencia, Asuntos Exteriores, Defensa, Interior y Economía por lo que está totalmente fuera de lugar que un vicepresidente con competencias en Derechos Sociales y ecologismo forme parte de la misma si no fuera por estar Pablo Iglesias patrocinado por quien lo está.

A no ser que a la vicepresidenta del narco dictador venezolano Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, le interese contarlo, parece difícil que lleguemos a saber la verdad del contenido de sus conversaciones con el trolero ministro Ábalos, hace un mes en el aeropuerto de Barajas. Ni mucho menos del de las 40 maletas que se descargaron de su avión sin pasar ningún control de seguridad. Pero está claro que el cambio de criterio de Pedro Sánchez está relacionado con esa conversación y con esas maletas. El CNI controlará la información que está aflorando sobre los pagos de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Uruguay e Irán a Podemos y el chavista Pablo Iglesias supervisará, coordinará y evaluará todos esos datos. La Seguridad Nacional está en juego, la colaboración con los servicios de inteligencia de nuestros aliados resulta fundamental para la lucha contra el terrorismo internacional y se va a ver comprometida por la presencia en el CNI de alguien de quien hay sobrados indicios para no fiarse. Cualquier secreto que los servicios secretos de EEUU compartiesen con los españoles sería inmediatamente conocido por Nicolás Maduro. La responsabilidad de cualquier tragedia que no pueda ser evitada recaerá íntegramente sobre Pedro Sánchez.

Publicado el 25/02/2020 en Okdiario

¿Qué porcentaje de violadores en manada son inmigrantes?

El jueves pasado Santiago Abascal fue entrevistado por primera vez en TVE y el presentador del Telediario 2 puso mucho énfasis en desmentir la afirmación que el presidente de VOX había hecho durante su intervención en el pleno del Congreso para la investidura de Pedro Sánchez, cuando dijo que “el 69 % de todos los imputados en violaciones grupales han sido extranjeros”. Pero Abascal se reafirmó en sus palabras e incluso publicó en Twitter, nada más terminar la entrevista, la fuente oficial de donde proceden sus datos. Al día siguiente RTVE volvió a dedicar muchos minutos de máxima audiencia en su Telediario 1 a intentar infructuosamente desmentir a Abascal, para lo que incluso entrevistó a una de las investigadoras que había elaborado el estudio citado por el de VOX.

Lo cierto es que, como afirma Abascal, las autoridades españolas ocultan el dato de la nacionalidad de los agresores sexuales y tan solo se conocen datos parciales procedentes de estudios universitarios, de informaciones publicadas en la prensa u otros en los que no se incluye la información correspondiente a varias Comunidades Autónomas. Y a uno de estos datos parciales es al que hace referencia VOX, un estudio publicado por el Ministerio del Interior que fue realizado por el Instituto de Ciencia Forense y Seguridad de la Universidad Autónoma de Madrid en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Durante más de tres años los expertos analizaron más de 600 atestados policiales sobre agresiones o abusos sexuales en casos en los que no había vínculo previo entre víctima y agresor. Y la conclusión fue demoledora: los extranjeros, que apenas representan el 10% de la población española, cometieron el 69% de las agresiones sexuales en grupo y el 48% del total.

Para desmentir a Abascal se insiste en que este dato sólo se corresponde con las agresiones sexuales con víctima desconocida, que los expertos consideran que representan entre un 20% y un 30% de los casos, según se indica en dicho estudio. No aportan ningún otro informe que justifique por qué creen que en el resto de entre el 70% y el 80% de los casos en los que agresor y víctima sí se conocen previamente, el porcentaje de extranjeros iba a ser distinto y aportan otros datos parciales en los que se afirma que el 10% de inmigrantes son causantes del 30% de las violaciones, como si eso fuera a dejarnos más tranquilos. Por otro lado la diputada de VOX Reyes Romero está recogiendo los datos publicados en prensa sobre agresiones sexuales y sus conclusiones son que sólo el 13% de los agresores son españoles, frente a un 43% de extranjeros y un 44% de casos en los que no se informa del origen del agresor.

Es evidente que se están ocultando las estadísticas oficiales y que por ello todos manejamos sólo datos parciales, pero ninguno de ellos señala algo diferente a lo que afirma Abascal. Es innegable que los inmigrantes suponen un porcentaje de los agresores sexuales que está muy por encima de su peso en la población española y en consecuencia sólo podemos llegar a la conclusión de que esta información se oculta intencionadamente porque a los ‘progres’ les resulta imposible reconocer los problemas que en nuestra sociedad está causando la masiva inmigración ilegal que ellos desean. Sabemos con certeza que el 10% de población inmigrante es causante del 69% de las agresiones en grupo cuando la víctima no conocía previamente al agresor y exigimos a la administración que deje de ocultar ese dato en el resto de los casos y que nos informe incluso de cuántos de los agresores contabilizados como españoles son nacionalizados o de padres inmigrantes, porque nos tememos que si no quieren que lo sepamos lo más probable es que ese porcentaje sea aterrador.

Publicado el 18/02/2020 en Okdiario

El Gobierno convertirá en delito pensar diferente

La portavoz del partido que ha llegado al Gobierno en coalición con los comunistas que crecieron en España de la mano de los tiranos y dictadores chavistas y que consiguieron ser investidos gracias a los que homenajean a etarras y a los separatistas admiradores de golpistas condenados anunció que van a reformar el Código Penal con la intención de meter en la cárcel a quienes hagan apología y exaltación del franquismo porque, dijo la bachiller Adriana Lastra, «en democracia no se homenajea ni a dictadores ni a tiranos». Y se quedó tan ancha, como si ella no hubiera visto a la mitad de sus ministros rindiendo homenaje a todos los tiranos y dictadores de extrema izquierda que han existido en el mundo.

Pero es que en España casi no hay franquistas. Los partidos franquistas no han conseguido ni un solo diputado desde 1977 y llevan años sin alcanzar ni siquiera el 1% de los votos en unas elecciones generales. Hasta que la Ley de Memoria Histórica lo prohibió, en el Valle de los Caídos se celebraba cada 20 de noviembre, en el aniversario de la muerte de Franco y José Antonio, una misa y una concentración a la que apenas acudía un puñado de sus muy escasos nostálgicos. Y la Fundación Nacional Francisco Franco que ahora se pretende ilegalizar apenas está formada por un minúsculo puñado de “caballeros y damas”, la mayoría de los cuales ya hace décadas que cumplieron la edad de jubilación.

Lo que sí hay en España son muchos comunistas. Los partidos comunistas suman casi 50 diputados en el Congreso actual y recibieron casi el 20% de los votos en las últimas elecciones generales. El vicepresidente del Gobierno y varios de nuestros ministros se han declarado comunistas pública y repetidamente y han homenajeado a tiranos como Lenin, Fidel Castro, Hugo Chávez, Evo Morales y el asesino Che Guevara. Pese a que el Parlamento Europeo aprobó el año pasado una resolución que condena toda propagación del comunismo y del nazismo a los que equipara, ya que ambos “cometieron asesinatos en masa, genocidios y deportaciones y fueron los causantes de una pérdida de vidas humanas y de libertad en el siglo XX a una escala hasta entonces nunca vista en la historia de la humanidad”.

Habla Adriana Lastra de otras democracias, por lo que tendremos que recordar que en Alemania se ha ilegalizado el Partido Comunista Alemán. En Francia han ilegalizado a la organización independentista Iparretarrak. Y la exhibición de símbolos comunistas se ha prohibido en la mayoría de repúblicas ex soviéticas, donde tantos miles de muertos causó el comunismo. El Gobierno socialcomunista español no pretende seguir la tendencia europea de impedir la exaltación de los regímenes genocidas y antidemocráticos. La extrema izquierda española, sentada ahora en el Consejo de Ministros, siempre ha intentado silenciar la voz del que opina diferente incluso utilizando para ello la violencia. Con la excusa de impedir la exaltación del franquismo se pretende silenciar a todos los que discrepen de ellos. Para Pablo Iglesias los de Ciudadanos son fascistas, el Partido Popular es la extrema derecha y los votantes de VOX son directamente Franco reencarnado. A nosotros es a quienes pretenden hacer callar. Crearán la ya anunciada Comisión de la Verdad y si no eres comunista vas a tener que quedarte mudo, porque como se te ocurra hablar te van a meter cuatro años en la cárcel. Ese es el plan que les permitirá seguir el modelo de su admirado dictador Hugo Chávez para perpetuarse en el poder sin oposición.

Publicado el 11/02/2020 en Okdiario

Sí tenéis Rey, no tenéis vergüenza

Los 49 diputados y senadores de los partidos separatistas que  se ausentaron de la sesión de apertura de las Cortes como protesta por la presencia de su majestad Felipe VI previamente habían jurado o prometido acatar la Constitución para poder ocupar su cargo. Lo hicieron “por imperativo legal”, “por lealtad al mandato del 1 de octubre” o “por las trece rosas”, pero juraron o prometieron acatar una Constitución que en su primer artículo dice que “la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria”, en el segundo que “la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española”, en el noveno que “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución” y en el 56 que “el Rey es el Jefe del Estado”. Y esto es así tanto si ellos han prometido acatar la Constitución, como si no lo hubieran hecho, pero lo hicieron y gracias a ello Sánchez ocupa la Moncloa.

Se pusieron delante de las cámaras los portavoces de ERC, Gabriel Rufián; JxCat, Laura Borràs; CUP, Mireia Vehí; EH Bildu, Oskar Matute; y BNG, Néstor Rego y demostraron sin que se les notara ni un ápice de vergüenza que son unos perjuros y que tanto ellos como todos los firmantes del escrito deben ser privados inmediatamente de su condición de diputados y senadores por no haber cumplido uno de los requisitos fundamentales para alcanzar la condición plena de parlamentario o, mejor dicho, haberlo hecho en fraude de ley. Sin acatar la Constitución ninguno de ellos podría ser diputado ni senador y al suscribir el escrito que presentaron ayer demostraron que la suya fue una promesa más falsa que la que hizo Rufián cuando aseguró en diciembre de 2015 que en “18 meses” dejaría el Congreso.

El escrito estaba además plagado de unas mentiras tan burdas que sonrojarían a cualquiera mínimamente decente. Dicen que “la sociedad catalana, vasca y gallega rechazan mayoritariamente la figura” del Rey. Y lo dicen unos partidos que apenas tienen la representación de un 8% de los votantes españoles y que hasta en sus Comunidades Autónomas son minoritarios, ya que en Cataluña apenas representan un 42%, en el País Vasco un 18% y en Galicia un 8%. La Monarquía española es la única del mundo que fue sometida a un referéndum popular que fue respaldado por casi el 90 por ciento de los ciudadanos y es mucho más democrática que muchas de las repúblicas que hay en el mundo. Y esta legitimidad de origen es refrendada año tras año en todas las elecciones, ya que los partidos que se declaran abierta o indirectamente republicanos no llegan a recoger el 25% de los votos de los españoles.

Que los separatistas digan que a ellos no les representa el Rey es una mentira que estaría al nivel del trolero ministro Ábalos o de su maestro, el doctor Cum Fraude. Felipe VI “asume la más alta representación del Estado español” según el artículo 56 de esa Constitución que ellos acataron. Asegurar que a ellos no les representa es tan absurdo como si yo dijera que Sánchez no es mi presidente porque ni lo he votado ni me gusta con quien ha pactado para llegar a gobernar sobre mí. Y llegamos así al meollo de la cuestión, porque sin el voto de BNG y las abstenciones de ERC y Bildu, Pedro Sánchez no sería presidente. El Gobierno sustenta su poder en todos estos perjuros a los que se les debería privar inmediatamente de su condición de parlamentarios para, a continuación, plantear una moción de censura que desalojara a socialistas y comunistas de la Moncloa.

Publicado el 04/02/2020 en Okdiario