Elecciones anticipadas contra Podemos

 

En las elecciones municipales de 2015, Izquierda Unida (IU) consiguió 460.230 votos y 1.038 concejales, unos resultados que ya eran muy malos, porque cuatro años antes habían logrado 1.437.061 votos y 2.249 concejales. En 2019, Unidas Podemos bajó un poco respecto a los resultados de IU en 2015, hasta los 364.370 votos y 461 concejales; pero el pasado domingo 28-M el batacazo fue absoluto, obteniendo tan solo 133.234 votos y 392 concejales. Unos resultados nunca vistos por los herederos del Partido Comunista y que han sido calificados por ellos mismos como «tragedia», en palabras de su portavoz, Pablo Echenique. Y en las autonómicas les ha ido igual de mal, ya que en las comunidades en las que se ha votado han bajado de 47 a 15 diputados autonómicos, desapareciendo de tres parlamentos regionales y perdiendo cinco de los seis Gobiernos de coalición en los que estaban presentes.

Los resultados tampoco han sido buenos para los socios de Yolanda Díaz en su plataforma Sumar, pero ni punto de comparación con la debacle de Podemos. De hecho, Más Madrid ha mejorado sus resultados en la Comunidad de Madrid, subiendo de 24 a 27 diputados, donde sigue siendo el segundo partido más votado; lo mismo que en el ayuntamiento, donde los de Rita Maestre han bajado de 19 hasta 12 concejales, pero es que Podemos ni siquiera ha entrado en el consistorio. El resto de socios de Yolanda Díaz también han bajado, pero de una forma muchísimo más moderada que los morados. Ada Colau, por ejemplo, ha perdido sólo un concejal y mantiene opciones de revalidar su puesto mediante pactos. Y en Valencia los de Compromís tampoco se han descalabrado, Joan Ribó ha perdido un concejal en el ayuntamiento y Baldoví sólo dos en la comunidad. Objetivamente, a los socios de Yolanda Díaz les ha ido infinitamente mejor que a las marionetas de Pablo Iglesias.

Está claro que esta diferencia en los resultados de ambas formaciones de extrema izquierda es la que ha provocado que su reacción ante el anuncio de adelanto electoral haya sido tan diferente. Yolanda Díaz sólo ha dicho que asume el reto y se pone a trabajar, mientras que Izquierda Unida ha emitido un comunicado en el que anuncia que pone a su disposición «toda nuestra capilaridad territorial, nuestra representación y nuestra capacidad organizativa», para dejar claro que no necesitan para nada a Podemos. Mientras que los morados llevan 24 horas apelando desesperados a la unidad. Su secretaria general, Ione Belarra ha hecho unas breves declaraciones para decir que ellos van a «trabajar por la unidad». Su portavoz Pablo Echenique ha dicho que ellos van a «trabajar con humildad por la unidad». Juan Carlos Monedero arremete contra los errejonistas y clama contra «tanta división absurda». Mientras que su guerrilla digital incendia las redes sociales para tratar de presionar a los de Yolanda Díaz.

El mejor análisis de la personalidad de Pedro Sánchez lo hizo Rosa Díez, aplicándole lo que la psicología define como la tríada oscura: maquiavelismo, narcisismo y psicopatía. Cualquiera de sus acciones debe interpretarse en la medida que seamos capaces de averiguar cómo él piensa que le va a beneficiar personal y egoístamente. Hace poco más de un mes, Jordi Évole le preguntó a Yolanda Díaz: ¿Quién es más killer, Pedro Sánchez o Pablo Iglesias?, a lo que ella respondió: «Entre los dos se entienden bien». El presidente del Gobierno ha demostrado sobradamente que no le importa nada ni nadie, que no tiene escrúpulos, es inmune a las hemerotecas y, como muy bien dijo Pérez Reverte, «los ha matado a todos, y a los que no ha matado los va a matar». Si ha adelantado las elecciones al 23 de julio es exclusivamente porque en algo él piensa que le beneficia a él; no a España, ni siquiera al PSOE, sino sólo a su persona.

La mayoría de los analistas dice que con este adelanto electoral Sánchez ha evitado una rebelión interna de los barones socialistas, que podrían intentar hacerle responsable de sus malos resultados electorales. Pero hay que tener en cuenta que, viendo como lo habían defenestrado en octubre de 2016, en aquel Comité Federal en el que los suyos fueron sorprendidos metiendo votos en una urna detrás de una cortina, para intentar convocar un congreso extraordinario en el que evitar que lo echaran; Pedro Sánchez ganó las primarias de mayo de 2017 y comenzó a manejar el partido con mano de hierro, configurando una Ejecutiva Federal de su absoluta confianza y reduciendo al mínimo las facultades del Comité Federal. De forma que ahora Sánchez tiene al PSOE en su mano y los barones no manejan opciones reales para acabar con él.

Sánchez ha convocado estas elecciones anticipadas porque cree que puede acabar con sus socios de extrema izquierda. A Podemos lo va a pillar en su peor momento, cuando tiene unos resultados que son menos de la tercera parte de los peores que ha obtenido nunca Izquierda Unida. Por su parte, Yolanda Díaz sólo cuenta con la infraestructura de IU, no le ha dado tiempo a formalizar sus alianzas con otros partidos, pero tiene clarísimo que tiene que resistirse a ser dominada por los de Pablo Iglesias, que ya están obligados a olvidar su pretensión de imponerle unas primarias en las que ocupar los mejores puestos gracias a que disponen de unas bases mejor organizadas. Es muy probable que la unidad que tanto desean los morados no llegue a producirse, pero de serlo, solamente podrá ser cediendo las mejores posiciones a Yolanda Díaz y los suyos. Sánchez, que es un killer maquiavélico, narcisista y psicópata, cree que puede acabar con todos ellos enfangándolos en batallas internas que no les dejen levantar cabeza y que así él pueda arrebatarles sus votos, presentándose como el único representante de la extrema izquierda capaz de parar a las derechas, con el respaldo de proetarras y golpistas. Y le puede salir bien.

Publicado el 30/05/2023 en Okdiario

Violencia política e intentos de pucherazo, como en el 36

 

Las elecciones que ganó el Frente Popular en febrero de 1936 fueron un pucherazo precedido de una extrema violencia contra las derechas. El propio presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, explicó el fraude en un artículo publicado en enero de 1937: «El Frente Popular, sin esperar el fin del recuento del escrutinio y la proclamación de los resultados… desencadenó en la calle la ofensiva del desorden, reclamó el poder por medio de la violencia… La muchedumbre se apoderó de documentos electorales… Conquistada la mayoría de este modo, fue fácil hacerla aplastante… Se anularon todas las actas de ciertas provincias donde la oposición resultó victoriosa; se proclamaron diputados a candidatos amigos vencidos. Se expulsaron de las Cortes a varios diputados de las minorías». Se presionó violentamente a las autoridades que contaban los votos, se falsificaron actas, se quemaron votos. Hasta hubo municipios en los que aparecieron resultados con más votos que votantes censados.

Pero antes de eso la campaña electoral estuvo protagonizada por los candidatos y dirigentes de los partidos del Frente Popular que definían a sus adversarios políticos como a enemigos que había que eliminar, manifestando abiertamente la necesidad de vengarse de ellos por la represión contra los golpistas que se habían levantado en armas contra el Gobierno de la II República en octubre de 1934. Durante la campaña electoral la extrema izquierda cometió más de 480 actos violentos que causaron 41 muertos y 80 heridos de gravedad. Tras sufrir más de 18 muertos entre los suyos, los monárquicos empezaron a ridiculizar a la Falange traduciendo las siglas FE como Funeraria Española y a su fundador, José Antonio Primo de Rivera lo llamaban Juan Simón el Enterrador, por la célebre copla. Antes de que se contaran los votos la extrema izquierda tomó las calles al grito de «¡Han triunfado las izquierdas! ¡Ya se acabaron las persecuciones! ¡Viva la República! ¡Viva el proletariado!».

Toda aquella violencia previa a las elecciones y el posterior pucherazo electoral provenían del Frente Popular, una coalición electoral integrada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el Partido Comunista de España (PCE), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Acción Nacionalista Vasca (predecesor de Herri Batasuna) y una amalgama de muchos pequeños partidos de extrema izquierda, con el apoyo de la UGT y de los anarquistas. Una coalición que resulta prácticamente idéntica al Gobierno que Pedro Sánchez ha articulado hoy asociando al PSOE con toda la extrema izquierda comunista, los independentistas catalanes y los pro etarras vascos. Y del mismo modo que se repiten ahora las alianzas del Frente Popular, no podemos dejar de ver como se está reproduciendo también aquella violencia contra los partidos que se le oponen y cómo han aparecido ya las pruebas de que se están intentando amañar también estos resultados electorales, como se adulteraron aquellos.

La sede del PP en Móstoles fue atacada con navajas y gas pimienta por dos violentos de extrema izquierda. En Alcorcón, el candidato popular ha sufrido amenazas de muerte y le han destrozado un coche. Y altercados similares han sufrido los de Feijóo de varias localidades madrileñas, como Getafe o Soto del Real. Pero han sido los candidatos de Vox los que han sufrido una mayor violencia, como ocurrió en Marinaleda, donde intentaron atropellarles, en Sevilla, donde han apedreado a una de sus candidatas, en Álava, donde el candidato del partido de Abascal ha sufrido un violento ataque a patadas y puñetazos, lo mismo que ocurrió en Mataró, en Bilbao, en Dos Hermanas y en infinidad de localidades más. Agresiones violentas y amenazas que han producido sólo heridos, pero que como no se atajen radicalmente, inevitablemente acabarán convirtiéndose en asesinatos como los del 36. Y del mismo modo estamos viendo cómo la izquierda trata de adulterar los resultados electorales, comprando votos en Melilla y en Mojácar, aumentando significativa y extrañamente el número de personas censadas en varias localidades de Aragón y levantando fundadas sospechas en el resto de España.

La España de 2023 apenas se parece a la de 1936 en que nos gobiernan los mismos de entonces. Las cosas no pueden hacerse igual casi 100 años después. Los métodos han cambiado pero la violencia y los intentos de fraude son hoy exactamente los mismos de entonces. Aquella vez las izquierdas no consiguieron la revolución comunista que intentaban. Ahora, entre todos tenemos que ser capaces de pararlos de nuevo, porque nos volvemos a jugar la democracia.

Publicado el 25/05/2023 en Okdiario

Yo siempre voto al PSOE

 

El argumento es este: “Yo siempre voto al Partido Socialista. Porque esto es lo que era mi familia, mi madre, mi abuelo y todos. Y siempre voto al PSOE”. Podríamos hacer el ejercicio de sustituir al PSOE por un restaurante y diríamos: “Yo siempre como en el Restaurante El Falcon Feliz. Porque ahí siempre ha comido mi familia, mi madre, mi abuelo y todos. Y siempre como allí”. En tiempos de mi abuelo El Falcon Feliz era una tasca donde se comía lo que doña Robustiana, la dueña, había hecho ese día para su familia y clientela, todos comían lo mismo y a mi abuelo le encantaba. Luego doña Robustiana se jubiló y el restaurante se lo quedó su nieta María Eugenia, que lo convirtió en una casa de comidas con menú del día y raciones. La nieta no tenía la misma mano en la cocina que su abuela, pero mi madre seguía comiendo sólo allí, porque es lo que había hecho mi abuelo.

Después el barrio se llenó de restaurantes chinos y María Eugenia, que se había quedado soltera y no tenía hijos, se lo vendió al señor Chan al que le hizo gracia el nombre de El Falcon Feliz y lo mantuvo, pero lo convirtió en el típico restaurante chino con arroz tres delicias, rollitos de primavera, pollo con almendras y muchísima salsa de soja. Así que yo, que siempre me ha dado un asco que te mueres la comida china, no tuve más remedio que hacer de tripas corazón, renunciar a mi tortilla de patatas con cebolla y a mi salmorejo y seguir comiendo en el restaurante del señor Chan, que por cierto es más guarro que la manca y ha convertido mi amado restaurante en un antro de mala muerte en el que da asco entrar. Pero yo, igual que mi abuelo y que mi madre siempre como en el Restaurante El Falcon Feliz, que una tiene que saber respetar sus orígenes y hay que tener conciencia de clase.

No sé si a vosotros os habrá parecido gracioso o ridículo, pero es un auténtico drama que existan personas así y que sean tantísimas. La frase inicial de este artículo es literal. Lo ha dicho la actriz Loles León en una entrevista publicada el lunes en el digital The Objective. Loles representa perfectamente lo que en España hemos venido en llamar «el mundo de la cultura» y que básicamente está formado por personajes sin ninguna formación que se dedican al espectáculo y que fundamentalmente viven de las subvenciones que les han dado tanto el PSOE como el PP cuando han gobernado, pero que inevitablemente siempre, en todas las elecciones, hacen campaña a favor de la izquierda, como ahora hace Loles.

El PSOE del abuelo de Loles era el partido de Largo Caballero, el que en 1933 creó los «batallones de chíbiris» entre las Juventudes Socialistas, grupos paramilitares que recibían instrucción de combate impartida por oficiales del ejército. El mismo que dio el golpe de Estado de octubre de 1934 contra la II República. El que, en enero de 1936, antes de las elecciones que robó el Frente Popular, dijo frases como «el comunismo es la evolución natural del socialismo, su última y definitiva etapa… Si ganan las derechas, tendremos que ir a la guerra civil». Y el que en la guerra robó todo el oro del Banco de España. Un partido comunista revolucionario clásico con la particularidad de que, en España el PSOE defendía el derecho de autodeterminación hasta que, en 1974 en el Congreso de Suresnes, Felipe González convirtió al PSOE en una socialdemocracia europeísta contrario al proceso soberanista, lo que también le pareció bien a la madre de Loles que, a pesar del GAL, de Filesa y de las decenas de casos de corrupción, siguió votando al PSOE del abuelo de Loles.

Y luego vinieron Zapatero y Sánchez. El primero se rindió ante ETA legalizando su brazo político y el segundo los hizo sus socios. Y pese a que dejaron nuestra economía completamente arruinada dos veces y de los infinitos casos de corrupción como los ERE de Andalucía, Loles les sigue votando “porque esto es lo que era mi familia, mi madre, mi abuelo y todos”. No importa lo que hagan, da igual lo que roben, es indiferente que nos arruinen y nos traicionen; el PSOE siempre va a tener una base de votantes fieles de generación en generación. Un voto cautivo que convierte en siervos a los ciudadanos y en tiranos a los políticos. “Yo siempre voto al PSOE como mi madre y mi abuelo”, dicen cientos de miles de españoles que ignoran que eso es lo contrario a la democracia.

Publicado el 23/05/2023 en Okdiario

¡Desokupa manda!

 

Daniel Esteve Martínez nació en Barcelona en 1970, es empresario, tiene dos carreras universitarias y habla cinco idiomas. Estudió Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y además tiene el título de Vigilante de Seguridad. También tiene licencia de armas, ha sido boxeador profesional en la categoría de pesos pesados, es cinturón negro de kickboxing, experto en lucha contra cuchillo y ha sido guardaespaldas y director de seguridad de varias empresas. Fundó su actual negocio, Desokupa, en el año 2016 y desde entonces ha «llevado a cabo más de 7.000 desokupaciones con éxito» siendo «la única empresa del sector recomendada por los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado», según anuncia en su página web. En su canal de Youtube, llamado Desokupa TV, tiene más de 117.000 suscriptores y ha subido vídeos que cuentan con casi millón y medio de visualizaciones. La semana pasada fue capaz de reunir a más de 15.000 manifestantes para protestar contra los violentos okupas de los edificios de El Kubo y La Ruina, en el barcelonés barrio de La Bonanova.

En esta última convocatoria los de Dani Esteve se vieron rodeados por miles de vecinos hartos de una situación que crea graves problemas de orden público por culpa de políticos como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que consienten y promocionan este tipo de delincuencia en su ciudad. Pero en la inmensa mayoría de los casos sus métodos de desalojo son muchísimo más discretos. Él explica que su plantilla está formada por 47 personas, entre abogados, procuradores, mediadores, etc. Cuando los okupas son «una familia con niños, una embarazada o simplemente personas que nosotros sabemos que okupan por necesidad, negociamos con ellos o les reubicamos», ayudándoles a conseguir una vivienda con alquiler social. Pero cuando se encuentran con las mafias de la okupación, que les exigen cantidades desorbitas para irse, o con delincuentes violentos con los que no se puede dialogar, ponen en marcha sus «controles de acceso» y es cuando aparecen los empleados «con pinta de boxeadores».

Un control de acceso es un dispositivo montado en la puerta de acceso a la vivienda okupada con el que se consigue que «cuando el okupa abandona la propiedad, ya no puede volver a entrar». Daniel recomienda a los propietarios de viviendas okupadas que contacten con ellos antes de iniciar un procedimiento judicial, ya que en ese caso son mucho más rápidos porque «si denuncias, como ya estás siguiendo un cauce legal, tú no puedes entrar de nuevo en tu casa, ya que estás allanando la morada del okupa». Evidentemente, estos métodos de negociación, búsqueda de alquileres sociales para los okupas y presión, difieren bastante de los procedimientos que pueden seguir los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, sobre todo cuando los dirigen políticos de partidos que promueven normas como la recientemente presentada por Bildu Ley de Vivienda, pensada para defender y proteger a los okupas en contra de los propietarios.

Por todos estos motivos, Dani se ha puesto en el centro de la diana y la extrema izquierda quiere utilizarlo para su campaña electoral. La amiguita de universidad de Irene Montero y sólo por eso ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha dicho que «se está creando un problema de seguridad ciudadana con empresas como Desokupa» que son un «un problema democrático grave» porque, según ella «son el germen de un comando parapolicial y esta fuerza política no va a permitir, que haya gente que se lucre en este país, extendiendo el odio al vulnerable», por lo que ha anunciado que su partido va a registrar una ley para perseguirles penalmente, creando un nuevo tipo penal que permitiría la disolución de organizaciones como Desokupa e imponiendo penas de hasta cuatro años de prisión a sus miembros. Por su parte, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que ha convertido a la Ciudad Condal en la ciudad más insegura de España y en un nido de okupas violentos, ha anunciado que su Ayuntamiento ha denunciado ante la Fiscalía de Delitos de Odio la incitación al odio y los «cánticos nazis» que ella dice que hubo en la manifestación de vecinos de la semana pasada de la plaza Bonanova.

Gracias a Pedro Sánchez nos gobiernan amigos de etarras, violadores y delincuentes y se sientan en el Consejo de Ministros los que legislan para beneficiar a sus amigos delincuentes violentos, para sacar de la cárcel a los violadores y a los etarras y para perjudicar a los pacíficos ciudadanos. Dani Esteve ayuda al jubilado que no puede pagar su residencia porque unos okupas le impiden cobrar el alquiler de la vivienda que constituye todos los ahorros de su vida, mientras Ione Belarra y Ada Colau ayudan al violador, al etarra, al delincuente y al okupa violento. No se puede estar en medio, yo lo tengo claro, siempre con Dani. ¡Desokupa manda!

Publicado el 18/05/2023 en Okdiario

La repugnancia de los barones socialistas

 

En la moción de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy de mayo de 2018, el socialista resultó investido gracias a los dos votos a favor de Bildu y sin que ningún barón socialista mostrara ni la menor repugnancia por ese apoyo. Con esos votos de Bildu, Sánchez estuvo gobernando hasta que, casi año y medio más tarde, volvió a ser investido tras las elecciones de noviembre de 2019, con sólo dos votos de diferencia, 167 síes frente a 165 noes, gracias a que los cinco diputados de Bildu se abstuvieron, igual que los 13 de ERC. De nuevo no se escuchó a ningún barón socialista hablar de que sintiera ninguna repugnancia porque su partido gobernase de la mano de Bildu. Sánchez se ha mantenido estos cinco años sacando sus presupuestos y sus proyectos legislativos con los votos de Bildu, llegando incluso a otorgarles el protagonismo en la presentación de su nueva Ley de Vivienda, sin que esta asociación provocara ni la menor repugnancia a ningún barón socialista.

Pero esos mismos barones socialistas dicen ahora que sienten repugnancia ante la «novedad», entre comillas, de que a los próximos comicios del 28 de mayo Bildu haya presentado a 44 candidatos condenados por terrorismo, de los que siete además son asesinos sanguinarios que a última hora y cuando sus candidaturas ya son oficiales dicen que quieren «retirar nuestras candidaturas en la medida posible», que no lo va a ser, porque para eso se han esperado hasta este momento; pero en todo caso aseguran «que en ningún caso tomaremos el cargo de concejal», lo cual resultará suficiente para todos aquellos que deseen hacer como que creen en la palabra de un sanguinario asesino.

Y digo que esto es una «novedad», entre comillas, porque el actual líder de Bildu es Arnaldo Otegui, con u entre la g y la i, como se pronuncia en español y como lo escribieron en sus sentencias los jueces que lo han condenado hasta en 4 ocasiones porque fue uno de los terroristas de ETA político-militar que se pasaron a ETA militar. Su portavoz en el Congreso es María de las Mercedes Aizpurua, que también fue condenada por la Audiencia Nacional a un año de prisión por apología del terrorismo. Además, en mayo de 2011 el Tribunal Supremo anuló todas las candidaturas presentadas por la coalición EH Bildu al estimar que se enmarcaban dentro de un proyecto «gestionado, dirigido, coordinado y articulado por el complejo ETA-Batasuna», si bien un politizado Tribunal Constitucional presidido por el masón Pascual Sala anuló posteriormente esta decisión. Pero no podemos desvincular a Bildu de una izquierda abertzale que en 1998 presentó en sus listas de Navarra al terrorista José Luis Barrios, asesino de Alberto Jiménez Becerril y de su esposa; y que ha sentado en el Parlamento vasco a Josu Ternera, el asesino de la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza y el atentado de Hipercor en Barcelona. Así que la «novedad» de que Bildu incluya a terroristas en sus listas es bastante poco novedosa, pero los asquitos a los barones del PSOE les vienen ahora.

En Extremadura, Guillermo Fernández Vara dice ahora que le «produce repugnancia» la presencia en la vida pública «de quien haya tenido algo ver con ETA». En Aragón, Javier Lambán afirma ahora que «el PSOE debería romper cualquier relación con una fuerza política que incluye asesinos en sus listas». En Castilla-La Macha, Emiliano García-Page asegura ahora que «con los asesinos de ETA ni a la vuelta de la esquina». En Asturias, Adrián Barbón expresa ahora que «le repugna y le asquea» la inclusión de los terroristas de ETA en las listas electorales. En La Rioja, Concha Andreu, lo califica ahora como «repugnante» y «poco decente». Y en Valencia, Ximo Puig asegura ahora que él «ha estado siempre con las víctimas». Toda esa repugnancia la sienten ahora que se tienen que presentar ellos a las elecciones. Pero cuando su partido ha pactado con el mismo Bildu del etarra Otegui para mantenerse en el poder los que provocaban repugnancia eran esos mismos barones socialistas que callaban y se tragaban en silencio sus vómitos.

Publicado el 16/05/2023 en Okdiario

Cerrar el Tribunal Constitucional para ilegalizar a Bildu

 

El 27 de marzo de 2003, el Tribunal Supremo declaró la ilegalización de los partidos políticos Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna, tras considerar probado que la creación de estos tres partidos fue un hecho instrumental por parte de ETA, y que formaban parte de ella. En marzo de 2011, el mismo Tribunal declaró «la improcedencia de la constitución del partido político denominado Sortu por ser continuidad o sucesión del partido político declarado ilegal y disuelto Batasuna». En mayo de 2011, la sala 61 del Tribunal Supremo anuló todas las candidaturas presentadas por la coalición Bildu, así como otras diez agrupaciones electorales, al estimar que éstas se enmarcaban dentro de un proyecto «gestionado, dirigido, coordinado y articulado por el complejo ETA-Batasuna». El Tribunal Constitucional, que es un órgano político elegido por las cúpulas de los partidos y que no forma parte del Poder Judicial, anuló estos dos últimos autos del Supremo y permitió que ahora Bildu pueda presentar en sus listas a 44 etarras, 7 de ellos condenados por asesinato.

Para ser miembro del Tribunal Constitucional no hace falta ser juez ni haber aprobado ninguna oposición, es suficiente con ser «juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional». Y esa «competencia» tan sólo tiene que ser «reconocida» por los políticos que los eligen por su lealtad e ideología, en función de las cuotas de poder conseguidas en las elecciones. Así, una mayoría absoluta del PSOE se traduce en un control absoluto del Tribunal Constitucional, ya que sus 12 miembros son elegidos cuatro por el Congreso; cuatro por el Senado; dos por el Gobierno, y otros dos por el Consejo General del Poder Judicial, que a su vez es elegido por los partidos políticos. Lo mismo que ahora el Tribunal Constitucional está dominado por Pedro Sánchez a través del socialista Cándido Conde-Pumpido; en 2011 lo presidía el masón Pascual Sala, que controlaba a una mayoría progresista, que habían sido elegidos a dedo por José Luis Rodríguez Zapatero con el objetivo de legalizar sus pactos con ETA.

Los artículos 159 al 165 de la Constitución española, que son los que regulan el Tribunal Constitucional, pueden ser reformados por una mayoría de dos tercios del Congreso y mayoría absoluta en el Senado, teniendo que ser posteriormente sometida la reforma a referéndum cuando así lo solicite una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras. De este modo, nuestra Constitución ha sido ya reformada en dos ocasiones; en 1992, para adecuarla al Tratado de Maastricht de la Unión Europea, permitiendo el ejercicio del derecho de sufragio de los extranjeros en elecciones municipales; y en 2011, para establecer el «principio de estabilidad presupuestaria» exigido también por la Unión Europea en el contexto de la crisis económica de 2008. En ninguna de esas dos ocasiones se nos consultó mediante referéndum por no solicitarlo una décima parte alguna de las Cámaras.

El Tribunal Constitucional que legalizó al brazo político de ETA es el mismo que acaba de decir que el aborto es un derecho constitucional, que en 1994 declaró constitucional la Ley de Normalización Lingüística de Cataluña, que condenaba a los niños catalanes a no recibir su educación en castellano, que en 2007 dejó sin sanción penal la negación del Holocausto de los judíos y en 2008 reconoció la constitucionalidad de la Ley de Violencia de Género, poniendo fin a la presunción de inocencia y a la igualdad de todos ante la ley. Volver a reformar la Constitución para anular este politizado Tribunal Constitucional es necesario y posible, aunque no demasiado fácil, porque hay que lograr 234 de los 350 del Congreso. En 2011 entre el PP y UPyD llegaron a sumar 191, con lo que aún les habrían faltado 43 escaños que, estando en manos de partidos de izquierda, nacionalistas e independentistas, nunca van a permitir que en España exista una justicia independiente que se encuentre fuera de su control. Pero, siendo difícil, debemos exigir que los partidos democráticos incluyan esta propuesta en sus programas electorales, para que los españoles podamos votar a favor de cerrar el Tribunal Constitucional, traspasando sus funciones a una sala del Tribunal Supremo y permitiendo la ilegalización de los partidos etarras o separatistas.

Publicado el 11/05/2023 en Okdiario

Pocas risas con la Cubazuela del Norte

 

En el logotipo de la cadena de supermercados públicos venezolanos Abasto Bicentenario podemos ver un carrito de la compra y debajo el eslogan «tu precio justo», que también es el nombre de la Ley Orgánica aprobada por la narcodictadura chavista para que los comerciantes no puedan obtener márgenes superiores al 30% sobre los productos que venden. La Ley de Precios Justos chavista pretendía servir de sostén a la mencionada red de supermercados públicos venezolanos que habían nacido unos meses antes. En enero de 2010 el dictador Hugo Chávez expropió dos grandes cadenas de supermercados, acusándolas de especular con los alimentos, con la promesa de que convertiría a la nación en una verdadera potencia alimentaria. Llegó a contar con 39 sucursales distribuidas en el Distrito Capital y en 13 estados del país. En 2016 Nicolás Maduro ordenó su «restructuración» para “acabar con la corrupción”, tras descubrirse numerosos casos de desfalco por parte de sus gerentes públicos, poniendo al frente de la cadena a un capitán del ejército.

A partir de ese momento lo único que se podía encontrar sin problemas en los supermercados públicos venezolanos eran pasillos con estanterías vacías y otras repletas de un único producto, como por ejemplo pasta importada de Turquía, mientras que resultaba imposible encontrar artículos básicos como mantequilla, harina, azúcar, arroz, leche y aceite. En 2019 se cerró el último supermercado público que quedaba abierto dejando a más de 10.000 trabajadores en la calle y habiendo costado a los venezolanos millones de dólares perdidos por la nefasta gestión pública o directamente robados por funcionarios corruptos. «Esto fracasó porque por la sucursal pasaron muchos gerentes que no supieron administrar y que se robaban la mercancía para ellos mismos venderla a sus familiares y conocidos», denunciaron los sindicalistas.

El pasado domingo, la nueva secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en una jornada sobre sectores estratégicos organizada por la formación morada en Cáceres, propuso la creación de una cadena pública de supermercados que llevará el nombre de «Precios Justos» y que hará frente «al oligopolio de la alimentación liderado por el capo Juan Roig». Es imposible, no puede ser casualidad. Ponerle el nombre de «Precios Justos» a la cadena de supermercados públicos con la que Podemos dice que va a combatir la especulación alimentaria sólo pueden haberlo hecho a propósito para que la relacionemos directamente con la que el chavismo puso en marcha en Venezuela con ese mismo nombre y que acabó como ya hemos descrito. No existe otra posibilidad, por muy incomprensible que nos resulte a los que no pertenecemos a sus círculos y estamos alejados del pensamiento de todos los que forman parte de ese «socialismo del siglo XXI» inspirado por los dictadores de Cuba y Venezuela y del que forma parte Podemos.

Ione Belarra quiere que sus votantes sepan que su inspiración es 100% chavista y le importa un comino que los que ni locos les vamos a votar contemos cómo todas sus políticas ya han sido probadas y están destinadas al fracaso con total y absoluta seguridad. El problema es que Belarra es ministra del Gobierno de España porque así lo quiere Pedro Sánchez, así que sus desastrosas ideas tienen posibilidades de acabar publicadas en el BOE tan solo con que al presidente le hagan falta los votos de Podemos para no tenerse que bajar del Falcon. Todos sabemos que, si consiguen sacar adelante su idea, lo siguiente será la cartilla de racionamiento. Lo saben sus votantes igual que lo sabemos aquellos a quienes nos horroriza su plan. No se esconden. El portavoz de Podemos, Pablo Echenique, ironiza con las comparaciones y dice que la derecha asusta con «Cubazuela del Norte» sólo porque tienen la intención de intervenir el mercado eléctrico, los salarios y los alquileres, así como crear bancos y supermercados públicos. Quieren que sus votantes sepan que aspiran a convertir España en Cuba y Venezuela, no lo esconden y les votan por eso. No podemos reírnos de ellos calificando sus ideas de bromas absurdas, hay que tomárselos muy en serio, además del hambre y la ruina nos jugamos la democracia.

Publicado el 09/05/2023 en Okdiario

Monedero calla, luego otorga

 

Que la narcodictadura venezolana financió la creación de Podemos es algo que sabemos desde hace años y que ahora, gracias a las investigaciones de OKDIARIO, estamos conociendo los detalles de cómo lo llevaron a cabo mientras el ideólogo de todos aquellos tejemanejes financieros se mantiene callado como una puerta. Hemos visto los documentos firmados personalmente por Hugo Chávez por los que autoriza que se transfieran millones de euros a los fundadores de Podemos para «estrechar lazos y compromisos» con representantes de la izquierda y para «crear consensos de fuerzas políticas y movimientos sociales, propiciando en este país [España] cambios políticos aún más afines al gobierno bolivariano». Vimos cómo Juan Carlos Monedero intentó defraudar a Hacienda pagando menos impuestos de los que le correspondían por los 425.000 euros que le transfirieron en 2013. Y ahora estamos publicando el esquema de cómo ese dinero acabó financiando a Podemos y su televisión.

Hemos descubierto que la realidad es que ese dinero, Juan Carlos Monedero no lo recibió como pago por sus trabajos, como nos quiso hacer creer, sino que el concepto de la transferencia recibida fue el de «fideicomiso». Es decir, que los fondos procedentes de Venezuela no eran propiedad ni de Monedero ni de ninguna de sus empresas, como quiso hacer creer a Hacienda, sino que él era simplemente el administrador de un dinero sobre el que obligatoriamente tenía que seguir las instrucciones que el ordenante de la transferencia le había dado. Lo que esto significa es que la decisión de que el dinero chavista acabara financiando la televisión de Podemos no fue de Juan Carlos Monedero, como él puede tratar de hacer creer, sino que el fundador de Podemos sólo cumplía las órdenes del Gobierno de Venezuela, que era quien decidía el destino final de ese dinero.

Los documentos que está publicando OKDIARIO demuestran, además, que fueron creados con la finalidad de engañar a las autoridades financieras y fiscales españolas tratando de aparentar el cobro de unos servicios de asesoría para encubrir su verdadera naturaleza jurídica, que no era otra que la que dejó firmada Hugo Chávez: la creación en España de un nuevo partido político que fuera «ún más afín al gobierno bolivariano», como efectivamente ha sido Podemos. El Banco del Tesoro cuyo único accionista es la República Bolivariana de Venezuela transfirió los fondos a Monedero como fideicomiso, es decir, con instrucciones concretas sobre cuál debía ser el destino de ese dinero. Juan Carlos Monedero transfirió los fondos a su sociedad instrumental Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones SL para intentar defraudar a Hacienda pagando menos impuestos. El ministro Montoro le avisó para que regularizase esa irregularidad evitándose así la condena y la sanción. Monedero lo corrigió y transfirió el dinero para financiar el programa de televisión La Tuerka, que sirvió de plataforma para dar a conocer a los principales líderes de Podemos en los meses previos a la fundación del partido; siguiendo las instrucciones del chavismo.

Y mientras OKDIARIO está publicando todo esto, Juan Carlos Monedero guarda silencio. Los abogados saben bien que el silencio de su defendido es menos perjudicial que una mala respuesta, porque una defensa débil siembra más dudas que lo que se calla. Son tantas las pruebas que le acusan que, estando imputado por blanqueo de capitales y falsedad documental, prefiere guardar silencio a la espera de que se sustancie el procedimiento abierto por el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, con la esperanza de que, aunque los hechos estén quedando acreditados, su naturaleza delictiva quizá no pueda ser demostrada y así poder decir que no hizo lo que todos estamos comprobando que hizo. Monedero era el testaferro del chavismo en España, el que fingió operaciones falsas para hacer llegar a Podemos el dinero manchado de sangre inocente venezolana con el que la narcodictadura financió su creación. Lo estamos demostrando mientras él calla, luego otorga.

Publicado el 04/05/2023 en Okdiario

Almeida entregará la Llave de Madrid al ex terrorista comunista Petro

 

En la tarde del miércoles 3 de mayo el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, le entregará la Llave de Oro de la Villa de Madrid al presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, quien estará de visita de Estado a España del 2 al 5 de mayo. El que fuera decano de los Cronistas de la Villa de Madrid, Enrique de Aguinaga, explicó en la Crónica de la Llave de Oro de la Villa de Madrid editada por el ayuntamiento, que esta entrega era en su origen un símbolo de conquista ya que cuando una ciudad se rendía entregaba a los invasores las llaves de las puertas de las murallas. Así en el Museo del Prado podemos ver gracias al óleo de Velázquez como un general neerlandés le entrega las llaves de la ciudad de Breda al general Spinola, de la infantería española; y como el rey Boabdil entrega las llaves de Granada a los Reyes Católicos, en otro gran óleo de Francisco Pradilla.

Pero no es que Almeida entregue la ciudad al ex terrorista Petro, sino que le rinde homenaje, que es peor. En la actualidad el simbolismo ha cambiado y ahora se entrega la llave de oro de Madrid como una distinción honorífica. El Reglamento de Protocolo y Ceremonial del Ayuntamiento de Madrid establece desde 1989 que «la Llave de Oro de Madrid se concederá a todos los jefes de Estado extranjeros que visiten oficialmente el Ayuntamiento de Madrid». Pero en realidad la entrega resulta discrecional y aunque dicen los niños que «Santa Rita, Rita, lo que se da no se quita», en marzo del año pasado el Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó la propuesta de Rita Maestre (Más Madrid), de retirar al presidente de Rusia, Vladímir Putin, la llave que en 2006 le había entregado Alberto Ruiz-Gallardón, por el apoyo del pueblo ruso y sus dirigentes a España tras los atentados del 11 de marzo.

Si el Ayuntamiento entrega la llave y el Ayuntamiento la quita, también puede decidir democráticamente no hacer esta entrega cuando el jefe de Estado extranjero que visite la capital no sea acreedor del reconocimiento honorífico de los madrileños. Gustavo Petro fue investido presidente de la República de Colombia en agosto del año pasado. Antes había sido militante del grupo terrorista Movimiento 19 de abril (M-19), que protagonizó en 1985 el famoso asalto al Palacio de Justicia en Bogotá financiado por el jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar, asesinando al presidente de la Corte Suprema de Justicia junto a 10 magistrados más en una masacre que acabó con un centenar de muertos y varios desaparecidos. En una entrevista en marzo de 2021 el ex terrorista Petro justificó así este ataque: «Esos muchachos y muchachas entraron a que se reafirmara el acuerdo de paz».

En 2017 Gustavo Petro participó en la farsa independentista del 1-O como «observador internacional» del pseudo referéndum celebrado en aquella fecha. «Estoy en Cataluña como testigo de su referendo por la Independencia. Detenciones, allanamientos. Gobierno Español reprime el referendo», escribió en Twitter el 30 de septiembre de 2017. Aún a día de hoy pueden leerse en su perfil de dicha red social frases como «Rajoy trata de restablecer la monarquía en la República de Catalunya. ¿Cuál será la posición de las Repúblicas latinoamericanas ex españolas?»; «En mi opinión la represión desatada tratando de impedir el referendo desencadenará la independencia de Catalunya». 24 horas antes de salir de Colombia rumbo a España, en su discurso por el 1º de mayo, Petro ha celebrado la liberación del «yugo español de la Corona… y acabar con un régimen productivo de esclavistas», desde el balcón del Palacio de Nariño, sobre la Plaza de Armas de Bogotá, junto a su esposa, Verónica Alcocer, y ante cientos de manifestantes.

José Luis Martínez-Almeida no tiene ninguna necesidad de entregar la Llave de Oro de la Villa de Madrid a este ex terrorista, líder de la extrema izquierda comunista latinoamericana, socio preferente de Putin, admirador de las narcodictaduras cubana y venezolana, que no pierde ocasión de ofender a España.

Publicado el 02/05/2023 en Okdiario