El 27 de marzo de 2003, el Tribunal Supremo declaró la ilegalización de los partidos políticos Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna, tras considerar probado que la creación de estos tres partidos fue un hecho instrumental por parte de ETA, y que formaban parte de ella. En marzo de 2011, el mismo Tribunal declaró «la improcedencia de la constitución del partido político denominado Sortu por ser continuidad o sucesión del partido político declarado ilegal y disuelto Batasuna». En mayo de 2011, la sala 61 del Tribunal Supremo anuló todas las candidaturas presentadas por la coalición Bildu, así como otras diez agrupaciones electorales, al estimar que éstas se enmarcaban dentro de un proyecto «gestionado, dirigido, coordinado y articulado por el complejo ETA-Batasuna». El Tribunal Constitucional, que es un órgano político elegido por las cúpulas de los partidos y que no forma parte del Poder Judicial, anuló estos dos últimos autos del Supremo y permitió que ahora Bildu pueda presentar en sus listas a 44 etarras, 7 de ellos condenados por asesinato.
Para ser miembro del Tribunal Constitucional no hace falta ser juez ni haber aprobado ninguna oposición, es suficiente con ser «juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional». Y esa «competencia» tan sólo tiene que ser «reconocida» por los políticos que los eligen por su lealtad e ideología, en función de las cuotas de poder conseguidas en las elecciones. Así, una mayoría absoluta del PSOE se traduce en un control absoluto del Tribunal Constitucional, ya que sus 12 miembros son elegidos cuatro por el Congreso; cuatro por el Senado; dos por el Gobierno, y otros dos por el Consejo General del Poder Judicial, que a su vez es elegido por los partidos políticos. Lo mismo que ahora el Tribunal Constitucional está dominado por Pedro Sánchez a través del socialista Cándido Conde-Pumpido; en 2011 lo presidía el masón Pascual Sala, que controlaba a una mayoría progresista, que habían sido elegidos a dedo por José Luis Rodríguez Zapatero con el objetivo de legalizar sus pactos con ETA.
Los artículos 159 al 165 de la Constitución española, que son los que regulan el Tribunal Constitucional, pueden ser reformados por una mayoría de dos tercios del Congreso y mayoría absoluta en el Senado, teniendo que ser posteriormente sometida la reforma a referéndum cuando así lo solicite una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras. De este modo, nuestra Constitución ha sido ya reformada en dos ocasiones; en 1992, para adecuarla al Tratado de Maastricht de la Unión Europea, permitiendo el ejercicio del derecho de sufragio de los extranjeros en elecciones municipales; y en 2011, para establecer el «principio de estabilidad presupuestaria» exigido también por la Unión Europea en el contexto de la crisis económica de 2008. En ninguna de esas dos ocasiones se nos consultó mediante referéndum por no solicitarlo una décima parte alguna de las Cámaras.
El Tribunal Constitucional que legalizó al brazo político de ETA es el mismo que acaba de decir que el aborto es un derecho constitucional, que en 1994 declaró constitucional la Ley de Normalización Lingüística de Cataluña, que condenaba a los niños catalanes a no recibir su educación en castellano, que en 2007 dejó sin sanción penal la negación del Holocausto de los judíos y en 2008 reconoció la constitucionalidad de la Ley de Violencia de Género, poniendo fin a la presunción de inocencia y a la igualdad de todos ante la ley. Volver a reformar la Constitución para anular este politizado Tribunal Constitucional es necesario y posible, aunque no demasiado fácil, porque hay que lograr 234 de los 350 del Congreso. En 2011 entre el PP y UPyD llegaron a sumar 191, con lo que aún les habrían faltado 43 escaños que, estando en manos de partidos de izquierda, nacionalistas e independentistas, nunca van a permitir que en España exista una justicia independiente que se encuentre fuera de su control. Pero, siendo difícil, debemos exigir que los partidos democráticos incluyan esta propuesta en sus programas electorales, para que los españoles podamos votar a favor de cerrar el Tribunal Constitucional, traspasando sus funciones a una sala del Tribunal Supremo y permitiendo la ilegalización de los partidos etarras o separatistas.
Publicado el 11/05/2023 en Okdiario
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