Los ultras del colegio La Salle

 

Como dijo el presidente de Estados Unidos Franklin D. Roosevelt, «un radical es alguien con los pies firmemente plantados en el aire». Un ultra es alguien inamovible de sus planteamientos extremos y radicales, que es capaz de cualquier cosa para no tener que ceder ni lo más mínimo en aquello que considera vital para él. Habitualmente calificamos a alguien de ultra o de radical con una connotación negativa, cuando consideramos que sus planteamientos extremos están equivocados, lo cual resultará en la mayoría de los casos una valoración subjetiva. Un ultra defensor de la vida entiende que los proabortistas son asesinos ultra inhumanos y estos a vez verán a los primeros como peligrosos extremistas morales o religiosos. Pero en el caso del suceso ocurrido con la bandera de España en el colegio La Salle de Palma podemos hacer una aproximación objetiva de los hechos que se conocen, para así identificar a la parte que ha actuado de manera extrema en este conflicto.

Por un lado, tenemos a unos adultos investidos del poder que les concede su posición de autoridad, como son la profesora de catalán y el equipo directivo de un centro concertado de enseñanza. Por el otro, tenemos a un grupo de 30 alumnos menores de edad que, de forma unánime, se han enfrentado a esa autoridad y han sido castigados por ello. Tanto en el comunicado emitido por el centro, como en las declaraciones de los padres de esos niños comprobamos que los alumnos tenían autorización para poner la bandera de España en el tablón de corcho del aula, en apoyo a la selección nacional de fútbol. Esto nadie lo discute. Tampoco hay discrepancias acerca de que Margalida Cunill, profesora de catalán del colegio La Salle de Palma, así como otros profesores del claustro, habían expresado a los alumnos su malestar por tener que dar clase con una bandera de España en el aula.

Para intentar solventar este malestar, el tutor de ese grupo añadió a la bandera, un cartel en el que escribió la leyenda «Vamos, Selección», para dejar claro que su interés no era político sino estrictamente deportivo. De esta forma queda también claro que el malestar que la bandera de España provoca en la profesora de catalán no es de carácter deportivo, sino exclusivamente político. Pero ni siquiera este cartel de apoyo expreso a la selección de fútbol sirvió para calmar el malestar de esta profesora quien, sintiéndose incapaz de llevar a cabo su trabajo delante de la bandera, ordenó que se quitara, a lo que la clase entera «actuando como grupo» se negó, dado que tenían el permiso de una instancia superior a ella, cosa que ni siquiera la dirección del centro ha negado.

Se producen, por tanto, dos insubordinaciones, pero el centro sólo habla de una de ellas; la de los alumnos que se enfrentan a la profesora de catalán y son expulsados como consecuencia de su desobediencia. Nada se nos dice acerca de la insubordinación de Margalida Cunill, la profesora de catalán que se niega a cumplir la decisión del tutor de esa clase, de la jefatura de estudios y del claustro de profesores que habían autorizado a los niños para colocar ahí su bandera. Es la insubordinación de esa profesora la que provoca que los menores no tengan más remedio de enfrentarse a ella para hacer valer sus derechos. Derechos que, por otro lado, no deberían precisar de ninguna autorización para ejercerse, puesto que están recogidos en nuestra Constitución, norma suprema del ordenamiento jurídico español, a la que están sujetos todos los poderes públicos y ciudadanos de España, incluidos los profesores de catalán de Palma.

Tanto la profesora de catalán que echó del colegio a los niños, como la dirección del centro, que los acusó injustamente de alterar la convivencia, escondiendo y amparando la insubordinación llevada a cabo por la profesora, son ultras en el peor sentido del término. Margalida Cunill es una supremacista ultranacionalista a la que provocan malestar los símbolos de la soberanía nacional, que llama «trapo» a la bandera española y que no consiente que le hablen en español. Y la dirección del centro es, cuando menos, un grupo de profesores ultracorporativos, que defienden las injusticias cometidas por uno de los suyos de manera radical e injusta. Todos ellos deberían ser apartados de la docencia de forma inmediata.

Publicado el 29/11/2022 en Okdiario

Las víctimas de Irene Montero no lloran

 Ayer Irene Montero había sido dejada sola en la bancada azul del Congreso durante el debate sobre los presupuestos del Ministerio de Igualdad para el año 2023. Ningún otro ministro de Pedro Sánchez quería estar a su lado cuando el resto de diputados le reprocharan el desaguisado que ha montado con su chapucera ley del sí es sí, en la que ha rebajado las penas a unos violadores que ya están empezando a salir de prisión gracias a ella. Rodeada de butacas vacías, sin nadie que quisiera salir retratado a su lado cuando todos le echaran en cara su semianalfabetismo, la vimos puesta en pie delante de su asiento y, con su brazo extendido, apuntar con el dedo a los diputados de Vox mientras gritaba enfurecida «les vamos a parar los pies a esta banda de fascistas», convertida en una nueva Pasionaria 2.0, tan cargada de odio como aquella, pero con menos callos en unas manos que no han dado un palo en su vida, excepto los tres meses que estuvo de cajera de un supermercado. Después se sentó y se puso a llorar.

Si pusiéramos esa fotografía en blanco y negro sería imposible no recordar aquella otra en la que Dolores Ibarruri, sin llorar, apuntaba con su dedo al diputado José Calvo Sotelo, líder de la oposición, gritándole airada eso de «este es tu último discurso» unos días antes de que un guardaespaldas del socialista Indalecio Prieto le descerrajara dos tiros en la nuca. De momento Irene Montero sólo se atreve a apuntar con el dedo. Ese mismo dedo con el que debió señalar la columna del Congreso de los Diputados detrás de la que ordenó que se sentara Tania Sánchez, la que había sido pareja de Pablo Iglesias hasta que ella se lo quitó. Escondida detrás de la columna jamás vimos lágrimas en Tania, primera víctima conocida de nuestra nueva Pasionaria, que supo rehacerse y, en vez de llorar, se enfrentó al macho alfa fundando Más Madrid, partido con el que lo humilló en las elecciones a la Asamblea de Madrid.

Como ministra, Irene Montero ha presentado dos proyectos de ley, el del sí es sí que ya ha sido aprobado, y el de la ley trans, que la tiene enfrentada a todas las feministas clásicas, que sostienen que ser mujer no puede ser un sentimiento y que no se puede usar la lucha por la igualdad de derechos para favorecer a los que dicen sentirse oprimidos. Tampoco estas se han puesto a llorar, sino que, por el contrario, se han movilizado para intentar que este bodrio legal no llegue a aprobarse. Como tampoco lloran las mujeres que están siendo víctimas del otro proyecto estrella de Irene Montero, con el que se están rebajando las penas e incluso sacando de prisión a sus violadores.

Lucía es una joven sevillana víctima de abusos sexuales desde los siete hasta los trece años, que ahora ve con impotencia como su violador ha pedido una rebaja de dos años en su condena de prisión, acogiéndose a la norma impulsada por Irene Montero. Mirando de frente a la cámara y sin llorar, Lucía le dice a la ministra que «en vez de proteger a las víctimas lo que está haciendo es ayudar a los agresores» y que «debería rectificar porque es algo que ha hecho mal». Y como Lucía hay cada vez más mujeres víctimas de Irene Montero por toda España que, en vez de ponerse a gimotear como ella, se están movilizando para que la ministra corrija sus errores. Las lágrimas de Irene Montero son las de la soberbia herida, la trepa cuya incapacidad ha sido puesta de manifiesto y sólo le queda llorar para dar penita y despertar compasión haciéndose pasar por la víctima que no es. Las víctimas de Irene Montero no lloran, aprietan los dientes y pelean contra ella.

Publicado el 24/11/2022 en Okdiario

¿Cuántas horas le quedan a Irene Montero?

 

Este jueves, 24 de noviembre, se votarán en el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado de 2023, junto con la reforma exprés del Código Penal para derogar el delito de sedición, que también podría incluir la modificación del delito de malversación que exigen los golpistas de ERC. También se aprobarán los nuevos impuestos para la banca y las empresas energéticas. Tras esa jornada maratoniana, Pedro Sánchez tiene asegurado un tranquilo final de legislatura de aquí hasta las elecciones generales, que deberán celebrarse antes de finales del próximo año. Podrá dedicarse íntegramente desde después de las vacaciones de Navidad y hasta la primavera, a la campaña electoral de los comicios municipales y autonómicos de mayo. Y desde después de las vacaciones de verano se centrará exclusivamente en su promoción personal para volver a renovar su presidencia, le cueste lo que le cueste.

Sánchez ya ha demostrado que no tiene ningún tipo de escrúpulo, que no le importa ni lo más mínimo incumplir sus promesas o quedar en ridículo haciendo justo lo contrario de lo que ha prometido, con tal de aferrarse al poder. Comenzó la legislatura abrazando al mismo Pablo Iglesias del que unos días antes decía que «no dormiría por las noches» si hubiera aceptado sus «imposiciones». Y va a conseguir agotarla con sólo 120 escaños, que sumados a los 35 de su socio de coalición están aún 20 votos por debajo de la mayoría necesaria para aprobar cualquier ley. A cambio de esos votos que las urnas no le dieron, ha vendido a las víctimas de ETA transfiriendo al País Vasco las competencias en prisiones y trasladando allí a todos los asesinos etarras para que el Gobierno vasco les conceda los beneficios penitenciarios que quiera. Para aferrarse al poder ha indultado a los golpistas catalanes, sacándolos de la cárcel sin cumplir las condenas que la justicia les impuso.

Y para terminar la legislatura, ha regado al PNV con millones de euros que salen de nuestros bolsillos, y va a derogar el delito de sedición y posiblemente el de malversación, como le exige ERC. Los votos de Podemos los ha comprado sentando a dos becarias semianalfabetas en el Consejo de Ministros y dejándolas hacer la chapucera reforma del sólo sí es sí que está rebajando las penas de los violadores; la de maltrato animal, que sitúa las penas por cazar animales silvestres por encima de las de violación; y la ley trans, que permite cambiar de sexo hasta tres veces en menos de dos años sin padres ni médicos. Con todas estas cesiones, Sánchez ha conseguido ya todo lo que necesita y a partir del jueves habrá llegado al punto en el que no tiene por qué ceder nada más. Puede volver a ser ese personaje ególatra, narcisista, presumido y egoísta que sólo tiene que mirar por sí mismo y sus intereses personales. El Pedro Sánchez de toda la vida.

Los gobiernos de coalición nunca agotan sus legislaturas, siempre se rompen antes para que los hasta entonces socios de gobierno se enfrenten en la campaña electoral. En 2008, el PSOE que gobernaba Galicia en coalición con el BNG, adelantó 3 meses las elecciones. En 2012, Patxi López, que gobernaba el País Vasco apoyado por el PP, adelantó las suyas más de 6 meses. El Gobierno de coalición entre PP y Cs en Andalucía, que podía haberse mantenido hasta finales de 2022, se rompió 8 meses antes. Sucedían a otro gobierno de coalición celebrado en 2015 entre el PSOE y Cs, que también se había roto meses antes de agotar la legislatura. En Madrid, el Gobierno entre PP y Cs de 2019 no llegó a los 2 años. Es muy difícil encontrar argumentos para pedirle a tus votantes que te voten a ti en vez de al socio que te ha mantenido en la presidencia y con quien has compartido todo lo que has hecho, sin dar motivos que te sitúen enfrente de ellos.

El presidente del Gobierno ha demostrado sobradamente que es un killer capaz de todo y que nunca hace absolutamente nada que no redunde en un narcisista y egoísta beneficio propio. A partir del próximo jueves, Pedro Sánchez ya no necesita ni a Irene Montero ni a su amiga de pupitre Ione Belarra. ¿Cuántas horas le quedan a la coalición de Gobierno?

Publicado el 22/11/2022 en Okdiario

¿Juezas machistas o políticas analfabetas?

 

Anoche eran 11, a primera hora de esta mañana ya iban 14 y mientras escribo estas líneas escucho por la radio que ya son 16 los condenados por abusos sexuales que se han beneficiado de reducciones de pena por causa de la entrada en vigor de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como ley del sólo sí es sí auspiciada por Pedro Sánchez e Irene Montero y apoyada por Ciudadanos y el resto de los partidos políticos representados en nuestras Cámaras, excepto VOX y el PP. El ritmo al que se van conociendo las resoluciones es tan elevado que cualquier cifra que yo pusiera aquí ahora ya estaría superada a la hora que se publique este artículo. Y detrás de cada uno de estos violadores hay un número aún mayor de víctimas, porque en varios casos un abusador lo ha sido de varias mujeres o niños que en estos momentos asisten atónitos e indignados a un debate que sólo se acuerda de ellos para utilizarlos en batallas ideológicas que les son ajenas.

Llevábamos meses escuchando a decenas de expertos juristas anunciando que esto iba a pasar. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) advirtió en su informe preceptivo de febrero de 2021, que esta reforma provocaría la revisión a la baja de aquellas condenas en las que se hubieran impuesto penas conforme a la regulación anterior. Y no fueron los únicos, el Consejo Fiscal, el Consejo de Estado y el Consejo Económico y Social también plantearon objeciones en sus informes. Pero tanto la ministra de Igualdad, Irene Montero, como la delegada de Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, calificaron el asunto de «propaganda machista», llegando a asegurar en el Congreso hace sólo 15 días que «no se conoce una sola reducción de penas y no se va a conocer». Y ahora, cuando se han empezado a publicar las reducciones de penas anunciadas por todos los expertos, las podemitas acusan a las juezas de prevaricar y de estar «incumpliendo la ley por machismo».

Se da la circunstancia de que la mayoría de resoluciones judiciales que están rebajando las penas de los violadores son emitidas por mujeres jueces, pese a que este es el único caso en que Podemos no usa el lenguaje inclusivo cuando sólo habla de jueces machistas. Según el Informe sobre la Estructura de la Carrera Judicial, elaborado por el CGPJ, a 1 de enero de 2022 en España había 5.408 jueces y magistrados en activo, de los que 3.029 son mujeres, lo que supone una mayoría del 56% frente a sólo 2.379 hombres. La edad media de estas mujeres es de 52,8 años, con lo que, a la muerte de Franco, la juez media española tenía 5 ó 6 añitos. O sea, que el juez medio español es una mujer que no ha vivido el franquismo, pese a que las podemitas acusan a la Justicia de ser machista y franquista.

Las responsables de la elaboración de este engendro legal son la ministra Irene Montero, que tiene un grado en Psicología y disfrutaba de una beca para hacer su tesis doctoral cuando ascendió como un cohete hasta los puestos de responsabilidad en Podemos, con un currículum en el que tan sólo figuraba su experiencia como cajera de una cadena de electrodomésticos. La número 2 de su ministerio, Ángela Rodríguez, Pam, es una amiga de Irene Montero con un grado en Filosofía que, sin experiencia laboral ninguna, fue aupada como Secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género. Y la terna la completa la que fuera diputada por Podemos, Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno contra la violencia de género y juez en excedencia, que aprobó su oposición con casi 30 años. Estas tres, con estos currículums, son las que están mandando a estudiar a las más altas instituciones judiciales españolas cuando las acusan a ellas por lo que está ocurriendo con las rebajas de las penas de los condenados por abusos sexuales.

El problema en Podemos es congénito. El partido nació y creció por el empuje de un Pablo Iglesias que previamente había sido promocionado por varios medios de comunicación que lo llevaban a todas sus tertulias y lo paseaban por sus platós de televisión. Con la ayuda del gobierno teocrático de Irán, que patrocinó sus plataformas de comunicación, y de los narcodictadores venezolanos, que lo financiaron «para crear en España fuerzas políticas aún más afines al Gobierno bolivariano», se fundó Podemos como un partido vertebrado alrededor de la figura mediática de Pablo Iglesias, quien desde entonces lo ha decorado con la apariencia de democracia interna y participación ciudadana cuando, en realidad, ha manejado su partido siguiendo el modelo mesiánico tan común en las organizaciones comunistas. Pablo Iglesias ha terminado echando de Podemos a todo el resto de personas que lo ayudaron a crearlo al mismo tiempo que ha expulsado a cualquier persona con talento que pudiera hacerle sombra a él, acabando rodeado de las más sumisas, que lógicamente coinciden con las menos formadas y preparadas.

Publicado el 17/11/2022 en Okdiario

La moción de censura no frena nada

 

Inés Arrimadas ha pedido a Alberto Núñez Feijóo que el Partido Popular presente una moción de censura contra Pedro Sánchez, para lo que ofrece los votos de Ciudadanos. Su argumento principal es que de este modo se retrasaría la tramitación parlamentaria de la derogación del delito de sedición y esto le complicaría mucho las cosas al PSOE. Sólo quedan cuatro sesiones plenarias de aquí a final de año y en ellas el Gobierno está comprometido a aprobar otras muchas reformas. De este modo, según dice ella, si uno de esos cuatro plenos tuviera que dedicarse al debate de una moción de censura, la reforma del Código Penal que deroga el delito de sedición tendría que dejarse para 2023. Teniendo además en cuenta que el mes de enero es inhábil en el Congreso, existe la posibilidad de que Sánchez tuviera que ceder al chantaje secesionista apenas 12 semanas antes de las elecciones autonómicas y municipales de mayo, lo que, supuestamente, perjudicaría electoralmente al PSOE.

Esgrime, además, la líder de Cs otros dos argumentos menos utilitaristas para esta moción que son, en primer lugar, lo grave que resulta que se reforme la legislación al gusto y bajo el chantaje de los que han sido condenados por esos delitos que se pretenden derogar. Y, en segundo lugar, que durante los dos días que dura la moción de censura, el Parlamento debatiría acerca de una reforma que el Gobierno pretende llevar a cabo mediante una proposición de Ley conjunta presentada por los dos partidos del Gobierno de coalición, para así aprobarla por la vía rápida y sin apenas debate. Pero ninguno de estos dos últimos argumentos explica el cambio de posición de su partido que, en octubre de 2020, votó en contra de la moción de censura presentada por VOX existiendo razones tan graves como ahora contra el Gobierno socialcomunista presidido por Pedro Sánchez.

Por eso, Arrimadas se aferra a la utilidad de una moción que, en su criterio, la distinguiría de la defendida por Santiago Abascal. Pero su argumento es tramposo y sólo pretende engañar sobre su radical cambio de postura respecto a una moción que, al igual que la de 2020, resulta aritméticamente inviable. Arrimadas ha estudiado Derecho y, aunque no lo ha ejercido nunca, sabe que existe la posibilidad de convocar plenos extraordinarios y que incluso el mes de enero ya ha sido declarado hábil anteriormente, cuando al PSOE y a Podemos les ha interesado, como ocurrió en el año 2021. Ese año los partidos del Gobierno de coalición habilitaron el mes de enero para llevar a cabo la reforma que limitó las funciones de un CGPJ con su mandato caducado. Y el PP también lo sabe, porque Pablo Casado pidió el año pasado que volviera a habilitarse enero de 2022, para tomar medidas contra la inflación y el elevado precio de la luz.

Y tanto la posibilidad de convocar plenos extraordinarios como la de habilitar el mes de enero está en manos de una Mesa del Congreso presidida por la socialista Meritxell Batet y controlada con 3 votos del PSOE y 3 de Podemos, frente a sólo 2 del PP y 1 de VOX. O sea, que Inés Arrimadas sabe de sobra que no existe ninguna posibilidad de que, como ella dice, una moción de censura pudiera servir para retrasar la derogación del delito de sedición acercando su aprobación a las elecciones de mayo próximo. Sencillamente eso es mentira. Por supuesto que el PP debería presentar una moción de censura, pero sin engañar a los votantes haciéndoles creer que eso tendría una utilidad que no es cierta. Feijóo debería presentar ahora una moción de censura para poder presentarse en el Congreso y debatir con Sánchez sin las tramposas limitaciones de tiempo a las que hasta ahora lo ha tenido sometido. Esta moción también serviría al PP para enterrar la nefasta sensación que Pablo Casado dejó con un miserable discurso en el que le declaró la guerra más descarnada a Santiago Abascal, que no merecía los insultos que recibió por parte del PP entonces. Esta es la moción de censura con la que Feijóo podría dejar claro que su partido ha cambiado, que tiene claro que su único objetivo es derrotar a la izquierda y que unirá sus fuerzas a las de todos aquellos que persigan el mismo fin.

Publicado el 15/11/2022 en Okdiario

Lambán, Page, Puig y Vara derogan la sedición

 

Dejó escrito Victor Hugo que «existe solidaridad y participación vergonzosa entre el gobierno que hace el mal y el pueblo que lo deja hacer» y es una verdad indiscutible que hoy se hace patente en el Congreso. El presidente de Aragón, Javier Lambán, el de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig y el de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, van a derogar el delito de sedición para así facilitar que vuelvan a España con impunidad los golpistas fugados Puigdemont y Rovira y que los indultados como Junqueras puedan volver a presentarse a las elecciones para convocar otro referéndum de autodeterminación y dar otro golpe de Estado. Si los barones del PSOE estuvieran en contra, tendrían en su mano la forma de evitarlo, pero lo van a consentir. La cobardía les hace cómplices de la traición, tanto a ellos como a todos y cada uno de los votantes del PSOE que son, en última instancia, los responsables de todo lo que hace Pedro Sánchez.

Lambán, Page, Puig, Vara y sus votantes socialistas son los que han indultado a los golpistas catalanes sin que lo hubieran solicitado por ellos mismos, ni hubieran manifestado el menor arrepentimiento, ni siquiera hubieran acatado la Constitución y comprometido a no volver a hacer lo mismo, sacándolos de la cárcel tras poco más de tres años de cumplimiento de condena. Pero ese indulto que servía para ponerlos en la calle no eliminaba la condena que les inhabilita para volver a presentarse como candidatos en unas elecciones así que ahora el PSOE de los barones va a eliminar esa pena del Código Penal y asunto resuelto, tanto para ellos como para los fugados Puigdemont y Rovira, que deben estar partiéndose de risa de todos nosotros desde su exilio dorado.

Lambán, Page, Puig, Vara y sus votantes socialistas han transferido las competencias de prisiones al País Vasco, donde llevan acercados a 149 etarras, entre los que se encuentran Txapote, el asesino entre otros muchos de Miguel Ángel Blanco, Fernando Múgica y Gregorio Ordóñez; y Henri Parot, imputado por 82 asesinatos, entre ellos los de la voladura de la casa cuartel de Zaragoza, donde asesinó a cinco niñas. Sólo faltan 26 etarras por trasladar y la AVT estima que para estas navidades estarán ya todos allí, donde gozarán de un indulto encubierto, ya que el Gobierno vasco ha otorgado ya el tercer grado a más de 30 de los etarras trasladados.

Tenemos memoria de pez. Ya no nos acordamos de cuando los barones del PSOE se echaban las manos a la cabeza al ver a la ministra María Jesús Montero sentada en la misma mesa con los diputados de Bildu para negociar su voto a los Presupuestos. Ni de cuando manifestaban su indignación porque hubiera aceptado un «mediador internacional» que intercediera entre los gobiernos central y catalán, en condiciones de igualdad. No recordamos que hace seis meses los barones del PSOE decían no estar de acuerdo con que Sánchez hubiera dado un giro histórico en la postura de España sobre el Sahara, entregándoselo a Marruecos sin consultar con nadie. O que todos los barones del PSOE se pusieran de acuerdo para reivindicarse como herederos del régimen del 78 y la prosperidad que nos ha traído aquel pacto constitucional entre izquierda y derecha. Y no recordamos nada de esto porque al final los barones del PSOE se han venido plegando una y otra vez a los deseos de Pedro Sánchez, calladitos y sin rechistar. La cita de Víctor Hugo con la que empiezo estas líneas va antecedida por esta otra afirmación: «La aceptación de la opresión por parte del oprimido acaba por ser complicidad; la cobardía es un consentimiento». Los barones del PSOE y sus votantes son cómplices por cobardía de todas las traiciones y mentiras de Pedro Sánchez.

Publicado el 12/11/2022 en Okdiario

Biden ya es pato cojo… y gagá

 

En Estados Unidos dicen que un presidente es un pato cojo cuando ya ha sido elegido su sucesor y solamente espera ser sustituido. Esta circunstancia se puede dar por haber perdido las elecciones, por tener agotadas sus reelecciones o por haber decidido él o su partido, que no va a volver a presentarse a las siguientes elecciones. Tras apenas dos años de mandato, Joe Biden puede empezar ya a hacer las maletas intentando pasar lo más desapercibido posible los pocos meses que faltan hasta que tenga que abandonar la Casa Blanca. Se marchará dejando una clara sensación de no estar en las condiciones físicas y mentales imprescindibles para el cargo de presidente de la nación más poderosa del mundo, durante uno de los períodos más convulsos de nuestra historia reciente. Y con muchísimas dudas acerca de la legitimidad del proceso electoral que lo llevó a ocupar un puesto para el que, claramente, no está capacitado.

La información que la mayoría de medios de comunicación nos ofrece acerca de la situación política en Estados Unidos nos habla constantemente de un país polarizado y radicalizado. Nos dicen, por tanto, que los estadounidenses están divididos en dos facciones contrarias y extremas entre las que resulta casi imposible el entendimiento. Pero cuando profundizan en su análisis y tratan de explicarlo, casi unánimemente convierten a la mitad de la población republicana en los culpables de todos los males. Es como si la polarización y la radicalización de la que hablan fuera un enfrentamiento entre el mal, representado por Donald Trump y los republicanos, contra el bien más absoluto, encarnado por Joe Biden y los demócratas. Una caricatura que, evidentemente, no responde a ninguna realidad, sino tan sólo a los deseos de imponer la hegemonía del movimiento woke y progre de aquellos que intentan manejar la opinión pública.

En este sentido es en el que debemos interpretar la mayoría de análisis que hoy nos encontramos acerca de los resultados de las elecciones de mitad de mandato (midterms) en Estados Unidos, celebradas el martes. A falta de conocer los resultados definitivos, intentan vendernos una victoria del Partido Demócrata argumentando que su derrota no ha sido tan estrepitosa como se esperaba, que a todas luces parece un consuelo muy poco consistente. Apenas quedan dudas de que los republicanos han conseguido hacerse con la mayoría en la Cámara de Representantes que hasta ahora controlaban sus rivales. Y parece bastante probable que consigan hacerse también con el control del Senado, que a estas horas aún está empatado a la espera del lento recuento en Arizona, Nevada y Alaska; y la segunda vuelta que tendrá que celebrarse en Georgia. Tanto en Alaska como en Nevada van por delante los republicanos así que, de confirmarse su victoria, tan sólo tendrían que ganar en Arizona o Georgia para conseguir también la mayoría en el Senado.

Pero con independencia de que la victoria republicana en estas elecciones haya sido absoluta o parcial, lo que resulta indiscutible es la derrota de un presidente Joe Biden que lleva meses dando muestras de que su avanzada edad -está a punto de cumplir 80 años- no le va a permitir presentarse a la reelección. Además de la galopante inflación y los altos tipos de interés que han empobrecido a los estadounidenses durante su mandato, Biden ha dado repetidas muestras de senilidad cada vez que se ha mostrado en público, por lo que es casi seguro que los demócratas tendrán que elegir otro candidato. La polarización y la radicalización que vive el país no puede pretenderse sólo en los partidarios de Donald Trump. Mucha culpa de la actual situación recae en aquellos que, desde que anunció su intención de presentar su candidatura allá por 2015, han tratado de presentarlo tanto a él como a sus votantes, como a demonios. Sus campañas por la vida, contra el aborto, la ideología de género, la legalización de las drogas y la inmigración ilegal, lo han situado en el blanco de las iras de la progresía woke mundial, radicalizando y polarizando a la sociedad americana contra él y su partido. La más mínima posibilidad de que pueda volver a hacerse con el poder es una pesadilla contra la que vamos a tener que leer estupideces tan grandes como que Biden ha salido reforzado de estas elecciones.

Publicado el 10/11/2022 en Okdiario

La pobreza energética es culpa tuya, derrochólico

 

Pablo pone la calefacción al máximo para poder ir por casa en calzoncillos, Ana va en coche hasta a por el pan y apura mucho las marchas, Jesús en cuanto hay tres platos pone el lavavajillas; y un señor mayor con la cabeza gacha por la vergüenza, reconoce que votó en contra de instalar placas solares en su comunidad de vecinos. Son derrochólicos, adictos a malgastar energía que al menos han dado el primero de los doce pasos de Alcohólicos Anónimos y reconocen que tienen un problema. El segundo paso es confiar en un poder superior que pueda devolverles el sano juicio. Para los que siguen el formato original este poder superior es Dios, pero en la nueva campaña de publicidad del Ministerio para la Transición Ecológica de Teresa Ribera, quien únicamente te puede devolver la cordura es Pedro Sánchez, el dios del socialismo moderno, el más guapo, alto, fuerte y listo del PSOE actual; ese que deberíamos besar el suelo por donde él pisa.

Las adiciones son un grave problema social que destroza la vida de los adictos y sus familias. Hacerse adicto es un proceso gradual, un pozo sin fondo en el que se van hundiendo poco a poco, sin darse cuenta. Hace tan solo cuatro años, cuando Pedro Sánchez no era un dios sino un simple líder de la oposición que no se subía al Falcon para llevar a su churri a un concierto, sino que ponía su propio utilitario para visitar las sedes del PSOE en su campaña por la Secretaría General del partido; Pablo, Ana, Jesús y el señor mayor arrepentido todavía no eran adictos a malgastar la energía sino las víctimas inocentes de las políticas de un Gobierno que en aquellos años estaba en manos de malditos neoliberales de derechas que, por su egoísmo y maldad, permitían que las grandes empresas eléctricas los quisieran asesinar hundiéndolos en la más absoluta pobreza energética.

Con el precio de la energía 5 veces más barata que ahora, Pablo Iglesias pedía en el Congreso que se guardara un minuto de silencio por las víctimas de la pobreza energética en respuesta al minuto de silencio que todos los diputados habían guardado por Rita Barberá, cuya muerte se conoció mientras la Cámara baja celebraba uno de sus plenos. Irene Montero se manifestaba en las calles para «defender los Derechos Humanos contra la pobreza energética y los abusos de las eléctricas» y culpaba a Rajoy de 7.000 muertes al año por un precio de la luz 10 veces más bajo que el actual. Y el mismo Pedro Sánchez tuiteaba que «la subida de la luz del 8% prueba el fracaso de la reforma eléctrica de Rajoy, y alerta del riesgo de más gente sufriendo pobreza energética». En 2018 no había derrochólicos, sino neoliberalismo asesino y empresas genocidas.

Pedro Sánchez llegó a la Moncloa en junio de 2018, con el megavatio-hora en el mercado mayorista a 58,46 €. Tres años después, en junio de 2021 había subido ya más del 40% hasta los 83,3 €. Y en diciembre de 2021, dos meses antes de la invasión rusa de Ucrania, el megavatio-hora costaba en España 239,17 €, que representa una subida de más del 300%. Pero el dios Sánchez le echa ahora la culpa a Putin del descontrolado precio de la energía, olvidándose de que, justo cuando supimos que su teléfono móvil particular había sido espiado por algún Gobierno extranjero, él decidió inmediata y unilateralmente dar un giro de 180 grados en la que ha sido la posición histórica de España respecto al Sáhara Occidental durante más de 46 años, entregándoselo a Marruecos y provocando la ruptura de relaciones con Argelia, que en respuesta ha dejado de vendernos su gas barato.

Con el megavatio-hora a 55 €, Rajoy era culpable de haber convertido a Pablo, Ana, Jesús y el señor mayor en víctimas de la pobreza energética. Hoy, con precios 3 veces más altos, la culpa es nuestra, que somos unos derrochólicos sin solución. En realidad, no se conoce a nadie que suba la calefacción al máximo para ir en calzoncillos por casa, ni que ponga el lavavajillas con tres platos o coja el coche para ir a comprar el pan. Lo que sí conocemos es que hay ocho millones de españoles que no pueden pagar sus facturas de luz y gas mientras sufrimos a un presidente del Gobierno que se cree un dios y sólo se baja del Falcon para subirse al Super Puma, mantiene 521 asesores en Moncloa y en 2023 va a destinar 564 millones de euros a las políticas de odio de Irene Montero.

Publicado el 08/11/2022 en Okdiario

¿Orgulloso frapero u ofendidito de honor vulnerado?

 

Aclárate, Pablo, porque, como en el chiste de los dos vascos, o estás a setas o estás a Rolex. Es imposible que pretendas ser el orgulloso hijo de un militante del FRAP y presumir de ello al mismo tiempo que fuerzas a tu jubilado y enfermo padre para que presente una demanda por vulneración de su honor contra quien sólamente ha recordado que tanto tú como él os ufanáis de que perteneció a aquella banda terrorista. No se pueden hacer las dos cosas a la vez, es imposible. Tan contradictorio como ser profesor universitario y decirles a tus alumnas que vas al baño a refrescarte y que las esperas ahí. No sólo porque no es ético ni decoroso, sino porque, además, quedas mal con todos y vas a perder el poco respeto que te tuvieran los demás ultras de extrema izquierda, como tú.

Para poder ahora demandar a Cayetana Álvarez de Toledo y embolsarte los 18.000 eurazos que pretendéis ganaros tu padre y tú por todo el morro, deberías haberte quedado calladito sin pavonearte tantas veces de ser el orgulloso hijo de un frapero, como has hecho repetidamente, tanto en entrevistas como en tuits y hasta en artículos firmados con tu nombre y el apellido de tu padre, el que tú dices que perteneció al FRAP. Y no es sólo que tú presumas de ello, es que también lo hace tu padre, quien públicamente ha confirmado que perteneció “al comité para la creación del FRAP”, afirmando que “estoy orgulloso de todos mis compañeros y no reniego en absoluto de mi pasado” y que “abandoné la organización a principios de 1974”. Porque es tu mismo padre el que confirma que fue detenido el 28 de abril de 1973 por repartir propaganda del Comité Pro-FRAP convocando la huelga del 1 de mayo.

No seré yo quien ponga en duda que algún día, quizá más cercano de lo que nadie pueda imaginar, Txapote pueda demandar a los que le llamemos terrorista asesino. De hecho, los mismos socialistas que iniciaron la Guerra Civil asesinando a Calvo Sotelo y que se hartaron de matar y violar en sus checas hasta acabar robando todo el oro y joyas de los españoles para llevárselo al exilio cuando perdieron la guerra que ellos empezaron; acaban de declarar nulos todos los juicios celebrados durante el franquismo, con lo que ya pueden empezar a demandar a los que llamen asesinos a los asesinos del bando republicano. Pero de momento aún podemos afirmar que aquel FRAP del que tanto Pablo Iglesias como su padre presumen, es una banda terrorista.

El Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) es una organización terrorista reconocida como tal por el Ministerio de Interior actual, el de Marlaska, que en el portal web de la Policía Nacional mantiene un apartado dedicado al Memorial de las Víctimas del Terrorismo en el que se identifica entre los responsables de la barbarie a dicha organización que, dicen, es “una escisión del Partido Comunista Español, surgió en 1973 y se disolvió en 1978. En esos años acabó con la vida de cinco policías” y un miembro de la Guardia Civil. Al primero que asesinaron fue al subinspector de tan sólo 21 años de edad, Juan Antonio Fernández Gutiérrez, a quien el FRAP reconoció haber tendido una emboscada y apuñalado en la manifestación del 1 de mayo de 1973, esa para la que el padre de Pablo Iglesias reconoce que repartió propaganda del FRAP.

En su soberbia, Iglesias se cree capaz de desmentir al mismo Aristóteles, que cuatro siglos antes de Cristo ya sentenciaba que “no se puede ser y no ser algo al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto”. El de Podemos piensa que puede embolsarse los 18.000 euros que le reclama a la cesada portavoz parlamentaria del PP, consiguiendo que la politizada justicia española lo confirme como el orgulloso hijo de un padre que perteneció a la banda terrorista FRAP, a la vez que le otorga el papel de ofendidito de honor vulnerado por quien se lo recuerda. Como en el chiste de los dos vascos que van por el bosque recogiendo setas cuando uno se encuentra tirado un reloj: ¡Anda la hostia, Patxi, un Rolex!, dice. A lo que Patxi le contesta: ¿Pero a qué estamos, Iñaki, estamos a setas o estamos a Rolex? Igualito que Pablo Iglesias.

Publicado el 03/11/2022 en Okdiario

¿Ya olvidó Feijóo la despolitización del CGPJ?

 

Dice el coordinador general del PP, Elías Bendodo, que «el Gobierno tiene en su mano ahora mismo que el PP se siente de nuevo a dialogar y tratar de acordar una reforma de la Justicia. Sólo necesitamos un gesto muy sencillo desde el PP: que Pedro Sánchez se comprometa por escrito hoy mismo a que no va a tocar el delito de sedición en España». Afirma que «las negociaciones estaban muy avanzadas, quedaban detalles por culminar. Si se puede retomar tiene que ser con este criterio: que se comprometa por escrito a no reformar el delito de sedición en España». Por su parte el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, que es el negociador del PP en la renovación del CGPJ, asegura haciéndose el sorprendido, que ahora Feijóo ha descubierto que tenemos razón quienes advertimos de que Sánchez «miente siempre», porque habían pactado con él que no se tocaría el delito de sedición.

Con Pablo Casado al frente, el Partido Popular ha resistido durante cuatro largos años las presiones que le han estado llegando desde diferentes ámbitos, para que entregue la Justicia a Sánchez y a sus socios de extrema izquierda, bilduetarras y golpistas. Si bien es cierto que en varias ocasiones estuvo a punto de ceder, por diferentes motivos también rectificó en el último momento, aunque aceptó repartirse los nombramientos del Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y el Tribunal Constitucional. A escasos seis meses de suceder a Casado, Feijóo ha estado de nuevo a punto de caer en la trampa de Sánchez renovando un CGPJ completamente politizado, en contra de lo que la Comisión Europea lleva tiempo exigiéndonos.

No puedo ser yo quien critique ahora la ruptura de unas negociaciones contra las que me he manifestado en repetidas ocasiones. Celebro que Feijóo haya visto la luz y se haya caído del caballo, como Pablo de Tarso camino de Damasco, sea por el motivo que sea. Lo mismo me da que se haya negado a materializar un acuerdo de renovación que ya prácticamente estaba cerrado por haberse sentido engañado por Sánchez, como afirma González Pons, por la presión de Ayuso y Moreno, como indican algunas fuentes, o por haberse dado cuenta de que las próximas elecciones autonómicas y municipales están muy cerca y todas las encuestas señalan que este cambalache de jueces está perjudicando de manera notable las expectativas de voto del Partido Popular. Bienvenido sea al camino correcto haya venido por donde lo haya hecho. Ahora debemos fijarnos en la dirección que toma, porque no es lo mismo que comience a andar en un sentido o en el contrario.

Desde Bruselas nos insisten en que debemos emprender una profunda reforma para reforzar la independencia de nuestro sistema judicial, pero debemos recordar que el actual sistema de nombramiento de los miembros del CGPJ fue recurrido por el PP ante el Tribunal Constitucional y que, en la sentencia en la que se resolvió su constitucionalidad, los magistrados advirtieron de que “si las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, …//… distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos”, como evidentemente ha venido ocurriendo desde 1985, “se corre el riesgo de frustrar la finalidad señalada de la Norma constitucional”, que no era otra que la de “asegurar que la composición del Consejo refleje el pluralismo existente en el seno de la sociedad”.

Si bien es cierto que siempre que está en la oposición el Partido Popular asegura que está en contra de la politización del CGPJ y que se debe modificar la forma como se eligen sus miembros desde la reforma de 1985, también es verdad que, habiendo tenido dos mayorías absolutas para hacerlo, nunca se ha decidido a llevar a cabo esa reforma. Ni siquiera cuando esta era una de las promesas que llevaba en su programa electoral de 2011, con Mariano Rajoy a la cabeza, cuando aseguraban que, si llegaban al poder, iban a promover “una reforma del sistema de elección del CGPJ para que, conforme a la Constitución, doce de sus veinte miembros sean elegidos entre y por jueces y magistrados de todas las categorías”. Una vez que se ha visto la luz y se ha caído del caballo, el converso debe saber continuar su camino en el sentido correcto. La reforma del delito de sedición sirve como excusa, pero su paralización no puede ser el objetivo de unas negociaciones que en ningún caso pueden concluir con la entrega al socio de Otegui y Junqueras, de un CGPJ cuyos miembros sigan siendo políticos con toga y puñetas.

Publicado el 01/11/2022 en Okdiario