¿Ya olvidó Feijóo la despolitización del CGPJ?


 

Dice el coordinador general del PP, Elías Bendodo, que «el Gobierno tiene en su mano ahora mismo que el PP se siente de nuevo a dialogar y tratar de acordar una reforma de la Justicia. Sólo necesitamos un gesto muy sencillo desde el PP: que Pedro Sánchez se comprometa por escrito hoy mismo a que no va a tocar el delito de sedición en España». Afirma que «las negociaciones estaban muy avanzadas, quedaban detalles por culminar. Si se puede retomar tiene que ser con este criterio: que se comprometa por escrito a no reformar el delito de sedición en España». Por su parte el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, que es el negociador del PP en la renovación del CGPJ, asegura haciéndose el sorprendido, que ahora Feijóo ha descubierto que tenemos razón quienes advertimos de que Sánchez «miente siempre», porque habían pactado con él que no se tocaría el delito de sedición.

Con Pablo Casado al frente, el Partido Popular ha resistido durante cuatro largos años las presiones que le han estado llegando desde diferentes ámbitos, para que entregue la Justicia a Sánchez y a sus socios de extrema izquierda, bilduetarras y golpistas. Si bien es cierto que en varias ocasiones estuvo a punto de ceder, por diferentes motivos también rectificó en el último momento, aunque aceptó repartirse los nombramientos del Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y el Tribunal Constitucional. A escasos seis meses de suceder a Casado, Feijóo ha estado de nuevo a punto de caer en la trampa de Sánchez renovando un CGPJ completamente politizado, en contra de lo que la Comisión Europea lleva tiempo exigiéndonos.

No puedo ser yo quien critique ahora la ruptura de unas negociaciones contra las que me he manifestado en repetidas ocasiones. Celebro que Feijóo haya visto la luz y se haya caído del caballo, como Pablo de Tarso camino de Damasco, sea por el motivo que sea. Lo mismo me da que se haya negado a materializar un acuerdo de renovación que ya prácticamente estaba cerrado por haberse sentido engañado por Sánchez, como afirma González Pons, por la presión de Ayuso y Moreno, como indican algunas fuentes, o por haberse dado cuenta de que las próximas elecciones autonómicas y municipales están muy cerca y todas las encuestas señalan que este cambalache de jueces está perjudicando de manera notable las expectativas de voto del Partido Popular. Bienvenido sea al camino correcto haya venido por donde lo haya hecho. Ahora debemos fijarnos en la dirección que toma, porque no es lo mismo que comience a andar en un sentido o en el contrario.

Desde Bruselas nos insisten en que debemos emprender una profunda reforma para reforzar la independencia de nuestro sistema judicial, pero debemos recordar que el actual sistema de nombramiento de los miembros del CGPJ fue recurrido por el PP ante el Tribunal Constitucional y que, en la sentencia en la que se resolvió su constitucionalidad, los magistrados advirtieron de que “si las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, …//… distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos”, como evidentemente ha venido ocurriendo desde 1985, “se corre el riesgo de frustrar la finalidad señalada de la Norma constitucional”, que no era otra que la de “asegurar que la composición del Consejo refleje el pluralismo existente en el seno de la sociedad”.

Si bien es cierto que siempre que está en la oposición el Partido Popular asegura que está en contra de la politización del CGPJ y que se debe modificar la forma como se eligen sus miembros desde la reforma de 1985, también es verdad que, habiendo tenido dos mayorías absolutas para hacerlo, nunca se ha decidido a llevar a cabo esa reforma. Ni siquiera cuando esta era una de las promesas que llevaba en su programa electoral de 2011, con Mariano Rajoy a la cabeza, cuando aseguraban que, si llegaban al poder, iban a promover “una reforma del sistema de elección del CGPJ para que, conforme a la Constitución, doce de sus veinte miembros sean elegidos entre y por jueces y magistrados de todas las categorías”. Una vez que se ha visto la luz y se ha caído del caballo, el converso debe saber continuar su camino en el sentido correcto. La reforma del delito de sedición sirve como excusa, pero su paralización no puede ser el objetivo de unas negociaciones que en ningún caso pueden concluir con la entrega al socio de Otegui y Junqueras, de un CGPJ cuyos miembros sigan siendo políticos con toga y puñetas.


Publicado el 01/11/2022 en Okdiario

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