El partido del prófugo Carles Puigdemont, en plena negociación para la investidura de Pedro Sánchez, ha registrado un informe en el Parlamento de Cataluña en el que exige al Estado el pago de una supuesta deuda histórica de 450.000 millones de euros. El cálculo es el resultado de valorar «los incumplimientos y las políticas llevadas a cabo por el Estado español» durante las últimas décadas en relación con Cataluña, y alcanza esta cifra sumando 50.900 millones en déficit de infraestructuras, 375.000 millones en partidas sociales y 30.000 millones en pensiones en los últimos 40 años «de infrafinanciación».
Reclaman dotar a Cataluña de una especie de régimen foral similar al vasco y al navarro, para que cuenten con su propia Hacienda, recauden todos los impuestos, se queden con ese dinero y den al Estado una cantidad anual en pago por los servicios que la Administración central les presta. Esos 450.000 millones de euros serían la diferencia entre los impuestos pagados por los contribuyentes catalanes y la inversión y las transferencias de recursos realizada por el Estado a Cataluña, según sus supuestas cuentas.
La cifra es tan elevada que cuesta trabajo comprenderla, así que vamos a compararla con otras magnitudes para hacernos una idea. Puigdemont exige el pago del doble del Producto Interior Bruto (PIB) de Cataluña, que es la segunda economía de España, después de Madrid. Esto significa que quiere que se le pague el valor de todos los bienes y servicios que se producen en Cataluña durante dos años. En relación al PIB total de España, el prófugo catalán exige la tercera parte del valor de todos los bienes y servicios producidos durante un año en todo el país. Desde otro punto de vista, el chantaje se eleva al gasto en pensiones de toda España durante más de 3 años.
Con el dinero que está reclamando Puigdemont, si Sánchez quiere ser investido se podrían construir más de 32.000 kilómetros de AVE, que son más de 73 veces el interminable tren de alta velocidad de Extremadura. El total de la deuda pública de España aumentaría en más de una tercera parte, con lo que el Estado pasaría a deber dos billones de euros, lo que supone más de 1,5 veces el PIB de toda España. Para los que todavía se manejan en la antigua moneda, 450.000 millones de euros son más de 75 billones de pesetas, con b de barbaridad. La faraónica Exposición Universal de Sevilla de 1992 tenía un presupuesto de 1.104 millones de euros que acabaron convertidos en 5.600 millones de euros, convoluto incluido. Pues bien, Junts está reclamando una cifra que daría para levantar 80 Expo como la de Sevilla. Tan sólo el típico tres per cent, que es ese mínimo 3% de comisiones que el socialista Pasqual Maragall acusó de cobrar al convergente Artur Mas de todas las obras de la Generalidad, se elevaría a 13.500 millones de euros, que no está mal para la jubilación de Puigdemont.
Es difícil averiguar las intenciones de un demente y tanto Puigdemont como Sánchez han dado sobradas muestras de resultar absolutamente impredecibles. No obstante, la disparatada cifra de 450.000 millones de euros apunta a la posibilidad de que Junts haya querido poner sobre la mesa una barrera infranqueable hasta para alguien con tan pocos límites como nuestro presidente del Gobierno en funciones. En realidad, a Puigdemont le debe importar muy poco que la investidura la saque adelante el PSOE o el Partido Popular, esa no es la liga en la que él juega. Su único interés está en las elecciones al Parlamento de Cataluña, que es donde compite contra ERC. Es posible que incluso le resulte más apetecible un Gobierno central del PP con VOX para, de nuevo, volver a movilizar a su electorado a la contra y sacarlos a la calle.
La antigua Convergencia y Unión era un partido conservador que lo mismo podía pactar con la izquierda que con la derecha. Pero Junts per Catalunya ya no es eso, ahora no tiene una ideología que encaje dentro del eje izquierda-derecha, sino que se ha quedado con los más ultras de entre los independentistas catalanes. No tienen sitio dentro de ningún Gobierno progresista, como dice ser el del PSOE y Sumar, y les importa muy poco que el electorado de izquierdas le pueda echar a ellos la culpa de una repetición electoral. Al contrario, les serviría para presumir de no ser colaboracionistas con el Estado, sino de haber contribuido a su desestabilización, diferenciándose así de los de ERC en su pugna por la primacía del secesionismo y por manejar los millones del presupuesto de la Generalidad, 3% incluido.
Así que si Sánchez, además de las anticonstitucionales amnistía y autodeterminación, también se tragara esta barbaridad de deuda histórica, no sería de extrañar que Puigdemont pusiera sobre la mesa otra nueva exigencia aún más disparatada que las anteriores, que cualquiera sabe si también se la aceptaría Sánchez o pensaría que le resulta más barato ir a unas nuevas elecciones, presumiendo encima de, al final, haberse negado a aceptar los chantajes de Puigdemont. Éste es un juego entre tramposos en el que sólo está claro que los que vamos a perder seremos los demócratas.
Publicado el 21/09/2023 en Okdiario
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