La Sala de Vacaciones del Tribunal Constitucional, formada por dos magistrados conservadores y una progresista, ha rechazado el recurso de amparo interpuesto por Carles Puigdemont contra la decisión del juez Pablo Llarena de solicitar su extradición para ser juzgado en España por desobediencia y malversación agravada, que son los delitos que se le imputan desde que Sánchez acordó con ERC derogar el delito de sedición a cambio de su apoyo. La extradición fue solicitada cuando el golpista prófugo perdió su inmunidad por decisión del Parlamento Europeo, ratificada por el Tribunal General de la Unión Europea. El motivo por el que se ha podido dar esta mayoría de magistrados de derechas en la Sala de Vacaciones ha sido porque el ex ministro socialista Juan Carlos Campo, pareja de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha cambiado su turno de vacaciones pues quería veranear en la primera quincena de agosto.
La reacción de los separatistas de Junts no se hizo esperar. La presidenta del partido, Laura Borràs, condenada con una pena de prisión de cuatro años y medio y trece años de inhabilitación por prevaricación y estafa para favorecer a un amigo cuando era presidenta del Parlamento de Cataluña; publicó un tuit diciendo que: “El aparato judicial actuó en la campaña electoral y ahora actúa pensando en la investidura. No fallan. Resuelven en tiempo récord, en agosto… En España no hay separación de poderes; de hecho, algunos intentan que exista sincronización de poderes”. Lo de que en España no hay separación de poderes no hay quien se lo discuta, viendo como el sanchismo maneja las instituciones judiciales. Por su parte el secretario general de Junts, Jordi Turull, indultado por Sánchez de los delitos de malversación y sedición por los que había sido condenado a doce años de cárcel, ha dicho que: «Hace muchos años que el trabajo del TC es decorar jurídicamente una estrategia de Estado contra el independentismo. Y esta estrategia no cierra por vacaciones». Como si fuera extraño que cualquier Estado se defienda de los que, como ellos, lo pretenden destruir, que es lo que debería hacer España si no estuviéramos en manos de Sánchez.
Pero inmediatamente ha salido la Fiscalía del Tribunal Constitucional al rescate de los intereses del sanchismo. El presidente en funciones empieza así a pasar por el aro que manejan los de Junts, ya que sabe muy bien que no podrá ser investido si no se lo permite Puigdemont. Sólo habían pasado unas horas desde que el Tribunal Constitucional dio a conocer su decisión cuando, en plena tarde de agosto, con 41 grados a la sombra de Madrid, la Fiscalía del TC se reunió y anunció rápidamente que, en septiembre, recurrirá esta decisión presentando un recurso de súplica, basado en que, en su opinión, no existe una urgencia que obligue a la intervención de la Sala de Vacaciones y que sobre esta cuestión debe pronunciarse el Pleno del Constitucional, donde la izquierda cuenta con mayoría.
Casualidades del destino, tenemos ahora que recordar cuáles fueron las circunstancias en las que Sánchez pronunció aquella famosa frase presumiendo de que la fiscalía depende de él. El 6 de noviembre de 2019 Pedro Sánchez era entrevistado en Radio Nacional de España como presidente en funciones y candidato del PSOE en las elecciones generales que se tuvieron que repetir después de que en las de abril de ese mismo año ningún candidato lograse los apoyos suficientes para ser investido. Unos días antes, en el único debate televisado entre los cinco candidatos, el del PSOE le dijo al candidato del PP: «A ustedes, señor Casado, se les fugó Puigdemont. Y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española». Pues bien, en esa entrevista en RNE, el periodista le preguntó cómo pensaba cumplir su promesa de traer al fugado. Y fue entonces cuando, con la chulería que le caracteriza, Sánchez contestó: «¿De quién depende la Fiscalía? Del Gobierno. Pues ya está», dijo encogiéndose de hombros.
Como promesa electoral, para conseguir votos, Sánchez prometió que usaría a la Fiscalía para hacer que Puigdemont fuera juzgado. Cuatro años después, cuando necesita los votos de Puigdemont para ser investido, utiliza a esa misma Fiscalía para evitar que la justicia pueda actuar contra él. Esto es lo que han votado casi 8 millones de españoles. Nadie podrá decir que no tenemos lo que nos merecemos.
Publicado el 10/08/2023 en Okdiario
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