Una forma sencilla de distinguir una democracia de una tiranía consiste en comprobar si existe o no separación de poderes. En las democracias, la autoridad o soberanía, que reside en el pueblo, es delegada por éste en los tres poderes tradicionales: legislativo, ejecutivo y judicial. Para ello, se eligen democráticamente a unos representantes en los que el pueblo delega la capacidad de redactar leyes, que es el poder legislativo ejercido por diputados y senadores.
Del mismo modo, el pueblo elige democráticamente a otros representantes distintos, para que administren esas leyes, estos conforman el poder ejecutivo, o sea, el Gobierno. Y finalmente, el pueblo decide la forma en que se va a ejercer el Poder Judicial. En nuestro caso, los españoles decidimos al aprobar nuestra Constitución que «la justicia se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley».
A estos tres poderes tradicionales se unió en el siglo XIX un mal llamado cuarto poder que se atribuye a la prensa, como control y garante de los tres anteriores. En realidad, llamar poder a la prensa es una tremenda exageración. Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, en la medida en que ejercen de forma delegada la soberanía del pueblo, tienen unas capacidades para cambiar las leyes, aplicarlas y asegurar su cumplimiento del que carece absolutamente la prensa. Pero es cierto que la existencia de una prensa libre e independiente, en un entorno en el que se respete la libertad de expresión, es una garantía democrática que impedirá los abusos en el ejercicio del poder.
A diferencia de los sistemas democráticos, en las tiranías los tres poderes los ejerce el tirano, que es quien redacta las leyes, las ejecuta y asegura su cumplimiento. Y para poder controlar a su voluntad tanto la justicia, como el Parlamento y el Gobierno, el tirano también someterá a la prensa, para que el pueblo reciba sólo la información que él quiera hacerles llegar.
Supongamos un país imaginario en el que un gobernante consiguiera hacerse con el control absoluto de uno de sus principales partidos políticos, eliminando de sus órganos cualquier atisbo de oposición. Que, una vez dominado ese partido político, se presentase a unas elecciones democráticas prometiendo que iba a hacer ciertas cosas y que de ninguna manera haría otras distintas. Que consiguiese los votos suficientes para hacerse con el poder, a condición de incumplir todas sus promesas electorales, como le exigen sus socios parlamentarios. Que, una vez dominado el Gobierno, se dedicara a enchufar a su esposa y a su único hermano, para que ambos se forren gracias a él. Que la prensa libre denunciase estos chanchullos y la justicia independiente decidiera investigarlos.
Si ante estos supuestos hechos, el dirigente imaginario presentase su dimisión para que los jueces pudieran llegar hasta el final en sus investigaciones sin ninguna injerencia, estaríamos en una democracia. Pero si, por el contrario, la reacción del gobernante fuera amenazar a la justicia con arrebatarle sus funciones jurisdiccionales y, al mismo tiempo, advertir a la prensa libre de que va a ser castigada por atreverse a investigar a su familia; ese dirigente encajaría a la perfección en la definición de tirano
Sin prensa libre, justicia independiente y separación de poderes, aunque haya urnas no habrá democracia. La forma como Pedro Sánchez ha reaccionado contra la oposición, el sistema judicial español y los medios de comunicación independientes al conocer la imputación de su esposa y su hermano es la típica de un tirano. Los españoles no podemos confiar en que las instituciones europeas vengan aquí a defender nuestra democracia. Pedro Sánchez va a intentar convertirse en tirano, tiene claro que son los jueces y los medios de comunicación los únicos que lo pueden frenar y por eso su ataque ha sido tan claro y directo.
Publicado el 13/06/2024 en Okdiario
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