Hace unos meses, el 23 de marzo de 2021, cuando Pedro Sánchez no necesitaba los votos de Puigdemont para levantar su muro que impide gobernar a la derecha; la Mesa del Congreso de los Diputados decidió, con los votos del PSOE, PP y Vox, no admitir a trámite la Proposición de Ley Orgánica de Amnistía y resolución del conflicto político entre Cataluña y el Estado español, que había sido presentada por ERC, Junts, el PDeCAT y la CUP. Esta decisión se basó en el informe que había elaborado previamente la Asesoría Jurídica del Congreso, dirigida por el letrado mayor de las Cortes Generales y secretario general del Congreso de los Diputados, que entonces era don Carlos Gutiérrez Vicén, quien ha sido sustituido hace un mes.
En su informe jurídico, los letrados del Congreso afirmaron que la amnistía no consistía en otra cosa que en un «indulto de carácter general» camuflado, que están expresamente prohibidos por el artículo 62.I de la Constitución. Para llegar a esta conclusión afirmaron que la proposición de ley pretendía que «queden amnistiados todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuera su resultado, tipificados como delitos o como conductas determinantes de responsabilidad administrativa, llevadas a cabo desde el 1 de enero de 2013 y hasta el momento de la entrada en vigor» de esta norma, previendo que «se entenderá como intencionalidad política cualquier hecho vinculado a la lucha democrática por la autodeterminación de Cataluña». Argumento jurídico que es totalmente trasladable a la actual propuesta socialista.
Para evitar que los mismos letrados del Congreso que en marzo de 2021 informaron en contra de la amnistía rechacen la propuesta actual, el PSOE ha sustituido como letrado mayor de las Cortes a don Carlos Gutiérrez Vicén por Fernando Galindo, quien hasta ese momento era un alto cargo de la ministra y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y que antes de eso había sido vocal del PSOE en la Junta de Distrito de Chamartín del Ayuntamiento de Madrid; y además está casado con la directora general de Relaciones con las Cortes del Ministerio de Presidencia que dirigía entonces el socialista Félix Bolaños. Motivo por el que a nadie le extrañó ver al nuevo letrado mayor de las Cortes, Fernando Galindo, aplaudiendo como un diputado socialista más durante el sectario mitin que Francina Armengol soltó en la Sesión de apertura de la XV legislatura.
El único argumento jurídico por el que, cuando ahora Pedro Sánchez necesita los votos de Puigdemont para ser investido, los letrados del Congreso han hecho un informe que permite a la Mesa del Congreso tomar en consideración una Proposición de Ley de Amnistía que hace unos meses consideraron inconstitucional, es porque el PSOE ha sustituido al letrado mayor por un ex alto cargo socialista, casado con una alto cargo socialista, que aplaude los discursos más sectarios de la socialista Armengol. No hay más.
Pero una vez que el Congreso apruebe la amnistía, la Proposición debe ser remitida al Senado, donde existe otra mesa que tiene a su vez otra asesoría jurídica dirigida por un letrado mayor del Senado, don Manuel Cavero Gómez, que lleva ejerciendo su cargo ininterrumpidamente desde hace 21 años, cuando lo nombró el entonces presidente del Senado, Juan José Lucas, del Partido Popular. Los reglamentos del Congreso y del Senado dicen prácticamente lo mismo acerca de la tramitación de proposiciones de ley. Así, por ejemplo, el artículo 31. 4º del Reglamento del Congreso afirma que corresponde a la Mesa «calificar, con arreglo al Reglamento, los escritos y documentos de índole parlamentaria, así como declarar la admisibilidad o inadmisibilidad de los mismos». Por su parte, el Reglamento del Senado en su artículo 36. C señala que es función de la Mesa «calificar, con arreglo al Reglamento, los escritos y documentos de índole parlamentaria, así como decidir sobre su admisibilidad y tramitación». Prácticamente calcado.
En base a su Reglamento y a la Constitución española, cuando Sánchez no necesitaba los votos de Puigdemont, los letrados del Congreso informaron en contra de la tramitación de una inconstitucional Proposición de Ley de Amnistía. Ahora, los letrados del Senado sólo tienen que copiar sus argumentos para hacer un informe igual al que hicieron los letrados del Congreso en 2021, con el que la Mesa del Senado, con mayoría absoluta del Partido Popular, pueda rechazar admitir a trámite esta nueva Proposición de Ley de Amnistía. No existe ningún motivo para que el PP no vote ahora lo mismo que votó en 2021 y rechace en el Senado una amnistía como la que entonces se negó a tramitar en el Congreso. Hay que resistirse al golpe.
Publicado el 05/12/2023 en Okdiario
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