Sánchez se niega a declarar por su alergia a decir la verdad

 

Igual que hizo su esposa, la imputada Begoña Gómez, ahora es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien se ha negado a declarar ante el juez Juan Carlos Peinado en la Moncloa, en la causa que investiga a su mujer por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Y además ha ordenado a la Abogacía del Estado querellarse contra el juez Peinado por prevaricación. Se acoge al derecho previsto en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que el cónyuge está dispensado de la obligación de declarar «en contra del procesado». Es decir, cuando Pedro Sánchez se ha acogido a su derecho a no declarar está reconociendo que todo lo que pudiera decir iría en contra de su esposa.

Este derecho a no declarar en contra de Begoña Gómez, no sería aplicable con respecto a las preguntas que el juez quería plantearle a Pedro Sánchez en relación con los otros dos imputados, el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache y el empresario Juan Carlos Barrabés; por lo que, al negarse también a contestar estas preguntas, está reconociendo que sus respuestas a este respecto también perjudicarían a su imputada esposa.

Desde que lo conocemos, Pedro Sánchez nos ha acostumbrado a sus constantes mentiras, pero como testigo no habría podido mentir, ya que el artículo 458 del Código Penal establece el delito de falso testimonio que podría llevarle a prisión: «El testigo que faltare a la verdad en su testimonio en causa judicial, será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y multa de tres a seis meses». No pudiendo mentir ante el juez, la única opción que le quedaba a Pedro Sánchez era cerrar la boca.

Negándose a colaborar con la Justicia, Pedro Sánchez y Begoña Gómez vuelven a demostrar que viven en el embuste permanente. Han sido infinitas las veces que ambos han repetido que estaban deseando colaborar con la Justicia para esclarecer la inocencia de la mujer del presidente, en lo que siempre han calificado como un montaje de la máquina de fango de la ultraderecha. Hasta que ha llegado el momento de hacerlo y ninguno de ellos ha perdido la oportunidad de demostrar que estaban mintiendo y se han negado a colaborar con la Justicia.

Si todo fuera un bulo de la ultraderecha, ni Sánchez ni su imputada esposa tendrían justificación para negarse a declarar. Sería sencillísimo ponerse delante del juez y responder a sus preguntas para demostrar que no se tiene nada que ocultar y que su actuación ha sido clara y legal. Se les acusa de que hicieron acudir a la Moncloa al rector de la Complutense para utilizar la influencia del presidente del Gobierno y así conseguir que la universidad pública contratara para dirigir una cátedra a una mujer que no tenía estudios universitarios y no estaba en posesión más que de un titulín de una academia privada. Si esto fuera falso, sería facilísimo demostrarlo: mire usted, señoría, aquí está mi título universitario que me capacita para ese empleo, por ejemplo; o aquí tiene el registro de visitas a la Moncloa, en el que usted podrá comprobar que el rector de la Complutense jamás estuvo aquí.

También se les acusa de haber favorecido con multitud de contratos públicos y subvenciones al empresario que ayudó a Begoña Gómez a montar esa cátedra, lo cual aún sería más fácil de demostrar si fuera falso, poniendo ante el juez todas las explicaciones y documentación que lo demostrase. Igual que respecto a las acusaciones de haber registrado a su nombre unas aplicaciones pagadas con dinero público, usando la cátedra para sus negocios privados. Es facilísimo; se le muestran al juez las cuentas y los registros y se aclara todo. Pero si se niegan a acreditar que todo de lo que les acusa es mentira, los ciudadanos tenemos derecho a presumir que es cierto, porque la presunción de inocencia sólo aplica para no ser condenado sin pruebas en los juzgados y la opinión pública debe siempre defenderse contra los corruptos que mienten para aferrarse al poder.

Publicado el 30/07/2024 en Okdiario

Fue un golpe de Estado y son golpistas

 

Pedro Sánchez ha amnistiado e indultado a quienes, en octubre de 2017,
protagonizaron un golpe de Estado en Cataluña, y solamente gracias a esas
cesiones es presidente del Gobierno. Esto lo decíamos exactamente así todos
aquellos que en España creemos en la democracia y defendemos la Constitución, pero ahora lo ha confirmado el Tribunal Supremo, que no olvidemos que es el órgano judicial que se encuentra en lo más alto del poder judicial español, ya que el Constitucional es un órgano político y no judicial.

Los hechos ocurridos a consecuencia del proceso independentista catalán de octubre de 2017 que han sido amnistiados por Pedro Sánchez, incumpliendo sus promesas electorales a cambio de los votos que le permitieron ser investido, constituyen un intento de golpe de Estado, y así lo repite hasta en 10 ocasiones el auto en el que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo promueve la cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 1 de la Ley de amnistía.

Explica el alto Tribunal que ellos usan la expresión golpe de Estado «no en un sentido estrictamente político, fuera para ensalzarlo o para denostarlo, sino arraigado en el concepto que de golpe de Estado proporcionan, ya desde antiguo, las enseñanzas de Hans Kelsen», prestigioso jurista y filósofo austríaco que ya a finales del siglo pasado definió golpe de Estado como «una modificación o una sustitución de la Constitución que no se realiza conforme a las disposiciones constitucionales».

Efectivamente, nuestra Constitución no permite que ninguna Comunidad Autónoma declare su independencia de España, como tampoco lo autoriza el Tratado de la Unión Europea; luego quienes lo hicieron intentaron dar un golpe de Estado, ya que trataron de alterar el orden constitucional sin seguir los cauces legales establecidos para ello; y todos los delitos por los que fueron condenados los golpistas y ahora se pretenden amnistiar, iban encaminados a lograr el éxito de aquel golpe de Estado felizmente fallido, que trató de atentar gravemente contra nuestro orden constitucional.

Afortunadamente en España y por mucho que le pese a Sánchez, todavía existe separación de poderes y los hechos probados sólo pueden dictaminarlos los jueces y no los políticos que se sientan en las Cortes ni los que ocupan un puesto en el Tribunal Constitucional. El sistema judicial español demostró, con la ayuda de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que Bildu formaba parte de ETA y así lo sentenció, aunque luego vinieran los políticos a blanquear a los etarras permitiéndoles primero presentarse a las elecciones, como hicieron los políticos del Tribunal Constitucional, para posteriormente poder pactar con ellos, como hicieron más tarde los políticos del PSOE; los hechos probados siempre acreditarán que ETA no ha desaparecido, sino que se ha transformado en Bildu y sólo de momento, ha dejado de matar para lograr sus objetivos.

Del mismo modo el sistema judicial español ha determinado que Pedro Sánchez ha indultado y está intentando amnistiar a unos golpistas, a cambio de los votos que le permiten gobernar. Y estos hechos no podrán tampoco ser cambiados ni por los políticos del Congreso, ni por los del Tribunal Constitucional, que a lo mucho que pueden aspirar es a pronunciarse acerca de si los golpistas pueden ser amnistiados.

Del mismo modo que no se puede llamar terrorista al que colabora con ETA sin entrar a formar parte de la banda asesina, como por ejemplo hizo el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, por lo que en 1996 fue condenado por la Audiencia Nacional a 14 años de prisión; tampoco se puede decir que  el que pacta con los golpistas se convierta en uno de ellos. Pero igual que ya era correcto afirmar que Sánchez es socio de proetarras, a partir de ahora y gracias al Tribunal Supremo podemos afirmar que es presidente del Gobierno porque cedió ante sus socios golpistas.

Publicado el 25/07/2024 en Okdiario

La desvergüenza de Sánchez es infinita

 

El abogado de la mujer de Sánchez dice un día delante de los micrófonos de la prensa que Begoña Gómez está deseando colaborar con la Justicia para aclarar su situación y una semana más tarde explica que se ha negado a declarar delante del juez porque él se lo ha recomendado. Y no pasa nada. Nadie se sorprende porque es el desvergonzado comportamiento al que nos hemos acostumbrado. Dejó dicho el poeta griego Sófocles, autor de Antígona y Edipo rey, que «viviendo con disolutos no se aprenden más que vergüenzas». Y qué razón tenía. Parece que es muchísimo más, pero sólo han pasado 10 años desde que, a finales de julio de 2014, Pedro Sánchez sucedió a Alfredo Pérez Rubalcaba como secretario general del PSOE; pero qué largos se han hecho.

En los 10 años que Sánchez lleva ocupando la primera línea en la política española, la degradación pública ha tenido la pendiente del Tourmalet. Los 17 kilómetros seguidos con un desnivel medio del 7,3% de la carrera ciclista francesa no son nada al lado del envilecimiento al que Pedro Sánchez nos ha acostumbrado. Empezó fuerte, pero nunca ha aflojado, sino que, por el contrario, cada vez ha ido a más llegando a este punto en el que ya nada puede resultar inesperado. Nadie se sorprende. Es imposible asombrarse. Ya todos sabemos que Sánchez siempre va a ser capaz de lo peor que cualquiera se pueda imaginar.

Enchufar al hermano para un cargo público extraordinariamente retribuido, para el que no está preparado, es muy fuerte. Pero eso no es nada para Sánchez. A eso él es capaz de sumarle que el hermano cobre sin ir a trabajar y nadie le diga nada. Parece el colmo, pero con Sánchez nunca se alcanza. Para mayor desfachatez, el hermano se domicilia fiscalmente en Portugal y no paga impuestos en España. Y nadie se cree que eso se vaya a quedar ahí. Siempre hay más; mucho más. Lo enchufa en otro puestazo en el Teatro Real. Le dan millones de euros para sus operetas de pacotilla. Su patrimonio se dispara inexplicablemente. Y nadie piensa que esto se haya acabado ahí. Todos sabemos que habrá mucho más.

Darle a su mujer la dirección de una cátedra universitaria sin tener ella nada más que un titulín de una academia privada, parece una barbaridad. Pero para Sánchez es peccata minuta. El presidente del Gobierno es capaz de sumarle a eso que su mujer explote una sociedad mercantil en la que se aproveche de los medios de la universidad pública en beneficio propio, dedicándose a enseñar a captar los fondos públicos que reparte su marido, y no pararse ahí. No les importa que nos enteremos de que anda firmando cartas de recomendación con su nombre y apellidos para que a su socio le adjudiquen contratos públicos que dependen directamente de Sánchez, sencillamente porque no les importa nada.

A Sánchez lo conocimos metiendo votos en una urna escondida detrás de una cortina, tratando de falsificar el resultado del Comité Federal del PSOE que finalmente lo descubrió y le obligó a dimitir. Al poco tiempo supimos que su tesis doctoral Cum Fraude estaba completamente plagiada con material del Ministerio de Industria, y que se la había hecho un investigador que trabajaba para ese departamento en la etapa de Zapatero. Nada más estrenar el Falcon se llevó a los amigos de farra a un concierto en Benicássim. Sin cortarse un pelo se organiza visitas de 15 minutos a empresas, para justificar viajes en Falcon a actos del partido. Indulta a los que prometió no indultar. Pacta con los que juró no pactar. Usa como marionetas al Fiscal General del Estado y al presidente del Tribunal Constitucional… y todos sabemos que esto no es nada y que será capaz de mucho más porque, como dice el refrán, la vergüenza cuando sale ya nunca vuelve a entrar.

Publicado el 23/07/2024 en Okdiario

La ‘Ley Mordaza’ contra la prensa libre nos va a salir a cobrar

 

Al final la Ley Mordaza contra la prensa libre nos va a salir a cobrar. El miércoles, Pedro Sánchez acudió al Congreso, se suponía que para presentar su anunciado plan de «regeneración y calidad democrática», que es la forma como va a intentar acallar a los medios de comunicación que publicamos noticias sobre la imputación de su mujer, Begoña, la vendehúmos; su hermano, David, el flojo; y su admirado amigo Koldo, ese al que califica desde su cuenta de Facebook como «el último aizkolari socialista» y «un ejemplo para la militancia».

Sin concretar en qué va a consistir dicho plan, Sánchez habló fundamentalmente de la aplicación del Reglamento Europeo sobre Libertad de Medios de Comunicación, que, por otro lado, es de obligado cumplimiento y está previsto para todo lo contrario de lo que Sánchez pretende hacer, es decir, es una norma diseñada para garantizar la independencia de la prensa contra la injerencia política que pretende el marido de la imputada Begoña Gómez. Sánchez se ha dado de plazo todo el verano y ha encargado al comunista Ernest Urtasun, ministro de Cultura, quien, junto al muñidor de la amnistía a los golpistas, Félix Bolaños, ministro de Justicia y Presidencia; deben negociar con el resto de grupos parlamentarios unas medidas que aún no se sabe en qué consistirán.

Pero de lo que sí habló Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados fue de una modificación de la Ley de Publicidad Institucional para incorporar «transparencia» en la financiación con recursos públicos de los medios digitales porque, según ha lanzado, «no es aceptable que, con recursos públicos, se esté financiando la desinformación y los bulos». Dijo Sánchez que «los ciudadanos deben conocer las fuentes de financiación de los medios de comunicación, el nombre de sus accionistas y las cifras de audiencia de forma honesta, para evitar fraudes en la inversión publicitaria por parte de gobiernos de nuestra democracia» y defendió la necesidad de «limitar la financiación de las administraciones públicas para que no haya medios de comunicación que tengan más financiadores públicos que lectores y asegurar que no haya partidos políticos que compren líneas editoriales con el dinero de todos los contribuyentes».

Así que al final nos va a salir a cobrar. OKDIARIO ha sido por segundo año consecutivo el segundo diario digital más leído de España, según el informe de Reuters y Oxford. Con una audiencia media diaria de 1,5 millones de usuarios únicos, según el medidor oficial GfK, OKDIARIO está entre los 10 periódicos digitales generalistas más leídos en España. Las Navidades pasadas, Pedro Sánchez puso en marcha el mayor plan de propaganda institucional de la historia, con 440 millones de euros; habiendo disparado el gasto en propaganda un 500% desde que llegó a La Moncloa; de tal forma que hasta la Unión Europea ha alertado sobre el «aumento de propaganda» de Sánchez, que «se puede usar para recompensar a medios afines».

Pero Moncloa se niega a informar con qué criterios reparte entre sus medios afines esta millonaria publicidad institucional, motivo por el que ha sido reprendido numerosas ocasiones por el Consejo de Transparencia. Pero, además, la multimillonaria publicidad comercial que realizan empresas públicas como Loterías y Apuestas del Estado, Correos, Renfe, Adif, Aena, etc., carece de regulación por lo que no está sometida a ningún mecanismo de control y transparencia, adjudicándose a través de agencias que actúan como intermediarias y ocultan cómo se reparten esos fondos entre los medios de comunicación.

Así que si la Ley Mordaza contra la prensa que anuncia Pedro Sánchez sirve para que la publicidad de las instituciones y empresas públicas comience por fin a repartirse entre los medios de comunicación con transparencia y en función de las audiencias reales y no como Moncloa ha venido haciendo hasta ahora, al final, nos va a salir a cobrar.

Publicado el 18/07/2024 en Okdiario

Menos parar rotativas y más dimisiones

 

Carlos Barrabés, el socio de Begoña Gómez, ha declarado ante el juez que se reunió al menos en dos ocasiones con Pedro Sánchez y Begoña Gómez en La Moncloa, además de otras 6 veces en las que acudió al palacio presidencial para reunirse con Begoña sin la presencia de su marido. «Paren rotativas», comenta al respecto la portavoz del PSOE, Esther Peña, y añade: «Es que no hay nada de nada. Porque si a alguien le parece mal que el presidente de un país mantenga reuniones con empresarios, no sería un país serio, como es España».

Puede que, por poco habitual que resulte, no sea delito que el Presidente del Gobierno reciba en su residencia oficial a un pequeño empresario. Al juez que instruye la causa contra Begoña Gómez lo que le interesarán conocer son las consecuencias de los acuerdos que se alcanzasen en dichas reuniones, para así concluir si en ellas se delinquió o no. Pero todos debemos tener claro que, con independencia de que finalmente se pueda demostrar o no la comisión de algún delito, que el presidente del Gobierno haya recibido en su residencia oficial al menos en dos ocasiones al socio de su mujer, imputada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, es una noticia que debe parar las rotativas hasta que se den las explicaciones que justifiquen un comportamiento que, como mínimo ética y moralmente, resulta cuestionable.

Porque, por mucho que pretenda confundirnos la portavoz del PSOE, Carlos Barrabés no es un pequeño empresario como los demás. En primer lugar, porque al resto de miles de pequeños empresarios que luchan, compiten, crean empleos y pagan impuestos en España, no los recibe en Moncloa el presidente del Gobierno. Y, en segundo lugar, porque el PSOE está obligado a demostrar que al pequeño empresario Carlos Barrabés no lo ha recibido al menos dos veces Pedro Sánchez en su residencia oficial única y exclusivamente por ser el socio estratégico de Begoña Gómez que le ha permitido disfrutar de una cátedra en la universidad pública sin estar en posesión de ninguna titulación universitaria.

Hay numerosos indicios que apuntan a que Carlos Barrabés se ha visto muy favorecido por su relación con Pedro Sánchez y su mujer. Sus empresas dispararon sus ventas y sus beneficios coincidiendo con la época de la pandemia, cuando, casualmente, comenzaron sus relaciones con Sánchez y su esposa. Las empresas de Barrabés recibieron contratos del Gobierno por más de 15 millones de euros tras las cartas de recomendación que le firmó Begoña Gómez. El total de contratos recibidos por el grupo de empresas de Barrabés, procedentes de ocho ministerios diferentes, ascienden a más de 22 millones de euros, alguno de ellos autorizados por Sánchez de su puño y letra. Hasta las carísimas bicicletas eléctricas de montaña para Pedro Sánchez se las compra a Barrabés el Ministerio de Presidencia.

Tras la reunión del Comité Ejecutivo Federal celebrado en Ferraz, fuentes socialistas se preguntaron: «¿Qué se ha llevado Begoña?; ¿Cuál ha sido su beneficio económico?». Como si esa fuera la única forma de que el juez que la está investigando pudiera acreditar la comisión de los delitos que le imputa y ella no hubiera obtenido ningún beneficio del enriquecimiento de su socio. Para que alguien se pueda creer que Begoña Gómez estuviera favoreciendo de forma altruista a Carlos Barrabés, llegando incluso a firmarle cartas de recomendación para que la administración pública dependiente de su marido le adjudique contratos millonarios, este empresario debería ser uno más de los muchos empresarios a los que la mujer de Pedro Sánchez ayudase gratuitamente, como parte de la actuación filantrópica a la que se dedicara la esposa del presidente del Gobierno.

Pero eso no es verdad. Begoña Gómez no se dedica a ninguna actividad filantrópica, sino a hacer negocios. Además, su campo de actuación no está relacionado con ningún tipo de ayuda humanitaria, sino que se promociona como experta en la captación de los fondos públicos que reparte su marido. Y casualmente al único empresario al que ayuda Begoña es el que, a su vez, la ayuda a ella a adjudicarse y gestionar una cátedra en una universidad pública para la que carece de la formación imprescindible.

Como dijo Aristóteles: «Así como los ojos de los murciélagos se ofuscan a la luz del día, de la misma manera a la inteligencia de nuestra alma la ofuscan las cosas evidentes». Con independencia de que la justicia logre demostrar los delitos de corrupción que se imputan a Begoña Gómez, sólo con lo que ya sabemos sobre sus actuaciones, si España fuera el país serio del que habla la portavoz del PSOE, Pedro Sánchez habría dimitido ya.

Publicado el 16/07/2024 en Okdiario

Nacho Cano es músico, como el hermano de Sánchez

 

A la hora de los telediarios del pasado martes día 9, la Ser y El País adelantaban la noticia de que el músico Nacho Cano había sido detenido, acusado de contratar irregularmente a inmigrantes para su espectáculo, Malinche. A primera hora de la mañana del día siguiente, OKDIARIO informó de que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), estaba registrando las dependencias de la Diputación de Badajoz en busca de documentación del hermano músico de Pedro Sánchez. Ambas actuaciones policiales separadas por menos de 18 horas hacen que algunos sospechemos que el ministerio dirigido por Marlaska se ha adelantado con Nacho Cano para usarlo como cortina de humo sobre David Sánchez. Hay que saber que las actuaciones contra Nacho Cano las dirigió el comisario Alberto Carba, íntimo amigo del jefe superior de la Policía Nacional en Madrid, el comisario principal Manuel Soto Seoane, protagonistas ambos de la represión de los manifestantes contra el PSOE de la calle de Ferraz.

Con toda seguridad los máximos responsables del ministerio de Marlaska conocían las actuaciones que se iban a llevar a cabo en Badajoz unas horas después, cuando decidieron adelantarse con unas actuaciones claramente precipitadas y desproporcionadas contra el músico madrileño, quien, junto a sus becarios, a su vez denuncian una actuación policial en la que, dicen: «Amenazaron con deportarnos si no le acusábamos». En ese mismo sentido el sindicato policial Alternativa Sindical de Policía (ASP) insiste en que «podría tratarse de una operación de carácter político contra Nacho Cano, orquestada desde el Ministerio del Interior y llevada a cabo por mandos policiales sumisos al ministro Marlaska», generando una noticia que sirviera para tapar la que se iba a producir inminentemente y que afectaba al hermano músico de Pedro Sánchez.

Las acusaciones que pesan sobre Nacho Cano podríamos calificarlas de «administrativas». Si se demuestra lo que dice la policía y que él niega, quizá alguna de sus empresas podría ser sancionada con algún tipo de multa por no haber tramitado algún papel como las autoridades exigen, o quizá todavía está en plazo de presentar la documentación requerida y no pueda ser ni siquiera multado, como afirman sus abogados. Lo que es evidente es que sus actuaciones han sido transparentes, la llegada a España de los estudiantes mexicanos becados fue celebrada por la Embajada de México en España y las becas fueron entregadas públicamente por el embajador en persona. Por el contrario, el hermano músico de Pedro Sánchez está imputado por los delitos de malversación, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, tráfico de influencias y prevaricación, que son temas muy serios y no se sustancian con una simple multa administrativa.

Nacho Cano es músico y ha sido detenido por la policía de Marlaska. David Sánchez también es músico, pero nunca ha sido detenido por Marlaska, pese a estar acusado de graves delitos.

Nacho Cano tiene una trayectoria de más de 40 años como compositor, productor discográfico, director de escena y empresario. Ha sido premiado varias veces con el Grammy Latino y el Premio Ondas. Por su contribución a la música iberoamericana, también ha sido premiado por la Asociación Estadounidense de Compositores, Autores y Editores. La obra Malinche, que ahora representa en Ifema, lleva más de 500 funciones representadas y cuenta con más de 60 profesionales.

Al hermano músico de Sánchez le subvencionaron una ópera, L’elisir d’amore, que costó 130.000 euros de fondos públicos y recaudó 2.000 en taquilla. Su siguiente obra, titulada La paz perpetua, trataba sobre tres perros que querían unirse a un equipo antiterrorista y sólo consiguió llenar 200 de las 700 butacas disponibles para su representación. Las críticas califican su obra como «soporífera y de pésima calidad».

Nacho Cano se esfuerza y trabaja duro para sacar adelante sus proyectos, tiene éxito de crítica y público y genera riqueza y empleo. El hermano músico de Pedro Sánchez está acusado de no ir a trabajar y de fijar su residencia en Portugal para no pagar impuestos. Y pese a no dar ni un palo al agua y no tener ningún éxito, su patrimonio se ha incrementado los últimos años de una forma descomunal.

Pero la principal diferencia entre ambos músicos no es ninguna de las anteriores. Lo que más les distingue es que Nacho Cano presume de no ser comunista y David Azagra sólo es… hermano de Sánchez.

Publicado el 11/07/2024 en Okdiario

Vox debe romper en Baleares, no en Extremadura

 

El PSOE amenaza con trasladar los miles de inmigrantes ilegales menores no acompañados (menas), que desbordan la capacidad de absorción de las Islas Canarias, a todas las regiones gobernadas por el Partido Popular, incluidas aquellas donde lo hace gracias a los votos de Vox. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, ha declarado al respecto que las comunidades gobernadas por el PP serán solidarias y recibirán a estos menas, cada una dentro de sus capacidades: «La práctica que hemos tenido durante muchos años es la de ser solidarios con los menores siempre que tengamos capacidad en las comunidades autónomas para recibirles, tratarles y cuidarles». Es decir, siempre que existan centros e instalaciones con plazas disponibles para acogerlos.

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha señalado este lunes que su partido romperá los gobiernos con el PP que no se opongan al reparto de menas propuesto por Sánchez: «Si alguna región del PP quiere sentarse a negociar con Sánchez, que nos lo diga y abandonaremos ese gobierno». Matizando que ellos aceptarán un reparto de menas impuesto por el Gobierno, pero no consentirán que los gobiernos regionales sostenidos con sus votos negocien y consientan voluntariamente y sin resistencia este reparto.

Vox propone cerrar los centros de acogida de menas que «crean inseguridad en nuestras calles, empezando por los más conflictivos», para lo que, previamente, los menores deben ser repatriados a sus países de origen, donde sus autoridades se encarguen de devolverlos con sus padres.

El primero de esos gobiernos de coalición de los que los de Vox amenazan con salirse es el de Extremadura, donde su presidenta, la popular María Guardiola, decía que no pensaba pactar con quienes «deshumanizan a los inmigrantes» y el portavoz del PP de Extremadura señala, cuando se le pregunta respecto al traslado de estos menas, que «se cumplirá la ley».

El argumento esgrimido por los de Abascal es que: «Tenemos un pacto con el PP y no contemplamos que lo incumplan»; porque dicen que PP y Vox pactaron en las regiones donde gobiernan no aceptar este tipo de repartos, por lo que si Génova los acepta estaría incumpliendo sus pactos de gobierno.

Los acuerdos firmados entre Vox y el PP son públicos y en ninguno de ellos aparece ninguna mención que haga referencia al reparto de menores no acompañados que se encuentren en situación irregular en otras regiones. Es cierto que en algunos de ellos se habla de la lucha contra las mafias de la inmigración ilegal, como en el caso de Castilla y León, Murcia, Baleares o Comunidad Valenciana. Pero, concretamente en el pacto de gobierno firmado en Extremadura, que es el primero del que Vox amenaza con salirse, no se incluyó este párrafo que aparece más o menos igual en el resto de acuerdos, es decir, que PP y Vox no pactaron en Extremadura ni siquiera luchar contra las mafias de la inmigración ilegal, como sí hicieron en el resto de Comunidades.

Repasando estos acuerdos, llama la atención el de Baleares, por el que los de Abascal no entraron en el Gobierno de la popular Marga Prohens, pero sí se comprometieron a «dar estabilidad al Gobierno de las Islas Baleares, con el compromiso de no presentar enmienda a la totalidad a la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears durante toda la legislatura», como efectivamente hicieron a finales de diciembre pasado. Y esto a pesar de que en el acuerdo firmado se incluyeron las medidas números 54 a 65 por las que se debería haber puesto fin a la imposición lingüística del catalán en el sistema educativo balear, y el Govern balear ha abierto ya la escolarización del próximo curso sin dar la opción de estudiar en español.

En la Comunidad Valenciana viven casi 5 millones de españoles, en Castilla y León 2,5 millones, 1,5 millones de personas viven en Murcia y más de 1 millón en Extremadura, Aragón y Baleares. En total son 12,5 millones los españoles que viven en Comunidades Autónomas donde no gobierna el PSOE gracias a un pacto de coalición o de abstención entre el PP y Vox. Existen sobrados motivos para romper estos acuerdos allí donde el PP los está incumpliendo con grave perjuicio para sus ciudadanos, como por ejemplo en Baleares. La culpa de que allí el poder volviese a la extrema izquierda sería exclusivamente de Marga Prohens. Pero Abascal va a tener difícil explicar por qué va a entregar Extremadura al sanchismo amparándose en una cuestión que ni siquiera se incluyó en el pacto de investidura.

Publicado el 09/07/2024 en Okdiario

Demoler el Tribunal Constitucional

El modelo está diseñado precisamente para esto. Se hizo exactamente así de perverso para que tuviera justamente estas consecuencias. Sólo hacía falta que llegase al poder alguien con tan pocos escrúpulos como el marido de la imputada Begoña Gómez, para que el Tribunal Constitucional nos quitara la venda con la que hemos estado casi 50 años sin querer verlo. Se proyectó un organismo formado por 12 «juristas de reconocido prestigio», que sólo tienen que acreditar ese «prestigio» ante los políticos que los eligen a dedo por su ideología y sumisión, que no tienen que ser jueces ni haber aprobado ninguna oposición; y se le otorgó la facultad de volver a juzgar cualquier caso ya sentenciado por las más altas instancias del Poder Judicial, simplemente alegando violación de sus derechos fundamentales.

Como el Tribunal Constitucional no lo forman jueces y magistrados, no forma parte del Poder Judicial, sino que es un órgano político al que intencionadamente se le llamó Tribunal sin serlo y a sus miembros se les nombró magistrados, aunque no lo son; todo ello con la clara intención de engañar a la ciudadanía. Tal y como está previsto en los artículos 159 al 165 de nuestra Constitución, los políticos elegidos por otros políticos para formar parte del Tribunal Constitucional tienen la capacidad ya demostrada para, por siete votos contra cinco, volver a juzgar cualquier delito que les dé la gana. Y sus sentencias no son recurribles ante ninguna instancia.

Que el Tribunal Supremo demuestra que Bildu es ETA y lo ilegaliza, pero a los políticos en el poder les conviene contar con los votos de Otegui; no pasa nada, les ordenan a los sumisos miembros del Constitucional que les arreglen ese problemilla y ahí tienes otra vez a Bildu en sus escaños. Que el siempre corrupto PSOE se siente avergonzado por tener a dos de sus ex presidentes, una ex ministra y otro puñado de altos cargos condenados por haber robado más de 113.000 millones de pesetas de los parados andaluces, para gastárselos sobre todo en comprar votos para así perpetuarse en el poder, pero también en drogas y prostitutas, porque tenían billetes para «asar una vaca»; no hay problema, se manda a los obedientes miembros del Constitucional que le metan mano y ya están los voceros del PSOE corrupto, golpista y ladrón, quejándose de haber sido víctimas de los bulos de la máquina del fango.

Poco importa que al ínclito Cándido Conde Pumpido, que arrastra su toga por el polvo del camino, y a su malhadada compañera, la marxista María Luisa Balaguer, les queden menos de dos años para tener que ser renovados, porque fueron nombrados por el Senado, donde hace falta una mayoría de tres quintos para elegir a cuatro miembros del TC, y esa mayoría cualificada fuerza que el reparto vuelva a ser otra vez dos progresistas y dos conservadores. Lo mismo que, muy probablemente, volverá a pasar dentro de seis años cuando tengan que renovar los cuatro miembros del TC que le corresponden al Congreso. A esta mayoría izquierdosa y desvergonzada del Constitucional le quedan como poco siete años y medio, que es lo que falta para que sean renovados los miembros que nombra el Gobierno.

Si el 6 de diciembre de 1978 hubieran existido políticos honrados que explicasen a los españoles la terrible trampa que nos estaban colando en su Título IX, posiblemente no hubiésemos aceptado otorgarles esta puerta de atrás por la que el marido de la imputada Begoña Gómez puede meter lo que le salga de las narices. Pero el Título IX de la Constitución puede ser reformado por una mayoría de dos tercios del Congreso y mayoría absoluta en el Senado, teniendo que ser posteriormente sometida la reforma a referéndum cuando así lo solicite una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras. Esto no es tan complicado como parece y ya se ha hecho dos veces para permitir votar a los extranjeros en elecciones municipales y para establecer el principio de estabilidad presupuestaria; y ninguna de ellas se nos consultó en referéndum.

Hay que demoler el Tribunal Constitucional y traspasar sus funciones de control a una sala del Tribunal Supremo. Debemos exigir que los partidos que quieran demostrar ser verdaderamente democráticos incluyan esta propuesta en sus programas electorales, para que los españoles podamos votarles. Los de extrema izquierda e independentistas que se nieguen a esta reforma dejarán a las claras que su objetivo es la impunidad de sus delitos y en todas las elecciones habrá dos bloques de demócratas contra tiranos. Así, cada elección sería un referéndum sobre este Tribunal Constitucional.

Publicado el 04/07/2024 en Okdiario

 

Violencia importada

 

El pasado fin de semana, 4 mujeres y 2 niños fueron asesinados en menos de 24 horas. En Las Pedroñeras (Cuenca) un marroquí descuartizó a su ex mujer y a sus dos hijos, de cinco y siete años. En Zafarraya (Granada), un asesino de nacionalidad española descargó una escopeta de caza sobre una joven y su madre. En Fuengirola (Málaga), una mujer de edad avanzada, que padecía movilidad reducida ha sido estrangulada por su marido, un español de 75 años, que se ha intentado suicidar después.

El fin de semana anterior en Gata de Gorgos (Alicante), tres marroquís con antecedentes por agresiones y okupación, asesinaron a palos a un hombre que previamente había impedido que abusaran de una menor. Unos días antes, en la localidad madrileña de Collado Villalba, otro okupa marroquí con numerosos antecedentes, atracó con extrema violencia y a punta de cuchillo a un anciano indigente, para robarle los 18 euros que había recibido por caridad ese día.

La semana pasada, la Policía Foral detuvo en Tudela a un marroquí con 32 antecedentes, la mayoría por robos y hurtos. También en Navarra, otro marroquí, en estancia irregular en nuestro país, acuchilló cerca de la estación de autobuses de Pamplona a un hombre por ser gay, al grito de: «Maricones, os voy a matar». Tras publicar esta noticia, el Gobierno de Navarra que preside María Chivite (PSOE) envió una queja al medio de comunicación, solicitando que se ocultara el origen marroquí de los agresores, así como su situación administrativa irregular, puesto que opinan que son datos sensibles y mencionarlos no aporta información relevante.

La inmensa mayoría de los medios de comunicación cuando han publicado estas noticias lo han hecho sin mencionar la nacionalidad de los delincuentes, excepto cuando estos son españoles, en cuyo caso sí que se destaca. A pregunta de Vox en la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE, la presidenta socialista de RTVE, Concepción Cascajosa, respondió que «siempre debemos identificar a los delincuentes con la precaución de no destacar datos que puedan provocar juicios de valor injustos o peligrosos, como mencionar su etnia, su color de piel, su religión, su procedencia o su orientación sexual».

Según los datos sobre violencia de género publicados por el Ministerio de Igualdad, en 2023, 26 de los 58 asesinatos de mujeres fueron cometidos por extranjeros, lo que significó que el 12% de la población cometió el 44,8% de los feminicidios del año pasado. Este porcentaje ha seguido creciendo y en 2024 asciende ya al 47,4%, con 9 asesinos extranjeros entre los 19 asesinatos cometidos hasta la fecha. Y esto sin entrar a analizar el origen de todos esos asesinos que tienen nacionalidad española.

Informar de que la población extranjera tenga una tasa de criminalidad que casi triplica la media, de que la mitad de los feminicidios son cometidos por el inmigrantes extranjeros, y dar la información del origen, los antecedentes y la situación irregular de los asesinos de mujeres no es ni racismo ni xenofobia, sino querer ayudar a solucionar un problema. Sólo 9 de los más de 6 millones de extranjeros que hay en España son responsables de estas muertes, no se puede criminalizar a tantos por tan pocos. Pero del mismo modo, sólo 10 de los más de 42 millones de españoles son culpables y tampoco se puede hacer lo mismo con nuestros hombres, como hace la izquierda.

España no tiene un problema de violencia machista, pero como el resto de Europa, tenemos un gigantesco problema de violencia importada. Negarse a diagnosticar los orígenes de una enfermedad sólo puede conducir a la muerte del paciente. Si la extrema izquierda gobernante fuera verdaderamente feminista no se dedicaría a soltar violadores y se preocuparía de averiguar quienes están asesinando a las mujeres, pero como sólo les interesa regar sus chiringuitos, cuanto peor nos vaya, mejor para ellos.

Publicado el 02/07/2024 en Okdiario