En defensa del boicot: no me insultarás con mi dinero


Lo reconozco, yo hago boicots. Siempre los había hecho boca a boca. Cuando, por ejemplo, el carnicero de mi barrio me atendió maleducadamente la segunda vez, además de quejarme se lo conté a todas mis amistades, a ver si así aprendía. Pero ahora también los hago cibernéticamente, usando esa maravillosa plataforma en la que los viajeros dejamos nuestras opiniones sobre hoteles y restaurantes, a modo de consejos para nuevos visitantes. Y es que Internet ha mejorado mucho eso de los boicots. Ahora cuando un restaurante ofrece un mal servicio a sus clientes, enseguida se queda vacío, con lo que sale favorecido el restaurante de al lado, que nos trata mejor. Y a él le sirve para mejorar. Esto aumenta la información de la que disponen los nuevos consumidores antes de tomar su decisión de compra, mejorando la que los economistas llamamos “transparencia”, condición indispensable para que exista el “libre mercado”.

Me imagino que la mayoría de vosotros pensáis como yo y también hacéis boicots. En parte por eso unas 3.000 empresas han trasladado ya su sede social de Cataluña a otras regiones de España, para que sigáis comprando sus productos. Aunque la fuga no es sólo por ese motivo. Los bancos, por ejemplo, se marcharon los primeros porque fuisteis a sacar de allí vuestro dinero. Y es que era de locos arriesgaros a quedar vuestro patrimonio en unas entidades no europeas a las que encima la CUP quiere nacionalizar. Pero eso no fue un boicot, porque la hipoteca y el préstamo del coche no os los llevasteis, sólo los ahorros. Otro motivo para la fuga de empresas es la inseguridad jurídica asociada a la inestabilidad política catalana. Aunque os confieso que yo creo que una buena parte de las empresas que se van de Cataluña lo hacen porque han encontrado la excusa perfecta para escapar de una región, antes moderna y europea, a la que entre unos y otros han convertido en un nido de antisistemas y catetos. Un horror del que huir.

El caso es que se ha puesto de moda un discurso que dice que los boicots son un error, un sinsentido que perjudica al conjunto de la economía española. Este discurso, lógicamente, lo iniciaron las asociaciones catalanas de empresarios, pero rápidamente se lo compraron políticos no independentistas de todas las regiones, así como prestigiosos economistas que, casualmente, defienden el derecho a independizarse de los secesionistas. El argumento básico es que en una economía globalizada como la nuestra, las empresas boicoteadas tienen empleados, proveedores y empresas que les prestan servicios que quizá no sean independentistas y que se verán perjudicados injustamente. Así, por ejemplo, dicen que si boicoteamos a una famosísima marca de bisutería cuyas dueñas son ostentosamente independentistas, estaremos perjudicando a sus franquiciados de todas las regiones, a sus proveedores chinos y a la empresa madrileña que hace sus transportes.


Claro, igual que si yo dejo de comprarle al carnicero que me insulta, saldrá perjudicado injustamente su empleado. Pero esa responsabilidad deberá asumirla el carnicero. Por supuesto que las malas decisiones empresariales tienen consecuencias. Lo que no es cierto es que la economía española se vea perjudicada, porque cuando yo dejo de comprarle a mi carnicero no dejo de comer carne, sino que se la compro a otro que me atiende mejor. Cuando tú boicoteas a una empresa independentista no dejas de consumir, sino que sustituyes unos productos por otros que los fabrican empresas que también tienen empleados, proveedores y empresas de transporte, y todos ellos se verán beneficiados. Boicoteando al que te insulta con tu dinero favoreces al que te trata bien y mejoras el mercado.

Publicado el 29/11/2017 en OKdiario

El indigno tren extremeño frente a la privilegiada industria catalana


El pasado sábado miles de extremeños se manifestaron en Madrid, reivindicando un tren digno para Extremadura. Fueron llevados en tren y en más de 300 autobuses, convocados por los partidos políticos, patronal y sindicatos. Autobuses, bocadillos y actuaciones musicales gratis -o sea pagados por la administración- aseguraron la masiva afluencia a una causa justa. Y es que de Badajoz a Madrid se tardan 3 horas y media en coche y en tren casi 6 horas, con suerte. Porque lo más probable es que las frecuentes averías que afectan a unas instalaciones ferroviarias decimonónicas carentes de mantenimiento, hagan que el viaje se convierta en una aventura.

Extremadura tiene menos de 1,1 millones de habitantes en más de 41.000 km2. O sea el 2% de la población de España en más del 8% de su superficie y con apenas el 1,6% de su PIB. Y elige a 10 diputados muy repartidos entre PSOE y PP, de forma que sólo uno de ellos suele oscilar entre ambos. Electoralmente tiene poco interés. No obstante, hace ya quince años, Aznar y Durao Barroso firmaron en Figueira da Foz un acuerdo para que, a partir de 2010, el AVE Madrid – Lisboa pasara por Cáceres y Badajoz. Se esperaba que este hito, que conectaría las dos capitales en 2 horas y 45 minutos, circulando a 350 km/h, revolucionaría las comunicaciones extremeñas y sería un impulso socioeconómico de enorme trascendencia, tanto para la industria como para el turismo. Aunque seguramente será un servicio público de poca rentabilidad económica, pero con una enorme repercusión social.

Pero cuando tras el atentado del 11M Zapatero ganó las elecciones de 2004, comenzaron los recortes y el AVE extremeño se quedó sin dinero. Pese a que la vicepresidenta Fernández de la Vega prometió en un mitin en Mérida en 2007 que el AVE llegaría a Extremadura en 2010, en los 8 años de gobierno socialista, de los 4.730 millones previstos para el proyecto, el PSOE sólo puso 415 pese a tener 1.210 presupuestados. Por su parte el PP ha invertido 955 millones en 5 años. Entre unos y otros en 15 años apenas se ha invertido un 30% del total del proyecto y no hay nadie que se crea que para 2020 este tren vaya a estar funcionando. Y ahora, el mismo Fernández Vara que se negaba a exigir al Gobierno de Zapatero que cumpliera las inversiones previstas, se acaba de dar cuenta del retraso y le ha entrado prisa.


En comparación todas las capitales catalanas llevan años conectadas por AVE. La primera línea férrea de España se construyó entre Barcelona y Mataró, en 1848. Ya en el siglo XIX se protegía con aranceles su industria textil. La primera ciudad española con alumbrado eléctrico fue Gerona, en 1886. En 1943 Franco decretó que sólo Barcelona y Valencia pudieran realizar ferias de muestras internacionales. Catalanas son las primeras autopistas que se construyeron en España. El INI inauguró en 1953 la primera fábrica de SEAT en Barcelona. Y hace unos días, el Ministerio de Agricultura, haciendo caso al Consejo Regulador del Cava, en manos de bodegueros catalanes, ha prohibido nuevas hectáreas de cultivo en los próximos 3 años. La producción extremeña había pasado de 76.000 botellas en 2004, a casi 6 millones en 2017. La industria catalana ha visto como en muy pocos años ha perdido un 5% del mercado y ha usado su influencia para poner freno a la competencia. Si continuamos como durante los últimos siglos, potenciando sólo a unas regiones, condenamos al resto al atraso y la pobreza. A ver si resulta que en España hay que saltarse la ley y amenazar al Estado para conseguir lo que ya todos tienen.

Publicado el 22/11/2017 en OKdiario

¿A quién beneficia la impunidad de podemos?


Podemos ha anunciado que se querellará contra Eduardo Inda y el empresario y antiguo socio de Pablo Iglesias, Enrique Riobóo, por sus palabras del lunes ante la comisión del Senado que estudia la financiación de los partidos políticos, donde también declaró Juan Carlos Monedero, como fundador de Podemos. Riobóo aseguró que “Iglesias y Monedero tenían los bolsillos dopados de Irán y Venezuela para pagar su actividad política”. Por su parte Inda mostró los documentos publicados por Okdiario con los que se demuestra que los líderes de Podemos han cobrado al menos 7,7 millones del Gobierno de Venezuela. La formación considera que todo ello es "falso" y que al decirlo en el Senado podría constituir un delito de falso testimonio.

El único argumento con el que los podemitas justifican esta querella es que los Tribunales españoles ya han archivado o inadmitido más de diez denuncias contra Podemos y sus dirigentes por financiación ilegal. Lo que no dicen es que todos estos hechos ocurrieron antes de 2015, fecha en la que el PP introdujo una modificación en la Ley sobre financiación de los partidos políticos para prohibir su financiación por parte de Gobiernos, entidades o empresas públicas extranjeras e introdujo en el Código Penal el delito de financiación ilegal de los partidos políticos. O sea, que cuando los Tribunales han archivado las denuncias contra Podemos no ha sido porque los hechos denunciados fueran falsos, sino porque presuntamente se cometieron antes de la entrada en vigor de las normas que los convertirían en ilegales.

Resulta incontrovertible que Monedero cobró 425.000 € por un informe que jamás ha visto la luz, pagado a un precio desorbitado y sobre un asunto sobre el que él es un completo ignorante. No cabe la menor duda de que el que fuera Ministro de Finanzas con Chávez, Rafael Isea, ha hecho unas declaraciones juradas y documentadas según las cuales el propio Hugo Chávez ordenó que entre 2008 y 2015 se pagasen 6 millones de euros a Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero para  “crear consensos de fuerzas políticas y movimientos sociales propiciando [en España] cambios políticos aún más afines al Gobierno bolivariano”. Ha quedo probada en los Tribunales la veracidad de la información publicada por Eduardo Inda según la cual el Gobierno de Maduro ordenó en febrero de 2014 pagar 272.325 dólares a Pablo Iglesias en una cuenta bancaria ubicada en un paraíso fiscal. Y así hasta los 7,7 millones entregados al entorno de Podemos, de los que, por otro lado, tan sólo han declarado 3,7 ante Hacienda.


La querella anunciada por Podemos, si es que finalmente llegan a interponerla, se quedará en nada, como ya ha ocurrido antes. Pero con la lentitud con la que actúa nuestra justicia, eso ocurrirá dentro de muchos meses, durante los cuales su aparato propagandístico la usará como si con ella ciertamente descreditaran las verdades dichas ante el Senado. Lo que todos debemos preguntarnos es por qué ni la fiscalía ni la Agencia Tributaria han sido más diligentes en sus acciones, pese a la cantidad de pruebas que acreditan pagos a Podemos, su fundación y sus dirigentes, procedentes de las dictaduras de Venezuela e Irán, aunque no puedan ser condenados por financiación ilegal. Es posible que el Partido Popular se haya visto beneficiado por la aparición de la formación morada que dividía el voto de izquierdas. Es muy probable que el trato dado a Podemos en distintas cadenas de televisión también les haya hecho crecer desproporcionadamente. Es seguro que nos tratan como a idiotas, pero como no lo somos, es necesario que les digamos que nos damos cuenta de a quién beneficia la impunidad de Podemos.

Publicado el 15/11/2017 en OKdiario