Los zurdos son los nuevos nazis

 

El Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán o NSDAP, de Hitler, no era solamente socialista y obrerista de nombre, sino que incorporaba estas ideas en los 25 puntos de su programa fundacional y muchas de ellas las implementó cuando se hizo con el poder. Además de ser tan antisemita como los zurdos actuales, el Partido Nazi se definía como anticapitalista y también estaba en contra del liberalismo y del conservadurismo de la época. Por ejemplo, los nazis de entonces proponían la nacionalización de los grandes conglomerados empresariales y la confiscación de sus beneficios, en los que debían participar los trabajadores, así como planteaban la abolición de los ingresos no derivados del trabajo y una amplia reforma agraria con confiscación de tierras sin compensación para su reparto entre los obreros, subordinando siempre los intereses privados al interés colectivo mediante la intervención de la economía, dirigiendo inversiones y fijando precios; medidas que podría firmar cualquier zurdo de ahora.

Hitler competía por el voto obrero con otros socialistas, como los socialdemócratas y los marxistas, presentándose como el verdadero representante de los trabajadores alemanes. La diferencia entre ellos estaba en su consideración nacionalista frente al internacionalismo de los otros socialistas y en que, mientras unos pretendían abolir la burguesía mediante la lucha de clases, los otros aspiraban a unir todas las clases en una comunidad nacional. Al igual que los zurdos actuales, los nazis de Hitler eran socialistas, antisemitas, violentos, autoritarios y estaban cargados de odio contra los que no compartían su ideología.

En todo el mundo estamos viendo cómo los zurdos se manifiestan siempre bajo la bandera antisemita actual, que es la de Palestina. Están a favor del holocausto de judíos perpetrado el 7 de octubre de 2023, cuando unos 6.000 palestinos entraron en Israel desde Gaza a sangre y fuego, degollando bebés, violando y torturando a niñas y mujeres y quemando vivos a ancianos. Con el respaldo de los zurdos, ese día asesinaron a 1.200 personas inocentes y se llevaron secuestrados 44 cadáveres y 207 personas con vida, de las que asesinaron a otras 41. Cuando, después de la masacre, volvieron a Gaza cargados de cadáveres y rehenes, fueron recibidos como héroes por una inmensa mayoría del resto de palestinos. Desde entonces, la bandera de Palestina con la que se manifiestan los zurdos es la bandera de Hamás y señala el antisemitismo de todos los que la enarbolan, que son los nuevos nazis.

Al igual que los zurdos actuales, los viejos nazis tampoco permitían que nadie les criticase y usaban la violencia para tapar las bocas que trataban de expresar ideas diferentes a las suyas. Hoy vemos cómo, por toda Europa, los zurdos se manifiestan violentamente ante la expectativa de que quienes no piensan como ellos les arrebaten en breve el poder que hasta hoy han tenido. La vivienda, la educación y la sanidad son solo la excusa; ni siquiera tratan de esconder ni disimular su verdadero objetivo, que no es otro que imponer su ideología zurda por la fuerza. Acuden a los mítines de otros partidos legales y democráticos para intentar evitar que se expresen con libertad. Invaden las universidades donde se van a dar conferencias en las que se exponen ideas distintas a las suyas para impedirlo violentamente. Igual que los viejos nazis hacían hogueras para presumir de cómo quemaban los libros que no les gustaban, los zurdos, los nuevos nazis, alardean de su intolerancia y su intransigencia.

Los viejos nazis y los zurdos, que son los nuevos, se han convertido en enemigos mortales pese a ser tan parecidos como los ultras de dos equipos de fútbol rivales, que se creen muy diferentes por los colores de su camiseta y se matan por ella, siendo idénticos: antisemitas, socialistas, estatistas, anticapitalistas, colectivistas, liberticidas, antidemocráticos, totalitarios, violentos, populistas y genocidas. Los zurdos son los nuevos nazis, por el bien de la democracia, habrá que combatir a estos como a aquellos.

Publicado el 22/10/2026 en OKDIARIO

Un acuerdo PP-Vox debe ser bien explicado

 

Mucho ojo con no tratar a los votantes como a adultos. Pienso que no cabe ninguna duda de que una mayoría tan inmensa que prácticamente se debería hablar de la totalidad de los votantes de PP y Vox, estamos de acuerdo en que ambos partidos deben llegar a un acuerdo que imposibilite que la coalición entre socialistas y comunistas les impida lograr esa mayoría de tres quintos que ponga fin al desaguisado que el socialista disfrazado de magistrado, Cándido Conde-Pumpido, ha montado en el Tribunal Constitucional (TC).

Los demócratas no queremos que, de ninguna manera, los socialistas con toga que ahora dominan siete a cinco todas las decisiones de dicho órgano sigan imponiendo sus criterios políticos para anular las sentencias basadas en criterios jurídicos del Tribunal Supremo. No deseamos que se siga indultando de forma torticera a aquellos delincuentes que le convenga al Partido Saunista. Y para ello es imprescindible que PP y Vox alcancen una mayoría de tres quintos en el Senado que les permita renovar, sin contar con el PSOE, los cuatro miembros del TC cuyos cargos están vencidos.

Aunque, en realidad, lo que desearíamos todos a corto plazo es una reforma de la Constitución para demoler el Tribunal Constitucional y que los políticos saquen sus sucias manos de la justicia de una vez por todas, de momento y como primer paso en ese sentido, nos conformaremos con deshacer esa mayoría de extrema izquierda vigente actualmente y que tanto daño ha hecho. Todos estamos de acuerdo en esto.

«Sería un error facilitar al sanchismo el control directo o indirecto del Senado», ha dicho Alberto Núñez Feijóo. Por su parte, Santiago Abascal ha afirmado que «la alianza de Sánchez con la extrema izquierda exige sacrificios a los partidos de la oposición» y Vox tiene «la voluntad de algún entendimiento que proteja el Senado de los acuerdos de Sánchez con esa extrema izquierda». Si todos estamos de acuerdo en el objetivo, tan sólo hay que encontrar la manera más adecuada de alcanzarlo y explicarlo.

Vencido el plazo para presentar una coalición electoral que, en mi opinión, habría restado más de lo que podría sumar en el caso de PP y Vox, por el rechazo evidente de muchos de sus votantes y porque no es lo mismo reaccionar obligados por la coalición de la extrema izquierda saunista que tomar la iniciativa, ahora, básicamente, se manejan dos alternativas. El Partido Popular está pidiendo a Vox que no se presente en aquellas provincias en las que existe el riesgo de perder el Senado, mientras que, por su parte, los de Abascal parecen preferir que en las listas del PP figure como independiente un tercer candidato de su partido.

Conviene recordar que los partidos envían por correo, en su propaganda electoral, papeletas del Senado en las que ya vienen marcadas las tres cruces junto a los nombres de sus candidatos, mientras que, en las papeletas que hay en los colegios electorales, esta cruz hay que marcarla a mano y que, cuando se hace esto, no siempre los tres votados son del mismo partido. Sin ir más lejos, en las elecciones generales de 2023 hubo cuatro provincias en las que los senadores elegidos en tercera posición no fueron del mismo partido que los elegidos en primer y segundo lugar. En Badajoz, Cáceres, Huelva y Valencia, los electores votaron mayoritariamente a dos senadores del PP y a dos del PSOE, y no se produjo ese reparto tres a uno que ocurre cuando se vota igual a los tres candidatos propuestos por el mismo partido.

No se puede dar por sentado que, donde no se presente Vox, automáticamente sus votantes van a votar al PP, del mismo modo que no se debe presuponer que, si el tercer candidato en una lista del PP es de Vox, todos ellos van a recibir el mismo número de votos. Tampoco se puede descartar que, si se les explica bien a los votantes, allí donde sea necesario, estos sepan repartir sus tres votos entre ambos partidos.

Lo que en ningún caso deben hacer Feijóo y Abascal es menospreciar la inteligencia de sus votantes y tratarlos como a niños, pretendiendo imponerles unos acuerdos que no estén bien explicados. Eso podría ser tan contraproducente o más que no llegar a ningún acuerdo. Los votantes de la extrema izquierda saunista son intercambiables e indistinguibles, pero los de centro y derecha no somos como ellos: tenemos cerebro y sabemos usarlo con libertad y sentido común.

Publicado el 20/10/2026 en OKDIARIO

No pueden votar en España porque no son españoles

 

Otra vez nos hemos dejado liar por la extrema izquierda saunista. Hemos caído en su trampa y ya estamos todos debatiendo acerca del derecho a voto de los españoles en el extranjero.

A algunos se les ocurren reformas originales, como sería exigir que, para poder votar desde el extranjero, previamente se hubiera residido un mínimo de años en España.

Otros van aún más allá y proponen que se reforme la Constitución para crear una nueva circunscripción que asigne un número limitado de escaños en función del conjunto de los votos de los españoles inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

Incluso hay quienes han sucumbido al debate acerca de la legitimidad democrática de que la justicia haya decidido suspender cautelarmente el derecho al voto de determinados ciudadanos españoles residentes fuera de España. No hay que aceptar ese debate porque los que no somos saunistas negamos la mayor y afirmamos que no son españoles.

La trampa está en que solamente quieren que hablemos del auto de medidas cautelares dictado por el Tribunal Supremo (TS) el 10 de septiembre, ratificado el 12 de octubre pasado.

Con el apoyo de todo el equipo de opinión sincronizada, los titulares cuentan que la justicia ha suspendido el derecho a voto de miles de españoles. Contado así, parece evidente que se trata de una medida poco democrática.

Un auto de medidas cautelares es una resolución mediante la que se acuerdan, se deniegan o se modifican una serie de medidas provisionales destinadas a proteger derechos o evitar que se produzca un daño mientras se resuelve un procedimiento judicial.

En este caso concreto, el auto del TS versa sobre un recurso presentado por VOX contra una resolución de la Junta Electoral Central (JEC), después de que los de Abascal hubieran solicitado a esta que suspendiera la inscripción en el CERA de todos los nacionalizados al amparo de una instrucción del 25 de octubre de 2022, dictada por la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, hermana del ministro Óscar Puente.

Pero este recurso de VOX contra la decisión de la JEC de no suspender dichas inscripciones es solamente una más de las muchas acciones judiciales emprendidas en relación con todo este asunto.

A principios de 2023, tanto el Grupo Parlamentario VOX como el Popular presentaron ante el Tribunal Constitucional sendos recursos de inconstitucionalidad contra la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática.

Estos recursos han sido admitidos a trámite y están pendientes de estudio y resolución por parte de los magistrados del tribunal político presidido por el socialista Cándido Conde-Pumpido.

En junio de 2026, VOX presentó ante la Secretaría de Estado de Justicia una solicitud de revisión de oficio para que se declare la nulidad de pleno derecho de la citada instrucción de la hermana de Óscar Puente, al considerar que excede manifiestamente los términos de la Ley de Memoria Democrática.

Al mes siguiente, la formación de Santiago Abascal registró en los tribunales una querella contra Sofía Puente, acusándola de los delitos de prevaricación administrativa y usurpación de atribuciones legislativas. Varias asociaciones también han presentado distintos recursos contencioso-administrativos y querellas contra dicha instrucción.

La disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, aprobada en el Parlamento y publicada en el BOE, autorizaba la concesión de la nacionalidad española a los nacidos fuera de España, nietos de abuelos que sufrieran «exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual», pero la instrucción de esa funcionaria socialista amplió esa concesión de la nacionalidad a todos «los nacidos fuera de España de padres o abuelos originariamente españoles», eliminando, por tanto, la necesidad de acreditar la condición de exiliado político, como se acordó en el Congreso.

Para Sofía Puente, solo hace falta que haya alguien vivo cuyo abuelo hubiera sido español para nacionalizarlo a él y a todos sus descendientes, sin límite temporal.

Y así es como, en la práctica, se ha estado regalando el pasaporte español a millones de argentinos, cubanos y venezolanos, con la esperanza de que todos ellos votarían al Saunas y le permitirían seguir cuatro años más en la Moncloa.

Con carácter cautelar y por razones de urgencia, se ha solicitado que se suspenda el voto de todos esos extranjeros para evitar que se altere el resultado electoral.

Pero, pasada esa urgencia, lo que se está negando es que todos esos argentinos sean españoles. En España no pueden votar porque no son españoles, así que no son ciudadanos de segunda sin derecho a voto, sino argentinos de primera que deben votar en su país.

Publicado el 15/10/2026 en OKDIARIO