El Saunas ya ha demostrado ser capaz de todo


Desde el 16 de noviembre de 2023, fecha en la que Pedro Sánchez fue investido en esta legislatura, hasta las elecciones convocadas para el próximo 29 de noviembre, el presidente del Gobierno apenas habrá gobernado tres años gracias a que ha liberado a casi todos los presos de ETA, ha amnistiado a los golpistas catalanes y nos ha enfrentado a Estados Unidos y a Israel, poniéndose del lado de los sanguinarios terroristas de Hamás, que fue el precio que le tuvo que pagar a los proetarras de Bildu, a los independentistas y a la extrema izquierda liderada por un Partido Comunista que esta vez se hizo llamar Sumar y a partir de ahora quiere que los llamemos Frente Popular, o Frente Amplio, o yo ya no sé qué, con tal de camuflar el comunismo en su nombre. Sin unas cesiones tan vergonzosas, el yerno de Sabiniano, el proxeneta, no hubiera sido investido y habríamos tenido que repetir las elecciones de julio de 2023, que, recordemos, ganó el PP. Lo único bueno de esta legislatura es que ha sido corta.

Sería extensísimo cualquier resumen de los principales hitos de una legislatura que terminamos sabiendo que las cloacas del PSOE encargaron a un clan de narcotraficantes que eliminaran a la juez que estaba instruyendo el caso por el que finalmente fue condenado por corrupto el hermanísimo del presidente del Gobierno. Todo lo que ha ocurrido ha estado a ese mismo nivel de puticlub de carretera y de sauna gay en callejón oscuro. Llamamos a Sánchez el Saunas no solo porque en la prostitución está el origen de su carrera política, sino porque ese ambiente en el que él ha madurado ha formado su carácter y marcado su forma de actuar. El yerno del proxeneta ha convertido al partido más corrupto y golpista de España, como ya era el PSOE, en el partido de los puteros y las fontaneras más cutres y verduleras.

En tan corta legislatura, Sánchez ha sido responsable de las desgracias de la DANA de Valencia, del accidente ferroviario de Adamuz y del de Rodalies de Barcelona, del primer apagón de la historia de España y de las consecuencias de los incendios que nos han arrasado. El Saunas ha blanqueado al brazo político de ETA, aceptando que casi todos sus presos salgan de las cárceles a cambio de sus votos. Ha amnistiado a Puigdemont y a todos sus cómplices a cambio de sus siete votos. Se ha puesto del lado de los terroristas de Hamás que degollaron bebés, violaron y torturaron a niñas y quemaron vivos a ancianos. Ha regularizado a millones de inmigrantes que, por entrar en España ilegalmente, se convirtieron en delincuentes. Ha regalado la nacionalidad y el derecho a voto a tataranietos de emigrantes del siglo XIX que nada tuvieron que ver con Franco. Ha permitido, si no es que ha promovido, la invasión de Ceuta por parte de Marruecos.

Su mujer, la hija del proxeneta, se va a sentar en el banquillo de los acusados para que un jurado popular la juzgue por corrupta, un delito similar a aquellos por los que ya han sido condenados su hermano, su fiscal general y el que fuera su mano derecha, ministro y secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, al que sustituyó por un Santos Cerdán también encarcelado por corrupto. Tiene a su partido a punto de ser imputado por corrupción, que es el único motivo por el que algunos dicen que ha anticipado las elecciones para que así votemos antes de que eso ocurra. Se forraron con las mascarillas que habrían evitado tantísimas muertes por COVID. Y al abrir la caja fuerte de Zapatero, su padrino político, también investigado por corrupción, han aparecido las que parecen las joyas de la reina de Java, valoradas inicialmente en 1,3 millones de euros en una primera tasación que va a revisarse porque parece que podrían valer muchísimo más.

De las saunas viene la corrupción y, de ella, la podredumbre que hace que se produzcan las catástrofes por negligencia y nefasta gestión. La degradación moral de El Saunas empezó beneficiándose como «partícipe a título lucrativo de la prostitución», como le espetó Feijóo a la cara en el Congreso, delante de unas cámaras de televisión que lo difundieron por todo el mundo, y va a terminar en unas elecciones generales en las que no se puede descartar absolutamente nada. Del yerno de Sabiniano, que ya ha amnistiado a golpistas, liberado a etarras y manchado sus manos de la sangre de los judíos para aferrarse al poder, debemos esperar cualquier intento de trampa y pucherazo electoral.


Publicado el 06/10/2026 en OKDIARIO

 

Los Presupuestos del Estado como los de la Sauna Adán


 

El artículo 134.3 de la Constitución dice: «El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior». Ahí no pone «podrá presentar», ni «presentará si quiere», tampoco pone, «si es que tiene votos para aprobarlos», ni siquiera «presentará o no, según le convenga al Saunas». La expresión «deberá presentar» es indiscutiblemente taxativa y no admite interpretación ni condicionamiento. El Gobierno está obligado por la Constitución a presentar ante el Congreso un proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) y debe hacerlo forzosamente antes del día 1 de octubre, que es cuando se cumplen los tres meses antes de que finalicen los anteriores, aunque estos hayan sido prorrogados. Y debe hacerlo tanto si cuenta con votos para que se aprueben como si no es así.

La norma es tan clara y poco sujeta a opinión contraria que no debería ser necesario comprobar cómo la han interpretado los distintos Gobiernos que la han tenido que aplicar, pero, conociendo el percal, solamente hay que irse al Boletín Oficial del Congreso de los Diputados y hacer una sencillísima búsqueda con la que podremos comprobar que absolutamente todos los Gobiernos de todos los partidos políticos la han cumplido a rajatabla, excepto cuando ha sido materialmente imposible hacerlo. Lo vais a entender enseguida. El 27 de agosto de 1982, el presidente Calvo Sotelo se vio forzado a disolver las Cortes y convocó elecciones generales para el 28 de octubre de 1982, por lo que nadie podía presentar en tiempo y forma los presupuestos de 1983, que sí presentó Felipe González, aunque fuera de plazo, el 22 de abril de 1983.

En 1989 pasó lo mismo: presionado por los sindicatos, Felipe González anunció el 25 de agosto de 1989 que disolvía las Cortes y convocaba elecciones anticipadas para el 29 de octubre de 1989. Tras ganarlas, fue investido en diciembre de 1989 y presentó en el Congreso los Presupuestos de 1990 el 1 de marzo de ese mismo año. Para las elecciones que se celebraron el 20 de noviembre de 2011, se habían disuelto las Cortes el 27 de septiembre; luego el Proyecto de PGE de 2012 no lo pudo presentar Rajoy hasta el 3 de abril de 2012. Y lo mismo ocurrió con las elecciones que se celebraron en junio de 2016, en las que Rajoy no logró ser investido hasta el 29 de octubre, por lo que no pudo presentar los PGE de 2017 hasta el 4 de abril de ese año.

La primera vez en la historia de España en que un presidente del Gobierno que no estuviera en funciones ni tuviera las Cortes disueltas, incumplió la obligación constitucional de presentar los Presupuestos del año siguiente antes del 1 de octubre, fue Mariano Rajoy con los PGE de 2018. Como ya se ha explicado, los del año anterior no pudo presentarlos antes por las elecciones y no logró que se aprobaran hasta el mes de mayo de 2017. Inmediatamente después, debería haberse puesto a trabajar en los de 2018 para dejarlos presentados después del verano, pero no lo hizo con la excusa del follón del referéndum golpista de Cataluña del 1 de octubre de 2017, justo cuando se deberían haber presentado los PGE. En su descargo, hay que decir que, aunque tarde, el 3 de abril de 2018, Rajoy presentó su proyecto de Presupuestos para 2018.

A partir de ahí empiezan las cuentas de Pedro Sánchez, investido el 2 de junio de 2018 tras ganar la moción de censura contra Rajoy. Los presupuestos de 2019, 2021, 2022 y 2023 los ha presentado todos tarde, fuera de plazo. Y ha incumplido completamente esta obligación, al no presentar proyecto de presupuestos ni en 2020, ni en 2024, ni en 2025, y otra vez lo ha vuelto a hacer al no presentar los de 2026. Pedro Sánchez no ha cumplido la obligación constitucional de presentar Presupuestos en plazo ni una sola vez en los más de ocho años que lleva gobernando. Nunca. Y la ha incumplido de manera absoluta, no presentándolos ni siquiera tarde, en la mitad de las ocasiones. Pedro Sánchez gobierna sin Presupuestos, prorrogando los de 2023, moviendo cantidades millonarias de unas partidas a otras y ampliando las que le da la gana sin someterse ni a la Constitución ni a ningún rigor ni control parlamentario. Hay que decirlo. Desde que es presidente, Pedro Sánchez maneja los Presupuestos Generales del Estado como cualquier proxeneta dirige las finanzas de su lupanar.


Publicado el 01/10/2026 en OKDIARIO

No hay viviendas por culpa de Sánchez y Rufián



 Gabriel Rufián resume perfectamente cuál es la idea que los críos que acampan en la Puerta del Sol de Madrid tienen acerca del problema de la vivienda en España: «Si con el desahucio salvaje de una señora de 87 años en directo y con miles de personas indignadas y decepcionadas en la calle no eres capaz de legislar para tocarle la cara de una vez a los fondos buitres y a los grandes acumuladores de vivienda de este país, simplemente es que no mereces gobernar», escribió en un tuit esta mañana.

Si la culpa fuera exclusivamente de los fondos buitres y los grandes tenedores, el problema sería pequeño y la solución bien sencilla. Nada más lejos de la realidad.

Llaman «fondos buitres» a los fondos de inversión que compran activos baratos y en apuros (carteras hipotecarias de bancos rotos, paquetes de Sareb, promociones a medias) para sacar rentabilidad: ejecutar, subir rentas y revender.

Son propietarios de menos del 0,5% de las viviendas de España, que suponen menos del 1% de las de alquiler. Por su parte, como «grandes acumuladores de vivienda», Rufián se refiere a los «grandes tenedores», que son aquellos sometidos a restricciones legales por poseer más de 10 viviendas y que se estima que son propietarios de menos del 3% del total de viviendas, que representan menos del 5% de las de alquiler. El Banco de España da el dato de que el 92% de los pisos en alquiler en España pertenecen a pequeños propietarios.

Lo que expresa Rufián es una idea que cala bien en una sociedad absolutamente infantilizada que disfruta encontrando grandes villanos a los que culpar de sus problemas, siempre mirando bien lejos de los políticos autodenominados «progresistas», que son los únicos culpables de todo este follón.

La descripción de cuál es el problema actual de la vivienda en España es muy sencilla y no admite debate, pues los datos son claros. El Banco de España dice que, en 2025, se construyeron unas 90.000 viviendas, mientras se crearon unos 200.000 nuevos hogares.

Después de la crisis de 2008, la demanda de vivienda, tanto en compra como en alquiler, ha crecido muchísimo más que la oferta; los precios se han disparado, hay muchísimas menos casas de las que se necesitan y las que hay están a un precio inasumible para una amplísima capa de la población.

Echarle la culpa de esto a unos fondos buitre que no poseen ni el 0,5% de las casas o a unos grandes tenedores con menos del 3% de ellas es, sencillamente, ridículo. En España, grandes tenedores son el Gran Wyoming y cuatro socialistas más. Poca cosa para tan enorme crisis.

Una vez descrito el problema, hay que hablar de las causas y aquí, entre los expertos, hay unanimidad. La demanda, tanto de compra como de alquiler, ha crecido casi exclusivamente por la avalancha de inmigrantes que han llegado a España, sobre todo desde que gobierna Pedro Sánchez.

Y la oferta no ha crecido a ese mismo ritmo por la conjunción de múltiples motivos, entre los que los más importantes son que no hay suelo disponible allí donde se necesita; que los permisos y licencias para construir pueden llegar a demorarse años; que, a pesar de los altísimos precios, la rentabilidad del sector de la construcción es mucho más baja que en los países vecinos y está entre las menores de todas las actividades de la economía española; que más de un 25% del precio final de una vivienda son impuestos, tasas y licencias que se llevan las administraciones públicas; a lo que además se une la dificultad de encontrar profesionales para trabajar en el sector de la construcción y que la normativa que protege a los inquilinos vulnerables lo hace a costa de sus caseros; además de la parálisis en la construcción de esas viviendas públicas que Pedro Sánchez promete cada año, mientras la OCDE sitúa a España por debajo del 2% del parque total, enormemente lejos del 8% de media de la Unión Europea.

Y la forma de resolverlo es clara: hay que volver a liberalizar el suelo, como hizo Aznar en 1998 y deshizo Zapatero en 2007; hay que simplificar los procedimientos administrativos para acortar los plazos de las licencias; bajar impuestos que suben los precios; incentivar la formación profesional y cargar la política social de protección a los más desfavorecidos sobre las administraciones públicas y no sobre caseros y ahorradores.

Además, las administraciones deben construir con urgencia esas miles de viviendas públicas para alquiler social que estructuralmente hacen falta, pero esta vez, a diferencia de lo que se hizo con las VPO, se debe mantener ese stock público en manos del Estado para encargarse de ayudar a quienes de verdad lo necesiten.

El problema de la vivienda en España sólo se podrá solucionar cuando nos quitemos de encima el socialismo sanchista y a todos los gabrieles rufianes que lo sostienen.


Publicado el 29/09/2026 en OKDIARIO