Cómo frenar el pucherazo

 

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha sido entrevistado por Susana Griso en Espejo Público de Antena 3, donde le preguntaron por la conocida como Ley de nietos, que permite a bisnietos y tataranietos de emigrantes españoles del siglo XIX obtener la nacionalidad incluso aunque nunca hayan residido en España. El diagnóstico que hizo del problema fue muy acertado, poniendo el foco en que una ley votada en el Congreso ha sido reinterpretada y ampliada por una simple instrucción emitida por una directora general, casualmente la hermana del ministro Óscar Puente, cambio que ha multiplicado enormemente el número de posibles beneficiarios; ya no tienen por qué ser descendientes de exiliados por la Guerra Civil, como estaba previsto en su origen.

Feijóo puso como ejemplo el caso de Cuba, donde el «número de exiliados está en el entorno de 500 y el número de solicitantes de nacionalidad española es 350.000. ¿Usted cree que 500 ciudadanos que se han ido a Cuba han producido 350.000 españoles?». El análisis es impecable.

El problema viene al pasar de la teoría a la práctica, porque ahí es cuando, como dice el refrán, «del plato a la boca se cae la sopa». En un momento dado, tergiversando la realidad, como hacen todos los titulares de la prensa progre, Susana Griso le preguntó a Feijóo si suscribe, como ha pedido Vox, «suspender el voto CERA de residentes en el extranjero», a lo que el del PP respondió con un rotundo no. «Creo que lo que debemos hacer primero es ver si esa instrucción alguien la declara ilegal y qué efectos jurídicos tiene y, segundo, ver qué CERA queda, cuál es el número total de los residentes ausentes y ver si se puede, adicionalmente, incrementar la seguridad para que ese voto sea fiable», explicó. A lo que añadió: «Pero nosotros, enmiendas a la totalidad, no».

La realidad es que Vox no ha pedido «suspender el voto CERA». El secretario general de los de Abascal en el Congreso de los Diputados, José María Figaredo, dijo en rueda de prensa que su partido iba a solicitar a la Junta Electoral Central, en primer lugar, que «se suspenda todo el trámite de acceso y admisión al registro CERA de votantes españoles desde el extranjero», en relación con la Ley de nietos. También ha pedido «que se suspenda el voto por correo para los españoles inscritos en el registro CERA», por las dudas que suscita la escasa identificación que se les exige, a diferencia de lo que ocurre con el voto por correo desde España.

Solamente habló de suspender el voto por correo, no todo el voto CERA, como afirmó Susana Griso y refrendó Feijóo con su respuesta. Vox exige que el voto CERA se realice en urna en los consulados, hasta que el procedimiento de identificación de los votantes por correo desde el extranjero se iguale con la forma en que se realiza dentro de España.

El no de Feijóo significaría que no está de acuerdo con que se suspenda la aplicación de la Ley de nietos hasta que los tribunales decidan sobre su legalidad, ni tampoco le parece bien que la identificación de los españoles que quieren votar por correo desde el extranjero se realice con las mismas garantías que se nos aplican cuando queremos votar por correo desde España, lo cual resulta bastante difícil de entender. Feijóo hace un buen diagnóstico del pucherazo que pretende Pedro Sánchez, aunque él lo llama «ingeniería social», pero yerra en la solución del problema, esperando a que nuestra lentísima justicia se pronuncie, en lugar de sumar su fuerza para que la Junta Electoral Central ponga freno a este atraco, haciendo una enmienda a la totalidad del pucherazo. Esperemos que el líder del PP no tenga reparos en sumarse a Vox para intentar frenar el pucherazo antes de que sea demasiado tarde.

Publicado el 07/07/2026 en OKDIARIO

Parece un pucherazo

 

Igual que está en la naturaleza del alacrán picar a la rana, aunque así los dos se ahoguen en el río, en la naturaleza del yerno del proxeneta está el mentir y hacer trampas. Este artículo se haría interminable si solamente pretendiera explicar la infinita lista de embustes, engaños y artimañas ejecutados por Pedro Sánchez desde que comenzó su carrera política. Muchos dicen que en sus inicios fue promovido por su suegro, el proxeneta, del que el ex comisario Villarejo afirma que en sus prostíbulos «se realizaban grabaciones de personajes del ámbito político». También hay quienes afirman que su modelo de gestión de los lupanares masculinos y femeninos, mal llamados saunas, ha inspirado al presidente del Gobierno en su forma de hacer política.

Sin duda, su tesis doctoral fake; el intento de alterar el resultado del Comité Federal del PSOE que lo expulsó, metiendo votos en una urna escondida detrás de una cortina; su falsa afirmación de que con Bildu no iban «a pactar»; la amnistía a unos golpistas a los que prometió que iba a traer a España para que respondieran ante la justicia; el sueño que decía que perdería si metía a ministros de Podemos en su Gobierno, etc., son sólo algunos ejemplos que demuestran que Pedro Sánchez está dispuesto a todo para aferrarse al poder y que no dudará en el futuro en repetir actuaciones similares a las que le han caracterizado en el pasado.

Es completamente honesto defender la regularización extraordinaria de inmigrantes desde una perspectiva humanitaria, ética y de integración social, como hace, por ejemplo, la Iglesia católica y como el Partido Popular mantenía en 2024, cuando Feijóo decía que los inmigrantes en situación irregular podían «estar tranquilos» porque el PP era «sensible con ellos» y buscaría «soluciones para una inclusión social correcta y legal». Del mismo modo, se esté o no de acuerdo, se puede argumentar con honradez que los hijos y nietos de emigrantes tengan cauces legales para recuperar la nacionalidad española de sus ascendientes, siempre que estos procesos tengan las suficientes garantías formales y jurídicas.

De hecho, las regularizaciones extraordinarias han sido defendidas por gobiernos de distinto signo político cuando concurrían circunstancias excepcionales, por lo que el debate no se centra en la legitimidad de estas medidas, sino en el contexto, el alcance y la finalidad con la que se impulsan, así como en las verdaderas intenciones de quien las promueve.

Pero el punto de vista tiene que cambiar, forzosamente, cuando, al mismo tiempo, un Gobierno que ha perdido todos los apoyos, cuyos ministros no pueden pisar la calle sin ser abucheados y al que las encuestas no otorgan ninguna posibilidad de ser revalidado, aprueba darle el voto a 2,6 millones de extranjeros que jamás pisaron España, a la vez que regulariza a más de 1 millón de inmigrantes ilegales y anuncia que va a nacionalizar a más de 350.000 saharauis que, hace solo una generación, renunciaron voluntariamente al pasaporte español. Y todo ello sin siquiera recabar un consenso parlamentario amplio, imponiendo medidas rechazadas por la oposición.

Y si, además de resultar tan sospechoso que todo este incremento en el número de votantes sea tan precipitadamente llevado a cabo por un Gobierno al que todas las encuestas dan por derrotado, al frente se encuentra el yerno del proxeneta que ha demostrado sobradamente que es capaz de todo para aferrarse al poder, hay que aplicar inmediatamente el test del pato: si parece un pucherazo, nada como un pucherazo y grazna como un pucherazo, entonces, probablemente, Sánchez está intentando dar un pucherazo, porque está en su naturaleza, como en la del alacrán.

Publicado el 02/07/2026 en OKDIARIO

Votos nacionalizados por ‘El Saunas’

El 25 de octubre de 2022, la Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, hermana del ministro al que le descarrilan los trenes, Óscar Puente, publicó en el BOE una serie de instrucciones dirigidas a las Oficinas del Registro Civil sobre el derecho de opción a la nacionalidad española establecido en la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, así como en la anterior Ley 52/2007, de Memoria Histórica. Son leyes que pretenden mantener la memoria de las víctimas que padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista. Estas instrucciones de una directora general se han convertido finalmente en lo que ha venido a denominarse como la Ley de Nietos.

La mencionada disposición adicional octava era, en principio, «una regla para la adquisición de la nacionalidad española para nacidos fuera de España de padres o madres, abuelas o abuelos, exiliados por razones políticas, ideológicas o de creencia», además de incluir «a los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros, antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978, así como los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción».

Pero la hermana de Óscar Puente hizo una interpretación bastante amplia del texto que había sido aprobado por los diputados en el Congreso. Donde la ley hablaba de nacionalizar a los nietos del exilio; ella dijo que, en realidad, quería decir «tanto los nacidos fuera de España de padres o abuelos originariamente españoles, como los nacidos fuera de España de padres o abuelos que por el exilio perdieron la nacionalidad española o renunciaron a ella». Y con unas simples instrucciones dictadas por una directora general, consulados y embajadas comenzaron a tramitar la concesión de la nacionalidad española a todos los millones de descendientes de emigrantes que, entre 1880 y 1930, mucho antes de la Guerra Civil, abandonaron España por motivos económicos, fundamentalmente hacia Latinoamérica.

Esta modificación legal introducida por la simple instrucción de una directora general, hermana del ministro Óscar Puente, tuvo como consecuencia directa e inmediata que, de unas previsiones iniciales de que se tramitarían unos cuantos miles de solicitudes de nacionalidad, finalmente, embajadas y consulados se vieran desbordados por más de 2,5 millones de solicitudes. Se trata de una cifra que supone que se están nacionalizando a más personas que habitantes tienen La Rioja, más Cantabria, más Navarra, más Asturias, todas juntas; lo que implica más que duplicar el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), elevándolo a más del 6% del censo total.

En términos de crítica estrictamente jurídica, debemos decir que no parece lo más adecuado que una reforma tan sustancial, que ha permitido reconocer la nacionalidad a millones de personas cuyos vínculos con España proceden de emigraciones de hace más de un siglo, se haya formalizado mediante la instrucción de una simple directora general, interpretando una ley que solo pretende afectar a las víctimas de la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista, en lugar de haber tramitado para ello una reforma general del Código Civil sobre la nacionalidad por descendencia, como habría sido lo adecuado. También se podría sumar la falta de transparencia estadística, ya que no se han ido publicando datos periódicos que permitieran comprobar cómo las decenas de miles de solicitudes de las que se informó durante los dos primeros años de vigencia de este procedimiento de nacionalidad acabaron convirtiéndose, de repente y justo en la etapa final, en más de 2,5 millones de solicitudes.

Pero si nos centramos en las críticas jurídicas, formales o de transparencia y perdemos de vista que tan sospechosas nacionalizaciones están siendo promovidas por el yerno de Sabiniano, el dueño de los prostíbulos y las saunas gais, el que pactó con etarras y golpistas para llegar al poder y se mantuvo amnistiando a delincuentes y sacando de las cárceles a los etarras, estaremos ignorando las verdaderas intenciones de un presidente del Gobierno que ya ha acreditado sobradamente no tener ni el menor tipo de escrúpulos.

Hay quienes argumentan que, incluso después de la modificación del voto rogado que hizo que, también desde el 2022, la participación en las elecciones de los españoles en el extranjero (CERA) subiera significativamente, en 2023 apenas llegó al 10%, con lo que estos nuevos 2,5 millones de españoles con derecho a voto no van a aportar mucho más de 250.000 papeletas que, en teoría, deben repartirse entre todos los partidos sin beneficiar a ninguno tanto como para poder suponer un vuelco electoral. Dicen esto porque realmente no conocen a El Saunas. Para aferrarse al poder, Pedro Sánchez ha demostrado que es capaz de todo, así que no se puede descartar que intente un pucherazo electoral.

Publicado el 30/06/2026 en OKDIARIO