El 25 de octubre de 2022, la Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, hermana del ministro al que le descarrilan los trenes, Óscar Puente, publicó en el BOE una serie de instrucciones dirigidas a las Oficinas del Registro Civil sobre el derecho de opción a la nacionalidad española establecido en la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, así como en la anterior Ley 52/2007, de Memoria Histórica. Son leyes que pretenden mantener la memoria de las víctimas que padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista. Estas instrucciones de una directora general se han convertido finalmente en lo que ha venido a denominarse como la Ley de Nietos.
La mencionada disposición adicional octava era, en principio, «una regla para la adquisición de la nacionalidad española para nacidos fuera de España de padres o madres, abuelas o abuelos, exiliados por razones políticas, ideológicas o de creencia», además de incluir «a los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros, antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978, así como los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción».
Pero la hermana de Óscar Puente hizo una interpretación bastante amplia del texto que había sido aprobado por los diputados en el Congreso. Donde la ley hablaba de nacionalizar a los nietos del exilio; ella dijo que, en realidad, quería decir «tanto los nacidos fuera de España de padres o abuelos originariamente españoles, como los nacidos fuera de España de padres o abuelos que por el exilio perdieron la nacionalidad española o renunciaron a ella». Y con unas simples instrucciones dictadas por una directora general, consulados y embajadas comenzaron a tramitar la concesión de la nacionalidad española a todos los millones de descendientes de emigrantes que, entre 1880 y 1930, mucho antes de la Guerra Civil, abandonaron España por motivos económicos, fundamentalmente hacia Latinoamérica.
Esta modificación legal introducida por la simple instrucción de una directora general, hermana del ministro Óscar Puente, tuvo como consecuencia directa e inmediata que, de unas previsiones iniciales de que se tramitarían unos cuantos miles de solicitudes de nacionalidad, finalmente, embajadas y consulados se vieran desbordados por más de 2,5 millones de solicitudes. Se trata de una cifra que supone que se están nacionalizando a más personas que habitantes tienen La Rioja, más Cantabria, más Navarra, más Asturias, todas juntas; lo que implica más que duplicar el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), elevándolo a más del 6% del censo total.
En términos de crítica estrictamente jurídica, debemos decir que no parece lo más adecuado que una reforma tan sustancial, que ha permitido reconocer la nacionalidad a millones de personas cuyos vínculos con España proceden de emigraciones de hace más de un siglo, se haya formalizado mediante la instrucción de una simple directora general, interpretando una ley que solo pretende afectar a las víctimas de la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista, en lugar de haber tramitado para ello una reforma general del Código Civil sobre la nacionalidad por descendencia, como habría sido lo adecuado. También se podría sumar la falta de transparencia estadística, ya que no se han ido publicando datos periódicos que permitieran comprobar cómo las decenas de miles de solicitudes de las que se informó durante los dos primeros años de vigencia de este procedimiento de nacionalidad acabaron convirtiéndose, de repente y justo en la etapa final, en más de 2,5 millones de solicitudes.
Pero si nos centramos en las críticas jurídicas, formales o de transparencia y perdemos de vista que tan sospechosas nacionalizaciones están siendo promovidas por el yerno de Sabiniano, el dueño de los prostíbulos y las saunas gais, el que pactó con etarras y golpistas para llegar al poder y se mantuvo amnistiando a delincuentes y sacando de las cárceles a los etarras, estaremos ignorando las verdaderas intenciones de un presidente del Gobierno que ya ha acreditado sobradamente no tener ni el menor tipo de escrúpulos.
Hay quienes argumentan que, incluso después de la modificación del voto rogado que hizo que, también desde el 2022, la participación en las elecciones de los españoles en el extranjero (CERA) subiera significativamente, en 2023 apenas llegó al 10%, con lo que estos nuevos 2,5 millones de españoles con derecho a voto no van a aportar mucho más de 250.000 papeletas que, en teoría, deben repartirse entre todos los partidos sin beneficiar a ninguno tanto como para poder suponer un vuelco electoral. Dicen esto porque realmente no conocen a El Saunas. Para aferrarse al poder, Pedro Sánchez ha demostrado que es capaz de todo, así que no se puede descartar que intente un pucherazo electoral.
Publicado el 30/06/2026 en OKDIARIO
