Los Presupuestos del Estado como los de la Sauna Adán

 

El artículo 134.3 de la Constitución dice: «El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior». Ahí no pone «podrá presentar», ni «presentará si quiere», tampoco pone, «si es que tiene votos para aprobarlos», ni siquiera «presentará o no, según le convenga al Saunas». La expresión «deberá presentar» es indiscutiblemente taxativa y no admite interpretación ni condicionamiento. El Gobierno está obligado por la Constitución a presentar ante el Congreso un proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) y debe hacerlo forzosamente antes del día 1 de octubre, que es cuando se cumplen los tres meses antes de que finalicen los anteriores, aunque estos hayan sido prorrogados. Y debe hacerlo tanto si cuenta con votos para que se aprueben como si no es así.

La norma es tan clara y poco sujeta a opinión contraria que no debería ser necesario comprobar cómo la han interpretado los distintos Gobiernos que la han tenido que aplicar, pero, conociendo el percal, solamente hay que irse al Boletín Oficial del Congreso de los Diputados y hacer una sencillísima búsqueda con la que podremos comprobar que absolutamente todos los Gobiernos de todos los partidos políticos la han cumplido a rajatabla, excepto cuando ha sido materialmente imposible hacerlo. Lo vais a entender enseguida. El 27 de agosto de 1982, el presidente Calvo Sotelo se vio forzado a disolver las Cortes y convocó elecciones generales para el 28 de octubre de 1982, por lo que nadie podía presentar en tiempo y forma los presupuestos de 1983, que sí presentó Felipe González, aunque fuera de plazo, el 22 de abril de 1983.

En 1989 pasó lo mismo: presionado por los sindicatos, Felipe González anunció el 25 de agosto de 1989 que disolvía las Cortes y convocaba elecciones anticipadas para el 29 de octubre de 1989. Tras ganarlas, fue investido en diciembre de 1989 y presentó en el Congreso los Presupuestos de 1990 el 1 de marzo de ese mismo año. Para las elecciones que se celebraron el 20 de noviembre de 2011, se habían disuelto las Cortes el 27 de septiembre; luego el Proyecto de PGE de 2012 no lo pudo presentar Rajoy hasta el 3 de abril de 2012. Y lo mismo ocurrió con las elecciones que se celebraron en junio de 2016, en las que Rajoy no logró ser investido hasta el 29 de octubre, por lo que no pudo presentar los PGE de 2017 hasta el 4 de abril de ese año.

La primera vez en la historia de España en que un presidente del Gobierno que no estuviera en funciones ni tuviera las Cortes disueltas, incumplió la obligación constitucional de presentar los Presupuestos del año siguiente antes del 1 de octubre, fue Mariano Rajoy con los PGE de 2018. Como ya se ha explicado, los del año anterior no pudo presentarlos antes por las elecciones y no logró que se aprobaran hasta el mes de mayo de 2017. Inmediatamente después, debería haberse puesto a trabajar en los de 2018 para dejarlos presentados después del verano, pero no lo hizo con la excusa del follón del referéndum golpista de Cataluña del 1 de octubre de 2017, justo cuando se deberían haber presentado los PGE. En su descargo, hay que decir que, aunque tarde, el 3 de abril de 2018, Rajoy presentó su proyecto de Presupuestos para 2018.

A partir de ahí empiezan las cuentas de Pedro Sánchez, investido el 2 de junio de 2018 tras ganar la moción de censura contra Rajoy. Los presupuestos de 2019, 2021, 2022 y 2023 los ha presentado todos tarde, fuera de plazo. Y ha incumplido completamente esta obligación, al no presentar proyecto de presupuestos ni en 2020, ni en 2024, ni en 2025, y otra vez lo ha vuelto a hacer al no presentar los de 2026. Pedro Sánchez no ha cumplido la obligación constitucional de presentar Presupuestos en plazo ni una sola vez en los más de ocho años que lleva gobernando. Nunca. Y la ha incumplido de manera absoluta, no presentándolos ni siquiera tarde, en la mitad de las ocasiones. Pedro Sánchez gobierna sin Presupuestos, prorrogando los de 2023, moviendo cantidades millonarias de unas partidas a otras y ampliando las que le da la gana sin someterse ni a la Constitución ni a ningún rigor ni control parlamentario. Hay que decirlo. Desde que es presidente, Pedro Sánchez maneja los Presupuestos Generales del Estado como cualquier proxeneta dirige las finanzas de su lupanar.

Publicado el 01/10/2026 en OKDIARIO

No hay viviendas por culpa de Sánchez y Rufián

 Gabriel Rufián resume perfectamente cuál es la idea que los críos que acampan en la Puerta del Sol de Madrid tienen acerca del problema de la vivienda en España: «Si con el desahucio salvaje de una señora de 87 años en directo y con miles de personas indignadas y decepcionadas en la calle no eres capaz de legislar para tocarle la cara de una vez a los fondos buitres y a los grandes acumuladores de vivienda de este país, simplemente es que no mereces gobernar», escribió en un tuit esta mañana.

Si la culpa fuera exclusivamente de los fondos buitres y los grandes tenedores, el problema sería pequeño y la solución bien sencilla. Nada más lejos de la realidad.

Llaman «fondos buitres» a los fondos de inversión que compran activos baratos y en apuros (carteras hipotecarias de bancos rotos, paquetes de Sareb, promociones a medias) para sacar rentabilidad: ejecutar, subir rentas y revender.

Son propietarios de menos del 0,5% de las viviendas de España, que suponen menos del 1% de las de alquiler. Por su parte, como «grandes acumuladores de vivienda», Rufián se refiere a los «grandes tenedores», que son aquellos sometidos a restricciones legales por poseer más de 10 viviendas y que se estima que son propietarios de menos del 3% del total de viviendas, que representan menos del 5% de las de alquiler. El Banco de España da el dato de que el 92% de los pisos en alquiler en España pertenecen a pequeños propietarios.

Lo que expresa Rufián es una idea que cala bien en una sociedad absolutamente infantilizada que disfruta encontrando grandes villanos a los que culpar de sus problemas, siempre mirando bien lejos de los políticos autodenominados «progresistas», que son los únicos culpables de todo este follón.

La descripción de cuál es el problema actual de la vivienda en España es muy sencilla y no admite debate, pues los datos son claros. El Banco de España dice que, en 2025, se construyeron unas 90.000 viviendas, mientras se crearon unos 200.000 nuevos hogares.

Después de la crisis de 2008, la demanda de vivienda, tanto en compra como en alquiler, ha crecido muchísimo más que la oferta; los precios se han disparado, hay muchísimas menos casas de las que se necesitan y las que hay están a un precio inasumible para una amplísima capa de la población.

Echarle la culpa de esto a unos fondos buitre que no poseen ni el 0,5% de las casas o a unos grandes tenedores con menos del 3% de ellas es, sencillamente, ridículo. En España, grandes tenedores son el Gran Wyoming y cuatro socialistas más. Poca cosa para tan enorme crisis.

Una vez descrito el problema, hay que hablar de las causas y aquí, entre los expertos, hay unanimidad. La demanda, tanto de compra como de alquiler, ha crecido casi exclusivamente por la avalancha de inmigrantes que han llegado a España, sobre todo desde que gobierna Pedro Sánchez.

Y la oferta no ha crecido a ese mismo ritmo por la conjunción de múltiples motivos, entre los que los más importantes son que no hay suelo disponible allí donde se necesita; que los permisos y licencias para construir pueden llegar a demorarse años; que, a pesar de los altísimos precios, la rentabilidad del sector de la construcción es mucho más baja que en los países vecinos y está entre las menores de todas las actividades de la economía española; que más de un 25% del precio final de una vivienda son impuestos, tasas y licencias que se llevan las administraciones públicas; a lo que además se une la dificultad de encontrar profesionales para trabajar en el sector de la construcción y que la normativa que protege a los inquilinos vulnerables lo hace a costa de sus caseros; además de la parálisis en la construcción de esas viviendas públicas que Pedro Sánchez promete cada año, mientras la OCDE sitúa a España por debajo del 2% del parque total, enormemente lejos del 8% de media de la Unión Europea.

Y la forma de resolverlo es clara: hay que volver a liberalizar el suelo, como hizo Aznar en 1998 y deshizo Zapatero en 2007; hay que simplificar los procedimientos administrativos para acortar los plazos de las licencias; bajar impuestos que suben los precios; incentivar la formación profesional y cargar la política social de protección a los más desfavorecidos sobre las administraciones públicas y no sobre caseros y ahorradores.

Además, las administraciones deben construir con urgencia esas miles de viviendas públicas para alquiler social que estructuralmente hacen falta, pero esta vez, a diferencia de lo que se hizo con las VPO, se debe mantener ese stock público en manos del Estado para encargarse de ayudar a quienes de verdad lo necesiten.

El problema de la vivienda en España sólo se podrá solucionar cuando nos quitemos de encima el socialismo sanchista y a todos los gabrieles rufianes que lo sostienen.

Publicado el 29/09/2026 en OKDIARIO

Las Maricarmen son parte del problema

 

Maricarmen Abascal no es víctima de nada, sino parte del problema. La señora de 87 años que fue desahuciada a la fuerza de la vivienda que ocupaba de forma ilegal, porque a ella no le daba la gana de irse a pesar de haber perdido todos los procedimientos judiciales que interpuso para intentar seguir allí, es uno de los mejores ejemplos con los que podemos explicar las causas del enorme problema que existe con la vivienda en España.

La casa en la que vivía Maricarmen fue adquirida por una pyme en el año 2020, después de que el anterior propietario, que había adquirido el edificio entero en 2018, le ofreciera a Maricarmen el obligatorio derecho de tanteo por unos 240.000 euros, que es mucho menos de la mitad del valor de mercado de una vivienda de 90 m² en la madrileña calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito de Retiro. Pero Maricarmen decidió no ejercer su derecho a quedarse con la casa, sabiendo que iban a transcurrir muchísimos años antes de que el nuevo propietario fuera capaz de hacer cumplir la ley para desalojarla a ella, que es precisamente el motivo por el que el precio era tan bajo.

Los hechos son conocidos. El padre de Maricarmen firmó el contrato de arrendamiento en 1956, cuando estaba vigente una normativa franquista que, de no haber sido derogada, habría impedido que ella fuera desahuciada. Al fallecer su padre, la madre de Maricarmen se subrogó en sus derechos y, al morir esta, en el año 2005, se subrogó ella.

Pero en ese año 2005 en España ya había gobernado el PSOE durante 15 años y le había dado tiempo a legislar; primero el RDL 2/1985, más conocido como decreto Boyer, que puso fin a los contratos de arrendamiento indefinidos o ‘de renta antigua’, como el firmado por el padre de Maricarmen, pero dejó en vigor los que ya existían; y posteriormente la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1994, cuya disposición transitoria 2.ª recortó las subrogaciones de los contratos anteriores al decreto Boyer, de forma que la segunda, cuando se corresponde a un hijo después del cónyuge, que habrá sido la primera, tan solo va a durar dos años. Con la ley franquista nadie habría podido adecuar a precios de mercado la renta de Maricarmen, pero gracias a las reformas socialistas ya sí era posible.

Maricarmen ha tenido un buen sueldo toda su vida. Trabajó como secretaria del consejo de administración de una multinacional farmacéutica americana hasta que decidió prejubilarse cuando aún no había cumplido los 60, sabiendo que le quedaría una muy buena pensión de casi 1.500 euros al mes. Sin hijos y pagando una pequeñísima renta de alquiler, no necesitó trabajar más. Pero cuando en 2005 murió su madre y Maricarmen se subrogó en el contrato, ya sabía que, conforme a la socialista LAU de 1994, su segunda subrogación tenía una duración máxima de dos años.

En 2007, por tanto, había terminado jurídicamente su derecho a continuar como arrendataria. Sin embargo, los propietarios de entonces siguieron cobrándole la renta antigua y no reclamaron la vivienda durante más de una década, aceptando de hecho que continuara allí por cuatro perras. No fue hasta 2018, fecha en que se vendió el edificio entero a Renta Corporación, y posteriormente, en 2020, cuando el inmueble pasó a Urbagestión, cuando los nuevos propietarios decidieron hacer valer judicialmente la extinción de aquella segunda subrogación.

Setenta años después de la firma del contrato, tras dos subrogaciones, Maricarmen quería seguir viviendo en esa casa pagando una renta de la época franquista actualizada con el IPC. Por culpa de todas las Maricarmen que hay en España y de las leyes que las amparan, esa vivienda que ella ocupaba no podía comprarla nada más que una empresa del tipo de la pyme madrileña subvencionada por el Gobierno de Pedro Sánchez que se hizo con su propiedad en 2020.

Urbagestión Desarrollo e Inversión SL se llama esa empresa, calificada por la extrema izquierda como fondo buitre, que recibió en 2023 una subvención del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública que dirige Óscar López. Ninguna familia puede comprar una vivienda que está ocupada por alguien que, como Maricarmen, se resiste a cumplir las leyes y se atrinchera en ella durante años.

Lo que no han impedido ni socialistas ni populares cuando han gobernado, es que el procedimiento administrativo y judicial ampare a todas las Maricarmen de España y les permita mantenerse durante tantísimos años ocupando una vivienda que no es suya.

Si un okupa sabe que va a poder disfrutar años de una vivienda sin pagarla, está siendo incentivado a hacerlo. Los dueños de viviendas tienen miedo a arrendarlas en estas condiciones y, cuando lo hacen, quieren cobrar la prima de riesgo que asumen. Los precios de los alquileres suben y las viviendas escasean, entre otras cosas, por culpa de las Maricarmen de España y la extrema izquierda que las incentiva.

Publicado el 24/09/2026 en OKDIARIO