Un acuerdo PP-Vox debe ser bien explicado


 

Mucho ojo con no tratar a los votantes como a adultos. Pienso que no cabe ninguna duda de que una mayoría tan inmensa que prácticamente se debería hablar de la totalidad de los votantes de PP y Vox, estamos de acuerdo en que ambos partidos deben llegar a un acuerdo que imposibilite que la coalición entre socialistas y comunistas les impida lograr esa mayoría de tres quintos que ponga fin al desaguisado que el socialista disfrazado de magistrado, Cándido Conde-Pumpido, ha montado en el Tribunal Constitucional (TC).

Los demócratas no queremos que, de ninguna manera, los socialistas con toga que ahora dominan siete a cinco todas las decisiones de dicho órgano sigan imponiendo sus criterios políticos para anular las sentencias basadas en criterios jurídicos del Tribunal Supremo. No deseamos que se siga indultando de forma torticera a aquellos delincuentes que le convenga al Partido Saunista. Y para ello es imprescindible que PP y Vox alcancen una mayoría de tres quintos en el Senado que les permita renovar, sin contar con el PSOE, los cuatro miembros del TC cuyos cargos están vencidos.

Aunque, en realidad, lo que desearíamos todos a corto plazo es una reforma de la Constitución para demoler el Tribunal Constitucional y que los políticos saquen sus sucias manos de la justicia de una vez por todas, de momento y como primer paso en ese sentido, nos conformaremos con deshacer esa mayoría de extrema izquierda vigente actualmente y que tanto daño ha hecho. Todos estamos de acuerdo en esto.

«Sería un error facilitar al sanchismo el control directo o indirecto del Senado», ha dicho Alberto Núñez Feijóo. Por su parte, Santiago Abascal ha afirmado que «la alianza de Sánchez con la extrema izquierda exige sacrificios a los partidos de la oposición» y Vox tiene «la voluntad de algún entendimiento que proteja el Senado de los acuerdos de Sánchez con esa extrema izquierda». Si todos estamos de acuerdo en el objetivo, tan sólo hay que encontrar la manera más adecuada de alcanzarlo y explicarlo.

Vencido el plazo para presentar una coalición electoral que, en mi opinión, habría restado más de lo que podría sumar en el caso de PP y Vox, por el rechazo evidente de muchos de sus votantes y porque no es lo mismo reaccionar obligados por la coalición de la extrema izquierda saunista que tomar la iniciativa, ahora, básicamente, se manejan dos alternativas. El Partido Popular está pidiendo a Vox que no se presente en aquellas provincias en las que existe el riesgo de perder el Senado, mientras que, por su parte, los de Abascal parecen preferir que en las listas del PP figure como independiente un tercer candidato de su partido.

Conviene recordar que los partidos envían por correo, en su propaganda electoral, papeletas del Senado en las que ya vienen marcadas las tres cruces junto a los nombres de sus candidatos, mientras que, en las papeletas que hay en los colegios electorales, esta cruz hay que marcarla a mano y que, cuando se hace esto, no siempre los tres votados son del mismo partido. Sin ir más lejos, en las elecciones generales de 2023 hubo cuatro provincias en las que los senadores elegidos en tercera posición no fueron del mismo partido que los elegidos en primer y segundo lugar. En Badajoz, Cáceres, Huelva y Valencia, los electores votaron mayoritariamente a dos senadores del PP y a dos del PSOE, y no se produjo ese reparto tres a uno que ocurre cuando se vota igual a los tres candidatos propuestos por el mismo partido.

No se puede dar por sentado que, donde no se presente Vox, automáticamente sus votantes van a votar al PP, del mismo modo que no se debe presuponer que, si el tercer candidato en una lista del PP es de Vox, todos ellos van a recibir el mismo número de votos. Tampoco se puede descartar que, si se les explica bien a los votantes, allí donde sea necesario, estos sepan repartir sus tres votos entre ambos partidos.

Lo que en ningún caso deben hacer Feijóo y Abascal es menospreciar la inteligencia de sus votantes y tratarlos como a niños, pretendiendo imponerles unos acuerdos que no estén bien explicados. Eso podría ser tan contraproducente o más que no llegar a ningún acuerdo. Los votantes de la extrema izquierda saunista son intercambiables e indistinguibles, pero los de centro y derecha no somos como ellos: tenemos cerebro y sabemos usarlo con libertad y sentido común.


Publicado el 20/10/2026 en OKDIARIO

No pueden votar en España porque no son españoles


 

Otra vez nos hemos dejado liar por la extrema izquierda saunista. Hemos caído en su trampa y ya estamos todos debatiendo acerca del derecho a voto de los españoles en el extranjero.

A algunos se les ocurren reformas originales, como sería exigir que, para poder votar desde el extranjero, previamente se hubiera residido un mínimo de años en España.

Otros van aún más allá y proponen que se reforme la Constitución para crear una nueva circunscripción que asigne un número limitado de escaños en función del conjunto de los votos de los españoles inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

Incluso hay quienes han sucumbido al debate acerca de la legitimidad democrática de que la justicia haya decidido suspender cautelarmente el derecho al voto de determinados ciudadanos españoles residentes fuera de España. No hay que aceptar ese debate porque los que no somos saunistas negamos la mayor y afirmamos que no son españoles.

La trampa está en que solamente quieren que hablemos del auto de medidas cautelares dictado por el Tribunal Supremo (TS) el 10 de septiembre, ratificado el 12 de octubre pasado.

Con el apoyo de todo el equipo de opinión sincronizada, los titulares cuentan que la justicia ha suspendido el derecho a voto de miles de españoles. Contado así, parece evidente que se trata de una medida poco democrática.

Un auto de medidas cautelares es una resolución mediante la que se acuerdan, se deniegan o se modifican una serie de medidas provisionales destinadas a proteger derechos o evitar que se produzca un daño mientras se resuelve un procedimiento judicial.

En este caso concreto, el auto del TS versa sobre un recurso presentado por VOX contra una resolución de la Junta Electoral Central (JEC), después de que los de Abascal hubieran solicitado a esta que suspendiera la inscripción en el CERA de todos los nacionalizados al amparo de una instrucción del 25 de octubre de 2022, dictada por la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, hermana del ministro Óscar Puente.

Pero este recurso de VOX contra la decisión de la JEC de no suspender dichas inscripciones es solamente una más de las muchas acciones judiciales emprendidas en relación con todo este asunto.

A principios de 2023, tanto el Grupo Parlamentario VOX como el Popular presentaron ante el Tribunal Constitucional sendos recursos de inconstitucionalidad contra la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática.

Estos recursos han sido admitidos a trámite y están pendientes de estudio y resolución por parte de los magistrados del tribunal político presidido por el socialista Cándido Conde-Pumpido.

En junio de 2026, VOX presentó ante la Secretaría de Estado de Justicia una solicitud de revisión de oficio para que se declare la nulidad de pleno derecho de la citada instrucción de la hermana de Óscar Puente, al considerar que excede manifiestamente los términos de la Ley de Memoria Democrática.

Al mes siguiente, la formación de Santiago Abascal registró en los tribunales una querella contra Sofía Puente, acusándola de los delitos de prevaricación administrativa y usurpación de atribuciones legislativas. Varias asociaciones también han presentado distintos recursos contencioso-administrativos y querellas contra dicha instrucción.

La disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, aprobada en el Parlamento y publicada en el BOE, autorizaba la concesión de la nacionalidad española a los nacidos fuera de España, nietos de abuelos que sufrieran «exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual», pero la instrucción de esa funcionaria socialista amplió esa concesión de la nacionalidad a todos «los nacidos fuera de España de padres o abuelos originariamente españoles», eliminando, por tanto, la necesidad de acreditar la condición de exiliado político, como se acordó en el Congreso.

Para Sofía Puente, solo hace falta que haya alguien vivo cuyo abuelo hubiera sido español para nacionalizarlo a él y a todos sus descendientes, sin límite temporal.

Y así es como, en la práctica, se ha estado regalando el pasaporte español a millones de argentinos, cubanos y venezolanos, con la esperanza de que todos ellos votarían al Saunas y le permitirían seguir cuatro años más en la Moncloa.

Con carácter cautelar y por razones de urgencia, se ha solicitado que se suspenda el voto de todos esos extranjeros para evitar que se altere el resultado electoral.

Pero, pasada esa urgencia, lo que se está negando es que todos esos argentinos sean españoles. En España no pueden votar porque no son españoles, así que no son ciudadanos de segunda sin derecho a voto, sino argentinos de primera que deben votar en su país.


Publicado el 15/10/2026 en OKDIARIO

Begoña Gómez: una pichona muy carroñera


 

El «gran jefe» dio un puñetazo en la mesa y dijo «que su mujer puede ser una pichona, pero que no es una corrupta». Ésta es la jerga que se habla en los ambientes barriobajeros y prostibularios en los que se formó el presidente del Gobierno, alias el Saunas, a quien el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, espetó a la cara en el Congreso de los Diputados esta sonora frase que quedará grabada para los anales de la historia: «¿Pero de qué prostíbulos ha vivido usted? Ha sido partícipe a título lucrativo del abominable ejercicio de la prostitución».

El Saunas decía que la hija del proxeneta, Sabiniano Gómez, podía ser una pichona. El diccionario de la RAE define al pichón y a la pichona como el pollo de la paloma casera o como un apelativo cariñoso que nada tiene que ver con el que se le da en esa frase. En el diccionario de americanismos de la Asociación de Academias de la Lengua Española aparece una acepción que ya nos da alguna pista cuando nos dice que, en algunos países, se usa para definir a una «persona, joven y sin experiencia», o a un «jugador al que se gana con facilidad». Así que podemos concluir que, en esos ambientes arrabaleros de lupanar en los que la cloaca del Saunas se mueve como pez en el agua, una pichona debe ser una persona joven e inocente a la que es fácil engañar. Más víctima que culpable.

Pero a la cría del buitre, que es el ave carroñera por excelencia, también se la denomina polluelo o pichón, así que una pichona también es esa ave pequeñita que se alimenta, con perdón, de la carroña regurgitada por sus progenitores, procedente de carne y vísceras de animales muertos, tal y como Begoña Gómez se alimentó, hasta que fue bien mayorcita, del dinero manchado del sudor y de las lágrimas de las prostitutas a las que explotaba su padre, que se dedicó junto a sus hermanos a forrarse con el negocio de las saunas-prostíbulo.

Es difícil que la cría de un buitre se convierta en una paloma. Este tipo de comportamientos aprendidos en la infancia y en la juventud contribuyen a formar el carácter y la personalidad del adulto y, quien se ha criado explotando las necesidades de los más desfavorecidos, difícilmente dejará de repetir ese mismo comportamiento cuando llegue a la edad adulta. Por ese motivo, no es de extrañar la exclusiva que publica hoy OKDIARIO, informando de que la Pichona, la mujer de Pedro Sánchez, el Saunas, se está lucrando alquilando a precio de oro y por habitaciones un apartamento ubicado en una de las zonas más tensionadas del centro de Madrid.

Imitando el comportamiento de los fondos buitres inmobiliarios, la mujer de Pedro Sánchez cobra 2.200 euros al mes a dos universitarias extranjeras por un piso que su padre, Sabiniano Gómez, compró gracias al dinero obtenido de la prostitución. El inmueble se encuentra ubicado a escasos metros del Congreso de los Diputados, donde su marido dice que su función es «unir a propietarios e inquilinos contra los fondos buitre», que hacen lo mismo que su esposa.

El patrimonio inmobiliario del matrimonio Sánchez-Gómez daría para que ellos mismos fueran calificados como grandes tenedores, que es la denominación legal para eso que ellos llaman fondos buitre. A su nombre, Pedro Sánchez tiene dos pisos con sus plazas de garaje, uno de ellos actualmente alquilado por más de 1.100 euros al mes, según consta en su declaración patrimonial en el Congreso. Inscritas a nombre de Begoña Gómez existen otras cuatro viviendas, repartidas por Somosaguas, Mojácar (Almería) y el centro de Madrid, incluido este piso alquilado por habitaciones. En total, seis viviendas que ya aparecen inscritas a sus nombres, a las que hay que sumar las que Begoña recibió en 2024 en herencia de su padre, el de los prostíbulos saunas, cuyos plazos de inscripción ha decidido alargar para que no aparezcan aún a su nombre. Se trata de otras dos viviendas en Madrid, una de ellas un chaletazo en la lujosa urbanización Prado de Somosaguas – La Finca, donde pretenden trasladarse en cuanto los echemos de La Moncloa. Sumarían en total ocho viviendas, varias de ellas alquiladas por varios miles de euros mensuales. La mujer del Saunas tiene un patrimonio inmobiliario digno de la pichona más carroñera.


Publicado el 13/10/2026 en OKDIARIO