El 23 de septiembre de 2025 el Congreso de los Diputados rechazó con los votos de Podemos, Partido Popular, Vox y UPN, la proposición de Ley Orgánica de delegación en la Comunidad Autónoma de Cataluña de competencias estatales en materia de inmigración, lo que provocó que Junts rompiera relaciones con el PSOE, votando a partir de ese momento en contra de todas sus propuestas. El martes el Consejo de Ministros autorizó la tramitación urgente de un real decreto para llevar a cabo un proceso de regularización extraordinaria de más de 500.000 inmigrantes ilegales, pero dejó que la medalla se la colgara el día antes Irene Montero, quien admitió que «hay algo a cambio» que aún no puede contar porque Sánchez les ha pedido «discreción». Pero al día siguiente se acabó la discreción y dijo que ahora sí su formación está ya abierta a negociar la delegación de competencias en migración a Cataluña.
Los motivos por los que Podemos tumbó esa iniciativa los explicó perfectamente su diputado Javier Sánchez Serna en su intervención en dicho debate: «Los dirigentes de Junts lo han dicho todo, la portavoz Míriam Nogueras ha hablado de descontrol migratorio, Jordi Turull ha justificado esta medida diciendo literalmente que aquí no cabemos todos, Carles Puigdemont ha llegado a afirmar que, si no hay restricciones sobre la inmigración, no se puede asegurar la identidad de Cataluña. ¿De verdad alguien piensa que todo esto va de competencias? Aquí lo que han pactado el Partido Socialista y Junts es una ley para decidir qué administración ejerce el racismo y la presión sobre la población inmigrante. Por eso esta proposición no solamente habla de competencias, plantea cosas como que la Generalitat determine los perfiles de trabajadores extranjeros a contratar, la gestión de los CIES o que la plantilla de los Mossos aumente en un 45 % de aquí a 2032, vinculando de nuevo migración y delincuencia».
Absolutamente todos los dirigentes de Podemos han explicado esto mismo con sus propias palabras. Ione Belarra, su secretaria general, ha dicho que «esta ley solo se entiende en el marco de la competición entre Junts y Aliança Catalana» y la ha calificado de «agenda del odio y del racismo». La eurodiputada Irene Montero ha dicho que «el racismo, aunque se disfrace de autogobierno, racismo se queda». Su secretario de Organización, Pablo Fernández, ha dicho que considera que la proposición es «abiertamente racista y de extrema derecha» y que «normaliza y legitima el racismo institucional». Y hasta su fundador, Pablo Iglesias, respondió a Jordi Turull diciendo que «los que ahora están compitiendo con los fascistas de Aliança Catalana con propuestas abiertamente racistas, nos dicen ahora que no ser pujolista es ser catalanófobo, pues, con todo el cariño y respeto, váyanse un poquito a la mierda».
Ayer Míriam Nogueras dijo en una entrevista en la SER que tanto al PSOE como a Podemos les interesa ahora desbloquear el asunto porque «a todos les conviene: a unos para tapar la crisis de trenes y a los otros para sacar la cabeza», e insistió en que «no se tocará ni un pelo del articulado», por lo que se entiende que solamente están abiertos a cambiar su Exposición de Motivos.
Pero, como claramente se puede comprobar en todas sus declaraciones, el rechazo de Podemos a este traspaso de competencias no está relacionado con lo que se dice en su Exposición de Motivos, como ahora quieren hacer creer. En realidad, la Exposición de Motivos de la ley tumbada el otoño pasado solo hacía una ligerísima e indirecta mención a que la inmigración descontrolada podría llegar a suponer un «riesgo para la convivencia y la cohesión social», pero nada más. Podemos estuvo en contra de ella y dijo que es «abiertamente racista y de extrema derecha» basándose en las declaraciones de todos los representantes de Junts, que a día de hoy siguen diciendo exactamente lo mismo que entonces, porque en su articulado se regulan cuestiones que afectan a la lengua y a la cultura catalanas, a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIES) y a la plantilla de los Mossos d’Esquadra, y, sobre todo, porque piensan que esta medida solo se entiende dentro de la competencia entre Junts y «los fascistas de Aliança Catalana».
En 2012, Pablo Iglesias ya explicó que «la política, en última instancia, es acumular poder… hacer política supone cabalgar contradicciones». Con los votos de Podemos se va a aprobar una ley que, para ellos, es «racista y de extrema derecha», con el objetivo de que el partido morado concurra a las próximas elecciones presumiendo de que, solo gracias a ellos, se han regularizado medio millón de inmigrantes ilegales y eso les permita acumular más poder en su competencia contra Yolanda Díaz y Pedro Sánchez por los votos de extrema izquierda. Cabalgando contradicciones, Podemos se ha hecho racista de extrema derecha por pura demagogia electoralista.
Publicado el 29/01/2026 en OKDIARIO
