Podemos ha anunciado que se querellará contra
Eduardo Inda y el empresario y antiguo socio de Pablo Iglesias, Enrique Riobóo,
por sus palabras del lunes ante la comisión del Senado que estudia la
financiación de los partidos políticos, donde también declaró Juan Carlos
Monedero, como fundador de Podemos. Riobóo aseguró
que “Iglesias y Monedero tenían los
bolsillos dopados de Irán y Venezuela para pagar su actividad política”.
Por su parte Inda mostró
los documentos publicados por Okdiario con los que se demuestra que los líderes
de Podemos han cobrado al menos 7,7 millones del Gobierno de Venezuela. La
formación considera que todo ello es "falso" y que al decirlo en el
Senado podría constituir un delito de falso testimonio.
El único argumento con el que los podemitas justifican
esta querella es que los Tribunales españoles ya han archivado o inadmitido más
de diez denuncias contra Podemos y sus dirigentes por financiación ilegal. Lo
que no dicen es que todos estos hechos ocurrieron antes de 2015, fecha en la
que el PP introdujo una modificación en la Ley sobre financiación de los
partidos políticos para prohibir su financiación por parte de Gobiernos,
entidades o empresas públicas extranjeras e introdujo en el Código Penal el
delito de financiación ilegal de los partidos políticos. O sea, que cuando los
Tribunales han archivado las denuncias contra Podemos no ha sido porque los
hechos denunciados fueran falsos, sino porque presuntamente se cometieron antes
de la entrada en vigor de las normas que los convertirían en ilegales.
Resulta incontrovertible que Monedero cobró
425.000 € por un informe que jamás ha visto la luz, pagado a un precio
desorbitado y sobre un asunto sobre el que él es un completo ignorante. No cabe
la menor duda de que el que fuera Ministro de Finanzas con Chávez, Rafael Isea,
ha hecho unas declaraciones juradas y documentadas según las cuales el propio
Hugo Chávez ordenó que entre 2008 y 2015 se pagasen 6 millones de euros a Pablo
Iglesias y Juan Carlos Monedero para “crear consensos de fuerzas políticas y
movimientos sociales propiciando [en España] cambios políticos aún más afines
al Gobierno bolivariano”. Ha quedo probada en los Tribunales la veracidad
de la información publicada por Eduardo Inda según la cual el Gobierno de
Maduro ordenó en febrero de 2014 pagar 272.325 dólares a Pablo Iglesias en una
cuenta bancaria ubicada en un paraíso fiscal. Y así hasta los 7,7 millones entregados
al entorno de Podemos, de los que, por otro lado, tan sólo han declarado
3,7 ante Hacienda.
La querella anunciada por Podemos, si es que
finalmente llegan a interponerla, se quedará en nada, como ya ha ocurrido
antes. Pero con la lentitud con la que actúa nuestra justicia, eso ocurrirá
dentro de muchos meses, durante los cuales su aparato propagandístico la usará
como si con ella ciertamente descreditaran las verdades dichas ante el Senado.
Lo que todos debemos preguntarnos es por qué ni la fiscalía ni la Agencia
Tributaria han sido más diligentes en sus acciones, pese a la cantidad de
pruebas que acreditan pagos a Podemos, su fundación y sus dirigentes,
procedentes de las dictaduras de Venezuela e Irán, aunque no puedan ser condenados
por financiación ilegal. Es posible que el Partido Popular se haya visto
beneficiado por la aparición de la formación morada que dividía el voto de izquierdas.
Es muy probable que el trato dado a Podemos en distintas cadenas de televisión también
les haya hecho crecer desproporcionadamente. Es seguro que nos tratan como a
idiotas, pero como no lo somos, es necesario que les digamos que nos damos
cuenta de a quién beneficia la impunidad de Podemos.
Publicado el 15/11/2017 en OKdiario
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