No hay viviendas por culpa de Sánchez y Rufián

 Gabriel Rufián resume perfectamente cuál es la idea que los críos que acampan en la Puerta del Sol de Madrid tienen acerca del problema de la vivienda en España: «Si con el desahucio salvaje de una señora de 87 años en directo y con miles de personas indignadas y decepcionadas en la calle no eres capaz de legislar para tocarle la cara de una vez a los fondos buitres y a los grandes acumuladores de vivienda de este país, simplemente es que no mereces gobernar», escribió en un tuit esta mañana.

Si la culpa fuera exclusivamente de los fondos buitres y los grandes tenedores, el problema sería pequeño y la solución bien sencilla. Nada más lejos de la realidad.

Llaman «fondos buitres» a los fondos de inversión que compran activos baratos y en apuros (carteras hipotecarias de bancos rotos, paquetes de Sareb, promociones a medias) para sacar rentabilidad: ejecutar, subir rentas y revender.

Son propietarios de menos del 0,5% de las viviendas de España, que suponen menos del 1% de las de alquiler. Por su parte, como «grandes acumuladores de vivienda», Rufián se refiere a los «grandes tenedores», que son aquellos sometidos a restricciones legales por poseer más de 10 viviendas y que se estima que son propietarios de menos del 3% del total de viviendas, que representan menos del 5% de las de alquiler. El Banco de España da el dato de que el 92% de los pisos en alquiler en España pertenecen a pequeños propietarios.

Lo que expresa Rufián es una idea que cala bien en una sociedad absolutamente infantilizada que disfruta encontrando grandes villanos a los que culpar de sus problemas, siempre mirando bien lejos de los políticos autodenominados «progresistas», que son los únicos culpables de todo este follón.

La descripción de cuál es el problema actual de la vivienda en España es muy sencilla y no admite debate, pues los datos son claros. El Banco de España dice que, en 2025, se construyeron unas 90.000 viviendas, mientras se crearon unos 200.000 nuevos hogares.

Después de la crisis de 2008, la demanda de vivienda, tanto en compra como en alquiler, ha crecido muchísimo más que la oferta; los precios se han disparado, hay muchísimas menos casas de las que se necesitan y las que hay están a un precio inasumible para una amplísima capa de la población.

Echarle la culpa de esto a unos fondos buitre que no poseen ni el 0,5% de las casas o a unos grandes tenedores con menos del 3% de ellas es, sencillamente, ridículo. En España, grandes tenedores son el Gran Wyoming y cuatro socialistas más. Poca cosa para tan enorme crisis.

Una vez descrito el problema, hay que hablar de las causas y aquí, entre los expertos, hay unanimidad. La demanda, tanto de compra como de alquiler, ha crecido casi exclusivamente por la avalancha de inmigrantes que han llegado a España, sobre todo desde que gobierna Pedro Sánchez.

Y la oferta no ha crecido a ese mismo ritmo por la conjunción de múltiples motivos, entre los que los más importantes son que no hay suelo disponible allí donde se necesita; que los permisos y licencias para construir pueden llegar a demorarse años; que, a pesar de los altísimos precios, la rentabilidad del sector de la construcción es mucho más baja que en los países vecinos y está entre las menores de todas las actividades de la economía española; que más de un 25% del precio final de una vivienda son impuestos, tasas y licencias que se llevan las administraciones públicas; a lo que además se une la dificultad de encontrar profesionales para trabajar en el sector de la construcción y que la normativa que protege a los inquilinos vulnerables lo hace a costa de sus caseros; además de la parálisis en la construcción de esas viviendas públicas que Pedro Sánchez promete cada año, mientras la OCDE sitúa a España por debajo del 2% del parque total, enormemente lejos del 8% de media de la Unión Europea.

Y la forma de resolverlo es clara: hay que volver a liberalizar el suelo, como hizo Aznar en 1998 y deshizo Zapatero en 2007; hay que simplificar los procedimientos administrativos para acortar los plazos de las licencias; bajar impuestos que suben los precios; incentivar la formación profesional y cargar la política social de protección a los más desfavorecidos sobre las administraciones públicas y no sobre caseros y ahorradores.

Además, las administraciones deben construir con urgencia esas miles de viviendas públicas para alquiler social que estructuralmente hacen falta, pero esta vez, a diferencia de lo que se hizo con las VPO, se debe mantener ese stock público en manos del Estado para encargarse de ayudar a quienes de verdad lo necesiten.

El problema de la vivienda en España sólo se podrá solucionar cuando nos quitemos de encima el socialismo sanchista y a todos los gabrieles rufianes que lo sostienen.

Publicado el 29/09/2026 en OKDIARIO

Las Maricarmen son parte del problema

 

Maricarmen Abascal no es víctima de nada, sino parte del problema. La señora de 87 años que fue desahuciada a la fuerza de la vivienda que ocupaba de forma ilegal, porque a ella no le daba la gana de irse a pesar de haber perdido todos los procedimientos judiciales que interpuso para intentar seguir allí, es uno de los mejores ejemplos con los que podemos explicar las causas del enorme problema que existe con la vivienda en España.

La casa en la que vivía Maricarmen fue adquirida por una pyme en el año 2020, después de que el anterior propietario, que había adquirido el edificio entero en 2018, le ofreciera a Maricarmen el obligatorio derecho de tanteo por unos 240.000 euros, que es mucho menos de la mitad del valor de mercado de una vivienda de 90 m² en la madrileña calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito de Retiro. Pero Maricarmen decidió no ejercer su derecho a quedarse con la casa, sabiendo que iban a transcurrir muchísimos años antes de que el nuevo propietario fuera capaz de hacer cumplir la ley para desalojarla a ella, que es precisamente el motivo por el que el precio era tan bajo.

Los hechos son conocidos. El padre de Maricarmen firmó el contrato de arrendamiento en 1956, cuando estaba vigente una normativa franquista que, de no haber sido derogada, habría impedido que ella fuera desahuciada. Al fallecer su padre, la madre de Maricarmen se subrogó en sus derechos y, al morir esta, en el año 2005, se subrogó ella.

Pero en ese año 2005 en España ya había gobernado el PSOE durante 15 años y le había dado tiempo a legislar; primero el RDL 2/1985, más conocido como decreto Boyer, que puso fin a los contratos de arrendamiento indefinidos o ‘de renta antigua’, como el firmado por el padre de Maricarmen, pero dejó en vigor los que ya existían; y posteriormente la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1994, cuya disposición transitoria 2.ª recortó las subrogaciones de los contratos anteriores al decreto Boyer, de forma que la segunda, cuando se corresponde a un hijo después del cónyuge, que habrá sido la primera, tan solo va a durar dos años. Con la ley franquista nadie habría podido adecuar a precios de mercado la renta de Maricarmen, pero gracias a las reformas socialistas ya sí era posible.

Maricarmen ha tenido un buen sueldo toda su vida. Trabajó como secretaria del consejo de administración de una multinacional farmacéutica americana hasta que decidió prejubilarse cuando aún no había cumplido los 60, sabiendo que le quedaría una muy buena pensión de casi 1.500 euros al mes. Sin hijos y pagando una pequeñísima renta de alquiler, no necesitó trabajar más. Pero cuando en 2005 murió su madre y Maricarmen se subrogó en el contrato, ya sabía que, conforme a la socialista LAU de 1994, su segunda subrogación tenía una duración máxima de dos años.

En 2007, por tanto, había terminado jurídicamente su derecho a continuar como arrendataria. Sin embargo, los propietarios de entonces siguieron cobrándole la renta antigua y no reclamaron la vivienda durante más de una década, aceptando de hecho que continuara allí por cuatro perras. No fue hasta 2018, fecha en que se vendió el edificio entero a Renta Corporación, y posteriormente, en 2020, cuando el inmueble pasó a Urbagestión, cuando los nuevos propietarios decidieron hacer valer judicialmente la extinción de aquella segunda subrogación.

Setenta años después de la firma del contrato, tras dos subrogaciones, Maricarmen quería seguir viviendo en esa casa pagando una renta de la época franquista actualizada con el IPC. Por culpa de todas las Maricarmen que hay en España y de las leyes que las amparan, esa vivienda que ella ocupaba no podía comprarla nada más que una empresa del tipo de la pyme madrileña subvencionada por el Gobierno de Pedro Sánchez que se hizo con su propiedad en 2020.

Urbagestión Desarrollo e Inversión SL se llama esa empresa, calificada por la extrema izquierda como fondo buitre, que recibió en 2023 una subvención del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública que dirige Óscar López. Ninguna familia puede comprar una vivienda que está ocupada por alguien que, como Maricarmen, se resiste a cumplir las leyes y se atrinchera en ella durante años.

Lo que no han impedido ni socialistas ni populares cuando han gobernado, es que el procedimiento administrativo y judicial ampare a todas las Maricarmen de España y les permita mantenerse durante tantísimos años ocupando una vivienda que no es suya.

Si un okupa sabe que va a poder disfrutar años de una vivienda sin pagarla, está siendo incentivado a hacerlo. Los dueños de viviendas tienen miedo a arrendarlas en estas condiciones y, cuando lo hacen, quieren cobrar la prima de riesgo que asumen. Los precios de los alquileres suben y las viviendas escasean, entre otras cosas, por culpa de las Maricarmen de España y la extrema izquierda que las incentiva.

Publicado el 24/09/2026 en OKDIARIO

Por ser la mujer de Pedro Sánchez

 El juez Peinado ha firmado este lunes el auto de apertura de juicio oral contra Begoña Gómez y su asesora Cristina Álvarez. Ya se puede jubilar tranquilo, habiendo dejado bien resuelto su trabajo, ya que el próximo domingo, 27 de septiembre, cumple 72 años, la edad máxima para seguir en activo. La hija de Sabiniano, el de las saunas y los clubes de alterne, tendrá que responder ante un jurado popular por los delitos de tráfico de influencias y malversación; mientras que su asesora lo hará como cooperadora necesaria en parte del delito de malversación presuntamente cometido por Begoña.

Tal y como explica el juez Peinado en su auto, Begoña Gómez habría cometido ambos delitos prevaliéndose de su condición de esposa de Pedro Sánchez, en la medida en que esta relación de parentesco con el secretario general del PSOE, primero, y presidente del Gobierno de España, más tarde, le habría permitido influir y malversar de un modo que estaría totalmente fuera del alcance de cualquiera que no estuviera casada con Sánchez.

Careciendo de estudios universitarios y con una escasísima y muy poco prestigiosa carrera profesional llevando la contabilidad de los clubes de su padre y como formadora de comerciales de telemarketing, a Begoña Gómez en la vida le habrían dejado dirigir una cátedra universitaria, ni habría conseguido que grandes empresas como Indra, Telefónica y Google pusieran una pasta para el bodrio de software que a ella se le antojó. Todo eso lo consiguió únicamente por ser la mujer de Pedro Sánchez.

Como fundamento de derecho, el juez señala la sentencia que condenó a Iñaki Urdangarín, quien «se prevalió, entre otras circunstancias, de la relación de parentesco que por vínculo matrimonial había adquirido con la hija del monarca».

Recordemos que el entonces marido de la infanta Cristina fue condenado a más de cinco años de prisión por malversación, fraude, prevaricación, delitos fiscales y tráfico de influencias. Influencias que Urdangarín conseguía por haberse casado con una hija del rey, del mismo modo que Begoña, la nueva Urdangarina, habría influido por ser la mujer de Pedro Sánchez.

Solamente la mujer de Pedro Sánchez puede lograr que, sin ningún proceso selectivo y solo porque era su amiga, Moncloa contratase a Cristina Álvarez por 50.000 euros al año, para luego convertirla en la secretaria de su actividad privada.

Dice el juez en su auto que Begoña «solicitó, aceptó y aprovechó de forma estable la dedicación de una empleada retribuida por Presidencia a tareas ajenas al cometido institucional del puesto: interlocución con universidades, patrocinadores y partners; seguimiento de la cátedra; gestiones sobre el software; asistencia a reuniones técnicas…», algo que solo pudo hacer por ser la mujer de Pedro Sánchez.

Creyendo que así la defienden y con la manifiesta intención de insultar al juez Peinado, nada más conocerse el auto, el PSOE publicó un tuit que dice: «Begoña Gómez es inocente y, desde hace dos años, está en el centro de una persecución judicial y política por ser la mujer del presidente Pedro Sánchez.»

La Fiscalía en España es una institución totalmente desprestigiada desde el momento en que Pedro Sánchez presumió de que depende de él y lo demostró nombrando como Fiscal General del Estado a marionetas sumisas a sus órdenes, uno de ellos ya condenado e inhabilitado. Esa Fiscalía de Pedro Sánchez decidió en este caso incumplir sus funciones, pedir el sobreseimiento y no formular acusación.

Esa función acusadora que debería estar ejerciendo la Fiscalía la está asumiendo, sin saberlo ni pretenderlo, todo el equipo de opinión sincronizada que, sin pensar mucho, sigue las consignas que les marcan desde el PSOE.

De lo que se acusa a la hija de Sabiniano, el de las saunas y los clubes de alterne, es precisamente de haberse aprovechado de ser la mujer de Pedro Sánchez. Repitiendo como loros que se está persiguiendo a Begoña Gómez «por ser la mujer del presidente Pedro Sánchez»; en realidad están reforzando los argumentos del juez Peinado.

Publicado el 22/09/2026 en OKDIARIO