Monedero y Al Capone: parecidos razonables

 


La caída del capo de la mafia de Chicago en los años 20, Al Capone, se produjo cuando fue condenado a pasar 11 años en Alcatraz por evasión de impuestos, gracias a que Estados Unidos contaba con el agente federal Eliot Ness y su equipo de incorruptibles agentes, Los Intocables. Por el contrario, en España teníamos al ministro de Hacienda del Partido Popular, Cristóbal Montoro, que el martes 27 de enero de 2015 anunció a los medios de comunicación que la Agencia Tributaria estaba investigando al fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, sobre los 425.000 euros ingresados por el profesor universitario por unos trabajos para varios Gobiernos latinoamericanos a través de una sociedad pantalla, para defraudar sus impuestos del IRPF. Este anuncio público, que se produjo antes de que la Agencia Tributaria le comunicara la apertura del proceso de comprobación, le sirvió para negarse a recibir la notificación durante los dos días que necesitó para que le diera tiempo a presentar una declaración complementaria regularizando su situación y evitando la acusación del delito.

Cualquier comparación entre Montoro y los incorruptibles de Eliot Ness resulta muy desfavorable para el del PP, aunque los parecidos entre Al Capone y Monedero se han ido conociendo con el paso del tiempo. Advertido por Montoro, se libró de la sanción por su intento de fraude, pero no pudo justificar por qué una institución financiera chavista como el Banco del ALBA había pagado unos honorarios más elevados de los que cobra cualquier premio Nobel de economía, a un simple profesor universitario de Ciencias Políticas y ni siquiera ha mostrado el estudio con el que justificó dicho pago y cuyo título dice que era un «estudio comparativo de los ámbitos financieros de los países del ALBA y análisis de las bases de armonización jurídico-financiera, implementación y asesoría puntual sobre el proyecto hasta el 31 de diciembre de 2014», aspectos sobre los que Monedero ha acreditado un nulo conocimiento.

El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, vio indicios suficientes como para abrir causa por la presunta financiación ilegal de Podemos. Pero el delito de financiación ilegal de los partidos políticos fue introducido en el Código Penal español por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por lo que no estaba vigente en las fechas en que Monedero recibió la transferencia del chavismo y de esta también se libró. No obstante, García-Castellón no se ha rendido, volviendo a imputar al de Podemos por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental, investigación que se mantiene abierta en la actualidad gracias, entre otros, a las declaraciones del que fuera jefe de la Inteligencia y Contrainteligencia del chavismo, Hugo el Pollo Carvajal.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional acreditó que Monedero había sido titular o apoderado de un total de 93 cuentas bancarias investigadas por blanqueo de capitales en la Audiencia Nacional. Sólo unas semanas después de que empezase el movimiento 15M en 2011, que fue el inicio de Podemos como proyecto político, ingresó 106.461 euros en efectivo de «desconocida procedencia» para Hacienda en una de sus cuentas personales, en la que llegó a tener más de un millón de euros de saldo. Y lo último que hemos sabido es que en 2012 compró su casa en el barrio madrileño de Chamberí con dinero en efectivo «de dudosa procedencia» para la Agencia Tributaria. La financiación de Podemos siempre ha resultado sospechosa. Estos días están presumiendo de haber recaudado mediante microcréditos que escapan al control del Tribunal de Cuentas, una cantidad mucho mayor de la que recaudaron para las anteriores campañas, coincidiendo con el espectacular descenso en número de militantes y votantes. En Estados Unidos es posible que Monedero hubiera sido tratado como Al Capone, aquí todavía tenemos que soportar su desagradable jeta presumiendo de que aún no ha sido condenado, a pesar de la infinidad de indicios que le acusan.


Publicado el 27/04/2023 en Okdiario

Ley de Vivienda de Bildu y ERC: cuanto peor, mejor


 

El principal objetivo declarado tanto por Bildu como por ERC es la independencia de la república vasca y catalana, respectivamente. Toda su estrategia a corto y medio plazo está encaminada siempre en esa dirección y sus actuaciones son juzgadas por sus votantes con esa vara de medir. Tanto Bildu como ERC apoyarán en el Congreso de los Diputados cualquier medida que les ayude a ellos a conseguir la independencia de sus territorios y votarán en contra de todo lo que entiendan que perjudica este objetivo. Es para eso para lo único que están dentro de las instituciones del Estado. En la Ponencia Política aprobada en su II Congreso en abril de 2021, EH Bildu expresa claramente las oportunidades que para ellos representan las crisis económicas de 2008 y la provocada por el COVID-19, unido al proceso independentista catalán y a la debilidad del Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. Lo explican así: «las crisis y contradicciones que vive el régimen tenderán a acentuarse, abriendo escenarios de riesgo, pero a la vez de oportunidad».

El general, estratega militar y filósofo chino Sun Tzu, en su obra El arte de la guerra, lo explica así: «La suprema excelencia consiste en romper la resistencia del enemigo sin luchar». O, dicho de otra manera que todos hemos escuchado cientos de veces: cuanto peor, mejor. Ése es el único razonamiento lógico que hay que aplicar a todas las reformas que el Gobierno socialcomunista ha logrado sacar adelante gracias a los votos de Bildu y de ERC. Así que, si como está previsto, la nueva Ley de Vivienda va a ser aprobada en el Congreso con el voto a favor del PSOE, Podemos, ERC y Bildu, es porque los partidos independentistas piensan que las medidas que contiene profundizarán la crisis que sufrimos en España y, por lo tanto, beneficiarán su objetivo de conseguir la independencia.

Coinciden todos los expertos. La exposición de motivos de la ley fija como sus objetivos establecer una regulación homogénea y dotar de instrumentos para impulsar una oferta asequible de vivienda a la población; pero su articulado va encaminado a conseguir justo todo lo contrario. Se establecen controles artificiales sobre los alquileres y se dilatan los procesos judiciales en los desahucios, de forma que se desincentiva la inversión en inmuebles lo que provocará una reducción de la oferta de alquileres de vivienda y consecuentemente una subida de sus precios. Algo que empíricamente está sobradamente demostrado que ha ocurrido exactamente así en todos los lugares de nuestro entorno en los que se ha aprobado una legislación similar, como París, Berlín o incluso Barcelona.

Las medidas que son realmente eficaces para mejorar el precio de los alquileres son todas aquellas que promueven la ampliación de la oferta por dos caminos, en primer lugar, incentivando la inversión en viviendas para alquilar, tanto por parte de pequeños ahorradores como por empresas inmobiliarias; pero también garantizando la seguridad jurídica del derecho a la propiedad de esos inversores grandes o pequeños. Y lo que va a conseguir esta Ley de Vivienda aprobada por Bildu y ERC es justo lo contrario, porque todas sus medidas van dirigidas a atacar a los propietarios limitando sus derechos. La nueva ley, además de limitar la actualización de las rentas, carga de burocracia el procedimiento de desahucio exigiendo numerosas obligaciones a los propietarios y obligando incluso a informar a los okupas de las subvenciones que les corresponden en el caso de que sean desahuciados. La estrategia de Bildu y ERC es clara porque ellos son transparentes. La Ley de Vivienda destrozará el mercado inmobiliario, dificultará el acceso a la vivienda, favorecerá a los okupas y todo esto acrecentará el malestar social y profundizará la crisis en España, lo que beneficiará su camino hacia la independencia; por eso ellos la votan.


Publicado el 25/04/2023 en Okdiario

Reformar lo que se va a derogar

 


Los votantes no podemos aceptar excusas. Los partidos que hoy están en la oposición al Gobierno socialcomunista, aliado de proetarras y golpistas, tienen ocho meses de plazo para solicitar todos los informes técnicos, jurídicos y administrativos que sean necesarios para no demorarse ni un solo día en la derogación de todo lo que han legislado en estos larguísimos cinco años Pedro Sánchez y sus socios. Tras las elecciones de diciembre, si como auguran todas las encuestas, excepto las prevaricadas por el CIS de Tezanos, Partido Popular y Vox consiguen vencer, una vez investido el nuevo Gobierno de coalición está obligado a deshacerlo todo en una semana. Sin dilaciones, sin contemplaciones, sin ningún reparo. Se anula todo y se empieza de nuevo. No hay ninguna otra alternativa.

Hoy el Congreso de los Diputados ha aprobado una chapuza de reforma de la ley del sólo sí es sí con los votos favorables de PSOE y PP y la oposición de Podemos, ERC y Bildu. Ya sabemos que no va a servir para frenar las revisiones de condenas y excarcelaciones a violadores y pederastas, porque nuestra Constitución garantiza «la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales»; por lo que se van a seguir beneficiando de ella el resto de los 4.000 condenados por este tipo de delitos que hay en España, de los que unos 1.000 han visto ya rebajadas sus condenas y más de 100 han salido de prisión. Pero al menos algunos de los nuevos delincuentes que sean condenados en los próximos meses no se beneficiarán de ella.

Pero esta reforma es sólo un apaño, una chapuza, una componenda que han tenido que tragarse los de Feijóo para que el PSOE no les acuse a ellos de que las rebajas de pena se han seguido produciendo por su culpa. Como los votos de Vox no resultaban imprescindibles, los de Abascal han hecho bien en no participar en la votación para así demostrar que no se oponen a que se aumenten las penas, pero tampoco están de acuerdo con el resto de cuestiones que el PSOE no ha permitido que se reformen. Porque la ley del sólo sí es sí sólo admite su derogación íntegra al haber sido redactada por una pandilla de niñatas engreídas, sin formación ninguna y sólo movidas por el sectarismo ideológico.

Y detrás de ésta deben ser derogadas íntegramente todas las normas que Sánchez ha pactado con comunistas, golpistas y proetarras. En la primera semana, se deben derogar las leyes que atentan gravemente contra la vida, como la de la eutanasia y la del aborto. Junto a ellas deben derogarse la ley trans que perjudica los derechos de mujeres y niños, la animalista ley de bienestar animal, la nefasta ley Celáa de educación que consolida el ínfimo nivel de nuestra enseñanza, la ley de memoria democrática pactada con Bildu para que el BOE tergiverse la historia y demonice la Transición. No menos importante y urgente resulta la derogación de la reforma del Código Penal pactada con los golpistas para eliminar el delito de sedición y malbaratar la malversación, la tramposa reforma laboral aprobada gracias al extraño voto por error de un diputado del PP ahora imputado por prevaricación y malversación, junto a la abolición de todos los nuevos impuestos creados por Pedro Sánchez y la nueva ley de vivienda que va a destrozar el mercado inmobiliario. Pero la reforma más importante de todas las que debe enfrentar de forma urgente el nuevo Gobierno es la de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para conseguir de una vez por todas despolitizar el CGPJ.

Esto es sólo para empezar, un resumen de lo más urgente e inexcusable. Después de haber derogado todas estas leyes en sus primeros días de actividad, el nuevo Gobierno de PP y Vox debe seguir repasando absolutamente toda la normativa con la que nos han torturado Pedro Sánchez y sus socios en los últimos cinco años. Hace unos meses, el dimitido ministro de Cultura, Máxim Huerta, contó que cuando fue a Moncloa a presentar su dimisión, Pedro Sánchez «empezó a hablar de él y de cómo le vería la Historia en el futuro». Feijóo y Abascal deben conseguir que en quince días nos hayamos olvidado de Sánchez y que de su obra no queden ni las cenizas.


Publicado el 20/04/2023 en Okdiario