Vox debe romper en Baleares, no en Extremadura

 

El PSOE amenaza con trasladar los miles de inmigrantes ilegales menores no acompañados (menas), que desbordan la capacidad de absorción de las Islas Canarias, a todas las regiones gobernadas por el Partido Popular, incluidas aquellas donde lo hace gracias a los votos de Vox. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, ha declarado al respecto que las comunidades gobernadas por el PP serán solidarias y recibirán a estos menas, cada una dentro de sus capacidades: «La práctica que hemos tenido durante muchos años es la de ser solidarios con los menores siempre que tengamos capacidad en las comunidades autónomas para recibirles, tratarles y cuidarles». Es decir, siempre que existan centros e instalaciones con plazas disponibles para acogerlos.

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha señalado este lunes que su partido romperá los gobiernos con el PP que no se opongan al reparto de menas propuesto por Sánchez: «Si alguna región del PP quiere sentarse a negociar con Sánchez, que nos lo diga y abandonaremos ese gobierno». Matizando que ellos aceptarán un reparto de menas impuesto por el Gobierno, pero no consentirán que los gobiernos regionales sostenidos con sus votos negocien y consientan voluntariamente y sin resistencia este reparto.

Vox propone cerrar los centros de acogida de menas que «crean inseguridad en nuestras calles, empezando por los más conflictivos», para lo que, previamente, los menores deben ser repatriados a sus países de origen, donde sus autoridades se encarguen de devolverlos con sus padres.

El primero de esos gobiernos de coalición de los que los de Vox amenazan con salirse es el de Extremadura, donde su presidenta, la popular María Guardiola, decía que no pensaba pactar con quienes «deshumanizan a los inmigrantes» y el portavoz del PP de Extremadura señala, cuando se le pregunta respecto al traslado de estos menas, que «se cumplirá la ley».

El argumento esgrimido por los de Abascal es que: «Tenemos un pacto con el PP y no contemplamos que lo incumplan»; porque dicen que PP y Vox pactaron en las regiones donde gobiernan no aceptar este tipo de repartos, por lo que si Génova los acepta estaría incumpliendo sus pactos de gobierno.

Los acuerdos firmados entre Vox y el PP son públicos y en ninguno de ellos aparece ninguna mención que haga referencia al reparto de menores no acompañados que se encuentren en situación irregular en otras regiones. Es cierto que en algunos de ellos se habla de la lucha contra las mafias de la inmigración ilegal, como en el caso de Castilla y León, Murcia, Baleares o Comunidad Valenciana. Pero, concretamente en el pacto de gobierno firmado en Extremadura, que es el primero del que Vox amenaza con salirse, no se incluyó este párrafo que aparece más o menos igual en el resto de acuerdos, es decir, que PP y Vox no pactaron en Extremadura ni siquiera luchar contra las mafias de la inmigración ilegal, como sí hicieron en el resto de Comunidades.

Repasando estos acuerdos, llama la atención el de Baleares, por el que los de Abascal no entraron en el Gobierno de la popular Marga Prohens, pero sí se comprometieron a «dar estabilidad al Gobierno de las Islas Baleares, con el compromiso de no presentar enmienda a la totalidad a la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears durante toda la legislatura», como efectivamente hicieron a finales de diciembre pasado. Y esto a pesar de que en el acuerdo firmado se incluyeron las medidas números 54 a 65 por las que se debería haber puesto fin a la imposición lingüística del catalán en el sistema educativo balear, y el Govern balear ha abierto ya la escolarización del próximo curso sin dar la opción de estudiar en español.

En la Comunidad Valenciana viven casi 5 millones de españoles, en Castilla y León 2,5 millones, 1,5 millones de personas viven en Murcia y más de 1 millón en Extremadura, Aragón y Baleares. En total son 12,5 millones los españoles que viven en Comunidades Autónomas donde no gobierna el PSOE gracias a un pacto de coalición o de abstención entre el PP y Vox. Existen sobrados motivos para romper estos acuerdos allí donde el PP los está incumpliendo con grave perjuicio para sus ciudadanos, como por ejemplo en Baleares. La culpa de que allí el poder volviese a la extrema izquierda sería exclusivamente de Marga Prohens. Pero Abascal va a tener difícil explicar por qué va a entregar Extremadura al sanchismo amparándose en una cuestión que ni siquiera se incluyó en el pacto de investidura.

Publicado el 09/07/2024 en Okdiario

Demoler el Tribunal Constitucional

El modelo está diseñado precisamente para esto. Se hizo exactamente así de perverso para que tuviera justamente estas consecuencias. Sólo hacía falta que llegase al poder alguien con tan pocos escrúpulos como el marido de la imputada Begoña Gómez, para que el Tribunal Constitucional nos quitara la venda con la que hemos estado casi 50 años sin querer verlo. Se proyectó un organismo formado por 12 «juristas de reconocido prestigio», que sólo tienen que acreditar ese «prestigio» ante los políticos que los eligen a dedo por su ideología y sumisión, que no tienen que ser jueces ni haber aprobado ninguna oposición; y se le otorgó la facultad de volver a juzgar cualquier caso ya sentenciado por las más altas instancias del Poder Judicial, simplemente alegando violación de sus derechos fundamentales.

Como el Tribunal Constitucional no lo forman jueces y magistrados, no forma parte del Poder Judicial, sino que es un órgano político al que intencionadamente se le llamó Tribunal sin serlo y a sus miembros se les nombró magistrados, aunque no lo son; todo ello con la clara intención de engañar a la ciudadanía. Tal y como está previsto en los artículos 159 al 165 de nuestra Constitución, los políticos elegidos por otros políticos para formar parte del Tribunal Constitucional tienen la capacidad ya demostrada para, por siete votos contra cinco, volver a juzgar cualquier delito que les dé la gana. Y sus sentencias no son recurribles ante ninguna instancia.

Que el Tribunal Supremo demuestra que Bildu es ETA y lo ilegaliza, pero a los políticos en el poder les conviene contar con los votos de Otegui; no pasa nada, les ordenan a los sumisos miembros del Constitucional que les arreglen ese problemilla y ahí tienes otra vez a Bildu en sus escaños. Que el siempre corrupto PSOE se siente avergonzado por tener a dos de sus ex presidentes, una ex ministra y otro puñado de altos cargos condenados por haber robado más de 113.000 millones de pesetas de los parados andaluces, para gastárselos sobre todo en comprar votos para así perpetuarse en el poder, pero también en drogas y prostitutas, porque tenían billetes para «asar una vaca»; no hay problema, se manda a los obedientes miembros del Constitucional que le metan mano y ya están los voceros del PSOE corrupto, golpista y ladrón, quejándose de haber sido víctimas de los bulos de la máquina del fango.

Poco importa que al ínclito Cándido Conde Pumpido, que arrastra su toga por el polvo del camino, y a su malhadada compañera, la marxista María Luisa Balaguer, les queden menos de dos años para tener que ser renovados, porque fueron nombrados por el Senado, donde hace falta una mayoría de tres quintos para elegir a cuatro miembros del TC, y esa mayoría cualificada fuerza que el reparto vuelva a ser otra vez dos progresistas y dos conservadores. Lo mismo que, muy probablemente, volverá a pasar dentro de seis años cuando tengan que renovar los cuatro miembros del TC que le corresponden al Congreso. A esta mayoría izquierdosa y desvergonzada del Constitucional le quedan como poco siete años y medio, que es lo que falta para que sean renovados los miembros que nombra el Gobierno.

Si el 6 de diciembre de 1978 hubieran existido políticos honrados que explicasen a los españoles la terrible trampa que nos estaban colando en su Título IX, posiblemente no hubiésemos aceptado otorgarles esta puerta de atrás por la que el marido de la imputada Begoña Gómez puede meter lo que le salga de las narices. Pero el Título IX de la Constitución puede ser reformado por una mayoría de dos tercios del Congreso y mayoría absoluta en el Senado, teniendo que ser posteriormente sometida la reforma a referéndum cuando así lo solicite una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras. Esto no es tan complicado como parece y ya se ha hecho dos veces para permitir votar a los extranjeros en elecciones municipales y para establecer el principio de estabilidad presupuestaria; y ninguna de ellas se nos consultó en referéndum.

Hay que demoler el Tribunal Constitucional y traspasar sus funciones de control a una sala del Tribunal Supremo. Debemos exigir que los partidos que quieran demostrar ser verdaderamente democráticos incluyan esta propuesta en sus programas electorales, para que los españoles podamos votarles. Los de extrema izquierda e independentistas que se nieguen a esta reforma dejarán a las claras que su objetivo es la impunidad de sus delitos y en todas las elecciones habrá dos bloques de demócratas contra tiranos. Así, cada elección sería un referéndum sobre este Tribunal Constitucional.

Publicado el 04/07/2024 en Okdiario

 

Violencia importada

 

El pasado fin de semana, 4 mujeres y 2 niños fueron asesinados en menos de 24 horas. En Las Pedroñeras (Cuenca) un marroquí descuartizó a su ex mujer y a sus dos hijos, de cinco y siete años. En Zafarraya (Granada), un asesino de nacionalidad española descargó una escopeta de caza sobre una joven y su madre. En Fuengirola (Málaga), una mujer de edad avanzada, que padecía movilidad reducida ha sido estrangulada por su marido, un español de 75 años, que se ha intentado suicidar después.

El fin de semana anterior en Gata de Gorgos (Alicante), tres marroquís con antecedentes por agresiones y okupación, asesinaron a palos a un hombre que previamente había impedido que abusaran de una menor. Unos días antes, en la localidad madrileña de Collado Villalba, otro okupa marroquí con numerosos antecedentes, atracó con extrema violencia y a punta de cuchillo a un anciano indigente, para robarle los 18 euros que había recibido por caridad ese día.

La semana pasada, la Policía Foral detuvo en Tudela a un marroquí con 32 antecedentes, la mayoría por robos y hurtos. También en Navarra, otro marroquí, en estancia irregular en nuestro país, acuchilló cerca de la estación de autobuses de Pamplona a un hombre por ser gay, al grito de: «Maricones, os voy a matar». Tras publicar esta noticia, el Gobierno de Navarra que preside María Chivite (PSOE) envió una queja al medio de comunicación, solicitando que se ocultara el origen marroquí de los agresores, así como su situación administrativa irregular, puesto que opinan que son datos sensibles y mencionarlos no aporta información relevante.

La inmensa mayoría de los medios de comunicación cuando han publicado estas noticias lo han hecho sin mencionar la nacionalidad de los delincuentes, excepto cuando estos son españoles, en cuyo caso sí que se destaca. A pregunta de Vox en la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE, la presidenta socialista de RTVE, Concepción Cascajosa, respondió que «siempre debemos identificar a los delincuentes con la precaución de no destacar datos que puedan provocar juicios de valor injustos o peligrosos, como mencionar su etnia, su color de piel, su religión, su procedencia o su orientación sexual».

Según los datos sobre violencia de género publicados por el Ministerio de Igualdad, en 2023, 26 de los 58 asesinatos de mujeres fueron cometidos por extranjeros, lo que significó que el 12% de la población cometió el 44,8% de los feminicidios del año pasado. Este porcentaje ha seguido creciendo y en 2024 asciende ya al 47,4%, con 9 asesinos extranjeros entre los 19 asesinatos cometidos hasta la fecha. Y esto sin entrar a analizar el origen de todos esos asesinos que tienen nacionalidad española.

Informar de que la población extranjera tenga una tasa de criminalidad que casi triplica la media, de que la mitad de los feminicidios son cometidos por el inmigrantes extranjeros, y dar la información del origen, los antecedentes y la situación irregular de los asesinos de mujeres no es ni racismo ni xenofobia, sino querer ayudar a solucionar un problema. Sólo 9 de los más de 6 millones de extranjeros que hay en España son responsables de estas muertes, no se puede criminalizar a tantos por tan pocos. Pero del mismo modo, sólo 10 de los más de 42 millones de españoles son culpables y tampoco se puede hacer lo mismo con nuestros hombres, como hace la izquierda.

España no tiene un problema de violencia machista, pero como el resto de Europa, tenemos un gigantesco problema de violencia importada. Negarse a diagnosticar los orígenes de una enfermedad sólo puede conducir a la muerte del paciente. Si la extrema izquierda gobernante fuera verdaderamente feminista no se dedicaría a soltar violadores y se preocuparía de averiguar quienes están asesinando a las mujeres, pero como sólo les interesa regar sus chiringuitos, cuanto peor nos vaya, mejor para ellos.

Publicado el 02/07/2024 en Okdiario