Marlaska siempre miente, como su jefe

 

«No hubo ningún informe, y tendré que utilizar también la palabra aviso, que nada parecido a lo que ha acontecido pudiera pasar. Pero no nada parecido a lo que ha acontecido, nada parecido a lo que sucedió en 2021, cuando entraron de una forma irregular diez mil personas». Con estas palabras negó ayer el ministro Marlaska que el Gobierno de Pedro Sánchez hubiera sido advertido por los servicios de inteligencia del Estado de la invasión que sufrió la ciudad de Ceuta desde el jueves 30 de julio hasta el sábado 1 de agosto, fechas entre las que el propio Marlaska dice que entraron de forma irregular 72.000 personas, las autoridades locales aumentan la cifra hasta las 80.000, más de 100 de los cuales murieron ahogados. Mientras, diversas organizaciones de derechos humanos marroquíes y españolas han informado de que fueron 100.000 las personas que se acercaron a la frontera con intención de cruzar a España. 100.000 invasores y cero informes del CNI.

Ceuta es limítrofe con Castillejos, ciudad costera marroquí de 77.000 habitantes, a unos 31 km al norte de Tetuán, que era la capital del Protectorado español y tiene unos 423.000 habitantes, que, sumados a los de Castillejos, elevan la cifra de habitantes en la zona hasta los 500.000. Uno de cada cinco habitantes de Tetuán y Castillejos juntos, que representan un 150% de la población de la ciudad fronteriza con Ceuta, se puso de acuerdo para acercarse, todos juntos, hasta la frontera con España con la clara intención de traspasarla ilegalmente. Y el 80% de los 100.000 que se juntaron para invadirnos logró su objetivo, porque el Centro Nacional de Inteligencia de España no se enteró de lo que estaba pasando. El CNI tiene un presupuesto anual de 337 millones de euros, de los que casi 20 millones son gastos reservados secretos; su plantilla se estima en más de 3.500 espías, y su función es ser el «máximo asesor» del Gobierno en cuestiones de seguridad nacional e inteligencia. Y no se enteraron de que 100.000 personas se preparaban para invadirnos. Eso quiere Marlaska que nos creamos.

Si Marlaska no estuviera mintiendo, sería un problema de una enorme gravedad. Algo tan preocupante como que el único país con el que tenemos disputas fronterizas y en el que se centran todos nuestros planes de defensa hubiera conseguido acceder a los teléfonos móviles de nuestro presidente, Pedro Sánchez, del propio Marlaska y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, entre mayo y junio de 2021, robando casi 10 gigabytes de información, casi todos de Sánchez y Marlaska.

Marlaska ha sido reprobado cuatro veces, dos en el Congreso y otras dos en el Senado. En 2023 el Congreso lo reprobó por haber mentido en sede parlamentaria, así como por su falta de sensibilidad, la ocultación de información y los datos falsos facilitados, en relación con su nefasta gestión de la tragedia de Melilla de junio de 2022, que dejó una veintena de inmigrantes muertos, cinco veces menos de los que han fallecido ahora. En febrero de 2024, el Congreso volvió a reprobar a Marlaska por la muerte de dos guardias civiles en Barbate (Cádiz). Y el Senado lo ha reprobado por este mismo caso de Barbate y por el fallecimiento de otros dos guardias civiles durante la persecución de una narcolancha en Huelva, en mayo de 2026.

Marlaska pasará a la historia por la indignidad con la que trasladó al País Vasco a todos los asesinos etarras para que los de Ajuria Enea los pusieran en la calle. También es el creador del bulo del culo, por el que falsamente acusó a Vox de un delito de odio inventado; la destitución como represalia del coronel Pérez de los Cobos, revocada por el Tribunal Supremo; la fabricación de un falso informe policial para acusar a Ciudadanos de las agresiones que sufrió su delegación durante el desfile del Orgullo; su falsa vinculación de Vox con el lanzamiento de una granada en un centro de menores extranjeros; la disolución de OCON-Sur… La lista es interminable.

Marlaska tiene imputados por la justicia a la actual directora general de la Guardia Civil, Mercedes González; a su antecesor en el cargo, Leonardo Marcos; al actual DAO del instituto armado, Manuel Llamas; al ex DAO de la Policía Nacional, José Ángel González; a una interminable lista de inspectores jefes y mandos antidroga de la Policía, así como a numerosos mandos de la Guardia Civil. Puestos de confianza elegidos personalmente por el ministro Marlaska para dirigir, en su nombre, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, imputados e investigados por la justicia por todo tipo de casos de corrupción, fraude y prevaricación.

Y pese a todo ello, junto a Margarita Robles y el ministro de Agricultura, Luis Planas, Fernando Grande-Marlaska es el ministro que más tiempo ha sobrevivido junto a Pedro Sánchez, desde el primer gobierno que nombró tras la moción de censura. Cuatro reprobaciones, cientos de inmigrantes muertos en las fronteras, varios guardias civiles fallecidos en acto de servicio por falta de medios y toda su cúpula imputada por corrupción no han servido para que se le caiga ni un pelo de la cabeza. Marlaska siempre miente, como su jefe, igual que él fue espiado por Marruecos con Pegasus y, haga lo que haga, no es cesado. Unir por la línea de puntos.

Publicado el 06/08/2026 en OKDIARIO 

100 muertos en la playa mientras Sánchez escucha su ‘playlist’

 

Un niño sirio de apenas 3 años yace inmóvil sobre la arena húmeda de una playa turca, con la cara parcialmente hundida en la tierra y el oleaje rozando suavemente su cuerpo. Viste una camiseta roja de manga corta, pantalón azul y zapatillas deportivas. Murió ahogado junto a su madre y su hermano de 5 años cuando intentaban entrar en la Unión Europea en un sobrecargado bote inflable que naufragó. Es septiembre de 2015 y esta icónica fotografía del niño Aylan Kurdi va a ser difundida masivamente en pocas horas a través de las redes sociales y los medios de comunicación de todo el mundo, conmocionando a la opinión pública internacional, generando intensos debates sobre las políticas migratorias europeas y abriendo a los refugiados de la guerra de Siria las puertas de muchos países, sobre todo de Alemania. La extrema izquierda mundial culpó del asesinato de Aylan a los gobiernos conservadores de Europa y Canadá, y hubo manifestaciones de protesta por todo el mundo.

La imagen del niño Aylan ahogado en la playa está grabada a fuego en nuestros recuerdos. Así que me va a resultar muy sencillo hacer que te imagines los 150 metros de la playa de El Tarajal, en Ceuta, ocupados de punta a punta por los cuerpos de las más de 100 personas que murieron ahogadas la semana pasada cuando formaban parte de los 100.000 inmigrantes ilegales que invadieron Ceuta alentados por las autoridades marroquíes y con el consentimiento de las españolas que, sabiendo lo que iba a ocurrir, decidieron no hacer nada para impedirlo, haciéndose directamente responsables de esos más de 100 muertos, cuyos cadáveres desbordarían por completo la playa. Pero esa imagen no la vamos a ver por el único motivo de que en España gobierna la extrema izquierda.

Ni hay fotografías de los ahogados, ni siquiera se ha dado una cifra oficial de víctimas mortales. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta, presidido por Juan Jesús Vivas (PP), elevaba ayer lunes a 88 el número de personas que han aparecido muertas en las inmediaciones del espigón fronterizo del Tarajal. Por su parte, el Gobierno marroquí informó el domingo de que ya había recuperado otros 11 cadáveres en sus aguas. Pero el delegado del Gobierno de Pedro Sánchez en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez, dijo el domingo que habían sido 72 los fallecidos al lanzarse al mar para cruzar la frontera entre Marruecos y España, un número que no debe ser tomado muy en serio, teniendo en cuenta que el Gobierno cifra en 50.000 las personas que cruzaron la frontera en dirección a España, mientras que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado informaron a la agencia EFE de que el sábado se habían vuelto ya a Marruecos 69.500 inmigrantes, y el domingo hablaban ya de 73.500, muchos más de los que el Gobierno reconoce que habían entrado.

Con todo, lo único seguro es que el número total de víctimas mortales debe elevarse a más de 100 y ni sus fotografías ocupan las portadas de los medios de comunicación, ni se difunden masivamente por las redes sociales, ni hay protestas, ni manifestaciones, ni la más mínima exigencia de responsabilidades, porque gobierna la extrema izquierda. Al contrario, el equipo de opinión sincronizada pagado por el sanchismo se ha coordinado para alabar la excelente gestión que el líder de la secta saunista, de Pedro el Saunas, ha realizado ante una crisis que, de momento, lleva más de 100 víctimas mortales a sus espaldas. Tan vergonzoso como cierto. Un tupido velo de desinformación ha cubierto los cadáveres de esas 100 víctimas mortales que no le interesan a nadie, lo que permite a Pedro Sánchez darse un baño en la playa de su palacio en La Mareta mientras escucha tranquilamente los éxitos musicales de su playlist sin que nadie le moleste. Ni que decir tiene cómo estarían ardiendo hoy las calles de España si aquí no mandara un gobierno de coalición socialista, comunista, independentista y proetarra. Los más de 100 muertos de la playa de Ceuta no tienen ningún responsable, porque los culpables son de izquierdas.

Publicado el 04/08/2026 en OKDIARIO 

Diez años ordenando incumplir la ley en Ceuta y Melilla

 

«Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España». Si uno cierra los ojos al leer esta frase, inevitablemente vendrá a su memoria la imagen de cientos de inmigrantes subsaharianos encaramados durante horas a una altísima valla fronteriza de Ceuta o de Melilla, para evitar ser detenidos por los agentes de la Guardia Civil que los esperaban abajo, quienes posteriormente procedían a entregarlos a las autoridades de Marruecos, ya que no habían logrado llegar a territorio nacional al no superar la segunda valla colocada a unos metros de distancia. Lo intentaban por miles, en ocasiones con extrema violencia, porque los que conseguían superar la segunda valla habían entrado en territorio Schengen, donde pedían asilo y se quedaban.

Precisamente para evitar esas avalanchas, que el Gobierno de Marruecos manejaba a su antojo como medida de presión ante cualquier disputa o negociación con España o con la Unión Europea, en el año 2015, el presidente Mariano Rajoy añadió una disposición adicional décima a la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España. Dicha disposición adicional, denominada «Régimen especial de Ceuta y Melilla», es el texto con el que hemos empezado este artículo, y en ella únicamente se habla del rechazo en frontera de aquellos que «intentan superar los elementos de contención fronterizos», es decir, las vallas. Un rechazo en frontera cuya legalidad fue avalada en su día por el Tribunal Constitucional precisamente por la claridad con la que dicha disposición adicional hacía mención a los extranjeros que no habían logrado superar dichas vallas y no habían, por tanto, entrado en la Unión Europea.

El tema es tan claro y tan poco susceptible de interpretaciones erróneas, que cuesta creer que, durante más de diez años, los políticos españoles, tanto del PSOE como del PP, pero sobre todo con Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, hayan estado ordenando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado devolver a Marruecos a los inmigrantes que lograban llegar a España a nado, tanto a los interceptados con lanchas en aguas españolas como a los que conseguían pisar la tierra firme de nuestras playas. Habría sido sencillísimo modificar la redacción de la mencionada disposición adicional para que no solo se refiriera a los inmigrantes que intentan superar las vallas, sino a todos los interceptados en la frontera terrestre o marítima, como ahora, con más de diez años de retraso, reclama el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. O, como alternativa no excluyente, nuestros políticos podrían haber ampliado los elementos de contención mar adentro, hasta hacer prácticamente imposible que fueran superados a nado.

Pero en vez de hacer nada de eso, los políticos españoles, tanto del PSOE como del PP, se han pasado más de diez años ordenando a nuestros agentes de la autoridad incumplir una ley tan sencilla de entender, y ahora se echan las manos a la cabeza, escandalizados, porque dicen que, por culpa de una sentencia del Tribunal Supremo, no pueden seguir devolviendo a Marruecos a los inmigrantes que llegan a nado a Ceuta y Melilla, lo que ha provocado una nueva invasión migratoria que, «casualmente», ha coincidido en el tiempo con el viaje que, hace una semana, realizó Pedro Sánchez a Argelia, país que lleva años en «guerra fría» con Marruecos por el Sáhara Occidental. Cuesta creer que tengamos unos políticos tan mediocres y, por eso, muchos piensan que su nefasta actuación solo puede ser intencionada, porque lo que de verdad pretenden es facilitar la invasión de inmigrantes ilegales en defensa de oscuros intereses. Respecto a las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla, la sentencia del Supremo no ha sido el problema. El problema de España está siempre en nuestros mediocres políticos, que se han pasado diez años ordenando incumplir la ley en Ceuta y Melilla.

Publicado el 30/07/2026 en OKDIARIO  

Pilar Alegría: encubreputeros ascendida a ministra

El 9 de abril de 2025, la periodista de OKDIARIO, Paula Ciordia, le preguntó a la entonces ministra de Educación, Pilar Alegría, si ella también había pasado en el Parador de Teruel la noche del 15 de septiembre de 2020, cuando, en plena pandemia del COVID y a pesar de las restricciones, José Luis Ábalos había llevado allí una furgoneta llena de prostitutas con las que había celebrado una fiesta en la que dejaron destrozada la suite principal. «¿También usted pasó la noche en el Parador de Teruel?» fue la pregunta concreta que le hizo la periodista.

Pilar Alegría se mostró visiblemente desquiciada y, no sabiendo qué decir, preguntó a su vez a la periodista: «¿Me está usted preguntando si yo dormí esa noche…? ¿Sí? ¡Ah! ¿Me está preguntando usted dónde dormí? ¡Qué curioso, una pregunta de este tipo, saber dónde se hospeda una ministra!… Sólo faltaría que yo tenga que explicar dónde paso la noche o la dejo de pasar. ¡Faltaría más!». E inmediatamente se puso a insultar a OKDIARIO por haber desvelado en exclusiva la bacanal de Ábalos en el Parador de Teruel, calificándolo de pseudomedio.

Dos días después de descalificar a OKDIARIO, a Pilar Alegría no le quedó más remedio que reconocer que, efectivamente, había pasado en el Parador de Teruel la noche de la juerga de Ábalos con prostitutas, detallando que cenaron repartidos en varias mesas por las medidas de seguridad en vigor debido a la pandemia, que se retiraron a las habitaciones pasada la medianoche y que volvió a coincidir con Ábalos al día siguiente, en el desayuno, asegurando no tener la menor idea de si tuvo lugar la fiesta: «Desconozco lo que pudo pasar», afirmó.

Por aquellas fechas, OKDIARIO era ya el segundo diario online más leído de España, según el informe Reuters y Oxford, por lo que su director, Eduardo Inda, en defensa de sus lectores, a los que toda una ministra de Pedro Sánchez había acusado de ser consumidores de bulos, chismes e inventos periodísticos, realizó un vídeo editorial titulado «Mejor ser un pseudomedio que una encubreputeros embustera, ¿no te parece, Pilar Alegría?», contra el que la ex ministra presentó una denuncia por «intromisión ilegítima en su derecho al honor» solicitando una rectificación, una indemnización de 20.000 euros, reclamando que Eduardo Inda se abstenga de emitir por cualquier medio mensajes supuestamente denigratorios contra ella, así como el pago de las costas del juicio.

Pretensiones todas que han sido desestimadas por la justicia, proclamando «la prevalencia de la libertad de expresión del demandado sobre el derecho al honor de la demandante» al considerar que fue Pilar Alegría la que inició el conflicto insultando a OKDIARIO solo por preguntarle educadamente y posteriormente mintiendo al afirmar que lo que se le había preguntado era «con quién durmió» en el Parador la noche de la juerga de Ábalos, cuando en las grabaciones se comprueba que la pregunta fue dónde durmió, no con quién.

En realidad, la demanda no era más que una distracción para que los suyos dejaran de preguntarse qué pasó la noche de las prostitutas en el Parador de Teruel y cómo era posible que, estando en la habitación de al lado, ella dijera que no se había enterado de una juerga de tal calibre que la suite quedó destrozada y las camareras escandalizadas. Cuando ocurrió el fiestón, Ábalos era la todopoderosa mano derecha de Sánchez y Pilar Alegría una simple delegada del Gobierno que, solo unos meses después, fue ascendida a ministra de Educación.

A los votantes del PSOE pueden embaucarlos con estas tonterías, porque están deseando ser engañados. Pero en OKDIARIO sabemos bien que, a la encubreputeros, mentirosa y analfabeta Pilar Alegría hay que seguir preguntándole si la hicieron ministra por lo que pasó en el Parador de Teruel.

Publicado el 28/07/2026 en OKDIARIO  

La desvergüenza de comparar a Feijóo con Hitler

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en una entrevista concedida a Mañaneros de TVE, ha comparado al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, con Hitler. «El Gobierno de Hitler tuvo también mucha afección de la ciudadanía, muchos alemanes siguieron ese discurso que después fue una dictadura, pero nació como una democracia. Yo creo que Alberto Núñez Feijóo se equivoca, pero está dibujando un camino que se parece cada vez más a esos gobiernos criminales como el de Hitler», dijo la ministra sanchista, como valoración del acuerdo entre PP y Vox para aprobar los presupuestos valencianos. A través de sus redes sociales, los populares le han pedido que rectifique y pida perdón, porque «quien compara a un adversario político con Hitler cruza una línea inaceptable». Hitler es el responsable del asesinato de más de 17 millones de personas, incluyendo 6 millones de judíos, y Feijóo, según Diana Morant, lleva ese mismo camino.

La biografía de Diana Morant solamente puede ser valorada después de conocer sus datos más relevantes. Ella presume repetidamente de sus orígenes humildes, contando que sus abuelos habían sido «criados de unos señoritos», lo que impidió que su madre pudiera estudiar, y que su padre era electricista. También se vanagloria de su educación pública, a pesar de haber estudiado en un colegio religioso concertado, y de que, a pesar de sus orígenes humildes, ella ha logrado llegar a ser ingeniera y ministra, según ella, gracias al socialismo, olvidándose del sistema de becas que puso en marcha la dictadura franquista, el cual permitió terminar estudios universitarios a miles de personas sin recursos. Por mucho que ella presuma, nada de lo contado hasta ahora es anormal, sino que es a partir de aquí cuando en la biografía de Diana Morant empieza a haber datos realmente extraños.

Diana Morant tardó nueve años en terminar la carrera de Ingeniería de Telecomunicación en la Universidad Politécnica de Valencia, plazo que, a finales de los años 90, supera bastante la media de sus compañeros de promoción, que estaba alrededor de los siete años para una carrera de cinco cursos. Y, pese al esfuerzo que tuvo que hacer durante tantísimos años para lograr finalmente obtener su título, apenas ejerció durante un par de años como ingeniera en una compañía especializada en domótica, hasta que, en febrero de 2011, decidió integrarse en las listas del PSOE para el Ayuntamiento de Gandía, saliendo elegida concejala y abandonando definitivamente una profesión a cuyos estudios había dedicado tantos años y esfuerzos. En 2014 fue la única candidata en las primarias del PSPV-PSOE para la alcaldía, y en 2015 fue elegida alcaldesa gracias a los cuatro votos de los podemitas de Més Gandia y al único voto de Ciudadanos que, todos juntos, sumaban uno más que el PP, que había ganado las elecciones.

Desde el principio de su carrera política, Diana Morant formó parte de la banda de Pedro Sánchez, implicándose en las primarias que, en 2014, le disputó a Eduardo Madina, lo que el presidente del Gobierno ha sabido agradecerle, haciéndola ministra en 2021 y secretaria general del PSPV-PSOE desde 2024. Como alcaldesa, se manifestaba para impedir el desahucio de unos okupas que se negaban a pagar la renta de unas viviendas protegidas, impidiendo, además, que la Policía Municipal auxiliara a la Comisión Judicial que iba a ejecutar la sentencia de desalojo, lo que tuvo un efecto llamada que hizo que todo el bloque acabara okupado. Ya como ministra, precisamente de Universidades, Diana Morant ha salido en defensa y protección del ex alto comisionado para la reconstrucción tras la DANA, el socialista José María Ángel Batalla, que tuvo que dimitir tras descubrirse que había falsificado un título universitario para lograr su plaza como funcionario.

Tras su imagen agradable y aseada y su currículum como ingeniera, la biografía de Diana Morant demuestra que no es más que una resentida social, acomplejada, que usa la humildad de una familia normal y corriente como trampolín para sus ambiciones de medrar en la extrema izquierda sanchista. Comparar a Feijóo con Hitler no es solo una grave ofensa a las víctimas del Holocausto, sino que también demuestra que Diana Morant es una sectaria sin escrúpulos y una sinvergüenza impresentable.

Publicado el 23/07/2026 en OKDIARIO 

 

Las matemáticas nazis atacan a Sánchez

 

La popularidad le llegó al premio Nobel de Economía, John Forbes Nash, por la película de 2001, A Beautiful Mind (Una mente maravillosa), protagonizada por Russell Crowe. Muchos sabréis que recibió tan prestigioso galardón por su análisis de la teoría de juegos no cooperativos y los procesos de negociación, conocido como el Equilibrio de Nash, cuyo mejor ejemplo es el famosísimo «dilema del prisionero». Los que no hayáis visto la película, que ganó cuatro Premios Óscar a mejor película, mejor director, mejor actriz de reparto y mejor guion adaptado, debéis buscarla en cuanto terminéis de leer estas líneas, pero antes, si no habéis estudiado el dilema del prisionero y el equilibrio de Nash, debéis dedicarle unos minutos, porque resulta fundamental tanto para los negocios, la política y la sociología, como para los deportes y los juegos en general.

La conclusión que se desprende de los modelos matemáticos de la teoría de juegos es que, cuando los jugadores no pueden comunicarse y desconfían unos de otros, el comportamiento racional conduce a estrategias egoístas con las que cada jugador obtiene un resultado peor que el que habría conseguido cooperando, pero mejor que el que obtendría si él cooperase mientras su rival actuara de forma egoísta. En cambio, si se modifica el planteamiento y se permite la comunicación, garantizando, además, de algún modo, que todos los jugadores cumplirán lo acordado, la cooperación se convierte en la opción más beneficiosa tanto para cada uno de ellos como para el conjunto. Sabiendo esto, cualquiera que haya leído las noticias publicadas ayer y hoy en OKDIARIO entenderá perfectamente los escritos que ayer presentaron, a la vez, en la Audiencia Nacional, las defensas del presunto testaferro y amigo de José Luis Rodríguez Zapatero, Julio Martínez Martínez, y las del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli.

Lo mejor es siempre cooperar si se tiene la absoluta seguridad de que el otro jugador va a cumplir lo acordado. El testaferro Julio Martínez tenía que ir hoy a declarar ante el juez José Luis Calama en la Audiencia Nacional y tenía que hacerlo sin saber lo que, a su vez, declararán en su momento el presidente y el CEO de Plus Ultra, así que, todos a la vez, cogiditos de la mano, se presentaron ayer en el Registro de la Audiencia Nacional y presentaron los escritos que, entre ellos y sus abogados, debían llevar bastante tiempo negociando con la fiscalía y, seguramente, también con el juez.

Y como sois muy listos, que por eso os informáis en OKDIARIO, vosotros también os habéis dado cuenta de que el que se ha quedado fuera de este juego del prisionero ha sido el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que se ha convertido en el premio de este juego.

Las matemáticas, de las que tanto beneficio ha venido sacando hasta hoy Zapatero, aplicando perfectamente el 1% sobre el importe conseguido por la aerolínea Plus Ultra para cobrar su comisión, según han declarado en sus escritos el resto de jugadores de esta partida; sumando y multiplicando para que el dinero llegara a raudales a la empresa de sus hijas, Alba y Laura; y restando y dividiendo para no tener que declarar a Hacienda las joyas de la reina de Saba que él dice que le costaron una nadería cuando están tasadas en millones; esas mismas matemáticas han convencido al resto de implicados en este juego para dejarlo con el culo al aire.

Pero no ha hecho más que empezar. Zapatero no rescató a Plus Ultra, lo hizo la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), propiedad del Gobierno, y el Consejo de Ministros, que dio luz verde al rescate en marzo de 2021. Dicen los testigos que Zapatero ha cobrado por lo que los otros, presuntamente, habrían prevaricado. Primero dijo que todo eran bulos de la fachosfera y luego que es lawfare de la justicia franquista. Ahora que los testigos le delatan, Pedro Sánchez dirá que las matemáticas son nazis.

Publicado el 21/07/2026 en OKDIARIO 

Sánchez se ha enfurruñado

 

Se ha enfadado el yerno de Sabiniano, el padre de Begoña, que hizo fortuna con el sudor y las lágrimas de los hombres y mujeres a los que explotaba en sus puticlubs y saunas sexuales. Ya sé que resulta cansino nombrar a su suegro cada vez que se menciona al presidente del Gobierno, pero es obligado repetir hasta la saciedad que Pedro Sánchez «ha sido partícipe a título lucrativo del abominable ejercicio de la prostitución», como Alberto Núñez Feijóo le espetó a la cara desde la tribuna del Congreso, sin que ni el PSOE ni ninguno de sus cómplices hayan hecho nada para quitarse de encima a quien se ha lucrado de la prostitución. Sin hablar de las «grabaciones de personajes del ámbito político» que el excomisario Villarejo afirmó que se realizaban en dichos prostíbulos y de las que alguien sin escrúpulos se habría beneficiado para iniciar su carrera política.

Sánchez, el Saunas, se ha enfurruñado porque las condenas que ya le han llegado le han convencido de que va a ser inevitable que la lista siga creciendo hasta sepultarlo bajo sentencias judiciales. De nada le sirvió nombrar a fiscales generales del Estado tan sumisos a sus instrucciones como para que pudiera presumir de que dependen de él, sin sonrojarse. Para nada le ha valido engañar al PP para volver a repartirse entre ambos el Consejo General del Poder Judicial. Poco provecho ha sacado de tener al frente del Tribunal Constitucional a un personaje tan servil como Cándido Conde-Pumpido. Ningún beneficio ha conseguido de las reformas judiciales con las que su ministro Bolaños intenta convertir la judicatura en un organismo tan manejable como la fiscalía. Tanto esfuerzo para que, al final, todos los delincuentes que le rodean estén siendo condenados uno tras otro.

Al One le ha contrariado que no haya servido para nada la cloaca que hizo que le diseñara Santos Cerdán tras la carta a la ciudadanía con la que anunció que se tomaba cinco días de reflexión para decidir si merecía la pena seguir adelante tras la imputación de su esposa, la hija de Sabiniano. En ese momento, cuando aún no había condenas, a Sánchez le bastaba con poner a toda su maquinaria mediática a hablar de bulos de la ultraderecha, de campañas de desinformación, de máquinas del fango e invenciones periodísticas de los panfletos de la fachosfera. Decían que la acusación particular la ejercían los nazis basándose en cuatro recortes de prensa de los medios de comunicación franquistas y se quedaban tan anchos. Hasta que han empezado a llegar las condenas y, como ya se les ha acabado el cuento de los bulos, ahora no les queda más remedio que embestir como becerros contra los jueces independientes.

Primero llegó la condena de su fiscal, Álvaro García Ortiz, luego la de su mano derecha, José Luis Ábalos, junto a la de Koldo García Izaguirre, ese que viajaba con él en el Peugeot y le custodiaba los avales en las primarias. Ahora ya están condenados también su hermano David y el que fuera presidente socialista de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, junto a otros nueve políticos socialistas y funcionarios que prevaricaron con ellos. Y todas estas condenas han convencido a Pedro Sánchez de que todo lo que ha intentado no ha servido para nada. Que todos sus fontaneros y cloaqueros han fallado y que va a ser inevitable que a los ya condenados se acaben sumando su mujer, Begoña, la hija del proxeneta, su empresario, Barrabés, su otra mano derecha, Santos Cerdán, su «militante de base», Leire Díez, su directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, el DAO, los de la SEPI, la gerente del PSOE… No caben todos aquí, pero algunos medios hablan de un total de 126 imputados en los casos que rodean a Pedro Sánchez. Pero el presidente del Gobierno no se enfada con los delincuentes que han actuado contra la ley; Sánchez se ha enfurruñado porque ve que todos los esfuerzos que ha hecho para manejar a su antojo la justicia no han servido para nada.

Publicado el 16/07/2026 en OKDIARIO 

España contra la Legión Extranjera

«Rajoy provoca una crisis diplomática con Francia: ministros galos tachan de ‘inaceptable’ que diga que juegan ‘sin franceses’». «El presidente de la Federación Francesa llama a Rajoy ‘rancio’ y le acusa de hacer un ‘racismo intolerable’». «Sánchez acusa a Rajoy de ‘avergonzar a España con su xenofobia’ por su comentario sobre la selección francesa». «El partido de Le Pen llama ‘racista’ a Rajoy y califica sus comentarios de ‘lamentables’». «La advertencia de Borja Iglesias a Mariano Rajoy: ‘La multiculturalidad de Francia es una riqueza’». Estos son solo algunos de los titulares con los que OKDIARIO ha informado perfectamente a sus lectores de la polémica generada por una columna de opinión escrita por el ex presidente del Gobierno en la que, literalmente, dijo que la selección francesa de fútbol tiene «una plantilla de altísimo nivel, eso sí, sin franceses». Esa es toda la frase, no busquen, no hay más.

Rajoy no habló para nada ni de razas ni de culturas, pese a lo cual todos le acusan de racismo y de ir en contra de la multiculturalidad, dejando claro que eso, en realidad, es lo único que ellos ven en la fotografía de una plantilla plagada de jugadores de ascendencia inmigrante. Son ellos los racistas que proyectan sus prejuicios en los demás. Rajoy lanzó una carga de profundidad que iba mucho más allá de la vana superficialidad woke con la que todos estos inmaduros adolescentes han tratado su comentario. El ex presidente habló de los orígenes de los deportistas y lo hizo, evidentemente, con la ironía que caracteriza al gallego, envolviendo su análisis en un humor que no han sabido o no han querido entender quienes le critican.

En el deporte en general, en el fútbol en particular y en la selección francesa, en concreto, hace mucho tiempo que se dejó de ser estrictos con los orígenes de los deportistas. En la selección española que está disputando este Mundial, es noticia que no ha sido convocado ningún futbolista del Real Madrid, porque el club español con mayor palmarés internacional cerró la temporada con solo cinco españoles en su plantilla, de los que solo dos han sido titulares habituales, cosa que a sus socios y aficionados no parece preocupar especialmente. Del mismo modo, si se analizan los orígenes familiares de la selección francesa de fútbol, aparecen países como Angola, Argelia, Camerún, RD Congo, Nigeria, Guinea, Togo, Mauritania… todos franceses, claro, si no, no podrían jugar con su selección; casi todos nacidos en Francia, vale, pero son hijos de familias que llegaron de África y el Caribe, lo que no les resta legitimidad, ni liberté, ni égalité, ni fraternité alguna. Pero es algo que merece la pena ser comentado y analizado.

Visto de otro modo, cualquier lista con los apellidos más repetidos en Francia incluirá forzosamente Martin, Bernard, Robert, Richard, Durand, Thomas, Petit, Dubois, Moreau, Laurent y Leroy. El número exacto de convocados en la selección francesa que lleven alguno de estos apellidos más comunes en Francia es, exactamente, cero pelotero. Con España juegan cuatro García, un González López y un Martín, que no es mucho tampoco, pero no admite comparación. Con su ironía habitual, Rajoy ha hablado de los apellidos, no del color de la piel, ni de la religión, ni de la cultura; temas que también merecerían ser analizados, pero en los que no ha querido entrar el del PP. Cuando Rajoy dice que Francia juega sin franceses, es evidente que no habla de la nacionalidad de sus futbolistas, sino de sus orígenes, sobre los que difícilmente puede discutirse que se encuentran fuera de Europa.

Vosotros no os vais a acordar, porque sois muy jóvenes, pero no hace demasiados años aquí se debatía sobre los títulos conseguidos para España por la atleta Sandra Myers, el esquiador Johann (Juanito) Mühlegg o el jugador de balonmano Talant Dujshebaev. Pero desde ese extremo al que ha llegado Francia con una selección de fútbol que más parece su Legión Extranjera, hay todo un mundo por recorrer, y merece la pena que todos pensemos un poco más en la esencia del deporte de base, que es de lo que quiso hablar Rajoy sin lograr que nadie comprendiera su retranca gallega.

Publicado el 14/07/2026 en OKDIARIO 

Recontra contentos del pucherazo

 

OKDIARIO publica hoy una entrevista a la secretaria general del PSOE en Argentina, Lorena Suárez, en la que la socialista reconoce que la Ley de Nietos era solo «para el franquismo», porque para hacer una reforma de mayor calado hacía falta un consenso que el PSOE no conseguía. No obstante, después de aprobada la ley con el apoyo de Bildu, ellos, desde Argentina, presionaron para que, por la puerta de atrás, el «instructivo fuera lo más amplio posible, y se logró», «entran los nietos, los bisnietos… no hay que demostrar razones de ningún tipo», por lo que «estamos recontra conformes». Es decir, el PSOE quería nacionalizar a cualquiera que tuviera un tatarabuelo español, pero, como no logró que el Congreso permitiera eso, coló una disposición adicional en la Ley de Memoria Democrática dedicada exclusivamente a los descendientes de exiliados políticos de la Guerra Civil y del franquismo y luego la trucó.

Ya tenían redactadas unas instrucciones de desarrollo que, sin debatirse, sin negociarse y sin aprobarse en las Cortes, se publicaron en el BOE solo cinco días después de que se aprobara esa ley. Y, en esas instrucciones, la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, la hermana del ministro Óscar Puente, amplió brutalmente el alcance de la ley, pasando de conceder la nacionalidad a los nietos de exiliados a concedérsela a los tataranietos de cualquiera que hubiera sido español de origen, aunque hubiera perdido esa nacionalidad en el siglo XIX, o cuando fuera, porque las instrucciones no establecen ningún límite temporal ni ningún motivo ni razón por la que se renunció a la nacionalidad española.

Dicen que Sofía Puente es la hermana «lista» de Óscar, ese ministro que no tiene tiempo para evitar que le descarrilen los trenes porque solo se dedica a agredir verbalmente, con menos modales que un orangután en la selva. Pero, leyendo las instrucciones que publicó en el BOE, no se ve esa inteligencia. Dice la secretaria general que la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, que concede la nacionalidad a los hijos y nietos de los exiliados del franquismo, hay que interpretarla al amparo de lo que decía la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de Memoria Histórica, para justificar que se amplíe su ámbito.

Dicha disposición adicional de la Ley de Memoria Histórica permitió solicitar la nacionalidad hasta finales de 2011 a los hijos de padre o madre originariamente españoles, fuera cual fuera el motivo por el que habían dejado de serlo, y a los nietos de quienes perdieron la nacionalidad española como consecuencia del exilio. Nada más. Obviamente, no hubo ninguna avalancha, sino que las solicitudes fueron solo 503.000 en todo el mundo, de las que aproximadamente la mitad se tramitaron en los consulados de Argentina, lo que encaja perfectamente con los 35.000 republicanos que se estima que se exiliaron a ese país, con lo que, ya en 2011, prácticamente todos los descendientes de exiliados tendrían pasaporte español.

El falaz razonamiento de la hermana de Óscar Puente es que, como la Ley de Memoria Histórica de 2007 concedía la nacionalidad a los hijos de españoles que, por cualquier motivo, hubieran dejado de serlo, la nueva Ley de Memoria Democrática, de 2022, que ampliaba el espectro a los nietos de los exiliados, debía reinterpretarse como una ampliación de la primera ley que no exigía motivación. Y así, por arte de birlibirloque, se saca de la manga que España tiene que regalar el pasaporte y el derecho de voto a cualquiera que tenga un tatarabuelo español, aunque se fuera de aquí en Atapuerca y renunciara a ser español porque le dio la gana.

Jurídicamente, el razonamiento es más débil que las promesas de Pedro Sánchez. El problema es que han pasado casi cuatro años desde que se publicaron esas instrucciones. Durante todo este tiempo, a escondidas, se han estado tramitando las solicitudes sin publicar los datos que alertarían a la opinión pública hasta que el proceso ha finalizado a falta de un año para unas nuevas elecciones generales, con lo que una trampa tan burda y jurídicamente tan endeble puede haberse consolidado irremediablemente. El PSOE está recontra contento de habernos colado un pucherazo de dimensiones aún hoy inimaginables.

Publicado el 09/07/2026 en OKDIARIO

Cómo frenar el pucherazo

 

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha sido entrevistado por Susana Griso en Espejo Público de Antena 3, donde le preguntaron por la conocida como Ley de nietos, que permite a bisnietos y tataranietos de emigrantes españoles del siglo XIX obtener la nacionalidad incluso aunque nunca hayan residido en España. El diagnóstico que hizo del problema fue muy acertado, poniendo el foco en que una ley votada en el Congreso ha sido reinterpretada y ampliada por una simple instrucción emitida por una directora general, casualmente la hermana del ministro Óscar Puente, cambio que ha multiplicado enormemente el número de posibles beneficiarios; ya no tienen por qué ser descendientes de exiliados por la Guerra Civil, como estaba previsto en su origen.

Feijóo puso como ejemplo el caso de Cuba, donde el «número de exiliados está en el entorno de 500 y el número de solicitantes de nacionalidad española es 350.000. ¿Usted cree que 500 ciudadanos que se han ido a Cuba han producido 350.000 españoles?». El análisis es impecable.

El problema viene al pasar de la teoría a la práctica, porque ahí es cuando, como dice el refrán, «del plato a la boca se cae la sopa». En un momento dado, tergiversando la realidad, como hacen todos los titulares de la prensa progre, Susana Griso le preguntó a Feijóo si suscribe, como ha pedido Vox, «suspender el voto CERA de residentes en el extranjero», a lo que el del PP respondió con un rotundo no. «Creo que lo que debemos hacer primero es ver si esa instrucción alguien la declara ilegal y qué efectos jurídicos tiene y, segundo, ver qué CERA queda, cuál es el número total de los residentes ausentes y ver si se puede, adicionalmente, incrementar la seguridad para que ese voto sea fiable», explicó. A lo que añadió: «Pero nosotros, enmiendas a la totalidad, no».

La realidad es que Vox no ha pedido «suspender el voto CERA». El secretario general de los de Abascal en el Congreso de los Diputados, José María Figaredo, dijo en rueda de prensa que su partido iba a solicitar a la Junta Electoral Central, en primer lugar, que «se suspenda todo el trámite de acceso y admisión al registro CERA de votantes españoles desde el extranjero», en relación con la Ley de nietos. También ha pedido «que se suspenda el voto por correo para los españoles inscritos en el registro CERA», por las dudas que suscita la escasa identificación que se les exige, a diferencia de lo que ocurre con el voto por correo desde España.

Solamente habló de suspender el voto por correo, no todo el voto CERA, como afirmó Susana Griso y refrendó Feijóo con su respuesta. Vox exige que el voto CERA se realice en urna en los consulados, hasta que el procedimiento de identificación de los votantes por correo desde el extranjero se iguale con la forma en que se realiza dentro de España.

El no de Feijóo significaría que no está de acuerdo con que se suspenda la aplicación de la Ley de nietos hasta que los tribunales decidan sobre su legalidad, ni tampoco le parece bien que la identificación de los españoles que quieren votar por correo desde el extranjero se realice con las mismas garantías que se nos aplican cuando queremos votar por correo desde España, lo cual resulta bastante difícil de entender. Feijóo hace un buen diagnóstico del pucherazo que pretende Pedro Sánchez, aunque él lo llama «ingeniería social», pero yerra en la solución del problema, esperando a que nuestra lentísima justicia se pronuncie, en lugar de sumar su fuerza para que la Junta Electoral Central ponga freno a este atraco, haciendo una enmienda a la totalidad del pucherazo. Esperemos que el líder del PP no tenga reparos en sumarse a Vox para intentar frenar el pucherazo antes de que sea demasiado tarde.

Publicado el 07/07/2026 en OKDIARIO

Parece un pucherazo

 

Igual que está en la naturaleza del alacrán picar a la rana, aunque así los dos se ahoguen en el río, en la naturaleza del yerno del proxeneta está el mentir y hacer trampas. Este artículo se haría interminable si solamente pretendiera explicar la infinita lista de embustes, engaños y artimañas ejecutados por Pedro Sánchez desde que comenzó su carrera política. Muchos dicen que en sus inicios fue promovido por su suegro, el proxeneta, del que el ex comisario Villarejo afirma que en sus prostíbulos «se realizaban grabaciones de personajes del ámbito político». También hay quienes afirman que su modelo de gestión de los lupanares masculinos y femeninos, mal llamados saunas, ha inspirado al presidente del Gobierno en su forma de hacer política.

Sin duda, su tesis doctoral fake; el intento de alterar el resultado del Comité Federal del PSOE que lo expulsó, metiendo votos en una urna escondida detrás de una cortina; su falsa afirmación de que con Bildu no iban «a pactar»; la amnistía a unos golpistas a los que prometió que iba a traer a España para que respondieran ante la justicia; el sueño que decía que perdería si metía a ministros de Podemos en su Gobierno, etc., son sólo algunos ejemplos que demuestran que Pedro Sánchez está dispuesto a todo para aferrarse al poder y que no dudará en el futuro en repetir actuaciones similares a las que le han caracterizado en el pasado.

Es completamente honesto defender la regularización extraordinaria de inmigrantes desde una perspectiva humanitaria, ética y de integración social, como hace, por ejemplo, la Iglesia católica y como el Partido Popular mantenía en 2024, cuando Feijóo decía que los inmigrantes en situación irregular podían «estar tranquilos» porque el PP era «sensible con ellos» y buscaría «soluciones para una inclusión social correcta y legal». Del mismo modo, se esté o no de acuerdo, se puede argumentar con honradez que los hijos y nietos de emigrantes tengan cauces legales para recuperar la nacionalidad española de sus ascendientes, siempre que estos procesos tengan las suficientes garantías formales y jurídicas.

De hecho, las regularizaciones extraordinarias han sido defendidas por gobiernos de distinto signo político cuando concurrían circunstancias excepcionales, por lo que el debate no se centra en la legitimidad de estas medidas, sino en el contexto, el alcance y la finalidad con la que se impulsan, así como en las verdaderas intenciones de quien las promueve.

Pero el punto de vista tiene que cambiar, forzosamente, cuando, al mismo tiempo, un Gobierno que ha perdido todos los apoyos, cuyos ministros no pueden pisar la calle sin ser abucheados y al que las encuestas no otorgan ninguna posibilidad de ser revalidado, aprueba darle el voto a 2,6 millones de extranjeros que jamás pisaron España, a la vez que regulariza a más de 1 millón de inmigrantes ilegales y anuncia que va a nacionalizar a más de 350.000 saharauis que, hace solo una generación, renunciaron voluntariamente al pasaporte español. Y todo ello sin siquiera recabar un consenso parlamentario amplio, imponiendo medidas rechazadas por la oposición.

Y si, además de resultar tan sospechoso que todo este incremento en el número de votantes sea tan precipitadamente llevado a cabo por un Gobierno al que todas las encuestas dan por derrotado, al frente se encuentra el yerno del proxeneta que ha demostrado sobradamente que es capaz de todo para aferrarse al poder, hay que aplicar inmediatamente el test del pato: si parece un pucherazo, nada como un pucherazo y grazna como un pucherazo, entonces, probablemente, Sánchez está intentando dar un pucherazo, porque está en su naturaleza, como en la del alacrán.

Publicado el 02/07/2026 en OKDIARIO

Votos nacionalizados por ‘El Saunas’

El 25 de octubre de 2022, la Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, hermana del ministro al que le descarrilan los trenes, Óscar Puente, publicó en el BOE una serie de instrucciones dirigidas a las Oficinas del Registro Civil sobre el derecho de opción a la nacionalidad española establecido en la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, así como en la anterior Ley 52/2007, de Memoria Histórica. Son leyes que pretenden mantener la memoria de las víctimas que padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista. Estas instrucciones de una directora general se han convertido finalmente en lo que ha venido a denominarse como la Ley de Nietos.

La mencionada disposición adicional octava era, en principio, «una regla para la adquisición de la nacionalidad española para nacidos fuera de España de padres o madres, abuelas o abuelos, exiliados por razones políticas, ideológicas o de creencia», además de incluir «a los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros, antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978, así como los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción».

Pero la hermana de Óscar Puente hizo una interpretación bastante amplia del texto que había sido aprobado por los diputados en el Congreso. Donde la ley hablaba de nacionalizar a los nietos del exilio; ella dijo que, en realidad, quería decir «tanto los nacidos fuera de España de padres o abuelos originariamente españoles, como los nacidos fuera de España de padres o abuelos que por el exilio perdieron la nacionalidad española o renunciaron a ella». Y con unas simples instrucciones dictadas por una directora general, consulados y embajadas comenzaron a tramitar la concesión de la nacionalidad española a todos los millones de descendientes de emigrantes que, entre 1880 y 1930, mucho antes de la Guerra Civil, abandonaron España por motivos económicos, fundamentalmente hacia Latinoamérica.

Esta modificación legal introducida por la simple instrucción de una directora general, hermana del ministro Óscar Puente, tuvo como consecuencia directa e inmediata que, de unas previsiones iniciales de que se tramitarían unos cuantos miles de solicitudes de nacionalidad, finalmente, embajadas y consulados se vieran desbordados por más de 2,5 millones de solicitudes. Se trata de una cifra que supone que se están nacionalizando a más personas que habitantes tienen La Rioja, más Cantabria, más Navarra, más Asturias, todas juntas; lo que implica más que duplicar el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), elevándolo a más del 6% del censo total.

En términos de crítica estrictamente jurídica, debemos decir que no parece lo más adecuado que una reforma tan sustancial, que ha permitido reconocer la nacionalidad a millones de personas cuyos vínculos con España proceden de emigraciones de hace más de un siglo, se haya formalizado mediante la instrucción de una simple directora general, interpretando una ley que solo pretende afectar a las víctimas de la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista, en lugar de haber tramitado para ello una reforma general del Código Civil sobre la nacionalidad por descendencia, como habría sido lo adecuado. También se podría sumar la falta de transparencia estadística, ya que no se han ido publicando datos periódicos que permitieran comprobar cómo las decenas de miles de solicitudes de las que se informó durante los dos primeros años de vigencia de este procedimiento de nacionalidad acabaron convirtiéndose, de repente y justo en la etapa final, en más de 2,5 millones de solicitudes.

Pero si nos centramos en las críticas jurídicas, formales o de transparencia y perdemos de vista que tan sospechosas nacionalizaciones están siendo promovidas por el yerno de Sabiniano, el dueño de los prostíbulos y las saunas gais, el que pactó con etarras y golpistas para llegar al poder y se mantuvo amnistiando a delincuentes y sacando de las cárceles a los etarras, estaremos ignorando las verdaderas intenciones de un presidente del Gobierno que ya ha acreditado sobradamente no tener ni el menor tipo de escrúpulos.

Hay quienes argumentan que, incluso después de la modificación del voto rogado que hizo que, también desde el 2022, la participación en las elecciones de los españoles en el extranjero (CERA) subiera significativamente, en 2023 apenas llegó al 10%, con lo que estos nuevos 2,5 millones de españoles con derecho a voto no van a aportar mucho más de 250.000 papeletas que, en teoría, deben repartirse entre todos los partidos sin beneficiar a ninguno tanto como para poder suponer un vuelco electoral. Dicen esto porque realmente no conocen a El Saunas. Para aferrarse al poder, Pedro Sánchez ha demostrado que es capaz de todo, así que no se puede descartar que intente un pucherazo electoral.

Publicado el 30/06/2026 en OKDIARIO