Volverán a justificar un asesinato etarra


 

En 2005, el escritor franco-suizo Olivier Clerc publicó su best seller La rana que no sabía que estaba hervida… y otras lecciones de vida. En ella se inventó una metáfora que, aunque ha sido desmentida por los científicos, hace que muchos crean que es cierto que, si una rana se pone repentinamente en agua hirviendo saltará, pero si se la pone en agua tibia que luego se lleva a ebullición lentamente, no se dará cuenta del peligro y se cocerá hasta la muerte. Este invento de la rana lo utilizó Olivier Clerc para que, por analogía, se entendiera su tesis que explica por qué las personas no reaccionamos ante las amenazas que van creciendo gradualmente y no de repente, como por ejemplo nos está pasando con la inmigración ilegal. Estamos a un paso de que la izquierda española justifique un nuevo atentado mortal de la banda terrorista ETA.

Hace sólo 14 años, en mayo de 2011, un Tribunal Constitucional de mayoría socialista, presidido por el masón Pascual Sala, dejó sin efectos el fallo del Tribunal Supremo que había anulado todas las candidaturas presentadas por Bildu en las elecciones del 22 de mayo de 2011, al estimar que forman parte de un proyecto «gestionado, dirigido, coordinado y articulado por el complejo ETA-Batasuna». Esta decisión, amparada en la misma normativa con la que previamente se había ilegalizado a Batasuna y a Herri Batasuna y en contra de la ponencia inicial, fue adoptada por el Pleno del Tribunal Constitucional, tras el empate en la Sala Segunda, donde sí había equilibrio entre «progresistas» y «conservadores». Hasta hace 14 años nadie discutía que Bildu era una parte de ETA, igual que Herri Batasuna. Esa fue la primera vez que los socialistas del Tribunal Constitucional comenzaron a subir la temperatura del agua de la cazuela.

En septiembre de ese mismo año 2011, Arnaldo Otegui -escrito con U, como aparece en la sentencia-, fue condenado por la Audiencia Nacional a 10 años de cárcel como dirigente de ETA. Otegui jamás ha negado su pertenencia a ETA, igual que nunca ha condenado la violencia terrorista, no ha pedido perdón por tanta sangre inocente derramada por tan brutales asesinos, ni ha ofrecido ninguna colaboración con la justicia para aclarar los 377 crímenes de ETA aún sin resolver. El 6 de noviembre de 2018, ya con Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, el Tribunal de Estrasburgo sentenció que había dudas acerca de que la condena a Otegui hubiera sido imparcial, no porque hubiera ningún reparo respecto a los hechos probados, sino por unos supuestos prejuicios de la magistrada Ángela Murillo que causan sonrojo. Luego otro Tribunal Constitucional socialista impidió que el juicio volviera a repetirse y hoy tenemos al condenado por pertenencia a ETA Arnaldo Otegui rebautizado como «hombre de paz» por Zapatero, dando lecciones de democracia desde su atril. La temperatura del agua cada vez sube más.

La semana pasada, un batallón de cientos de abertzales proetarras encapuchados vestidos de negro, con apariencia claramente paramilitar y armados con piedras y palos, resucitaron la kale borroka en la Universidad de Navarra donde, con la excusa de impedir una conferencia, se enfrentaron violentamente contra la Policía y apalearon al periodista Ismael Martínez por atreverse a grabarlos con su teléfono móvil mientras hacían sus cánticos proetarras. La extrema izquierda que nos gobierna y ha ocupado con sus tertulianos todos los medios de comunicación, aprovechó esta nueva violencia etarra para subir unos cuantos grados más el agua en la que nos estamos cociendo, alabando a los filoterroristas como si fueran valientes antifascistas que defienden nuestra democracia. Estamos a punto de la ebullición, esta vez el periodista ha escapado vivo de milagro, pero pronto habrá de nuevo víctimas mortales de la violencia etarra y cuando eso ocurra ya nos habremos cocido en el agua y no los escucharemos justificar sus asesinatos.


Publicado el 06/11/2025 en OKDIARIO

¡Has filtrado los correos!


 

En cualquier democracia occidental Álvaro García Ortiz estaría ya en su casita esperando la sentencia que lo inhabilite por doce años, como pide la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. Fuera de las repúblicas bananeras y bolivarianas resulta inimaginable una escena como la que vivimos ayer. El fiscal imputado primero recibió el aplauso de todos los babosos fiscales subordinados, pertenecientes a su misma asociación izquierdosa, que ya han sido ascendidos por él o hacen méritos para que los asciendan pronto. A continuación, Álvaro García Ortiz entra en el Tribunal Supremo por la puerta de autoridades, se coloca su toga y se sienta en el estrado, junto a sus cuatro abogados defensores, dos abogados del Estado y dos fiscales que deberían estarlo acusando, pero incumplen su función.

Y cuando están ya todos sentados, va la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, y nos cuenta que, cuando García Ortiz la llamó, ella ni siquiera le saludó y le espetó directamente: «Has filtrado los correos», a lo que el fiscal general respondió: «eso no importa ahora, hay que sacar la nota», en relación con una nota de prensa que la fiscalía general del Estado le estaba demandando de forma insistente desde el día anterior. La tarde noche anterior García Ortiz había sacado del estadio Metropolitano al fiscal Julián Salto, encargado del caso del novio de Díaz Ayuso con Hacienda; para que le enviaran a él las comunicaciones entre el abogado del novio de Ayuso y la fiscalía. Y en cuanto le enviaron estos emails a García Ortiz, aparecieron publicados en prensa, por lo que la fiscal superior de Madrid no tenía ni la menor duda de cuál había sido el origen de esa filtración.

Inmediatamente después de enterarse de que la Sala Segunda del Tribunal Supremo le iba a investigar por la filtración de información confidencial sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Álvaro García Ortiz borró todos los mensajes de WhatsApp que había en su móvil; 15 minutos más tarde repitió el proceso de borrado; eliminó la cuenta de Gmail en la que se hacían las copias de seguridad, activando una nueva copia en blanco que sobrescribiera las anteriores; hizo un restablecimiento completo del móvil a los valores de fábrica, eliminando todo lo que quedara; y, por si acaso, cambió de móvil, haciendo desaparecer el que había utilizado los días que ocurrió la filtración, sustituyéndolo por uno nuevo que fue el que le entregó a la UCO de la Guardia Civil, a ver si colaba.

Pero, por si hicieran falta más pruebas, el anterior líder del PSOE en Madrid, Juan Lobato, ya ha contado que, horas antes de que las comunicaciones filtradas a la prensa aparecieran publicadas, desde La Moncloa le pidieron que las usara en la Asamblea para atacar con ellas a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Además, esta información que fue filtrada a la prensa inmediatamente después de disponer de ella Álvaro García Ortiz y justo antes de que este destruyera todos sus correos electrónicos y mensajes telefónicos; era una información que beneficiaba políticamente al único que podría cesar al fiscal general del Estado, pero en vez de hacerlo lo apoya y respalda.

La presunción de inocencia es un principio jurídico que implica que nadie puede ser condenado sin que se demuestre su culpabilidad. Álvaro García Ortiz sólo será condenado si las pruebas que no ha destruido son suficientes para demostrar que hizo lo que todos sabemos que hizo. Pero este principio jurídico afecta a los tribunales, no a la opinión pública ni mucho menos a los cargos políticos nombrados a dedo por el Gobierno, como el del fiscal general del Estado. En estos casos el principio que debe prevalecer no es la presunción de inocencia, sino la ejemplaridad. García Ortiz debe ser cesado porque todos sabemos que ha filtrado los correos para beneficiar políticamente a Pedro Sánchez, quien por eso mismo no lo va a hacer.


Publicado el 04/11/2025 en OKDIARIO