Podemos ya es racista y facha

 

El 23 de septiembre de 2025 el Congreso de los Diputados rechazó con los votos de Podemos, Partido Popular, Vox y UPN, la proposición de Ley Orgánica de delegación en la Comunidad Autónoma de Cataluña de competencias estatales en materia de inmigración, lo que provocó que Junts rompiera relaciones con el PSOE, votando a partir de ese momento en contra de todas sus propuestas. El martes el Consejo de Ministros autorizó la tramitación urgente de un real decreto para llevar a cabo un proceso de regularización extraordinaria de más de 500.000 inmigrantes ilegales, pero dejó que la medalla se la colgara el día antes Irene Montero, quien admitió que «hay algo a cambio» que aún no puede contar porque Sánchez les ha pedido «discreción». Pero al día siguiente se acabó la discreción y dijo que ahora sí su formación está ya abierta a negociar la delegación de competencias en migración a Cataluña.

Los motivos por los que Podemos tumbó esa iniciativa los explicó perfectamente su diputado Javier Sánchez Serna en su intervención en dicho debate: «Los dirigentes de Junts lo han dicho todo, la portavoz Míriam Nogueras ha hablado de descontrol migratorio, Jordi Turull ha justificado esta medida diciendo literalmente que aquí no cabemos todos, Carles Puigdemont ha llegado a afirmar que, si no hay restricciones sobre la inmigración, no se puede asegurar la identidad de Cataluña. ¿De verdad alguien piensa que todo esto va de competencias? Aquí lo que han pactado el Partido Socialista y Junts es una ley para decidir qué administración ejerce el racismo y la presión sobre la población inmigrante. Por eso esta proposición no solamente habla de competencias, plantea cosas como que la Generalitat determine los perfiles de trabajadores extranjeros a contratar, la gestión de los CIES o que la plantilla de los Mossos aumente en un 45 % de aquí a 2032, vinculando de nuevo migración y delincuencia».

Absolutamente todos los dirigentes de Podemos han explicado esto mismo con sus propias palabras. Ione Belarra, su secretaria general, ha dicho que «esta ley solo se entiende en el marco de la competición entre Junts y Aliança Catalana» y la ha calificado de «agenda del odio y del racismo». La eurodiputada Irene Montero ha dicho que «el racismo, aunque se disfrace de autogobierno, racismo se queda». Su secretario de Organización, Pablo Fernández, ha dicho que considera que la proposición es «abiertamente racista y de extrema derecha» y que «normaliza y legitima el racismo institucional». Y hasta su fundador, Pablo Iglesias, respondió a Jordi Turull diciendo que «los que ahora están compitiendo con los fascistas de Aliança Catalana con propuestas abiertamente racistas, nos dicen ahora que no ser pujolista es ser catalanófobo, pues, con todo el cariño y respeto, váyanse un poquito a la mierda».

Ayer Míriam Nogueras dijo en una entrevista en la SER que tanto al PSOE como a Podemos les interesa ahora desbloquear el asunto porque «a todos les conviene: a unos para tapar la crisis de trenes y a los otros para sacar la cabeza», e insistió en que «no se tocará ni un pelo del articulado», por lo que se entiende que solamente están abiertos a cambiar su Exposición de Motivos.

Pero, como claramente se puede comprobar en todas sus declaraciones, el rechazo de Podemos a este traspaso de competencias no está relacionado con lo que se dice en su Exposición de Motivos, como ahora quieren hacer creer. En realidad, la Exposición de Motivos de la ley tumbada el otoño pasado solo hacía una ligerísima e indirecta mención a que la inmigración descontrolada podría llegar a suponer un «riesgo para la convivencia y la cohesión social», pero nada más. Podemos estuvo en contra de ella y dijo que es «abiertamente racista y de extrema derecha» basándose en las declaraciones de todos los representantes de Junts, que a día de hoy siguen diciendo exactamente lo mismo que entonces, porque en su articulado se regulan cuestiones que afectan a la lengua y a la cultura catalanas, a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIES) y a la plantilla de los Mossos d’Esquadra, y, sobre todo, porque piensan que esta medida solo se entiende dentro de la competencia entre Junts y «los fascistas de Aliança Catalana».

En 2012, Pablo Iglesias ya explicó que «la política, en última instancia, es acumular poder… hacer política supone cabalgar contradicciones». Con los votos de Podemos se va a aprobar una ley que, para ellos, es «racista y de extrema derecha», con el objetivo de que el partido morado concurra a las próximas elecciones presumiendo de que, solo gracias a ellos, se han regularizado medio millón de inmigrantes ilegales y eso les permita acumular más poder en su competencia contra Yolanda Díaz y Pedro Sánchez por los votos de extrema izquierda. Cabalgando contradicciones, Podemos se ha hecho racista de extrema derecha por pura demagogia electoralista.

Publicado el 29/01/2026 en OKDIARIO

¿Qué hace el PP que no politiza?

 

Este verano, el ministro de Transportes, Óscar Puente, utilizó políticamente un incendio en Tarifa contra el presidente de la Junta de Castilla y León, el popular Alfonso Fernández Mañueco: «Este le pilla más cerca que los de CyL. Igual puede echarle una mano a Juanma (Moreno)», escribió. Y cuando el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, le echó en cara su politización de las desgracias, Puente le respondió: «¿Te ha contado (Mañueco) qué tal el tiempo en Cádiz? En CyL está calentita la cosa», usando de nuevo en su beneficio político los graves incendios forestales que azotaban Castilla y León. Alguien se ha molestado en contarlos y fueron 150 los tuits que Óscar Puente dedicó a la utilización política de los incendios forestales del pasado verano.

Parecen muchos 150 tuits, pero se quedan en nada al lado de los 278 mensajes que el ministro de Transportes ha dedicado a la politización de la tragedia de la DANA de Valencia. Desde acusar al PP de «mentir por costumbre» a culpar a Mazón por «retozar en el Ventorro» o preguntarse si «¿Ha reservado ya mesa en el ventorro Mazón?», ante una nueva alerta de la AEMET. En relación con la cifra falsa de 7.291 fallecidos en residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia de COVID, Óscar Puente se inventó la expresión «gerontocausto», asimilando a Isabel Díaz Ayuso a los nazis del Holocausto. En agosto de 2024, en una comparecencia en el Congreso para explicar la ya por entonces caótica situación del sistema ferroviario español, acusó a Ayuso de que «la muerte de 7.291 ancianos en la residencias de Madrid» había sido provocada «por sus protocolos de la vergüenza».

Pero, por supuesto, Puente no es el único socialista que no ha perdido ninguna oportunidad de politizar todas las desgracias en beneficio propio y contra el PP. Sin ir más lejos, este pasado sábado, el diputado socialista José Zaragoza, que ha vivido de los cargos que le ha dado su partido desde que, con 22 añitos, lo hicieron concejal de su pueblo, sin haber estudiado nada, publicó un tuit en el que nos facilitaba la lista de (casi) todas las desgracias que su partido ha politizado contra los populares, a saber: «Yak-42, accidente ferroviario de Angrois, accidente del Metro de Valencia, Prestige, mayores en residencias, incendios forestales y DANA». ¡Casi nada! Al semianalfabeto diputado José Zaragoza debió darle vergüenza la más vomitiva politización de una desgracia que ha hecho su partido, pero a mí no se me olvida que el día antes de las elecciones de 2004 los socialistas rodearon las sedes del PP acusándolos de ser responsables del atentado del 11-M, y Alfredo Pérez Rubalcaba dio una rueda de prensa ilegal en plena jornada de reflexión, pronunciando una frase que quedó grabada para la historia, al decir que «los ciudadanos se merecen un gobierno que no les mienta».

Según su doble vara, ellos actúan así porque el PP sí tiene la culpa de las desgracias, mientras que ellos no son responsables de ninguna. Por eso, a las pocas horas de la DANA, el PSOE pagó 14 campañas en Instagram y Facebook para usar la gota fría contra el PP, organizó manifestaciones contra Mazón y se infiltró en las asociaciones de víctimas para manipularlas en beneficio propio. Y ahora, cuando la corrupción sanchista que tiene a Adif en el centro del caso Koldo – Ábalos – PSOE se relaciona, tan presunta como directamente, con la falta de mantenimiento de un sistema ferroviario que ha terminado provocando 45 muertos en Adamuz, el ministro Óscar Puente dice de Juanma Moreno: «Cero reproches que hacer, todo lo contrario, han actuado correctísimamente y no puedo, ni en la forma ni en el fondo, hacer más que alabanzas al señor Moreno Bonilla», quien a su vez usa las palabras, «cooperación» y «lealtad» para referirse al Gobierno. Mientras Alberto Núñez Feijóo decía que «España ha demostrado que, ante la adversidad, sabe unirse y estar a la altura», convencido de que, por respeto a las víctimas y sus familias, había que evitar la confrontación. Lo que algunos pueden ver como respeto, otros pueden considerarlo abandono e indolencia. ¿Qué hace el PP que no politiza? Nada es ajeno a la política, no saben a quiénes tienen enfrente. Politización va a haber. Aunque no politicen ellos, el PSOE va a politizar contra el PP, como han hecho siempre y volverán a repetir esta vez.

Publicado el 27/01/2026 en OKDIARIO

La nefasta gestión sanchista es intencionada

 

La filósofa y escritora rusa, nacionalizada estadounidense, Alisa Zinóvievna Rosenbaum, más conocida como Ayn Rand, dejó escrito que: «No hay diferencia entre comunismo y socialismo, excepto en la manera de conseguir el mismo objetivo final: el comunismo propone esclavizar al hombre mediante la fuerza, el socialismo mediante el voto. Es la misma diferencia que hay entre asesinato y suicidio». Hace apenas un año, en el cierre del 41º Congreso Federal del PSOE en Sevilla, pudimos ver a Pedro Sánchez cantando la Internacional con el puño en alto, junto a figuras de su nueva ejecutiva como María Jesús Montero y Santos Cerdán: «Cambiemos al mundo de base hundiendo al imperio burgués. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos por la Internacional», cantan a gritos. La Internacional fue el himno de la URSS desde su fundación hasta 1944 y refleja la esencia de la ideología comunista que pretende poner fin violentamente al capitalismo y a la democracia liberal. Socialistas y comunistas coinciden en este mismo objetivo y solo difieren en la forma de alcanzarlo. Por eso, su aplicación práctica siempre, en todo el mundo, ha tenido las mismas consecuencias resumidas en el dicho popular: tiempo de rojos, hambre y piojos. Los socialistas pretenden que haya muchos pobres que les voten.

El Muro de Berlín cayó cuando el imperio de la URSS se vino abajo, arruinado, tras décadas de matar de hambre a su población. Los cubanos llevan más de 60 años más pobres que ratas. El chavismo ha hundido en la miseria a una Venezuela rica en recursos naturales. Y en España, Felipe González dejó a más del 20% de los españoles en el paro, con una recesión económica del 1,1% del PIB y una inflación de casi el 5% anual. Zapatero tuvo que malvender casi un tercio de las reservas de oro que tenía en propiedad el Banco de España mientras negaba una crisis que nos dejó al borde de la intervención europea, con casi 5 millones de parados y noticias diarias sobre una prima de riesgo que se elevaba por encima de los 600 puntos, lo que provocaba que los intereses devorasen nuestro Presupuesto. No hace falta tener ningún superpoder para saber lo que va a pasar de nuevo en España si sigue gobernando un personaje que, como Pedro Sánchez, canta puño en alto la Internacional.

Ya se observa que todos los servicios públicos están colapsando al mismo tiempo que la recaudación de impuestos alcanza cifras récord. Los españoles no pueden llegar a fin de mes asfixiados por los altísimos impuestos y la desmesurada subida en el precio de los productos básicos y la vivienda, mientras los trenes descarrilan por el deficiente mantenimiento de las vías, la sanidad y la educación se desmoronan por la llegada masiva e incontrolada de inmigrantes ilegales y el presupuesto se dedica a contratar a prostitutas en las empresas públicas, a enchufar a inútiles con carné, o a pagar los chantajes que los golpistas catalanes y los recogenueces vascos exigen para permitir que Sánchez aguante unos meses más en la Moncloa.

En España la corrupción es transversal. Los grandes casos que han afectado al PSOE y al PP a lo largo de los años están más o menos equilibrados o, al menos, nadie puede afirmar que ninguno de ellos esté libre de esa lacra, aunque cada uno use la corrupción del otro en beneficio propio. En lo que sí existe una diferencia indiscutible entre ellos es en la gestión de los servicios públicos. Se puede afirmar sin la menor duda que el Partido Popular, con el esfuerzo de los españoles, nos ha sacado una y otra vez de las sucesivas crisis económicas en las que el socialismo nos ha hundido cada vez que ha gobernado. Y la diferencia está en la base y fundamento de ambas ideologías; mientras que liberales y conservadores permiten que más o menos funcione el mercado, el socialismo aún hoy sigue luchando contra el capitalismo y pretende destruir nuestro modelo social. Pedro Sánchez pretende arruinar España porque, además de gafe e inútil, es socialista.

Publicado el 22/01/2026 en OKDIARIO

Por respeto a las víctimas

 

A la hora en que estoy escribiendo este artículo, el número de víctimas mortales en el accidente de trenes en Adamuz (Córdoba) se eleva a 41, hay 43 denuncias por desaparición y cientos de personas han resultado heridas, de las que 39 continúan hospitalizadas, muchas en estado grave.

Por respeto a las víctimas y a sus familias no podemos dejar pasar ni un minuto sin contar que Pedro Sánchez ha convertido en un antro de corrupción a Adif, que, por si a alguien se le ha olvidado, es el acrónimo de Administrador de Infraestructuras Ferroviarias que depende del Ministerio de Transportes y es el encargado de la construcción, mantenimiento y explotación de las líneas de ferrocarril. Que al frente de esta institución colocó a la socialista ahora imputada Isabel Pardo de Vera, a quien la justicia investiga nada más y nada menos que por los delitos de malversación, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y pertenencia a organización criminal. Es muy pertinente recordar que en la empresa pública encargada del mantenimiento de las vías del tren que se han roto, supuestamente causando tantas muertes, se contrataba a prostitutas para que cobraran un sueldo público sin trabajar nada más que para el ministro responsable. También es imprescindible mencionar que la justicia cree que, supuestamente, esta empresa pública participó en la trama de amaño de obra pública que anidó en el Ministerio de Transportes en época de José Luis Ábalos. Obra pública que precisamente consiste en el mantenimiento de las vías que se han roto.

Por respeto a las víctimas y a sus familias tenemos la obligación de contar que Pedro Sánchez ha colocado en el Consejo de Administración de Renfe a Koldo García Izaguirre, para quien la Fiscalía Anticorrupción pide más de 19 años de cárcel por los delitos de tráfico de influencias, malversación, cohecho y organización criminal, en relación con el cobro de comisiones de contratos públicos. Antes de ser uno de los máximos responsables de Renfe, Koldo había sido portero de un puticlub de Pamplona, donde conoció al también imputado socialista Santos Cerdán. En este sentido, también tenemos que contar que, al frente de Renfe, Pedro Sánchez tiene ahora mismo al exconcejal de Más Madrid, Álvaro Fernández Heredia, quien hasta 2015 había sido profesor universitario y sin ninguna experiencia de gestión, Manuela Carmena lo colocó al frente de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, puesto a partir del que Óscar Puente lo ha ido promocionando, primero en el Ayuntamiento de Valladolid y, posteriormente, en diversos cargos de su ministerio. Álvaro Fernández Heredia todavía no está imputado, pero se inició en Renfe gastando en siete meses más de 2,5 millones de euros en fichar a 28 directivos, entre ellos el anterior community manager del ministro Puente.

Por respeto a las víctimas y a sus familias hay que hacer que todo el mundo sea consciente de que todo el dinero que se dedica a contratar a prostitutas, a enchufar a socialistas que no trabajan y a colocar a decenas de asesores y directivos del partido, familiares y amigos; así como toda la fortuna que se va en pagar mordidas y comisiones ilegales no va a ir destinado al mantenimiento de esas infraestructuras en las que, cada día, nos jugamos la vida. Koldo y Jésica son solo la punta del iceberg, la prueba indiscutible de que, con Pedro Sánchez, todas las instituciones y empresas públicas españolas han dejado de dedicarse a prestarnos servicios útiles y solo sirven para tapar bocas y pagar favores. No hace falta ser ningún experto, no necesitamos ningún informe ni la declaración de ningún perito. Todos los que circulamos por las carreteras españolas somos testigos del deterioro que han sufrido desde que Pedro Sánchez llegó al poder en 2018. Son ya casi 8 años en los que ni se reparan los baches ni se limpian los arcenes porque el dinero se está dedicando a otras cosas que a Sánchez le rentan más. Y no hace falta ser un lince para saber que lo mismo que está ocurriendo con las carreteras está pasando con el resto de infraestructuras.

Por respeto a las víctimas y a sus familias este es el momento de exigir que los responsables paguen. Y al frente de todos los corruptos, de todos los malversadores y de todos los enchufados incompetentes solo hay un nombre: Pedro Sánchez Pérez-Castejón.

Publicado el 20/01/2026 en OKDIARIO

Sánchez vende la solidaridad a Junqueras

 

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado este miércoles el nuevo modelo de financiación autonómica que Pedro Sánchez ha pactado exclusivamente con el indultado Oriol Junqueras, quien había sido condenado a 13 años de prisión y 13 años de inhabilitación absoluta por los delitos de sedición y malversación. La candidata del PSOE para las próximas elecciones andaluzas ha asegurado a los consejeros de Hacienda que lo acordado con ERC «blinda el Estado de bienestar, eleva la solidaridad interterritorial y reduce las diferencias en financiación por habitante», por lo que «beneficia a todas las comunidades autónomas» y no es para nada insolidario. A pesar de lo cual, el nuevo modelo de financiación ha sido rechazado por todas las comunidades, excepto por Cataluña, incluida Castilla-La Mancha, presidida por el socialista Emiliano García-Page.

Los socialistas castellanomanchegos dicen que el nuevo modelo de financiación propuesto por Montero es «regresivo e injusto, ya que consagra el principio de ordinalidad, con mayor financiación por habitante a las comunidades autónomas con mayor nivel de renta per cápita». En la rueda de prensa posterior al CPFF, la ministra de Hacienda admitió que su sistema «tiende a la ordinalidad», pero no para todos, sino sólo para el caso de Cataluña, «pero no en el de Madrid». Este nuevo «principio de ordinalidad» exigido por Junqueras es un mecanismo que pone fin a la solidaridad interterritorial y que garantiza que la posición que ocupa una comunidad autónoma en el ranking de pago de impuestos sea la misma en la que esté colocada en la clasificación de recursos recibidos del Estado. A nivel de comunidades autónomas vendría a ser justo lo contrario del consagrado «principio de progresividad tributaria», que dice que cuanto más gane una persona, más impuestos le debe robar el Estado.

En realidad, las comunidades autónomas no pagan impuestos. María Jesús Montero propone cambiar los porcentajes del IRPF, IVA, impuestos especiales, Sucesiones, etc., cedidos a las comunidades; impuestos que, obviamente, son pagados por ciudadanos catalanes, madrileños, castellanomanchegos, etc. Y por el principio de progresividad los ciudadanos más ricos pagan más, luego las comunidades en las que viven más ricos recaudan más impuestos, al mismo tiempo que aquellas donde residen más pobres necesitan de la solidaridad de los que más tienen para prestarles unos servicios similares. Si saliera adelante el modelo pactado entre el socialista Pedro Sánchez y el golpista Oriol Junqueras, esto dejará de ser así; los ricos de Cataluña dejarán tirados a los pobres castellanomanchegos y se quedarán para ellos esos fondos que, hasta ahora, garantizaban que la progresividad fiscal paliara las necesidades de las regiones menos favorecidas.

La progresividad fiscal es un planteamiento socialista ampliamente aceptado, que debería ser sometido a revisión por injusto e ineficaz. Como dijo el filósofo y economista británico John Stuart Mill: «Gravar a las rentas más altas con un porcentaje mayor de impuestos que a las bajas es poner un castigo a gente por haber trabajado más duro y haber ahorrado más que sus vecinos». Suscribo plenamente la opinión del economista estadounidense Milton Friedman, quien afirmó que: «Estoy a favor de reducir impuestos bajo cualquier circunstancia y por cualquier excusa, por cualquier razón, en cualquier momento que sea posible». Entre otras cosas, por lo afirmado por el también economista argentino-español Carlos Rodríguez Braun, quien dijo que: «La redistribución no es de ricos a pobres, sino de grupos desorganizados a grupos organizados». Pero los votantes de Sánchez y de Junqueras no son liberales, como yo, sino más rojos que el grifo de agua caliente, luego para ellos la progresividad y la solidaridad deberían ser dogmas de fe incontestables por los que oponerse a la prebenda que el grupo organizado por Junqueras ha obtenido como chantaje a Pedro Sánchez. El principio de ordinalidad perjudica a los más pobres en beneficio exclusivamente de los 7 diputados de ERC y de un Sánchez que necesita comprar sus votos para aguantar unos meses más.

Publicado el 16/01/2026 en OKDIARIO

Sánchez libera a los presos venezolanos

 

A los presos políticos españoles en Venezuela los ha liberado Pedro Sánchez. O, al menos, eso dice él. En la rueda de prensa conjunta que dio el lunes en La Moncloa, tras reunirse con el primer ministro griego, Kyriákos Mitsotákis, el presidente del Gobierno ha contado que el pasado viernes mantuvo una conversación telefónica con la ahora presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, en la que él dice que «le trasladé la necesidad de seguir liberando presos políticos» y, en tono triunfalista, se atribuyó el mérito en dicha liberación: «Hemos logrado su liberación y su vuelta a casa con sus familias, tal y como nos comprometimos precisamente hace escasas semanas con ellos», añadió Pedro Sánchez quien, sorprendentemente, ha cambiado de llamarlos «personas que estaban retenidas en Venezuela» a referirse a ellos ahora como «presos políticos», la misma expresión con la que sus socios de Bildu y de ERC hablan de los sanguinarios asesinos de ETA encarcelados por la justicia española.

Pero Sánchez es desprendido y no se queda para él todo el mérito de la liberación, sino que lo comparte generosamente con su antecesor socialista. «Tengo que reconocer el trabajo que está haciendo el ex presidente Zapatero, precisamente para la liberación de presos políticos» en Venezuela, añadió Sánchez. «Creo que su buen hacer, junto con otros actores políticos y también países que se han reconocido, por parte en este caso de la administración venezolana, (en referencia al comunista brasileño Lula da Silva), están haciendo posible que, en efecto, podamos ir viendo cómo se liberan presos políticos en Venezuela». El mismo José Luis Rodríguez Zapatero al que Delcy Rodríguez se refiere delante de las cámaras como «mi príncipe» y al que toda la oposición venezolana sin excepción considera un colaborador fundamental del narcoterrorismo chavista, de quien los ex presos del chavismo aseguran que «a Zapatero le interesan sus negocios, no la vida de los venezolanos», y el presidente de la ONG Refugiados Sin Fronteras, afirma que «Zapatero ha sido un enemigo de la libertad de Venezuela. Siempre ha favorecido y dado oxígeno al régimen».

Pese a lo que todos hemos podido ver, a los presos políticos venezolanos los han liberado Sánchez y Zapatero y no Donald Trump. Los chavistas no han empezado a liberar a los miembros de la oposición represaliada después de que el presidente de los Estados Unidos enviara tropas a Venezuela para llevarse a Nicolás Maduro y su esposa ante un tribunal estadounidense, donde van a ser juzgados como líderes de un cártel narcoterrorista. Las liberaciones no han comenzado como consecuencia de que Trump amenazara a Delcy Rodríguez con que, si no obedeciera sus instrucciones, las consecuencias personales para ella iban a ser aún más duras que para Maduro. Los chavistas han comenzado a liberar presos políticos exclusivamente gracias a los meses de duras negociaciones con los socialistas españoles. Porque para Pedro Sánchez Donald Trump es poco menos que el diablo con cuernos y cola del que nada bueno puede salir, ni la paz en Gaza, ni la liberación de los israelíes secuestrados por los terroristas palestinos, ni muchísimo menos la transición hacia la democracia en Venezuela, ni la liberación de sus presos políticos.

Respecto a la intervención de Donald Trump en Venezuela, Pedro Sánchez ha afirmado que «España no reconocerá una intervención que viola el derecho internacional»; acusó a Trump de crear un «precedente terrible y muy peligroso» con un ataque a Venezuela guiado «por la sed de petróleo»; ha calificado su actuación en Venezuela como un «peligroso precedente para la paz y la seguridad global»; ha pedido a los embajadores «no bailarle el agua a Donald Trump»; lo ha encuadrado dentro de «la internacional ultraderechista»; ha afirmado que impone la «ley del más fuerte, la ley de la selva». Mientras que sus socios de Gobierno directamente han llamado al líder norteamericano «fascista» y «tirano». Para Sánchez, Trump es poco menos que un nazi, así que robarle sus méritos cree que es antifascismo del bueno.

Publicado el 13/01/2026 en OKDIARIO

Blanqueando el chavismo por dinero

 

El régimen chavista venezolano acumula más de 18.000 arrestos por motivos políticos desde 2014, según Foro Penal. Más de 2.000 ocurrieron tras el pucherazo electoral de julio de 2024, incluyendo más de 200 niños y más de 100 extranjeros, entre los que se encuentran 20 españoles. Según los informes de Human Rights Watch (HRW), el número de personas asesinadas por ejecuciones extrajudiciales podría superar los 19.000. Tras las elecciones de julio de 2024, entre 23 y 28 manifestantes fueron ejecutados a sangre fría por disparos de las fuerzas de seguridad o los grupos armados progubernamentales, denominados colectivos, incluidos 2 niños. En los centros de detención como el famoso Helicoide y otros, están documentados miles de casos de tortura sistemática, consistentes en descargas eléctricas en genitales, asfixia, palizas, ejecuciones simuladas y violencia sexual, incluidas violaciones. Casi 8 millones de venezolanos han huido del chavismo, lo que supone casi un tercio de su población. Estos datos reflejan un patrón sistemático de represión, clasificado como crímenes contra la humanidad por la ONU.

Dictaduras criminales, asesinas y torturadoras como la venezolana no se sostienen solas, necesitan cómplices. A veces militares, a veces burócratas, y muy a menudo intelectuales y políticos dispuestos a mirar hacia otro lado, siempre a cambio de algo. Aparentemente blanquean la represión por sectarismo ideológico, pero en cuanto se escarba, al final siempre acaba apareciendo el interés material, que es lo único que en realidad les motiva para manchar sus manos de sangre de víctimas inocentes. El Gobierno de España, por desgracia, lleva demasiados años jugando a la equidistancia moral con el chavismo, como si la miseria, el exilio forzoso y la persecución política fueran simples contextos complejos que invitan a la comprensión y no a la condena. Mientras el chavismo se aferra al poder entre corrupción sistémica y violencia institucional, aquí seguimos escuchando discursos sobre diálogo, mediación y comprensión cultural. Pero esta postura esconde, en realidad, intereses económicos de los socios y aliados de Pedro Sánchez.

El primero de ellos es José Luis Rodríguez Zapatero, convertido desde hace años en una especie de embajador del chavismo, que nunca ha sido un mediador neutral, sino un intermediario de cara amable para un régimen necesitado de legitimidad internacional. El entorno de Donald Trump considera a Zapatero como el «máximo referente global» del intento de blanqueamiento de la dictadura en foros internacionales y la oposición venezolana entiende que es cómplice del chavismo. Sin representar oficialmente a España, ha ejercido como mediador designado por la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y ha acudido a las elecciones como observador internacional. Su papel ha servido para confundir a la opinión pública y blanquear a una élite chavista que jamás ha mostrado intención real de abandonar el poder. A cambio, son conocidos los negocios que sus hijas han llevado a cabo en Venezuela y, además, Hugo El Pollo Carvajal, ex jefe de los servicios de inteligencia venezolana, confirmó ante la Audiencia Nacional que Zapatero poseía una mina de oro en Venezuela.

Si Zapatero aporta el blanqueamiento internacional, otros socios de Pedro Sánchez vinculados a Podemos ofrecen la coartada ideológica. El vínculo del partido morado con el chavismo es estructural, porque la fundación de Podemos no se explica sin la financiación chavista obtenida a través de su Fundación CEPS y todo tipo de trabajos remunerados, con más excusas que justificaciones. Desde los 7 millones de euros firmados por Hugo Chávez para «crear consensos de fuerzas políticas y movimientos sociales, propiciando en ese país cambios políticos aún más afines al gobierno bolivariano», hasta los 425.000 euros entregados a Monedero por un supuesto informe sobre una hipotética moneda común para Latinoamérica, que jamás pudimos ver. Cuando ahora los dirigentes de Podemos atacan a Donald Trump por haberse llevado a Maduro a los juzgados estadounidenses, justificando toda la sangrienta represión del régimen chavista, nadie puede olvidar todo el dinero que les han dado.

Venezuela no es un debate académico ni un tablero ideológico: es un drama humano con millones de exiliados, familias rotas y generaciones enteras condenadas a la pobreza. Cada vez que algún socio de Pedro Sánchez blanquea al chavismo, no está siendo neutral ni progresista, sino que se está poniendo del lado de los verdugos. No hay nada más reaccionario ni menos progresista que defender a una dictadura a cambio de su dinero.

Publicado el 08/01/2026 en OKDIARIO

La parásita de Podemos

 

Martina Velarde es una parásita podemita. También ha estudiado Derecho, hizo el máster de Prácticas Jurídicas y el de profesorado de secundaria (CAP). Pero a pesar de tener ya 46 añitos, sólo ha trabajado de «administrativa, camarera, azafata…», según ha explicado en varias entrevistas. El 15M la pilló ya talludita, con 32 añazos y sin haber hecho más que enredar, pero se enganchó a Podemos con la campaña de las elecciones al Parlamento Europeo y, en 2015, teniendo ya 36 tacos, «sin mucha esperanza, presentó su currículum para trabajar como técnica en el grupo municipal de Ganemos» en Córdoba.

La ficharon y allí medró hasta que, en 2019, salió elegida diputada en el Congreso y, al año siguiente, sustituyó a Teresa Rodríguez como secretaria general de Podemos Andalucía. Su retribución actual supera los 90.000 euros anuales y a los que estudian «carreras privadas» les dice que: «Os ponía yo a trabajar desde cero, zánganos».

No como ella, que es muy trabajadora porque dice que se pagó la carrera poniendo copas y haciendo de camarera, que son los únicos trabajos que, pese a su avanzada edad, ha llevado a cabo fuera de Podemos.

Los insultos, las palabras soeces y las faltas de respeto son el único ejercicio de la política que se le conoce a Martina Velarde. Dejó la coordinación de Podemos Andalucía tras el destrozo que hizo en las elecciones andaluzas de 2022, cuando dejó a su formación sin representación porque entregó tarde la documentación. Y ahora aspira a ser la candidata de Podemos por Córdoba para las próximas elecciones andaluzas, previendo que el sueldazo del Congreso va a ser bastante más difícil de repetir vistas las malas expectativas de su partido para las generales.

Solamente por arrimarse a Podemos, Martina Velarde cobra 5,5 veces el salario mínimo interprofesional que se les paga al resto de camareras y azafatas, que son los únicos trabajos ejercidos por ella fuera del partido morado. Un partido que se financió con el dinero extraído de la sangre de los venezolanos.

Hemos visto los documentos firmados personalmente por Hugo Chávez por los que autoriza que se transfieran millones de euros a los fundadores de Podemos para «estrechar lazos y compromisos» con representantes de la izquierda y para «crear consensos de fuerzas políticas y movimientos sociales, propiciando en este país [España] cambios políticos aún más afines al gobierno bolivariano».

Vimos cómo Juan Carlos Monedero intentó defraudar a Hacienda pagando menos impuestos de los que le correspondían por los 425.000 euros que el chavismo le transfirió en 2013. Y está publicado cómo ese dinero acabó financiando a Podemos y su televisión.

Martina Velarde es una garrapata hinchada de la sangre de los opositores torturados y asesinados por los tiranos chavistas; una liendre que se hincha en un partido creado y financiado con el dinero del narcoterrorismo venezolano; y un piojo que vive a cuerpo de rey sin hacer nada de provecho.

Llevada por la ira que le produce ver cómo los miles de opositores venezolanos que han tenido que huir de aquella tiranía asesina y torturadora celebran la captura del jefe del Cártel de los Soles y temiendo que Nicolás Maduro, para rebajar su condena, colabore con la justicia estadounidense contando todo lo que le debe Podemos, la podemita Martina Velarde los ha insultado diciéndoles precisamente lo que es ella, una parásita de la peor especie.

En psicología dicen que la proyección es un mecanismo de defensa con el que se atribuyen a los demás los defectos propios. La parásita Martina Velarde proyecta su ira y su odio sobre los opositores venezolanos que sueñan con recuperar la sangre que Podemos les ha chupado.

Publicado el 06/01/2026 en OKDIARIO

Tele Pedro censura la Nochevieja

 

Según ha revelado OKDIARIO, la dirección de Televisión Española impartió instrucciones expresas a José Mota para que, en su especial de Nochevieja titulado El juego del camelar, cuyo tema central fue la corrupción política española, no se mencionara a Koldo García, José Luis Ábalos ni Santos Cerdán. Y el humorista, que anoche celebraba sus bodas de plata a cargo de este programa especial de fin de año, aceptó y tragó. Inspirándose en la exitosa serie coreana, El juego del calamar, se sucedieron los sketches en los que los políticos españoles eran trasladados a una isla en la que podían ganar millones de votos o perder todos sus privilegios. Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal, Yolanda Díaz, Gabriel Rufián, Salvador Illa e Isabel Díaz Ayuso aparecían retratados en un revoltijo de chistes sobre corrupción en los que todos salían igual de implicados. Cuando los juzgados españoles están desbordados por las tramas corruptas que rodean a Pedro Sánchez, su familia y su partido, el valiente humorista hace de la basura política un fenómeno transversal que implica a todos por igual.

Quien paga manda, debe pensar José Mota. Pero habría que recordar que, de los 25 programas de Nochevieja que lleva acumulados, 5 de ellos han sido emitidos durante el gobierno de Aznar y otros 5 con gobiernos de Rajoy, incluido el de 2015 titulado: Resplandor en La Moncloa, sin que nunca se haya visto obligado a limitar sus críticas a los políticos del Partido Popular, resultando míticas sus imitaciones a ambos presidentes del Gobierno y a otros líderes populares como Soraya Sáenz de Santamaría, Cristóbal Montoro y Esperanza Aguirre. Así es la libertad de expresión a la sanchista con el más puro estilo de la ley del embudo: todo vale contra la derecha, pero a los míos no se les toca.

Y después de las uvas, en La 2, la repetición de todos los años del mayor ejemplo de manipulación informativa disfrazada de humor en el programa Cachitos, con el que Tele Pedro volvió otra vez a demostrar su doble vara de medir. Como si fuera un chiste, dijo que las ideas de Feijóo son «en blanco y negro», que un bolero había «tenido más versiones que la sobremesa en El Ventorro», que «el discurso de convertir en víctima al delincuente no lo inventó Miguel Ángel Rodríguez», que los votantes de Milei no pueden decir que «los errores no se eligen», que Feijóo «no es presidente del Gobierno porque no quiere», así como numerosas gracietas encadenadas contra Ayuso… pero ni una sola sobre la mujer o el hermano de Pedro Sánchez ni apenas nada que pueda molestar al PSOE ni a ninguno de sus socios.

Dedicar un programa de humor a la corrupción sin que aparezcan Begoña Gómez, David Sánchez, Ábalos, Cerdán y Koldo es un ejercicio de prestidigitación tan meritorio como comentar irónicamente decenas de vídeos musicales acertando en la diana una y otra vez contra el PP y Vox sin que, ni por equivocación, ninguno de los dardos pudiera molestar mínimamente a la izquierda. Propaganda disfrazada de humor que nos cuesta más de 1.300 millones de euros al año. Tele Pedro protege a los suyos con celo maternal, mientras manipula contra la oposición sin piedad.

Publicado el 02/01/2026 en OKDIARIO